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La Guayacana,
‘escuela’ donde guerrilla entrena a menores reclutados ilegalmente
Las disidencias de las FARC y el ELN
establecieron ‘escuelas’ para ‘formar’ a los menores de edad que
reclutan a través de redes sociales o mediante constreñimiento en los
planteles educativos y a quienes les ofrecen pagarles $2 millones.
De acuerdo con el jefe nacional del Servicio de Policía, general José
Luis Ramírez, los niños y adolescentes son entrenados para que sirvan de
campaneros o trabajen en los campamentos.
“La Dirección de Protección y Servicios Especiales, a través de la
Unidad Básica de Investigación Criminal Sepro Decau, está llevando a
cabo tres procesos por la conducta de reclutamiento ilícito en el norte
del Cauca, específicamente contra el ELN y el frente 'Dagoberto Ramos',
a partir de las declaraciones de niños, niñas y adolescentes víctimas de
reclutamiento. En el caso de las FARC, se tiene conocimiento de que
fueron entrenados en el sector conocido como Huisito, dentro de la
jurisdicción del municipio del El Tambo, Cauca”, dice el general
Ramírez.
Señala que “según la información proporcionada por la Unidad Básica de
Investigación Criminal, el reclutamiento se está realizando a través de
la difusión en redes sociales, como Facebook, ofreciendo pagos de hasta
$2 millones, así como mediante el constreñimiento en planteles
educativos por parte de adolescentes ya vinculados a estos grupos
armados”.
Explica el oficial que “dentro de las entrevistas realizadas a las
víctimas, refieren que una vez reciben entrenamiento por estas
estructuras en la ‘Escuela La Guayacana, jurisdicción de Llorente
Nariño’, algunos son dejados en este departamento y otros son destinados
al Huila y Cauca, a la estructura 'Dagoberto Ramos Ortiz'”.
“Las víctimas indican que se les asignan funciones relacionadas con el
servicio de guardia y de campaneros, mientras se supervisa su desempeño
en estas actividades, con el fin de generar confianza dentro de la
organización y así asignarles roles más importantes”, añade el general
Ramírez.
Recordó el oficial que “el reclutamiento forzado de niños, niñas y
adolescentes en conflictos armados plantea una seria preocupación en
términos de derechos humanos. Esta práctica flagrante constituye una
clara violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que prohíbe
explícitamente la participación de menores en el conflicto armado. Una
sentencia clave de la Corte Constitucional (la C-240/09) valida la
importancia de penalizar este reclutamiento, tanto a nivel nacional como
en el ámbito internacional, subrayando la necesidad de proteger a los
menores de edad en situaciones de conflicto”.
Agregó que “además de las normativas internacionales, la legislación
nacional colombiana también aborda esta problemática en el Código Penal,
estableciendo sanciones severas para quienes perpetren actos de
terrorismo contra la población civil y/o recluten ilícitamente a menores
en conflictos armados. Las penalizaciones asociadas a estas conductas
resaltan la gravedad de los crímenes cometidos y la determinación del
Estado para proteger los derechos fundamentales de los niños y niñas. En
resumen, el reclutamiento forzado de menores en conflictos armados
constituye una violación tanto al DIH como a la legislación penal
nacional e internacional, y es crucial mantener un enfoque firme en la
protección de los derechos de la infancia en todo momento”.
Denuncias
En relación con las denuncias de la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, en el sentido de
que en los últimos cuatro años el autodenominado Estado Mayor Central de
las FARC ha reclutado a 817 menores de edad, dijo que “es importante
señalar que la Defensoría del Pueblo Regional Cauca está actualmente
llevando a cabo un proceso de consolidación de datos sobre los casos de
reclutamiento forzado. El propósito de esta iniciativa es identificar la
cantidad de casos que han sido abordados por la Jurisdicción Especial
Indígena y cuántos han sido conocidos por la justicia ordinaria”.
Asimismo, frente a las denuncias de que las disidencias de las FARC EMC
y Segunda Marquetalia han convertido algunos municipios del Cauca en su
centro de operaciones al margen de la ley y financieras, señaló que
“después de una exhaustiva verificación de los sistemas de información
de la Policía Nacional, no se han encontrado denuncias que indiquen la
presencia de centros de operaciones de actividades ilícitas y
financieras de los grupos GAO en el departamento del Cauca”.
