¿Quién era el líder del Estado Islámico al que Biden asegura que "ha eliminado"?

EFE

La historia parece repetirse. El presidente Joe Biden acaba de anunciar que Abu Ibrahim Al Hashami al Qurayshi ha sido eliminado de madrugada en Siria, en una operación de comandos de fuerzas especiales de Estados Unidos transportados en helicópteros.

El ataque ha sido lanzado de madrugada, y también ha habido una decena de muertos, entre ellos civiles, en la localidad de Idlib (al noroeste de Siria), uno de los últimos bastiones de las milicias rebeldes. El Pentágono ha confirmado que en la “misión contraterrorista”, no se habían registrado “bajas de EE UU”, y fue un “éxito”.

El ex presidente Barack Obama tiene una foto similar, en una oficina más pequeña, rodeado de militares, mientras seguía la operación en mayo de 2011 donde se confirmó el asesinato de Osama Bin Laden en la operación Lanza de Neptuno.

La incursión militar se produjo en la zona de Atme, donde hombres armados se enfrentaron a las tropas internacionales, según la Agencia de noticias internacionales. El Pentágono confirmó que las tropas estadounidenses realizaron "con éxito" una operación militar antiterrorista en el noroeste del país en la que no hubo bajas en sus filas. Siempre ha creído que esa zona acoge a yihadistas extranjeros vinculados a Al-Qaeda.

Algunos testigos han afirmado que durante al menos dos horas hubo un tiroteo y varias explosiones de bombas.

Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido y una gran red de colaboradores locales, ha informado de que esta operación estadounidense ha sido la más grande en el noroeste de Siria desde la muerte del líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi en una redada en octubre de 2019.

  

Chile exige que este año las clases en las escuelas sean 100% presenciales

EFE

A menos de un mes para que los escolares vuelvan a sus establecimiento educacionales, hay discrepancias en cuál será el futuro, si se vuelve completamente a lo presencial o si se sigue con las clases on line. Desde el Gobierno, en particular el Ministerio de Educación (Mineduc) insisten en la obligatoriedad de la asistencia de los escolares, en contraparte desde el Colegio de Profesores mantienen que la salud está primero y que la decisión debe ser acordada por las comunidades educativas.

Si bien el Gobierno de Sebastián PIñera ya está de salida, el inicio del año escolar quedó fijado para el 2 de marzo, poco antes del cambio de mando, pero esta vez con la obligatoriedad en la asistencia de los alumnos, decisión que estuvo en manos de madres y padres durante los últimos 2 años, debido a la pandemia, quienes en su mayoría optaron por la educación a distancia.

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Desde el Mineduc han indicando que en la medida que los colegios están abiertos y los protocolos funcionan, los padres y apoderados van recuperando la confianza, aumentando la asistencia presencial, lo que se ve favorecido por el alto porcentaje de inoculación de los escolares, como resaltó el ministro subrogante de Educación, Jorge Poblete.

Desde el Colegio de Profesores alertaron que las cifras de contagio son “dramáticas” e insistieron en que la decisión del regreso presencial a clases debe ser acordada con toda la comunidad educativa.

El presidente del Magisterio, Carlos Díaz, explicó que “se ve muy difícil” volver a clases, “particularmente dado los altos niveles de contagio que hoy tenemos. Además a eso quiero agregar que tampoco ha habido durante todo este tiempo ninguna iniciativa por parte del Mineduc para verificar y corroborar qué está ocurriendo en los espacios escolares”.

“Nosotros hemos venido sosteniendo desde inicios de la pandemia que nada reemplaza la presencialidad. Queremos volver a clases presenciales, pero queremos volver a una escuela y a un establecimiento educacional seguro o que al menos brinde las mayores posibilidades de seguridad particularmente a los padres, madres y apoderados”, agregó.

“El diálogo esperamos que sí lo tengamos a partir del 11 de marzo”, cerró.

A esta crítica respondió el ministro subrogante de Educación, Jorge Poblete, quien en radio Duna indicó: “Me parecen poco honestas intelectualmente las palabras, y orientadas con un objetivo distinto que es el bienestar de nuestros niñas y niños, cuando hemos visto internacionalmente la importancia de mantener las clases presenciales”, destacó. “Llegamos a un consenso nacional e internacional respecto de la importancia de mantener la presencialidad como regla general, muchas organizaciones internacionales han respaldado esas medidas”

En ese sentido, agregó, la experiencia real en Chile en la apertura de colegios “se hizo justamente basado en un diálogo con las comunidades educativas, que trabajaron arduamente para permitir el 100% de los colegios abiertos el año pasado. Y el futuro ministro de Educación también habla de que la presencialidad es la regla general”.

