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Instan conservar el
río Atrato, reconocido como sujeto de derechos

Debido a la problemática relacionada
con la contaminación, deforestación y minería ilegal en la cuenca del
río Atrato, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, solicita con
carácter urgente el establecimiento de acciones claras y concretas que
garanticen el bienestar y cuidado de las comunidades chocoanas que la
habitan.
“En el seguimiento que realizamos desde la Defensoría del Pueblo al
cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional, y cuyo
fin es la efectiva conservación y protección de ese ecosistema
estratégico, uno de nuestros equipos evidenció la lamentable situación
en la que se encuentra el Atrato”, expresa Camargo Assis.
De acuerdo con lo hallado, el Defensor del Pueblo le hace un llamado al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: “En articulación con las
demás entidades del orden nacional y los entes territoriales, implemente
acciones contundentes que atiendan el cumplimiento de la Sentencia
proferida hace ocho años, la T-622 de 2016, de la cual a la fecha no se
evidencia ningún tipo de avance que aporte a la efectiva conservación de
tan importante y extensa área, ambientalmente estratégica para Colombia,
que está siendo devastada por la minería ilegal”.
Cabe recordar que la sentencia ordena la construcción de diferentes
planes de acción en conjunto con las comunidades para resolver la crisis
humanitaria.
La Defensoría del Pueblo reiteró que: “este es el momento propicio para
que los mandatarios locales diseñen las estrategias para lograr el
efectivo cumplimiento de la mencionada Sentencia y así garantizar los
derechos de la cuenca del río Atrato”, manifiesta el Defensor desde
Quibdó, capital del departamento del Chocó.
Con el propósito de garantizar el derecho a un ambiente sano a todas las
comunidades que dependen del afluente, el tercero más importante y
navegable del país después de los ríos Magdalena y Cauca, desde la
Defensoría se insiste en la necesidad del trabajo articulado entre los
diferentes ministerios y entidades que tienen como deber constitucional
la descontaminación y restauración de ese ecosistema, así como la
erradicación definitiva de actividades ilegales, tales como el indebido
uso de mercurio, las cuales deterioran día a día la salud de quienes
habitan esa región del occidente de la geografía colombiana.
“Comprometidos con la defensa del Atrato, en articulación con la
Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la
República, le hemos solicitado al Tribunal de Cundinamarca el desarrollo
de una audiencia de seguimiento que permita vigilar el estricto
cumplimiento de las órdenes dispuestas en la Sentencia”, indica el
Defensor del Pueblo.
Bloqueo en
Hidroituango pone en riesgo seguridad energética: EPM

En un comunicado, la Empresa Pública
de Medellín (EPM) alertó sobre los bloqueos en las vías de acceso a la
central hidroeléctrica Ituango por parte de un grupo de personas de la
comunidad del municipio de Toledo.
De acuerdo con la empresa, estos
bloqueos no solo ponen en riesgo la vida y la integridad de los
trabajadores y contratistas que laboran en la central, sino que también
aumentan las probabilidades de un racionamiento energético en Colombia.
La situación se agrava debido a la eventual
imposibilidad de generar energía con
las
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unidades de la central y operar el
vertedero con normalidad, todo ello por la falta de personal para la
producción de energía y el mantenimiento de la infraestructura. Este
escenario se ve agravado por la coyuntura que atraviesa el país debido a
los impactos ocasionados por el fenómeno de El Niño.
Además del impacto en la seguridad energética del país, estos bloqueos
están afectando el avance de las obras civiles de la segunda etapa del
proyecto, así como los diferentes frentes que garantizan la seguridad de
las comunidades aguas abajo. Esto incluye trabajos críticos como el
taponamiento definitivo del túnel derecho y los trabajos subacuáticos,
que requieren asistencia continua de buzos profesionales y que podrían
comprometer la vida de dichas personas si se ven afectados por los
bloqueos.
EPM ha manifestado su disposición a dialogar con los manifestantes y
buscar acuerdos que favorezcan la movilidad de las personas, la
operación de la central y el avance de las obras. Sin embargo, reitera
su rechazo a las vías de hecho y cualquier situación que ponga en riesgo
la seguridad de las comunidades y la estabilidad del sistema eléctrico
colombiano.
En lo que va del mes de abril de 2024, la central hidroeléctrica Ituango
ha generado en promedio 19 GWh/día, lo que representa un 8,5 % de la
demanda de energía eléctrica de todo el país. Incluso, ha llegado a
generar hasta 24 GWh/día durante el período del 5 al 9 de abril, gracias
al aumento de los caudales del río Cauca.
EPM hace un llamado a sumar esfuerzos para superar una de las sequías
más extremas de los últimos 20 años, provocada por los efectos del
fenómeno de El Niño, y asegurar que la central hidroeléctrica Ituango y
todo el parque generador permanezcan disponibles para atender la demanda
de energía de manera adecuada.
Amenaza de
racionamiento eléctrico en Colombia debido a la prolongada sequía

