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Carlos Mattos
vinculado a la campaña de Iván Duque
Omar Juan Carlos Suárez es el abogado que está defendiendo al
empresario de 74 años de edad, hoy recluido en la cárcel de
Cómbita, Boyacá, luego de haber llegado a Colombia en calidad de
extraditado, en noviembre del año pasado, desde España. Carlos
Mattos está vinculado a un caso de corrupción judicial.
Su proceso dio un giro inesperado luego de que la Unidad
Investigativa de un noticiero nacional publicara un reportaje
donde se vio a Mattos fuera de su lugar de reclusión, la cárcel
La Picota, adelantando diligencias personales en lo que parecía
ser su oficina, en complicidad con guardias del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), hecho que
desencadenó polémica. Por tal motivo fue trasladado a otro
centro penitenciario, y, además, cambió de abogado, Iván Cancino.
El proceso lo recibió Omar Juan Carlos Suárez, un abogado
especializado en derecho administrativo, quien ha logrado que
Mattos firme preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación, y
de cierta manera, ha permitido que el caso vuelva al punto que
estaba antes del escándalo señalado.
Con lo que lleva de proceso adelantado, Suárez le aseguró en
exclusiva a un medio aquí en Colombia que han violado los
derechos constitucionales de su defendido. También manifestó que
le sorprende cómo desde la rama ejecutiva permitieron que se
llegara a ese punto y señaló al presidente Iván Duque Márquez.
“Cuando la vicefiscal sale a decir babosadas, porque se le
olvidó el Código Penal, eso era una falta disciplinaria,
entonces, en un descarado abuso de poder, tanto del presidente
como de su ministro de justicia, Wilson Ruiz, de quien tenía mis
mejores calidades profesionales, porque tengo el placer de haber
sido su alumno, Me extrañó que con ese abuso desbordado de poder
terminaran por echar a un pobre general, a botar al director de
una cárcel y a obligar el traslado de un preso a una cárcel de
máxima seguridad; eso es ilegal e inconstitucional”.
Aunque en la audiencia que se adelantará el próximo lunes 9 de
mayo, Mattos escuchará y acatará el fallo que dicte el tribunal,
Suárez dejó entrever que buscará mejorar las condiciones en las
que está recluido el empresario. Lo hizo, de nuevo, enviando un
mensaje al presidente Duque.
“Un hombre de 74 años reducido a un pabellón de máxima
seguridad, nivel uno, donde hoy por hoy le violentan sus
derechos, inclusive sin recibir asistencia médica; porque así
recibió una mejor imagen el presidente de la república. El
proceso penal, no se puede volver mediático. ¡Ah! que el
presidente le disgustó que se diera cuenta el país que Carlos
Mattos Barrero aportó a su campaña 560 millones de pesos, pues
no debió haberlos recibido, si después empieza a eludir las
situaciones. No se puede volver esto una venganza”.
El aporte del empresario se habría dado bajo la firma de la
empresa inmobiliaria CMB S.A.S, de su propiedad, pero, al
parecer, el dinero terminó en las cuentas del Centro
Democrático, partido al que se le sumaron montos de otras
firmas.
Concluyó su idea asegurando que esos aportes son de público
conocimiento y que están registrados en documentos y archivos
donde se evidenciarían las empresas y los montos que financiaron
la campaña.
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Oposición denuncia en
Naciones Unidas masacre en Putumayo y otros casos ‘falsos positivos’
En medio de la campaña presidencial y luego de la masacre en Puerto
Leguizamo, Putumayo, varios congresistas de la oposición al gobierno de
Iván Duque enviaron una carta de advertencia a las Naciones Unidas donde
aseguran que en Colombia no cesan las ejecuciones extrajudiciales, mal
llamados falsos positivos.
La misiva, redactada por los senadores Iván Cepeda (Polo Democrático) y
Antonio Sanguino y Angélica Lozano (Alianza Verde), fue remitida a
Morris Tidball-Binz, relator especial de la ONU sobre las ejecuciones
extrajudiciales y en ella documentan varios de los más recientes hechos
violentos que han azotado a los colombianos.
