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Investigan al alcalde de Pitalito por omisión en
ejecución del PAE
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria
al alcalde de Pitalito, Huila, Édgar Muñoz Torres, por una presunta
omisión en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el
municipio.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila, inició la
investigación porque, al parecer, no se habría brindado la alimentación
a los estudiantes desde el primer día del calendario escolar, que
comenzó el 24 de enero, y en algunas instituciones educativas tampoco se
habría cumplido con el servicio en lo que va corrido del año.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca
verificar la ocurrencia de la presunta conducta cometida, determinar si
es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de
una causal de exclusión de responsabilidad por parte del mandatario
local. El alcalde Muñoz Torres puede ser escuchado en versión libre, si
así lo solicita.
Caos en Terminal del Norte por muerte de presunto
ladrón
De nuevo la movilidad en Bogotá se ve afectada, que luego de las
protestas en la Avenida Boyacá, ahora se presenta un cierre a la entrada
de la Terminal de Transportes del Norte.
La Policía Nacional debió acordonar la zona de entrada de buses al
lugar, debido a que se presentó un asesinato en el lugar.
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Hasta el momento no se conocen las causas del hecho,
aunque informó el periódico El Tiempo que fue producto de una balacera,
donde un uniformado lo habría dado de baja
Informó la Terminal de Transportes que la operación de buses "presenta
demoras por cierre vial en la cll 192 con Autonorte, debido a labores de
investigación adelantadas por la Policía".
"Los usuarios que requieran el servicio deberán acceder a las demás
infraestructuras y paraderos autorizados mientras se restablece la
normalidad en la operación. Seguiremos informando sobre el desarrollo de
esta novedad", señaló la entidad.
Ocupan bienes que serían de alias 'Terror', hijo de un
paramilitar
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En desarrollo de la estrategia Argenta, liderada por el
fiscal Francisco Barbosa, para afectar con contundencia las finanzas de
las organizaciones criminales y del narcotráfico, la Dirección
Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas
cautelares sobre 65 bienes avaluados en 50.000 millones de pesos.
Se trata de 39 predios rurales, 8 urbanos y 18 vehículos ubicados en los
municipios de Puerto Berrío, Sonsón y Puerto Nare (Antioquia).
Las acciones, adelantadas de manera articulada con la Dijin de la
Policía Nacional, permitieron establecer que estos activos, al parecer,
fueron permeados por dineros producto de la actividad ilícita que
desarrolló el excomandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena
Medio; Oliverio Isaza Gómez, alias Terror; hijo del desmovilizado jefe
paramilitar, Ramón Isaza.
La investigación permitió establecer que como dueños de los predios
figuran familiares cercanos de Oliverio Isaza y terceros que no
registran soportes contables o financieros que permitan demostrar el
origen de los recursos con los que fueron adquirieron.
Estas personas habrían prestado sus nombres para evadir
la acción que sobre los activos pudieran ejercer las autoridades.
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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será
la encargada de administrar los bienes cobijados con medidas cautelares.
Formulan cargos a 4 policías por asesinato en Caldas
La Procuraduría profirió pliego de cargos contra cuatro policías
adscritos al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula),
por el presunto secuestro, tortura y asesinato de Jairo Arley Carvajal
Sánchez, ocurrido el 8 de enero de 2011 en el municipio de Palestina,
Caldas.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el ente de control,
la capitana Martha Emilia Gañán Rojas, el subintendente Dillmann Augusto
Carrillo Cáceres, el patrullero Jorge Iván Ladino Montoya, la patrullera
Liliana Marcela Martínez Cristancho y el agente John Jairo Gutiérrez
Grajales, presuntamente participaron en diferentes momentos del hecho.
“Los integrantes del Gaula habrían privado de la libertad a Carvajal
Sánchez, condicionando su vida, seguridad y libertad a la entrega de $80
millones, a quien también infligieron dolores y sufrimientos físicos y
morales, constitutivos de tortura, y además incineraron estando aún con
vida y lo desmembraron”, indica el auto de cargos.
Las conductas endilgadas fueron calificadas como gravísimas a título de
dolo, porque se afectó seriamente la libertad, dignidad humana, el
derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, la incolumidad
personal, la función pública y la posición de garante que ostentan los
integrantes de la fuerza pública.
El proceso se traslada a las procuradurías delegadas para
el juzgamiento e iniciar la etapa de juicio disciplinario.
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