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S.A., este aumento afectará de manera significativa los costos operativos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), generando una presión financiera adicional que podría derivar en un ajuste tarifario o en un mayor déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

El acuerdo, firmado entre los ministerios de Transporte y de Hacienda, contempla dos incrementos de 400 pesos por galón de diésel durante este año. El primero podría implementarse este mismo fin de semana, mientras que el segundo aumento se prevé para el 1 de diciembre. Con estos ajustes, el impacto financiero para TransMilenio se estima en un rango de entre 6.500 millones y 10.000 millones de pesos solo en 2024. Para el año 2025, el impacto será aún más severo, afectando la sostenibilidad del sistema.

El combustible es un factor crucial dentro de la canasta de costos de operación del SITP, representando alrededor del 25% del total, que incluye también el costo de capital de los vehículos, mantenimiento y mano de obra. Con una flota de más de 11.000 buses, de los cuales cerca del 68% opera con diésel, el incremento del precio del ACPM se traduce en un incremento directo de los costos operativos. Aunque TransMilenio ha avanzado en la transición hacia tecnologías más limpias, como buses eléctricos, a gas natural y híbridos, la dependencia del diésel sigue siendo alta.

Frente a esta situación, la empresa TransMilenio ha solicitado al Gobierno Nacional considerar la posibilidad de una exención o una tarifa diferencial en el precio del diésel para los sistemas de transporte masivo. Esto con el fin de mitigar el impacto en los costos operativos y asegurar que el servicio se siga prestando en condiciones adecuadas para los millones de usuarios que dependen del sistema, en su mayoría de los estratos 1 y 2.

El aumento en el precio del ACPM no solo afecta la operación diaria, sino que también agrava la situación financiera de los operadores de buses. Actualmente, tres de los operadores de la fase III del sistema se encuentran en proceso de reorganización, y el resto también enfrentan dificultades financieras. El alza en el costo del diésel incrementará la tarifa técnica, es decir, el costo real de la operación del servicio, lo que podría obligar a la administración distrital a ajustar las tarifas para los usuarios en los próximos meses.

Aunque los operadores deberán absorber el incremento del diésel en un primer momento, se espera que la administración distrital ajuste la tarifa técnica antes de fin de año para reflejar los mayores costos de operación. Sin embargo, hasta el momento no se ha planteado un aumento en la tarifa para los pasajeros en 2024, lo que genera incertidumbre sobre cómo se manejará el déficit que se incrementará en el Fondo de Estabilización Tarifaria.

Darío Hidalgo, experto en transporte y docente de la Universidad Javeriana, considera que el impacto del incremento del diésel no será tan elevado como sugieren algunos operadores. Según sus estimaciones, un aumento de 800 pesos en el galón de ACPM podría traducirse en un incremento de aproximadamente 110 pesos en la tarifa técnica. Aun así, advierte que el Distrito deberá ajustar las tarifas entre 200 y 300 pesos en 2025 para cubrir no solo el incremento en los combustibles, sino también otros factores como el aumento anual de salarios.

En definitiva, el aumento en el precio del diésel pone en jaque la sostenibilidad financiera de TransMilenio y plantea un reto para la administración distrital, que deberá encontrar un equilibrio entre asegurar la viabilidad del sistema y no afectar de manera desproporcionada a los usuarios más vulnerables.

Cierre de cruce peatonal en la avenida Caracas por obras del metro de Bogotá

A partir del pasado viernes 6 de septiembre de 2024, los ciudadanos que transitan por la avenida Caracas con avenida calle 26 deberán estar atentos a un cambio importante: el cruce peatonal en esta zona ha sido cerrado completamente debido a las obras de construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Este cierre, autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se mantendrá por un período aproximado de un año, mientras avanzan los trabajos en la infraestructura de la ciudad.

Para garantizar la seguridad y movilidad de los peatones durante este cierre, se ha implementado un Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Aquellos que usualmente cruzan por la Caracas con calle 26 deberán desplazarse hasta la intersección de la avenida Caracas con la calle 28/diagonal 30, donde podrán realizar su cruce en sentido oriente-occidente y viceversa. Las autoridades han solicitado a los usuarios de la vía seguir las indicaciones de las señales de tránsito y estar atentos a las directrices para evitar contratiempos.
 

Este cierre se suma a otras restricciones viales en la capital. Desde el pasado 8 de agosto, se vienen realizando trabajos de traslado de redes secundarias en la calle 61, desde la carrera 14A hasta la avenida Caracas, y desde la avenida Caracas hasta la carrera 13. Estas actividades, a cargo del consorcio Metro Línea 1, se extenderán por dos meses más, afectando tanto el tránsito vehicular como el peatonal.

Adicionalmente, se implementaron cierres parciales en las siguientes zonas: el andén de la calle 63 entre la avenida Caracas y la carrera 13, la carrera 13A entre las calles 61A y 62, y en la avenida Caracas entre las calles 60 y 63. Estos trabajos, fundamentales para la construcción del metro, buscan mejorar el transporte en Bogotá, pero requerirán paciencia por parte de los ciudadanos.