Con respecto a la presunta existencia de una pugna entre las disidencias
de ‘Iván Márquez’ y de ‘Iván Mordisco’ por el control de los llamados
corredores de movilidad para el narcotráfico y otras actividades
criminales, aseveró el general Ramírez que
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“de acuerdo con los resultados de
investigaciones y fuentes abiertas, se ha constatado que en el
departamento del Cauca los grupos al margen de la ley se encuentran
inmersos en una disputa territorial. Esta disputa tiene como objetivo el
control de las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. Es
relevante destacar que esta información ha sido ampliamente difundida a
través de diversos medios de comunicación y redes sociales de las
estructuras bajo el mando de alias ‘Iván Márquez’ de la Segunda
Marquetalia y alias ‘Iván Mordisco’ del EMC”.
Explicó que “de acuerdo con la
Apreciación Crítica de las Capacidades de la Amenaza (Accam), a la fecha
no se cuenta con influencia de las estructuras del ‘Clan del Golfo’ en
el departamento del Cauca”.
Imposición de normas
También dijo que “a la fecha y tras
consultar los sistemas de información pertinentes, no se ha registrado
ninguna denuncia relacionada con la imposición de normas y la aplicación
de la pena de muerte por parte de grupos al margen de la ley. Sin
embargo, durante los procesos investigativos llevados a cabo por el
Cuerpo Élite y el grupo de Homicidios, se ha identificado una de las
principales hipótesis y motivaciones detrás de los ajusticiamientos: las
discrepancias con las reglas establecidas de convivencia, el control
social y las aspiraciones de los integrantes de los grupos armados
organizados (GAO)”.
Explicó que “por parte del
Departamento de Policía Cauca, se informa que, una vez verificada la
base de datos, se registran 71 hechos denunciados, así:
• 38 casos extorsión modalidad digital, donde se están llevando procesos
investigativos para determinar si son llamadas originadas desde centros
carcelarios o desde otros departamentos.
• 33 casos extorsión modalidad clásica, donde se llevan procesos
investigativos aperturados por la Fiscalía 04 Especializada, para
determinar la procedencia de los mismos y lograr el esclarecimiento de
los hechos presentados, con el fin de impactar de manera positiva en el
departamento del Cauca, generando con ello la reducción del flagelo de
la extorsión. Así mismo, por parte de la Fuerza Pública se adelantan
labores preventivas y de verificación de posibles cargas explosivas,
sobre las pancartas alusivas a los grupos armados instaladas sobre las
vías públicas, conforme al protocolo establecido; de igual manera, ante
la circulación de panfletos o escritos físicos, se activa la ruta para
determinar la veracidad o falsedad de los mismos, que permita enrutar
las investigaciones correspondientes o toma de decisiones del mando”.
Finalmente, el general Ramírez indicó,
en relación con las denuncias de algunos campesinos de que los
integrantes del EMC de las disidencias de las FARC deambulan libremente
e incluso vigilan la presencia de policías y militares con drones, que
“lo primero que cabe señalar es que dentro de los estatutos guerrilleros
se incluyen acciones de inteligencia dirigidas a integrantes de la
Policía Nacional y del Ejército Nacional, las cuales son llevadas a cabo
por los llamados milicianos, quienes forman parte de la red de apoyo a
estructuras residuales, y son consideradas como acciones propias de la
guerrilla. Además, se cuenta con información proporcionada por la
comunidad, redes sociales y fuentes humanas que relaciona la presencia y
las actividades de inteligencia realizadas por estos grupos armados al
margen de la ley”.
Delegaciones del
Gobierno alertan expansión del Clan del Golfo en Bolívar
En la Serranía de San Lucas, al sur
del Bolívar, se ha evidenciado la expansión del Clan del Golfo, lo que
ha producido preocupación por parte de las delegaciones de paz del
Gobierno y las del ELN.
Varios ministerios han hecho visitas al Sur de Bolívar y están tomando
medidas y decisiones para blindar a las comunidades por posibles
enfrentamientos.
Juan Carlos Cuellar, gestor de paz del ELN sugiere que el problema del
paramilitarismo es una cuestión grave que no se discute lo suficiente.
“El problema del paramilitarismo, de eso poco se habla, es muy grave lo
que está pasando en la Serranía de San Lucas en el Sur de Bolívar, la
toma paramilitar de toda la Serranía, y eso es bueno que ese tipo de
situaciones también se hablan en la mesa y ese el escenario para poder
tramitar esos riesgos”. aseguró.
En las conversaciones entre el Gobierno y el ELN, debe existir un
esfuerzo activo por tomar medidas concretas de implementación que se
puedan aplicar de inmediato. El objetivo de estas medidas tendrá que
asegurar la participación de las comunidades en el proceso de paz en
curso. Esto implica que ambas partes reconocen la importancia de
involucrar a las comunidades afectadas por el conflicto armado para
lograr una paz sostenible y significativa.
