Colombia dotada con 114.000.000 de hectáreas, 55% en selvas y 39% en tierras cultivables; 5,3 millones de hectáreas dedicadas a agricultura, 56,4% participación en el PIB y 40 millones de hectáreas para ganadería, 43,6% participación en el PIB, que para análisis demuestra un latifundismo pecuario por utilizar 7,5 veces más de territorio y aporte de 12,8% menos al PIB, datos concluyentes de una desequilibrada tenencia de tierras, junto a reveladora cifra de 68,3% de la producción agrícola en poder del 1,3% de la población.

Cifras, que referencian la necesidad de una urgente reforma agraria en Colombia, que obligue a reorientar tanta tierra improductiva a la productividad, creación de empleo y prosperidad, que al lograrse, sea el verdadero artífice para la paz colombiana.

Los resultados sociales de una reforma agraria, significan integralidad de las pequeñas y medianas comunidades agrarias, hacia una incluyente producción compuesta por grandes y chicos empresarios, tras la verdadera transformación socio económica que requiere el sector rural colombiano.

Es critica la situación actual del campo, improductividad, millones de desplazados, soberanía alimentaria en peligro, importación de productos de nuestra canasta familiar, elevados precios de alimentos y fertilizantes, desempleo en dos digitos, devaluación elevada, explotación laboral, pauperrización de la pobreza, todos motivos más que preocupantes para una urgente reforma agraria redistributiva e incluyente.

El hecho de tantos intentos incumplidos de reforma agraria democratizadora de tierras, ha trascendido a exasperar el conflicto armado colombiano, e incitarlo para su sostenimiento, a acelerados pasos al incremento de la ilegalidad, narcotráfico y delincuencia rural, serios agravadores del contexto agrario.

Los resultados de la reciente contienda electoral, son fehacientes del desespero, rabia, cansancio y descontento de la ciudadanía colombiana, por tantas falsas promesas de los partidos políticos tradicionales dominantes durante por más de 70 años, únicos perdedores, acallados por un voto popular histórico a favor de la izquierda colombiana, contra la corrupción, mentira, violencia, robo al erario y búsqueda de mejores opciones para la juventud y reactivación socio económico para toda nuestra amada república.

Según datos de la OCDE, Colombia ocupa el primer puesto en términos de desigualdad entre sus asociados y destacado segundo lugar como economía más desigual de América Latina, con un Gini 0,49, donde cero significa menor, razón que motiva a rechazar la concentración del mayor recurso productivo del país en manos de un puñado de particulares, que además en uso de su poder dominante político, económico y social, desconocen una mayoría vulnerada incrementada en su pobreza.

Varias han sido las intenciones desde 1.938, para implementar reformas agrarias en Colombia, durante los gobiernos de López Pumarejo, Eduardo Santos, Carlos Lleras, Cesar Gaviria, bombardeadas por Laureano Gómez y Misael Pastrana Borrero, muchas veces en coalición con los liberales y otras muy tajantes por los conservadores.

El último proyecto modificatorio a la ley de tierras data de 2021, radicado ante el

Congreso, que otorga la posibilidad a empresas privadas nacionales y multinacionales a explotar los recursos no renovables en tierras baldías, con la  ideología de los mismos sectores económicos, donde la palabra campesino no aparece, beneficiando la economía Industrial extractivista. Todas acciones inclinadas a mayor predisposición hacia el conflicto, a baja competitividad del agro y a la obligante importación de alimentos de nuestra canasta familiar, por nuestra improductividad e incoherente creencia de más barato importar, muy controversial medida a un precio actual del dólar a $4. 100.oo.

Tan abundante expedición de leyes para la redistribución de tierras desde los años 30, generan la ausente voluntad política de Colombia a intentarlo, disponiendo un cerco al desarrollo y progreso socio económico de la comunidad campesina y su evasión a la legislación, sin el más mínimo interés de reducir la marginalidad y pobreza rural.

En resumen, los resultados de 40 años para implementar la reforma agraria en Colombia, han sido exiguos, 1.5 millones de hectáreas redistribuidas, títulos de propiedad sobre baldíos para 102 mil familias; y delimitación de resguardos y reservas indígenas para 65.000 familias.

Definitivamente es esencial una verdadera reforma agraria, que integre alto porcentaje de actores sociales, tras un acuerdo incluyente que surja desde la comunidad, analice sus consecuencias, sea legitimado, aceptado por todos, con políticas y estrategias fundamentales coherentes hacia el desarrollo económico social del país y recuperación del estado social de derecho.

Como principal articulación la coherencia necesaria entre mercado y Estado no proteccionista, que apoye la libertad en la toma de decisiones y paso a la activación económica que implica la globalización como motor hacia el comercio internacional.

La idea general será integrar en conjunto los predios improductivos y actores interesados en función de la competitividad, bajo la moderación de un estado que apoye técnicamente, financie proyectos, implemente cadenas productivas, asocie hacia la emprenderizacion y exporte.

