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cupos; Teusaquillo, con 1.684; Fontibón, con 431; Engativá, con 297, y Santa Fe, con 184. Aunque el avance ha sido notable, la meta para 2022 era de 8.000 cupos, teniendo en cuenta que en la capital ruedan más de dos millones de vehículos y se estima que 600.000 parquean de manera indebida.

Las ZPP son operadas por la Terminal de Transporte y se identifican por una señal azul. La operación la lideran 900 funcionarios, de los cuales 74 corresponden a antiguos cuidadores de parqueadero informal.

Poco más de dos años después de su implementación, los ingresos de las zonas de parqueo llegan a los $14.000 millones desde que entraron a cumplir su rol por la movilidad, un ingreso con el que la malla vial de la capital no contaba. Aunque no deja de ser positivo, la Contraloría alertó en su momento los incumplimientos en las metas proyectadas en materia económica.

Se encontró que el valor acumulado de gastos al 31 de octubre de 2022 llegó a los $7.295 millones, lo que representa el 23 % del valor proyectado, que fue de $31.672 millones. La entidad esperaba conseguir en 2022 casi $25,517 millones, pero solo recaudó $3.594 millones.

Chía rechazó ingresar a la Región Metropolitana, así reaccionó el departamento

En un debate en el concejo de Chía, el municipio declinó su integración a la Región Metropolitana, proyecto que ha causado más de un desencuentro en el departamento y al que solo se ha sumado el municipio de Soacha. Los concejales de la Comisión Primera votaron negativo el proyecto de acuerdo municipal que pretendía que este municipio, ubicado sobre la sabana, hiciera parte del soñado proyecto impulsado por la capital.

Entre las reacciones a esta votación, resaltó la de la congresista por Cundinamarca, Alexandra Vásquez, que viene criticando el proyecto de región y se opuso a que Soacha ingresara; según ella, es nocivo para el departamento que los municipios ingresen a la Región Metropolitana.

Todos los votos de la comisión estuvieron en contra de la adhesión. Sus cinco integrantes votaron de forma negativa al proyecto de acuerdo: John Edwin Fuentes Correa; Luis Felipe Galvis Ramos; Iván Darío Jiménez de la Rotta; Víctor Fernando Torres, y William Andrés Vela Lozano.

“Fue una discusión bastante compleja, bastante álgida. La ciudadanía, que en su mayoría se oponía a que Chía ingresara a esta Región Metropolitana, fue escuchada por su Concejo municipal. La invitación es para que todos los cundinamarqueses nos informemos de lo perjudicial, trascendental e irreversible que es que los municipios ingresen a la Región Metropolitana. El debate está en la calle, con la gente y con la ciudadanía”, indicó Vásquez.

A su vez, la representante recordó que “uno de los problemas que trae la Región Metropolitana es que los municipios y sus concejos municipales perderán autonomía”. Añadió que “la ley marco de la Región Metropolitana incluye la posibilidad de establecer peajes, valorizaciones, impuestos a vehículos automotores y sobretasas al impuesto de delineación urbana”.

Adicionalmente, argumentan los detractores de la región, que, en el caso de Chía, el ingreso a la Región Metropolitana implica que se va a realizar un proceso de actualización catastral con aumentos en los avalúos e impuestos prediales unificados.

Incautaron carne de tiburón que era comercializada en un restaurante de Bogotá

La Secretaría de Ambiente de Bogotá informó este sábado acerca de la incautación de 5,5 kilogramos de carne de tiburón tollo (Mustelus sp.) que estaba siendo comercializada en un restaurante de Bogotá.

Gracias a una denuncia ciudadana, las autoridades llegaron al lugar en el que se estaba ofreciendo la carne. “La extracción, movilización y comercialización de fauna silvestre sin los respectivos permisos o licencias, es un delito ambiental y tiene penas privativas de la libertad, así como sanciones administrativas y económicas”, aseguró la Secretaría.

En las imágenes se aprecian 21 trozos de lo que parece ser aleta de tiburón tollo. Dentro del género Mustelus, al que pertenecía la carne, hay tres especies que se encuentra cerca de estar en amenaza de extinción, una que ya se encuentra en peligro, y dos más que se encuentran en peligro crítico.

Como contamos en este artículo, desde hace varios años se estima que el 70 % de las aletas de tiburón que son traficadas hacia Hong Kong, uno de los principales destinos de este delito, corresponden a especies cuya conservación está amenazada. En Colombia, el aprovechamiento comercial de tiburones y rayas, por tratarse de recursos hidrobiológicos, está prohibido.