Con respecto al tema, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba,
expresó su preocupación por la falta de avances en los diálogos de paz
en la región. En un encuentro con el presidente Gustavo Petro,
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le manifestó que existe un
estancamiento significativo en el proceso de negociación de paz. El
hecho de que no se haya celebrado ni una sola reunión para reactivar la
mesa de negociación indica una falta de progreso en las conversaciones
entre las partes involucradas en el conflicto.
Investigan posibles
anomalías en obras de Gran Vía Yuma, en Santander
La Procuraduría General de la Nación
abrió investigación disciplinaria contra los integrantes del Comité de
Seguimiento creado para la ejecución del proyecto Gran Vía Yuma, en
Santander, responsables de esta obra iniciada hace 15 años.
El órgano de control señaló que, a la
fecha de esta obra, que conectaría a Bucaramanga y Yondó con la Troncal
Magdalena Medio, Ruta del Sol y Ruta del Cacao no se encuentran 100 %
finalizadas.
La mega construcción se desarrolla en
el marco de un convenio interadministrativo suscrito en 2009 por
Ecopetrol, El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el departamento de
Santander y el municipio de Barrancabermeja, organismos que cuentan con
un representante dentro del citado Comité de Seguimiento. El Ministerio
Público realizará una inspección disciplinaria con el fin de reconocer
el estado actual de la obra y establecer, entre otros aspectos, las
causas por las cuales el departamento no entregó los $ 4.000 millones
pactados, lo que impidió, en su momento, que Ecopetrol iniciara las
obras de los 1,3 km del sector 1.
La Procuraduría también busca
establecer las razones de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía
de Barrancabermeja para no realizar la viabilidad técnica, predial y
social para la ejecución del sector 2, no contar con los estudios y
diseños actualizados correspondientes y no tener priorizada la ejecución
de esta fase.
También se recauda información sobre las actividades y la gestión de los
recursos comprometidos por las cuatro entidades involucradas para poder
terminar cada etapa del proyecto.
Los afectados con la apertura de investigación son, por parte de
Ecopetrol: Jurgen Gerardo Loeber Rojas, Mario Alexander Salgado Benítez
(E) y Javier Enrique Tavera Palencia (e), que fungieron como
Vicepresidentes de Desarrollo y Proyectos; Yesid Rodriguez Ardila
(Delegado), en su condición de gerente de Proyectos Downstream; Deisy
Janneth Medina Ávila y María del Rosario Rodriguez Olaya, Planeador
Integral de Abastecimiento del Negocio para la época de los hechos y el
entonces líder de Proyecto de la Colombiana de Petróleos, Héctor Julio
Ortiz Arredondo.
Del Instituto Nacional de Vías (Invias): Marlon Oswaldo Gamboa Duarte,
Liliana Ivonne Orjuela, y Édgar Jesús Rojas Ramírez, en sus condiciones
de directores territoriales de ese organismo, en Santander.
A nivel territorial, Alfonso Eljach Manrique, entonces alcalde de
Barrancabermeja; Luisa Fernanda Orozco Molina, en su condición de
profesional especializado y Óscar Contreras Lázaro, secretario de
Infraestructura de esa municipalidad para la época de los hechos.
Finalmente, dentro del orden departamental la Procuraduría vinculó a la
investigación a Jaime René Rodríguez Cancino, en su condición de
secretario de despacho de la Secretaría de Infraestructura de la
Gobernación de Santander y al entonces director de gestión de
Infraestructura, Alex Samuel Peralta Saavedra (delegado).
Murió otra víctima
de atentado en vía Miranda-Corinto, Cauca
Luego de varias horas en cuidados
intensivos, Luis Oviedo Rodríguez Velásquez, de 67 años, falleció luego
de ser impactado por un artefacto explosivo en vía Miranda-Corinto,
Cauca.
El hombre había sido trasladado a la clínica Fundación Valle del Lili,
junto con otra víctima del hecho. Según informaron los médicos, llegó
con politraumatismo y condiciones inestables, por lo que fue ingresado a
cirugía de emergencia. A pesar de los esfuerzos del personal de la
salud, Rodríguez perdió la vida.
El estado de salud de la mujer de 47 años, quien es la madre del niño
muerto por el ataque explosivo, se encuentra bajo un estricto cuidado.
El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga Barona, rechazó lo ocurrido y le
pidió al Gobierno que asuma la responsabilidad de mantener el orden
público en dos regiones de Miranda y el departamento del Cauca. ““Le
estoy pidiendo que tome el control del orden público en Miranda y el
departamento del Cauca, que se pacifique nuestro territorio y se hagan
proyectos de inversión, desmantelar las economías ilícitas”.
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