Uno de ellos fue donde murieron once civiles, incluido un menor de edad,
en la vereda Alto Remanso, del municipio Puerto Leguizamo, donde el
Ejército atacó a la población civil luego de ir, presuntamente, en busca
de narcos. Para los congresistas, esta situación no es aislada, sino que
ya es repetitiva en varios sectores del país.
“Gracias al trabajo de investigación de un equipo de periodistas que,
junto con organizaciones de derechos humanos, recorrió la zona de los
hechos en una misión humanitaria y de verificación, y recaudó
testimonios y evidencias de esa operación militar. Ha logrado
establecerse que en tal operativo fueron asesinados civiles, presentados
como guerrilleros muertos en combate, en medio de una vereda habitada
permanentemente por población civil”, señalaron.
Para los citados senadores, el Ejército de Colombia incumplió con lo
establecido en el derecho internacional humanitario dado que, cuando
llegaron al lugar de los hechos, no primaron el bien común y atacaron a
la comunidad civil.
“Eran conscientes que la zona en la que estaban desplegando su operativo
militar era un pequeño poblado habitado por civiles, que -en su mayoría-
se encontraban durmiendo al interior de sus casas, y donde suelen
realizarse las actividades propias de la cotidianidad entre civiles,
como jugar en la cancha de futbol, bailar con sus vecinos, e incluso
realizar un bazar. Pese a ello, se desarrolló el operativo”, expresaron
en la misiva donde cuestionan al presidente Iván Duque, al ministro de
Defensa, Diego Molano; y al general del Ejército, comandante Eduardo
Zapateiro.
En otros de los apartes de la carta de 23 hojas, los parlamentarios
señalan varias de las inconsistencias que evidenciaron en el operativo
que, inclusive, llevó al ministro Molano a una fallida moción de censura
en su contra.
“Los hechos descritos son -entre otras cosas- una infracción al IV
Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas
civiles en tiempo de guerra, convención que ha sido ratificada por
Colombia y que establece en el título I, artículo 3, la prohibición de
la toma de rehenes de personas que no participen directamente en las
hostilidades, al tratarse de un conflicto interno”, argumentaron.
Finalmente, y luego de nutridos argumentos sobre la polémica operación
militar, Cepeda, Sanguino y Lozano aseguran que lo ocurrido en
territorio putumayense no es un hecho aislado, sino que ellos tienen
documentación de que es algo sistemático.
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“A la fecha hemos logrado documentar por lo menos otros cinco
(5) casos con patrones de acción semejantes, que sin ser los
únicos ocurridos en los últimos cuatro (4) años en Colombia,
ponen de presente que las ejecuciones extrajudiciales siguen
ocurriendo en nuestro país, y que por la forma en que hoy se
desarrollan sus víctimas pueden ser personas de muy diferentes
perfiles, en el marco de operaciones muy diversas, como pasamos
a explicarlo a continuación”, dijeron.
Procuraduría
rechaza paro armado
La Procuraduría General advirtió sobre el recrudecimiento de la
violencia en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba,
Antioquia y Chocó en este segundo día de paro armado adelantado
por el Clan del Golfo tras la extradición de ‘Otoniel’ a Estados
Unidos por delitos de narcotráfico.
El Ministerio Público alertó que se han vulnerado derechos
fundamentales como la vida, seguridad y libertad de los
ciudadanos; así como infracciones al Derecho Internacional
Humanitario.
Leer más: OEA pide al Gobierno colombiano acciones ante paro
armado
La entidad está solicitando a las Gobernaciones, Alcaldías y a
la Fuerza Pública instalar de manera permanente Puesto de Mando
Unificado para definir medidas que prevengan y mitiguen los
escenarios de violencia en estas zonas del país.
La Procuradora Margarita Cabello reiteró el llamado a las
autoridades para que se garantice el acceso a la prestación de
servicios vitales como la salud, abastecimiento, libre movilidad
y economía de sus habitantes.
“De igual forma, el ente de control se solidariza con las
familias de las personas que fueron asesinadas en Córdoba y
Antioquia, así como las comunidades afectadas por este paro
armado, en estos y otros departamentos del territorio nacional”,
señaló la Procuraduría.
Para concluir, Cabello dijo continuará monitoreando la situación
de DDHH en el país, así como la vigilancia a las actuaciones y
estrategias desplegadas por el Gobierno Nacional.
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