Bogotá, Colombia -Edición: 636

 Fecha: Viernes 03-05-2024

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NACIONAL

 

 

 

En marcha, Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas

 

 

El Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y representantes de las familias y organizaciones que buscan a sus seres queridos desaparecidos, se reunieron en la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá para instalar formalmente el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado (SNB).

La creación del SNB fue una petición expresa de familiares de las víctimas, personas buscadoras y de organizaciones de derechos humanos, aprobado en mayo de 2023 (Ley 2294), el cual lo incluyó en su artículo 198.

“Lo de hoy es un hecho significativo en el cual me comprometo. Es la decidida voluntad política de este gobierno de buscar a los desaparecidos y lograr la reparación integral de las familias de esas 100 mil personas. No podemos reconocernos y mirarnos a los ojos como una sociedad decente con tantas personas desaparecidas por más de 30 años", afirmó el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna.

El SNB establecido mediante el decreto 0532 del 29 de abril de 2024, tiene como objetivo principal unir a los diferentes actores públicos, privados y sociales que están involucrados en la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto y como consecuencia del conflicto armado. Esto se hace con el fin de fortalecer la implementación del Plan Nacional de Búsqueda y darle un impulso significativo a esta labor.

Luego de la firma del decreto comenzará el proceso de formulación participativa de la primera política pública integral para brindar respuestas oportunas y respetuosas sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, así como para prevenir la repetición de esta grave violación de derechos humanos.

El funcionamiento del SNB, liderado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, contará con una Comisión Intersectorial de articulación, coordinación y toma de decisiones entre las entidades encargadas de la búsqueda integral, divididas de la siguiente manera:

Entidades de la Comisión: Delegado de la Presidencia; Ministerio del Interior; Ministerio de Justicia y del Derecho; Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; Fiscalía General de la Nación; Jurisdicción Especial para la Paz; Unidad de Víctimas; Instituto Nacional de Medicina Legal; y Defensoría del Pueblo.

Invitados permanentes: Cruz Roja Internacional; Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia; Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia; y Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos.

Adicionalmente, habrá una comisión asesora conformada por organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema que incluirá víctimas o personas buscadoras, quienes apoyarán técnicamente el trabajo de la Comisión Intersectorial.

 

Aguas residuales afectan a comunidad de Providencia y Santa Catalina

 

 

La Defensoría del Pueblo aseguró un equipo de funcionarios confirmaron la persistencia de problemas asociados a los vertimientos de aguas residuales domésticas en la comunidad que está en el proceso de reconstrucción en las islas Providencia y Santa Catalina, tras el devastador paso del huracán Iota, que tuvo lugar en noviembre del 2020.

 

La compleja situación fue corroborada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible

 

 

 

del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), cuyos informes técnicos han señalado deficiencias en los sistemas de vertimientos.

En el más reciente seguimiento de Coralina, la Corporación inspeccionó unas 235 viviendas reconstruidas, mayoritariamente de los tipos T2 y T4, y encontró que 58 de ellas están en una situación crítica en lo que atañe al tratamiento de aguas residuales.

“Desde nuestra labor de seguimiento alertamos posibles incumplimientos de las responsabilidades gubernamentales y las órdenes judiciales, especialmente la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional, la cual les ordena a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Ministerio de Vivienda y a la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina solucionar de manera definitiva el vertimiento de aguas negras domésticas al ambiente”, asegura el Defensor del Pueblo.

Los hallazgos destacan la necesidad de una intervención inmediata, con la finalidad de prevenir la evidente vulneración de derechos colectivos. “Instamos a las entidades nacionales y locales a implementar las medidas necesarias, y con prontitud, para que sea garantizado el correcto funcionamiento del sistema de vertidos, en aras de proteger tanto la salud pública en las islas como el medioambiente", es el llamado de Carlos Camargo Assis.

Es importante resaltar que la acumulación de aguas residuales en las proximidades de las viviendas puede generar condiciones insalubres, dado que contienen una variedad de elementos contaminantes, lo cual aumenta el riesgo de problemas de salud y agrava las deficiencias en saneamiento básico, contribuyendo a la propagación de enfermedades transmitidas por vectores.

 

Más de 200 mil estudiantes afectados por mal servicio del PAE

 

 

Más 200 mil estudiantes se están viendo afectados por la mala prestación del servicio de alimentación escolar en Magdalena y Cauca, según informó la Contraloría en riguroso proceso de supervisión al PAE.

Durante estas visitas se verificaron en tiempo real y de manera aleatoria a 14 instituciones: 6 en Magdalena (3 en ETC Santa Marta y 3 en Aracataca) y 8 en Cauca (1 en Cajibío, 1 en Piendamó y 6 en ETC Popayán), con el fin de efectuar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Los resultados arrojaron varias conclusiones fundamentales que merecen la atención de las autoridades competentes y de la sociedad en general:

1. Afectación en la prestación del servicio del programa de alimentación escolar: perjudicando a 179.923 estudiantes de la ETC Cauca, 22.170 estudiantes de la ETC de Popayán y 137.940 estudiantes la ETC Magdalena, quienes iniciaron su calendario escolar el 22 y 29 de enero de 2024, respectivamente. La ETC Cauca inició la prestación del servicio PAE entre 06 y 14 de marzo, mientras que la ETC Popayán inició el 18 de marzo de 2024, con 35 días de inoportunidad respecto al inicio del calendario escolar. Por otra parte, y pese a que la ETC Magdalena prestó el servicio desde el primer día del calendario, solo está garantizado hasta el 14 de mayo de 2024.