Iluso considerar, que el mercado solucione los problemas de acceso para pequeños y medianos productores, por su desigualdad ante los grandes tenedores de tierra, concluyendo obligación estatal el equilibrio en base a asociatividad o cooperativismo que les iguale en competitividad para exportación e Industrialización.

De mucha importancia, intentar la mejor opción para articular y comprometer todas las instituciones responsables del tema agrario en Colombia, en base a un exhaustivo análisis, coherencia, coordinación y ejecución de políticas que permitan un verdadero esquema de trabajo concordante para todas las regiones.

Como ejemplo de malos manejos, la institucionalidad de un INCORA o INCODER que por inoperancia, corrupción e ineficiencia, terratenientes y políticos que fallaron en resultados de transparencia, siempre dirigidos a la protección de la gran propiedad, legitimación de su dominio en el campo económico, político y social, que al intentar articularlos al sistema de pequeñas y medianas propiedades, concluyeron en insuficiente oferta de alimentos y mano de obra, situación desencadenante en un proceso de desintegración y desunión rural.

En conclusión, no podemos seguir basados en normas e instituciones influenciadas y orientadas por intereses particulares, que no han tenido en cuenta las comunidades campesinas e indígenas, ni las acciones requeridas para el sector rural, con creación de políticas poco coherentes hacia el cambio incluyente que conduzca a una paz verdadera.

Ante lo relacionado, se requiere de:

1. Actualización catastral que identifique la titularidad de propiedad privada en base a un censo y detenga el proceso de apropiación 

de baldíos por los particulares sin normativas adecuadas.

2. La reforma agraria para Colombia, tiene que ver con la apertura a una sociedad nacional que incluya la clase campesina usurpada, desplazada, amenazada, vulnerada por la corrupción, violencia, clientelismo y excluida cultural, social, racial y políticamente.

3. Una Reforma agraria estructural, con reconocimiento igualitario como ciudadanos, sin vicios del pasado, o contra reformas que continúen desgastando a la sociedad rural.

4. Crear una política de estado socializada ampliamente ante el sector rural, que asegure la titularidad de la propiedad, establezca derechos y deberes que comprometan mutuamente a riguroso cumplimiento.

5. Establecer políticas de inclusión para todas las comunidades y actores del entorno rural colombiano, protegidas por el estado, convergentes en mutuo acuerdo que equilibre la distribución de tierras para quienes realmente ejercen la labor agraria.

6. Implantar normativas claras que apoyen y aseguren la protección a los diferentes actores del sector rural, que atiendan la demanda ciudadana y brinden las soluciones adecuadas para su optimo proceso.

7. Crear un sistema de incentivos por parte del Estado, para aquellos beneficiarios de la reforma, al uso adecuado del suelo y recursos naturales, a la aceptación de la asistencia técnica y al manejo adecuado de los recursos económicos que se le suministren, en pro de la competitividad.

8. Hoy la reforma agraria requiere un diseño con estrategias e institucionalidad conformada por un Comité Nacional Agrario en el que participen en su representación cada uno de los actores, que permita llegarle a nuestros campesinos de forma planificada, orientada, coordinada, ejecutada con tecnología de punta, mercadeo estatal previamente autorizado, distribución de tierras equilibradas, facilidad para el transporte, digitalidad, capacidad de almacenamiento por regiones, que les signifiquen rentabilidad.

9. Una vez establecido el mutuo compromiso entre Estado y actores sociales, ingrese el tema agrario a un diseño institucional basado en planeación, coordinación, políticas de desarrollo, asistencia técnica, fomento de inversión y mercadeo, que en coherencia al sistema económico internacional, genere inversión y desarrollo.

10. Permitir a campesinos y reinsertados del proceso de paz, a formar parte de un verdadero país democrático, con fácil acceso a los recursos de fomento para la competitividad.

11. Todas integrales de la reforma, convergentes a la anhelada paz, donde además se integren los desmovilizados de las FARC, ELN, se permita reparación de las víctimas, devolución de propiedades a los desplazados, organización de una nueva clase campesina resiliente con acceso a tierras que aumente la producción agrícola del país y asegure la soberanía alimentaria.

12. Conformación de un Comité Nacional Agrario, direccionada desde el ejecutivo, conformada por un miembro de cada uno de los Ministerios: Hacienda, Agricultura, Ambiente, Gobierno, Justicia, Educación, ICA, Agrosavia, Banagrario, Finagro, Andi,, Sena, Procolombia, Anuc, Fiac, que se encargue de la dirección general del proyecto, planee, coordine, audite, ejecute, todas las actividades encaminadas al buen desarrollo, ejecución del agrarismo y funcionalidad tecnológica, encaminada a la mejora de calidad de vida de todas las comunidades campesinas, indígenas y étnicas colombianas.

ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS AMANTES DEL CAMPO