En tanto, el futuro ministro de Educación, Marco Ávila, quien asumirá el próximo 11 de marzo, apoyó la decisión del Mineduc. “Estamos revisando, observando, entonces opinar ahora no tiene mucho sentido. Solo puedo repetir lo que el presidente ha dicho: la presencialidad debe ser la regla”, señaló Ávila

Vaticano expulsó a un cura del sur de Chile

AF

El Vaticano informó que el chileno Tulio Soto Manquemilla ya no será sacerdote de la Iglesia Católica. La razón de su expulsión fue que se acreditaron delitos canónicos en la gestión administrativa de la arquidiócesis de Puerto Montt, región de Los Lagos (a 841 kilómetros de Santiago).

Entre ellas realizar autocontratos para justificar sueldos extras, transferir vehículos del Arzobispado sin permiso, actuar como prestamista y sacar de forma irregular psicotrópicos desde un Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna

En 2018, el administrador apostólico de Puerto Montt, Ricardo Morales, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Regional de Los Lagos por “situaciones de eventuales usos de dineros públicos para fines que no corresponden” que involucraban a dos sacerdotes de esa arquidiócesis.

Las denuncias correspondían a presunta apropiación indebida de dineros del arzobispado y fraude al Fisco. Los antecedentes señalaban que se habrían usado los dineros para fines personales y para efectuar préstamos a terceros. Las irregularidades se extenderían a recursos de un Cesfam y a obtención ilícita de sicotrópicos.

Como “un gran paso que se abre desde Roma en busca de la verdad y la justicia”, calificó el coordinador de laicos de Puerto Montt, Marco Antonio Ruiz, la medida fue adoptada por el Vaticano en contra del presbítero Tulio Soto Manquemilla. “Ahora resta que la justicia civil siga adelante con las querellas por prestamista usurero, diversos tipos de abusos, y estafas al Fisco entre otros delitos”, señaló Ruiz.

Los hechos involucraban a dos religiosos que fueron apartados de sus funciones. Se trata del exvicario general del Arzobispado de Puerto Montt, Tulio Soto Manquemilla, y el exvicario económico, Darío Nicolás.

Luego en 2019, la Fiscalía Local de Puerto Montt incautó dos vehículos al sacerdote Tulio Soto, en el marco de la investigación que denunció el administrador apostólico. La incautación fue realizada por orden del fiscal Marcelo Maldonado, tras las denuncias que presentó el administrador Ricardo Morales contra el exencargado de finanzas

Los automóviles eran de la Iglesia, pero que aparecían inscritos a nombre del sacerdote y una sobrina. Lo que fue un delito de apropiación indebida, ilícito que está dentro de la causa que investigaba la fiscalía de Puerto Montt.

En 2018 el administrador apostólico de Puerto Montt, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Regional de Los Lagos por apropiación indebida de dineros del arzobispado y fraude al Fisco. Este jueves, tras la revisión de los antecedentes, finalmente la Santa Sede determinó como castigo su dimisión del estado clerical del presbítero Tulio Soto Manquemilla.

Según confirmó el Arzobispado de Puerto Montt, con esta decisión Soto “deja de ser sacerdote de la Iglesia Católica”.

“Todos los antecedentes relativos a este caso están en posesión del Ministerio Público, quien evalúa las eventuales responsabilidades penales que pudieran existir, de acuerdo con la legislación chilena”, precisaron.

“El Arzobispado de Puerto Montt expresa su compromiso en seguir trabajando en base a los estándares y valores de la Iglesia, y a seguir colaborando, con una mirada autocrítica, en aquellos casos en que se han trasgredido estos estándares y valores, afectando así la vida de los fieles y de nuestras comunidades”, se lee en el texto.

“La Santa Sede ha determinado su dimisión del estado clerical, lo que significa que deja de ser sacerdote de la Iglesia Católica debido a diversas conductas consideradas delitos canónicos, que son reñidas con el ministerio sacerdotal”, complementó el arzobispo de Puerto Montt, Fernando Ramos.