Posibles irregularidades en mantenimiento de los MI-17 indaga Procuraduría

La procuraduria General de la Nación visitó la Base Aérea de Tolemaida con el objetivo de verificar el estado real de los 11 helicópteros MI-17 de las Fuerzas Militares que en la actualidad reposan en los hangares de esta sede militar sin prestar servicio, debido a la falta de mantenimiento.

El ente de control también indaga sobre las alternativas contempladas para poner en funcionamiento estos helicópteros ante los inconvenientes presentados con el contrato suscrito con la Nacional Aviation Services Company S.A. (NASC S.A.), firma rusa que, tras el inicio de la guerra con Ucrania, entró en la Lista OFAC, mejor conocida como lista Clinton.

Ello, en medio del desarrollo de la investigación disciplinaria que se adelanta por posibles irregularidades en el convenio suscrito con una compañía rusa para la recuperación y puesta en funcionamiento de estas aeronaves.

En ese sentido, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que “el hecho de estar una empresa de cualquier parte del mundo, incluida en la lista de la OFAC, nos impide establecer relaciones financieras y comerciales con ella. Es lo que ocurrió con las empresas rusas que hacían el mantenimiento a los MI-17, que por esa razón fue que se produjo esa suspensión desde el primer semestre del año 2022 y que se ha mantenido hasta la fecha”.

Por otro lado, señaló en medio de un debate de control político sobre el debilitamiento de la Fuerza Pública (tras el más reciente accidente del helicóptero del Ejército Nacional ocurrido en el sur de Bolívar, que dejó un saldo de nueve militares muertos el pasado 29 de abril), que el accidente no se produjo por falta de mantenimiento del artefacto. Sin embargo, hasta el momento, el hecho continúa siendo materia de investigación, pues aún se desconocen las causas.

Asimismo, mencionó que el helicóptero accidentado estaba cumpliendo una misión de abastecimiento de tropas en operaciones contra el ‘Clan del Golfo’ en la región.

No obstante, Velásquez se mantuvo en que la causa era la falta de mantenimiento: “Un helicóptero no despega si no tiene garantizado el mantenimiento. Es la simple supervivencia, inclusive, del propio piloto, que no va a arriesgar su vida ni la de más personas que ocupan el aparato si no está en condiciones para volar”.

Y agregó que “particularmente, a este helicóptero MI-17 se le hizo una inspección de 200 horas del 6 de febrero al 9 de marzo. El 10 de abril se hizo la inspección con 50 horas que hay siempre, la revisión luego de ser utilizado. Tenía certificado de aeronavegabilidad vigente hasta el 18 de enero de 2025, la proyección estimada para ingreso a un estado de reservación como se hace con los MI-17 mientras se soluciona el tema del mantenimiento para aquellos que están en tierra, hay un proceso de preservación, precisamente, para evitar el deterioro de estos MI-17”.

Otros accidentes

Cabe mencionar que el pasado 5 de febrero un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional sufrió un accidente cuando sobrevolaba el área general de la base militar Binacional Cuti, en Unguía (Chocó). Este había salido del municipio de Carepa, en la subregión del Urabá antioqueño. Mientras la aeronave cumplía una misión de abastecimiento ocurrió el siniestro, en el cual cuatro de los siete militares que se movilizaban, perdieron la vida.

Asimismo, el 22 de febrero de este año otro helicóptero, un UH-60 Black Hawk, se estrelló cuando se encontraba en zona montañosa de Caramanta, Antioquia, ocasionando la muerte de sus cuatro

ocupantes.

Otro lamentable hecho ocurrió el 15 de octubre de 2023, cuando en el municipio de Anorí, Antioquia, un helicóptero M-17 se

De igual manera, sucedió el 19 de marzo de 2023, que un helicóptero UH 1N se estrelló en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó, cobrando la vida de las cuatro personas que lo ocupaban, allí se encontraba la destacada piloto teniente Julieth García.

Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad de Salvatore Mancuso

El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ha sido protagonista de un giro sorprendente en su situación judicial en Colombia. El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado su libertad y levantado las 57 órdenes de captura que pesaban en su contra, abriendo un nuevo capítulo en la controvertida historia de uno de los líderes de las Autodefensas Armadas de Colombia.

Tras regresar a Colombia el 27 de febrero de 2024, luego de cumplir una pena en Estados Unidos desde mayo de 2008, Mancuso expresó su interés en contribuir al proceso de paz, aceptando la invitación del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, las múltiples acusaciones y procesos judiciales en su contra planteaban un futuro incierto para él en el país.

El magistrado José Manuel Parra fue quien anunció la decisión de liberar a Mancuso, permitiéndole abandonar el centro de reclusión de máxima seguridad en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde se encontraba. La libertad del ex paramilitar está condicionada a que no tenga otros requerimientos judiciales pendientes en su contra.

