|
|
Construcción del
Malecón en Cravo Norte pinta para ‘elefante blanco’
Después de 6 años de haberse convenido
la construcción del malecón en Cravo Norte, Arauca, las obras siguen a
paso de tortuga y de alargue en alargue poniendo en riesgo los recursos
del patrimonio público, advirtió la Procuraduría.
El proyecto, que tiene como objeto el mejoramiento del espacio urbano
para el aprovechamiento de tiempo libre, recreación y deporte, mediante
la Construcción del malecón del Municipio de Cravo Norte (Arauca) tuvo
fecha de inicio el 3 de diciembre de 2018 y con fecha de terminación el
2 de octubre de 2019, pero las dilaciones e incumplimientos de los
contratistas no han permitido formalizar la terminación del malecón.
Para la Procuraduría, el panorama se empaña con las deficiencias en el
control de la ejecución por parte de la interventoría cuyo contrato
también ha sido sometido a innumerables interrupciones, situación que ha
llevado a generar varios requerimientos por parte del Ministerio
Público.
Además, advierte el ente de control, que se observa una falta de
seguimiento y correcta supervisión al proyecto por parte de la
interventoría provocando suspensiones prolongadas de la obra e
incumplimientos de cronogramas y falta de control en la ejecución del
proyecto.
Resalta el Procurador Regional que las interrupciones y prórrogas
carecen de un riguroso respaldo jurídico, técnico y financiero y no
cuentan con información que sustente las razones que las originaron.
Tanto el contrato de interventoría, que asciende a $296.286.000, como el
de la construcción del malecón, con valor de los $6.268.293.557 se
encuentran bajo el lente del Ministerio Público.
Barrancas, La
Guajira, declarada libre de sospecha de minas antipersonal
El municipio guajiro de Barrancas fue
declarado como libre de sospecha de minas antipersonal, favoreciendo a
sus ocho mil habitantes.
Según el Ejército Nacional, siete resguardos, cinco asentamientos
indígenas y el casco urbano del municipio Barrancas en La Guajira son
territorios libres de esta amenaza tras ocho meses de trabajo de los
uniformados, quienes investigaron 14 eventos que registraban la amenaza
de la presencia de artefactos explosivos.
El coronel Carlos Tarazona, comandante de la Brigada de Ingenieros de
Desminado Humanitario, manifestó que “esta
|
|
declaratoria va a fortalecer el
turismo, el incentivo al deporte y mejorar la economía de la región,
porque habilita y permite que nuevas ofertas institucionales puedan
llegar al territorio para beneficiar a todos los habitantes".
Las indagaciones con los pobladores y
reuniones de enlace comunitario con las autoridades locales permitieron
eliminar estas amenazas del municipio, desde los resguardos indígenas de
Tamaquito Li, el Zahino Guayabito Muriaytuy, San Francisco, Provincial,
Trupiogacho y La Meseta, Nuevo Espinal y Cerrodeo.
Así mismo, se eliminaron artefactos explosivos en los corregimientos de
San Pedro, que reúnen los asentamientos indígenas Cerrito y Sitio Nuevo;
el corregimiento Carretalito y sus asentamientos Barranco y Alegre; el
corregimiento Guayacanal que comprende los asentamientos Nueva Esperanza
y La Granja.
Se descontaminaron los Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI),
la Serranía de Perijá, Banaderos, Cuenca Alta del Río y Camarones, la
Reserva Forestal Protectora de Río (RFPR) Montes de Oca y la zona urbana
de Barrancas.
En La Guajira el desminado humanitario del Ejército Nacional ha
entregado siete municipios libres de sospecha de minas antipersonal,
solo quedan pendientes Villanueva y La Jagua del Pilar, con los que se
logrará descontaminar el departamento en su totalidad.
“Tenemos hoy 698 municipios libres de minas, hay un grupo de 87
municipios en intervención y nos queda pendiente por intervenir 120 en
Colombia. La Brigada de Desminado Humanitario tiene el 89% de los
resultados en despeje de estos municipios y ha contribuido con la
declaratoria de 275 municipios libres de sospecha de Minas. Así mismo,
hemos intervenido siete zonas para dejarlas libres de Minas y
devolverles estos espacios a las comunidades para que esas familias
retomen nuevamente sus proyectos de vida y puedan hacer uso de sus
tierras efectivamente", puntualizó el coronel Tarazona.