En medio de una sequía intensificada
por el fenómeno de El Niño, Colombia enfrenta la posibilidad de un
racionamiento eléctrico, el primero en más de 30 años. Según datos
recientes de XM, la entidad responsable de operar el sistema eléctrico
nacional, las reservas hídricas han descendido alarmantemente al 29%,
apenas dos puntos porcentuales por encima del umbral crítico que podría
desencadenar cortes de energía programados.
La preocupación se intensifica al considerar que la matriz energética
del país depende en un 70% de la hidroelectricidad. Esta dependencia
coloca a Colombia en una situación vulnerable ante períodos de escasa
precipitación. José Reinaldo Vuelvas, director de la maestría de Energía
y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana, explica la paradoja de
contar con una matriz energética limpia que, sin embargo, es altamente
susceptible a las variaciones climáticas.
Este escenario crítico se ve exacerbado por un aumento significativo en
la demanda de energía, que se ha incrementado en un 7,5% en comparación
con el año anterior, tres veces el promedio anual habitual.
Particularmente en la región del Caribe, las temperaturas elevadas han
impulsado un aumento del 10,5% en el consumo energético, principalmente
debido al uso intensivo de sistemas de refrigeración.
Las centrales térmicas, que aportan cerca del 30% de la energía en
condiciones normales y que utilizan fuentes más contaminantes y costosas
como gas, carbón y combustibles líquidos, han sido activadas en su
máxima capacidad. No obstante, la producción actual sigue siendo
insuficiente para satisfacer las necesidades energéticas del país, lo
que ha llevado a un uso intensivo de las ya mermadas reservas hídricas.
El ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, ha intentado
transmitir un mensaje de calma, asegurando en entrevistas recientes que
el racionamiento no es un escenario contemplado por el Gobierno. Sin
embargo, expertos como Clara Inés Pardo y Sandra Fonseca advierten que
las previsiones meteorológicas no garantizan las lluvias
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necesarias y que incidentes
adicionales, como fallos en centrales térmicas o problemas en líneas de
transmisión, podrían agravar la situación.
La crítica hacia el manejo
gubernamental de la crisis no se ha hecho esperar. Se ha señalado la
falta de acciones preventivas, como campañas efectivas de ahorro de
energía y medidas para penalizar el consumo excesivo. Además, proyectos
atrasados en el sector de energías renovables y una gestión burocrática
ineficiente han limitado la capacidad del país para diversificar su
matriz energética y hacer frente a situaciones de emergencia como la
actual.
A largo plazo, expertos como Fonseca y
los profesores Pardo y Vuelvas abogan por una mayor diversificación de
la matriz energética y la construcción de embalses más grandes que
permitan almacenar agua durante períodos de abundancia. Estas medidas,
junto con una gestión más ágil y efectiva de los proyectos de energía
renovable, serían fundamentales para evitar futuras crisis energéticas y
garantizar la estabilidad económica del país.
En definitiva, Colombia se encuentra en una carrera contra el tiempo
para asegurar su estabilidad energética frente a un escenario climático
adverso, con el desafío adicional de realizar ajustes estructurales en
su sector energético que le permitan enfrentar de manera más resiliente
futuras contingencias climáticas.
Gustavo Petro
declara el 19 de abril día cívico en para promover el cuidado del agua

En un esfuerzo por mitigar los efectos
de una grave crisis hídrica y energética, el presidente de Colombia,
Gustavo Petro, ha declarado el día de hoy, 19 de abril, como un día
cívico nacional dedicado al cuidado del agua y la energía. La decisión
se produce en un momento crítico, ya que Bogotá y otras regiones
enfrentan restricciones severas en el suministro de agua potable y
temores crecientes de posibles racionamientos eléctricos.
Durante una ceremonia conmemorativa en el Comando General de las Fuerzas
Militares, el presidente Petro enfatizó la necesidad urgente de reducir
el consumo de recursos. “Queremos decretar un día cívico en Colombia,
(…) para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible
y podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días. Y
sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de
agua potable”, explicó.
A diferencia de un día festivo, un día cívico no implica necesariamente
la suspensión de actividades laborales en el sector privado, pero sí en
el público. Este año, todas las entidades nacionales tendrán un día no
laborable, aunque las entidades territoriales y el sector privado tienen
la libertad de adherirse a la medida.
La crisis actual está agudizada por un fenómeno de El Niño
particularmente severo, que ha llevado a un inicio de año muy seco en
Colombia. El país, que depende en gran medida de la energía
hidroeléctrica, se encuentra en una situación precaria debido a la
disminución constante del nivel de los embalses. En respuesta, el
gobierno también ha anunciado una serie de medidas para aumentar la
capacidad de generación eléctrica y reducir la demanda.
Esta no es la primera vez que Colombia recurre a la declaración de un
día cívico para manejar situaciones de emergencia nacional. En 2003,
durante la presidencia de Álvaro Uribe, se tomó una medida similar para
abordar circunstancias especiales que enfrentaba el país. Sin embargo,
la iniciativa actual destaca por su foco en la sostenibilidad ambiental
y la gestión de recursos.
El tercer viernes de abril de cada año continuará siendo reconocido como
día cívico, permitiendo a las autoridades y a la ciudadanía reflexionar
y actuar en pro del ahorro de agua y energía. Mientras tanto, los
servicios esenciales como la policía, la salud pública y la prevención
de desastres operarán normalmente para garantizar la seguridad y el
bienestar de la población.
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