La Sala de Justicia y Paz de Bogotá justificó su decisión argumentando que Mancuso ha demostrado con hechos su intención de contribuir a la paz en Colombia. El ex jefe paramilitar ha entregado más de 100 bienes obtenidos mediante actividades criminales, cumpliendo con lo ordenado por la Justicia y Paz a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.

Sin embargo, persisten dudas sobre la entrega de estos bienes, especialmente en lo que respecta a la destinación final de los mismos. Mancuso ha expresado su preocupación por el destino de algunas de sus propiedades, afirmando que uno de los clubes que entregó terminó en manos de una persona que no era víctima de los crímenes de las AUC.

Este caso pone de manifiesto los desafíos y las complejidades del proceso de paz en Colombia, especialmente en lo que respecta a la justicia transicional y la reparación a las víctimas. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de liberar a Salvatore Mancuso marca un hito en este proceso, pero también plantea interrogantes sobre el alcance y la efectividad de las medidas adoptadas para garantizar la justicia y la reparación integral en el país.

Cárcel para ‘Costeño’, presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’ en Sucre

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Roger Ariel Grandet Chávez, alias Costeño, presunto cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán del ‘Clan del Golfo’, por su posible responsabilidad en 18 homicidios selectivos ocurridos en Sucre.

En el curso de la investigación se acreditó que esta persona habría ordenado a los integrantes de su componente armado ejecutar los crímenes. Las víctimas serían en su mayoría civiles que no pagaban 

extorsiones, ocupaban determinadas zonas en las que tenía injerencia el grupo armado ilegal o se oponían a su actuar delictivo.

Las acciones sicariales sucedieron entre el 5 de agosto de 2022 y el 11 de febrero de 2023, en Sincelejo, Ovejas, Toluviejo, Sampués, San Luis de Sincé, Morroa y San Onofre (Sucre).

Uno de los hechos que se le atribuye se registró el 29 de septiembre de 2022. Un joven que se movilizaba en motocicleta por la vía que conduce de Santiago de Tolú a Toluviejo fue interceptado por hombres armados que lo obligaron a subirse a un vehículo. Al día siguiente, fue encontrado el cuerpo atado de manos, con diversos hematomas y fracturas; e impactos de armas de fuego.

Otro crimen fue perpetrado el 27 de octubre de 2022, en Sincelejo. Un ciudadano que se trasladaba en su vehículo fue abordado por sicarios que le dispararon hasta causarle la muerte. Los elementos de prueba dan cuenta de que la víctima no cumplió con una exigencia económica que le había impuesto el ‘Clan del Golfo’.

Asimismo, estaría involucrado en el asesinato de una persona el 1 de octubre de 2022, en Sampués (Sucre), que fue atacada en 17 oportunidades con armas de fuego porque se negaba a salir de un área específica.

Un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial imputó a alias Costeño los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.

Actualmente, el procesado permanece privado de la libertad en establecimiento carcelario por promover un denominado ‘plan pistola’ contra la fuerza pública y otros eventos delictivos.

Más de 53 kilos de heroína fueron incautados en Buesaco, Nariño

Incautan 53,5 kilos de heroína camuflados en una humilde vivienda, en zona rural del corregimiento de Santa Fe, jurisdicción del municipio de Buesaco, Nariño, a través de una operación liderada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la DEA y el Ejército Nacional. El cargamento, tenía como destino inicial la ciudad de Guayaquil (Ecuador), para posteriormente ser enviado al mercado de Estados Unidos.

Esta sustancia pretendía ser empacada en presentación de dediles, como estrategia de camuflaje, para ser transportada por pasos y caminos terrestres irregulares en zona fronteriza. Según los estimativos de la Dirección Antinarcóticos, el cargamento alcanzaría un valor de 802 millones de pesos en zona de producción, el cual ascendería a 3,7 millones de dólares en el mercado internacional. Con esta incautación se evitó la comercialización de 860 mil dosis de esta peligrosa droga.

A través de la articulación investigativa y operativa, en el marco de la cooperación binacional con Ecuador contra el narcotráfico, se detectó una posible vinculación de una organización multi crimen transnacional que utilizará marquillas con el logo de un club deportivo de Guayaquil. Dentro del registro y allanamiento fueron recolectadas cerca de 1.000 de estas marquillas.

La investigación revela que las organizaciones criminales binacionales buscan convertir al municipio de Buesaco en eje de producción y tráfico de heroína, aprovechando que cuenta con una altura promedio sobre los 2.000 m.s.n.m. Además, es una zona con condición boscosa y montañosa, de difícil acceso por sus características topográficas, que permitiría la siembra de cultivos de amapola y el procesamiento del alcaloide.

“Esta operación hace parte de la ofensiva integral contra el narcotráfico, en especial contra el fenómeno de la heroína que hemos detectado en la frontera con el hermano país de Ecuador, con el cual venimos trabajando articuladamente, en coordinación con la DEA”, señaló el director general de la Policía Nacional, general William René Salamanca Ramírez.