Suspenderán
servicios de salud a docentes de Antioquia por deuda de FOMAG
La Asociación de Empresas Sociales del
Estado de Antioquia, AESA, le advirtió a María Mercedes Petro Ramírez,
Gerente Nacional de Salud FOMAG, que si la entidad no se ponía a paz y
salvo con el pago de las atenciones brindadas por los hospitales
públicos de Antioquia a los docentes y sus beneficiarios, estos
quedarían si atención a partir del 1 de agosto.
Por medio de una misiva, la agremiación manifestó preocupación por las
dificultades que ha tenido el FOMAG para saldar la deuda que cubre tres
meses, pero espera una pronta respuesta ante la situación.
“Si bien nuestros hospitales tuvieron la mayor disposición para ayudarle
al FOMAG a superar la crisis presentada con el cambio del modelo de
atención para el magisterio, esperamos del FOMAG la misma reciprocidad
con respecto al cumplimientos de los compromisos adquiridos con la red
pública hospitalaria del departamento de Antioquia”, se lee en la carta.
Adicionalmente a la obligación de saldar la deuda, AESA indicó otras
condiciones para
|
|
evitar que los docentes se queden sin
el servicio de salud. La agremiación puntualizó que el FOMAG deberá
garantizar la contratación preferente para que los hospitales públicos
de Antioquia y la Cooperativa de Hospitales tengan prioridad para
contratar servicios y suministros de salud, en lugar de las empresas que
estaban encargadas en el modelo anterior.
Además del levantamiento de las
observaciones injustificadas por parte de la empresa auditora contratada
por el FOMAG, especialmente la que menciona la falta de contratos. Esto
es relevante porque la circular 02 de Fiduprevisora permitía a los
prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, ofrecer
servicios solo con una carta de intención y no con contratos formales.
SAE destinará
inmuebles para reforma agraria en Urabá
La Sociedad de Activos Especiales
(SAE) anunció la destinación de dos bienes inmuebles en la región del
Urabá Antioqueño como parte de su estrategia para atender la crisis
migratoria en esta área. Esta decisión, alineada con las directrices del
presidente Gustavo Petro, busca no solo mitigar la situación migratoria
sino también avanzar en la democratización de activos como una política
pública del Gobierno del Cambio.
Durante una audiencia pública en Necoclí, liderada por la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes y la Asamblea Departamental, la
SAE comunicó que no realizará ningún trámite de arrendamiento ni de
enajenación de inmuebles en Urabá. Luis Mauricio Urquijo Tejada,
director territorial Occidente de la SAE, reiteró el compromiso de la
entidad con esta subregión de Antioquia y destacó que los activos serán
democratizados, excluyendo la posibilidad de arrendarlos.
Urquijo Tejada subrayó: "Tanto para la región del Bajo Cauca, como para
el Urabá antioqueño, no vamos a celebrar más contratos de arriendo sobre
los inmuebles administrados por la territorial de Occidente. Los activos
que administran nuestra territorial van a ser democratizados, no se van
arrendar más".
La entrega de activos ya ha comenzado a dar frutos con el
fortalecimiento de la presencia institucional de Migración Colombia y
del ICBF en Necoclí, como parte de la iniciativa 'Diálogo Fronterizo'
anunciada hace más de un año. Esta medida también tiene el objetivo de
prevenir fraudes y estafas, aclarando que cualquier operación de venta o
recuperación de predios se realizará exclusivamente en las oficinas de
la SAE en Medellín.
La SAE estableció una meta ambiciosa para el segundo semestre de este
año, planeando entregar un total de 2.500 hectáreas de terrenos en seis
departamentos, de las cuales 800 hectáreas serán destinadas a Urabá.
Este esfuerzo responde a las demandas sociales y contribuye al programa
de reforma agraria del Gobierno del Cambio, que busca mejorar las
condiciones de vida y seguridad en las regiones más afectadas.
La entidad instó a la ciudadanía a no confiar en personas que se
presenten en nombre de la entidad para realizar trámites fuera de las
oficinas oficiales. Todo trámite en la Regional Occidente se realizará
únicamente en las oficinas de Medellín, como medida de seguridad y
transparencia.
|
|