“La Secretaría de Ambiente iniciará el respectivo proceso sancionatorio ambiental contra las personas que estaban comercializando estos productos como lo indica la Ley 1333 de 2009. Así mismo, el Código Penal, en su artículo 328, establece penas de sesenta (60) a ciento treinta y  
 

cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, explicó la entidad en un comunicado.

La Secretaría de Ambiente aseguró que, en conjunto con la Policía, seguirán haciendo operativos de control de tráfico de fauna silvestre en diferentes puntos de Bogotá, así como en las terminales de transporte aéreo y terrestre.

“La entidad hace un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier caso de tráfico, tenencia o riesgo de fauna silvestre a través del correo fauna@ambientebogota.gov.co o a las líneas 318 8277733, 317 4276828, 318 7125560 o (601) 3778854″, solicitaron en el comunicado.

Falsos positivos Bogotá: 20 años del crimen de los primos Méndez en Ciudad Bolívar

El 21 de junio de 2004 se perdió el rastro de Weimar Castro Méndez y Edward Rincón Méndez. Así ha sido la lucha de su familia por encontrar justicia en uno de los pocos casos de ejecuciones extrajudiciales de los que se tiene registro en la capital del país.

Weimar Armando Castro Méndez y Edward Benjamín Rincón Méndez eran compinches desde niños. Su historia era la de los primos que crecen juntos, se acompañan a todas partes y, entre una y otra pilatuna, resultan convirtiéndose en hermanos. Ambos tenían 19 años y vivían en Bogotá. Acababan de graduarse del colegio y estaban buscando un crédito para entrar a la Universidad, pero les arrebataron la vida antes de lograrlo.

Salieron de sus casas en la tarde del 21 de junio de 2004, a encontrarse con una amiga, y no regresaron. Dos días después, mientras sus familias recorrían los barrios, hospitales y oficinas de la Policía preguntado por los jóvenes, sus cuerpos sin vida fueron hallados en la localidad de Ciudad Bolívar.

Weimar y Edward aparecieron vestidos con uniformes camuflados cubiertos de sangre, y fueron señalados de ser miembros de un grupo guerrillero. Se trata de uno de los primeros casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército que se conocieron en Bogotá, cuatro años antes de que estallaran las denuncias por los mal llamados ‘falsos positivos’ en Soacha y otros lugares del país.

“Cumplimos 20 años de lucha, de remar para buscar justicia, pero todavía no la tenemos. Aún no sabemos quiénes son los responsables del crimen de mis muchachos, no nos han dicho la verdad de este caso”, dice Beatriz Méndez, madre de Weimar y tía de Edward.

Ella y su hermana, Clara Inés, se han encargado de mantener viva la memoria de los dos jóvenes. Por eso esta semana, para conmemorar las dos décadas del crimen, organizaron un acto simbólico en la finca donde viven, en Boyacá.

Desempolvaron los afiches que han llevado a tantos plantones y manifestaciones en compañía de las Madres de Soacha, imprimieron los rostros de sus hijos y extendieron un telar blanco para que familiares y conocidos les dejaran un mensaje.

También mandaron hacer una pancarta de fondo amarillo con algunas frases en letras negras, que resumen parte de sus consignas: “En memoria de Edward y Weimar, jóvenes asesinados por un Estado criminal. 20 años de ausencia. Sin olvido. Ni falsos ni positivos”.

A Clara Inés todavía le cuesta volver la vista atrás para pensar en lo que sometieron a su hijo y su sobrino: “Lo más duro es recordar todas las humillaciones por las que pasaron, cómo los obligaron a colocarse esos uniformes para disfrazarlos y tildarlos de guerrilleros”.

La familia sigue a la espera de justicia

El informe de Medicina Legal indicó que en los cuerpos de Edward y Weimar se encontraron signos de tortura y se extrajeron, en suma, 59 proyectiles de bala.

Habrían sido asesinados apenas siete horas después de salir de su casa, hacia las 11 de la noche del 21 de junio de 2004.

“Dicen que los mataron en un combate con el Ejército, pero ¿desde cuándo se ven enfrentamientos en la ciudad?, ¿Dónde están, entonces, los muertos del otro bando?, porque con ese montón de balas que impactaron a mis muchachos el combate tuvo que haber sido largo”. Esas son algunas de las preguntas que Beatriz tiene desde hace años.

Se ha encontrado con militares que prometen darle pistas, ha escuchado sus testimonios ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha presentado solicitudes e insistencias, pero aún sigue con la incertidumbre abierta.

“Todos dicen que van a ayudar, pero al final nadie da claridades. No hay un responsable directo, no sabemos si un coronel dio la orden o si hubo un reclutador. De la justicia no hemos visto nada”, dice la madre de Weimar.

