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Pueblos pobres de Perú que reciben una lluvia de millones de dólares

Cuatro multiplicaciones en la calculadora de su celular convierten el
anuncio del año en una decepción.
"¡Deberían ser 800 millones de soles (unos US$208 millones)!", se
quejaba Gonzalo Velázquez con las cifras en la pantalla el pasado 29 de
noviembre.
Este ingeniero civil, alcalde del municipio peruano de Haquira, se
indignaba al ver que no le cuadraban los números ante lo que el
viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra, venía anunciarles ese día a él
y al resto de líderes comunitarios y autoridades locales del
departamento de Apurímac, en el sur del Perú.
Esta es una de las zonas más ricas en recursos del país, pero también de
las más pobres.
La finalidad del encuentro era abordar lo que en esa región, que cultiva
papas con animales de tiro, llevaban esperando desde 2016: cuánto dinero
les iban a pagar por la explotación de la mina de cobre Las Bambas.

Entorno a esta explotación existe un conflicto emblemático en un país
que genera riqueza con su modelo económico desde hace 30 años pero que
no la reparte.
En los Andes peruanos abundan problemas entre comunidades y las mineras
como el de Las Bambas.
Perú provee el 10% del cobre mundial; es el segundo mayor productor
después de Chile. Las Bambas es la novena mina de cobre con más
capacidad en el mundo: 400.000 toneladas métricas, según el último
anuario del Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre. La opera un
consorcio liderado por la minera china MMG.
Las operaciones comerciales en Las Bambas empezaron en 2016, pero la
minera no devengó impuesto sobre la renta hasta 2021.
Apurímac, por tanto, no había recibido la parte del pastel que le
correspondía: el 50% del impuesto, lo que se conoce como el canon minero
que Velázquez calculaba en la pantalla de su celular. De ahí las
protestas constantes.
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La mesa de diálogo del 29 de noviembre fue a tres bandas: comunidades,
autoridades de Lima y representantes de la minera. Se citaron en un
pabellón deportivo ubicado en la pendiente de una montaña de la
municipalidad de Mara, un rincón de los Andes a 3.770 metros sobre el
nivel del mar. Un almuerzo típico que preparaban varias señoras de pelo
trenzado y medias de alpaca les esperaba en la entrada. El tradicional:
trucha o pollo acompañado con chuño, papa deshidratada.
El evento empezó pasada la 1 de la tarde. El himno nacional declaró
inaugurada la sesión. La asistencia rozaba el centenar de personas, la
mayoría hombres.
"El total de canon estimado de este año es de 300 millones de soles
(unos US$70 millones), 150 en enero y los otros 150, en junio",
pronunció por fin el viceministro Guerra ante un auditorio expectante.
Guerra, que este febrero dejó su cargo de viceministro, reconoció que a
los 300 millones de soles se les ha descontó un tercio para compensar
los adelantos que habían recibido las municipalidades estos últimos
años.
Una inversión que ya rinde frutos
A Velázquez, un hombre menudo de expresión seria y pelo negro
abundante, le queda un año para terminar su mandato como alcalde de
Haquira, un municipio de unos 14.000 habitantes.
Está convencido de que si no fuera por la llegada al poder del
presidente Pedro Castillo en julio de 2021, este año tampoco hubieran
recibido el canon. "Nunca nos han mostrado cifras, esto es que esconden
algo", asegura en relación a los estados de cuenta de la empresa.
Castillo ganó prometiendo, entre otras cosas, que las mineras dejen en
Perú mayor porcentaje de sus beneficios. En Apurímac, Castillo arrasó en
las elecciones presidenciales del año pasado.
Tanto MMG como el Ministerio de Economía han explicado que durante los
cuatro años de operaciones comerciales, la minera estuvo compensando
pérdidas por todo lo invertido desde que empezaron las exploraciones en
2004.
La inversión en Las Bambas ha sido de
las más grandes de las historia del Perú, con US$10.300 millones
iniciales más US$1.200 millones adicionales invertidos en estos últimos
cinco años, según las cifras de la minera.
Hasta al mismo gobierno le tomó por sorpresa la noticia de que por fin
la mina había generado beneficios netos y que, por tanto, pagaría el 32%
que le corresponde de impuesto, entre US$150 y US$170 millones. Y todo
gracias al auge del cobre.
En 2021, el precio de cotización del
mineral rompió récords históricos con un promedio anual de US$4,22 la
libra, más de un 50% de aumento respecto del año anterior.
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"Se estima que en los próximos cuatro o cinco años seguiremos en esos
niveles. Somos optimistas", asegura a BBC Mundo el vicepresidente
Comercial y Finanzas de la minera MMG, Álvaro Ossio.
El cobre es una piedra angular en todas las tecnologías eléctricas.
Es reciclable, tiene alta capacidad térmica y de conducción eléctrica.
El 63% de su uso primario es para cableado mientras que la mayoría de su
uso final se divide entre equipamientos (32%) y construcción (28%). "Un
vehículo eléctrico contiene aproximadamente cuatro veces más cobre que
uno convencional", se lee en el último anuario del Grupo Internacional
de Estudio sobre el Cobre.
Esto, junto con la reactivación económica postpandémica de China — el
gran importador, refinador y consumidor de cobre en el mundo — ayudaron
a que finalmente la región de Apurímac ingrese el canon minero que lleva
años reclamando.
Cerrar brechas

La región de Apurímac, una de las más pobres de Perú, colinda con el
departamento del Cusco, la cuna del Machu Picchu. A ella se llega
siguiendo una carretera serpenteante que bordea las montañas de los
Andes, una vía de doble sentido y de una estrechez que obliga a frenar
cada vez que un vehículo viene de cara y a tocar la bocina cuando uno se
adentra en una curva cerrada.
En el censo de 2017 se registraron casi 406.000 habitantes; ocho de cada
diez mayores de 12 años se autoidentificaron como quechua y el 70%
reconoce haber aprendido a hablar en esa lengua.
La economía en la región es agrícola; las construcciones tradicionales,
de adobe, y las modernas, de ladrillo. Más del 89% de la población
trabaja en la informalidad, según datos de 2020 del Instituto Peruano de
Economía, un centro de investigación. La pandemia llevó los niveles de
pobreza ese año al 35%, cinco puntos más que el promedio nacional.
"Si voy a enfermar, me voy a morir mientras que me trasladan a Cusco,
porque no hay especialistas en el hospital", se indigna María Noa
Martínez, propietaria de una tienda de alimentos.
"Estamos al pie de una mina que es grande a nivel nacional y usted ve
que acá, en la población de Tambobamba, no se ve nada que la mina ponga
para el desarrollo. Seguimos en la pobreza", añade.
Las palabras de esta señora resumen el sentir de muchos en esa región:
que la minera lleva cinco años explotando su riqueza y los deja sin
nada.
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