2. Suministro de raciones sin mecanismos de medición adecuados o entrega incompleta: En todas las IE visitadas en la ETC Magdalena, no se evidencia control respecto a la cantidad de beneficiarios del programa. En la ETC Cauca y Popayán, el suministro de las raciones carece de un mecanismo de medición que permita establecer el peso del alimento, según los niveles de escolaridad, como exigen los lineamientos del programa, aunado a que en la IE San Camilo se evidenció que la entrega de insumos no se hace de forma completa.

3. Falta de publicación de las minutas o listas de intercambio de alimento: En todas las IE visitadas en la ETC Magdalena no se evidenció el cumplimiento de lo respectivo. En la ETC Popayán, en 4 de las IE visitadas no se encontró publicada la lista de intercambio de alimentos y, además, no se evidenció formalmente la aprobación de la nutricionista para los intercambios en el menú de la IE.

4. Inadecuada aplicación de un programa de limpieza y desinfección dirigido a las áreas y superficies utilizadas en el servicio de alimentos (almacenamiento, recepción,

 

 

 

preparación, distribución, consumo) en las IE visitadas en la ETC Magdalena.

 

Llama la atención las pésimas condiciones de higiene y salubridad en la sede de la IE Jhon F. Kennedy, en donde por falta de higiene se ocasionó la aparición de moho u otros tipos de hongos en las zonas donde se presta el servicio y se evidencia la falta de control por parte del operador para garantizar una adecuada prestación del servicio y más grave aún, el hecho de evidenciar que transportan la comida de los estudiantes en motocarro generando altos riesgos de contaminación cruzada. En la ETC Cauca, la etapa de alistamiento no se cumplió conforme a la normatividad.

5. Deficiencias en la infraestructura física de cocinas y comedores en varias instituciones educativas de la ETC Magdalena. En ninguna de las lE visitadas había suministro de agua potable, manifiestan dificultades para la preparación de los alimentos e incluso deben utilizar la poca agua potable que consiguen para el lavado de menaje e instalaciones. Este hecho en ocasiones genera que no se pueda dar la prestación del servicio de alimentación, como el caso que se evidenció durante la visita en la IE Pedagógico del Caribe, sede Equidad, donde dejaron de recibir el PAE 548 estudiantes ese día.

6. En el 100% las IE visitadas se presentan problemáticas respecto a la vinculación laboral, afiliación a seguridad social y pago de salario de las manipuladoras. En las IE visitadas en la ETC Magdalena, se evidenció que, si la prestación del servicio no es preparada en sitio, las manipuladoras son vinculadas a través de contratos de voluntariado, sin prestaciones sociales, ni afiliación a seguridad social. En la ETC Cauca el operador no ha entregado de manera oportuna la dotación de bioseguridad y manipulación de alimentos.

Además, se destacan las pésimas condiciones de higiene y salubridad en la sede de la IE Jhon F. Kennedy de la ETC Magdalena, en donde por falta de higiene se produjo la aparición de moho u otros tipos de hongos en las zonas donde se presta el servicio y se evidencia la falta de control por parte del operador para garantizar una adecuada prestación del servicio y más grave aún, el hecho de evidenciar que transportan la comida de los estudiantes en motocarro generando altos riesgos de contaminación cruzada.

 

Levantar órdenes de captura contra sus comandantes pide Clan del Golfo

 

 

A través de una carta, seis lideres del Clan del Golfo le solicitaron al presidente Gustavo Petro formalizar la suspensión de las órdenes de captura en Colombia y con fines de extradición a los Estados Unidos.

La organización criminal pidió en una carta que, como parte de la política de paz total y con la intención de iniciar conversaciones formales, es esencial que el presidente solicite a la Fiscalía suspender las órdenes de captura contra los miembros de alto rango del Clan del Golfo, incluyendo a alias Chiquito Malo, quien actualmente lidera la organización tras la captura de alias Otoniel.

“Es menester que estén suspendidas las órdenes de captura, así como aquellas órdenes de captura con fines de extradición que impidan la movilización y tranquilidad personal y jurídica”, declaró Ejército Gaitanista de Colombia.

Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo, manifestó hace una semana que dicha suspensión de las órdenes sería el único canal que ellos tienen para cualquier acercamiento para avanzar con negociaciones, las cuales fueron anunciadas en marzo del presente año.

 

El presidente de la Republica aseguró en su momento que si la organización al margen de la ley está dispuesta a dejar los negocios ilícitos y demás acciones ilegales, cabe la posibilidad de “hablar”.

 

“El que tiene el balón en la cancha es el Clan, ¿se atreve o no se atreve? Si no se atreve, guerreamos, porque la decisión es destruir el Clan. Si se atreven, abrimos las mesas de la negociación. Pero ese atreverse es atreverse a salir de la economía ilícita y la ilegalidad y meterse en este desafío que es difícil, que es transformar este territorio en una región próspera”, aseguró el jefe de Estado.

Las conversaciones han estado en punto muerto desde marzo de 2023, cuando el presidente Petro levantó el cese al fuego con el Clan del Golfo después de ataques armados en la región de Bajo Cauca, donde miembros de la Fuerza Pública perdieron la vida.

 

 

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