Su hermana plantea que además de las deudas en verdad y justicia, el Estado no ha hecho ningún esfuerzo por reparar a sus familias.

“Llevamos 20 años luchando casi sin avances, sin una noticia positiva. También nos hace falta la indemnización para poder unificarnos con la familia y llevar una mejor calidad de vida, porque yo no parí hijos para esa guerra que nada tenía que ver con mi familia, mucho menos para destruirla y hacernos pasar tanto dolor”, asegura Clara.

Tras dos décadas, estas madres exigen que las instituciones agilicen sus labores y les entreguen respuestas: “Yo voy a seguir remando. Algún día tendré que encontrar la orilla, porque en la mitad no me puedo quedar”, sentencia Beatriz.

Así es la medida que exonera a cultos religiosos en Bogotá de pagar parqueo en vía

Entre las varias novedades que quedaron insertas en el aprobado Plan de Desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán, resaltan curiosas medidas como lo es la que aplica el Artículo 181 del plan, y que señala que el Distrito debe permitir el parqueo de los fieles a cultos religiosos, durante las ceremonias que se celebren. ¿Cómo funcionará esta medida y por qué genera debate en la capital?

Desencuentros ha dejado en los últimos días el artículo en mención. No solo expertos criticaron la apuesta, pero también algunos concejales que no estuvieron de acuerdo con el artículo que, en realidad, es una adición al Acuerdo 695 de 2017, el cual autoriza la tasa de estacionamiento en vías públicas, servicio prestado por establecimientos privados y/o públicos, en el caso de Bogotá, las zonas de parqueo pago son operadas por la Terminal de Transporte.

De esta manera, el Artículo 181 adiciona lo siguiente: “Parágrafo 3. Los vehículos que transporten a los fieles hacia los lugares de culto tendrán permitido estacionar en zonas adyacentes a los lugares de reunión religiosa, bajo las consideraciones establecidas en el presente artículo y de acuerdo con las habilitaciones y los estudios técnicos que realice la Secretaría de Movilidad, en consideración a las condiciones de tráfico, disponibilidad de espacio y de seguridad vial, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 154 del Decreto 555 de 2021″.

Pero para llegar a este artículo hay que retroceder un poco. El concejal de Bogotá, Emel Rojas, fue uno de los que incentivó la reglamentación que permite el parqueo en zonas azules a los feligreses. “el Gobierno Nacional emitió un decreto hace muchos años para permitir el parqueo hoy en día a la hora de la celebración de culto”, dijo refiriéndose al Decreto 354 de 1998.

“Luego se hizo lo que se llamó en su momento un “Convenio de Derecho Público”, lo que permitió que las iglesias reconocidas por el Ministerio del Interior y con personería jurídica, pudieran también hacer uso de las zonas de parqueo”, añadió a El Espectador.

El siguiente antecedente data del 2021 con la reglamentación del POT. “Nosotros aquí en el Concejo, durante el debate del decreto del Plan de Desarrollo, se permitió también trasladar esa norma nacional, puesto que no se había reglamentado en Bogotá. Entonces, para reglamentarlo, prácticamente se acudió a este plan de desarrollo”, agregó Rojas.

Expertos como José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, reaccionaron al Artículo 181, señalando incluso que lo estipulado es “Ilógico”. “Los domingos y algunos días en la semana las iglesias crean un colapso total, pregúnteles a los vecinos del Polo y otros barrios. Iglesias deben promover que fieles vayan a pie o transporte público, crear parqueaderos, y no parqueo en vía. Alcaldía. Cobrarles impuestos”, señaló.

El artículo, lo que hace, es modificar el Acuerdo 695 de 2017 para incluir un parágrafo que exonere a los asistentes a cultos. El acuerdo “autoriza la tasa por el derecho de estacionamiento en vías públicas, servicio prestado por establecimientos privados y/o públicos”, pero el parágrafo añadido en el Plan de Desarrollo le dio vía libre a la medida, por más que causó críticas. La pregunta es, ¿cómo funcionará?

Según Emel Rojas, la Secretaría de Movilidad debe hacer estudios pertinentes para que esto no vaya a causar caos, en particular los días domingo. La medida, no obstante, aplicará para todos los credos e iglesias que puedan ser acreditados por las autoridades competentes.

“Será de acuerdo con los estudios de la Secretaría de Movilidad, en el contexto de cada zona, que esas personas que asisten al culto que quedan bien parqueadas en estas zonas, no paguen y eso hace que se eviten los clásicos problemas de movilidad en la hora del culto certificado por la Iglesia”, añadió el concejal.

Zonas de parqueo pago

Algunas de las localidades con mayor cantidad de cupos son Chapinero, con 2.255