Caso de Laura Villamil: Familia exige revisión de todas las sedes de Andrés Carne de Res

La familia de Laura Daniela Villamil, una joven que sufrió quemaduras graves mientras trabajaba en el restaurante Andrés Carne de Res en Chía, ha iniciado un proceso legal para esclarecer lo sucedido y exigir responsabilidades. A través de su abogado y vocero, Camilo Rojas Castro, especialista en Derecho Público, la familia ha solicitado una revisión exhaustiva de todas las sedes del establecimiento para asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

El trágico accidente ocurrió mientras Laura trabajaba en el restaurante, y la gravedad de sus heridas, que cubren el 80% de su cuerpo, ha generado un fuerte impacto en su vida y en la de su familia. Rojas, también viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia, ha sido enfático en que se debe garantizar que Laura reciba el tratamiento médico adecuado y que se cumplan sus derechos laborales y de salud.

Acciones legales en curso

En una entrevista concedida a medios nacioales, el abogado explicó que ya se han tomado las primeras acciones legales. Se presentó un derecho de petición para obtener una copia del plan de emergencias aprobado por los bomberos municipales de Chía, un documento que todo establecimiento comercial debe tener. Este plan es crucial para determinar si el restaurante cumplía con la normativa en materia de seguridad.

Rojas señaló que una vez se reciban las respuestas, se podrá empezar a establecer las responsabilidades pertinentes. “Estamos solicitando este documento para verificar si el establecimiento tenía todas las herramientas y el cumplimiento normativo, lo cual nos permitirá definir las acciones legales a seguir”, afirmó. Además, resaltó la importancia de despejar incógnitas sobre lo que ocurrió el día del accidente, tales como la actuación de los brigadistas y las medidas de seguridad implementadas.

El abogado también solicitó información sobre las licencias de urbanismo y construcción del restaurante, así como los protocolos de traslado de emergencia y los dispositivos contra incendios que se encontraban en uso el día del incidente. Según Rojas, estos datos serán fundamentales para determinar la responsabilidad del establecimiento en el accidente que dejó a Laura con lesiones irreparables.

Revisión de todas las sedes

Adicionalmente, la familia ha pedido al Ministerio de Trabajo que realice una revisión exhaustiva de todas las sedes de Andrés Carne de Res para asegurar que cumplen con los protocolos de seguridad exigidos por la ley. “Es una solicitud que busca prevenir futuras tragedias y garantizar que tanto los empleados como los clientes estén protegidos”, aclaró Rojas.

Esta solicitud no es un ataque a la cadena de restaurantes, sino una medida para garantizar que se cumplan las normativas de seguridad en todos los establecimientos, resaltó el abogado. La tragedia de Laura ha puesto en el foco la importancia de la prevención y el cumplimiento estricto de las normativas de seguridad laboral.

Esperan respuestas

Por ahora, la familia está centrada en la recuperación de Laura, quien continúa recibiendo atención médica intensiva debido a la gravedad de sus heridas. Rojas indicó que aún están esperando respuestas de las autoridades y de Andrés Carne de Res, que hasta la fecha solo ha ofrecido un pequeño auxilio económico a la familia, tramitado a través de su directora de Talento Humano.

“Lo más importante es que se haga justicia y que Laura reciba todas las garantías de salud y apoyo económico que necesita, ya que su vida ha cambiado para siempre”, concluyó el abogado. Mientras tanto, se sigue esperando la información solicitada al restaurante, los bomberos de Chía y la Alcaldía, información clave para determinar las próximas acciones legales en este doloroso caso.

Alerta por mala calidad del aire en la zona rural de Bogotá

En las últimas horas, se ha registrado un deterioro significativo en la calidad del aire en la zona rural de Bogotá, especialmente en el sector del Mochuelo y otros municipios cercanos de la Sabana. Una densa capa de material particulado es visible en el cielo, lo que ha generado preocupación entre los habitantes. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó que este fenómeno se debe a la influencia de los vientos provenientes de incendios forestales en los Llanos Orientales y la Amazonía, cuyos residuos de humo han sido arrastrados hacia la capital.

La combinación de estos vientos con fenómenos de inversión térmica y bajas temperaturas ha agravado la situación, incrementando los niveles de contaminación en zonas como Soacha, Funza, Madrid, Facatativá, Cota, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá. Las partículas contaminantes se han concentrado en el aire, afectando la salud de los habitantes y provocando que la CAR declare un nivel de prevención.

El director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, indicó que la falta de lluvias y la baja humedad han facilitado la acumulación de material particulado, pero que se espera una mejoría con la llegada de posibles lluvias en los próximos días. A la par de estas medidas, la CAR ha activado protocolos para controlar la contaminación, entre ellos, la regulación de industrias que operan con carbón y la restricción de quemas controladas. Además, se realizarán operativos en las vías para mejorar el flujo vehicular y reducir las emisiones de gases por parte de automóviles.

La entidad también emitió recomendaciones a la comunidad para que tomen precauciones ante la situación. Se sugiere el uso de tapabocas, evitar actividades al aire libre entre las 6:00 a.m. y 10:00 a.m., y reducir el uso de vehículos particulares. Asimismo, se pide a los habitantes evitar quemar materiales como carbón o basura, ya que esto contribuye a empeorar la calidad del aire.

La duración de estas medidas es indefinida, ya que dependerá de las mejoras en las condiciones meteorológicas y de la dispersión del material contaminante. Mientras tanto, las autoridades seguirán monitoreando la situación para garantizar la salud y el bienestar de los ciudadanos en estas zonas rurales de Bogotá y sus alrededores.

TransMilenio enfrentará un impacto financiero por el alza del ACPM

El reciente acuerdo entre el Gobierno Nacional y el gremio del transporte de carga, que establece un incremento en el precio del diésel (ACPM), tendrá un fuerte impacto en el sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá. Según la empresa TransMilenio