|
|
Si compra mares de coca, le va a
caer la Constitución: Barbosa a Petro
A través de su
cuenta en X, el exfiscal general de la Nación, Francisco
Barbosa, lanzó una advertencia al presidente Gustavo Petro en
relación con su reciente anuncio de comprar cosechas de coca en
El Plateado, Cauca.
El exfuncionario afirmó: "Si se pone a comprar los mares de coca
que inundan el Cauca, lo que le va a caer encima no son rayos y
centellas, sino la Constitución y la ley. No puede haber
negocios jurídicos con base en un objeto ilícito".
Esta declaración se produce tras el anuncio de Petro el pasado
viernes, en el que aseguró que el Gobierno iniciará la compra
estatal de la cosecha de coca en la región como parte de un plan
para desarrollar una economía lícita a través de créditos a los
campesinos del Micay. "Nosotros, en El Plateado, vamos a iniciar
la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y
centellas. Menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron",
destacó el mandatario.
Barbosa enfatizó que la decisión del mandatario podría tener
graves repercusiones legales, subrayando que la realidad de los
cultivos de coca podría agravarse. "Usted se alegra porque yo me
fui de la Fiscalía, pero le recuerdo que el Código Penal queda.
También le va a caer encima la realidad cuando los cultivos le
aumenten más de lo que ya le aumentaron en estos 26 meses de
desastre", expresó Barbosa.
En su mensaje, el exfiscal cuestionó la lógica detrás de la
propuesta de Petro: "¿Usted consulta a sus asesores jurídicos?
¿No se da cuenta del mensaje que esto envía sobre el Estado de
Derecho en Colombia?". Barbosa insistió en que la legalización
de la compra de coca sin un plan claro para reemplazarla con
cultivos lícitos sería un error fatal.
Las declaraciones de Barbosa ponen de relieve la controversia
que rodea la estrategia del gobierno para abordar el fenómeno
del narcotráfico en Colombia, especialmente en un contexto en el
que el Ejército y la Policía han intensificado sus operaciones
en El Plateado como parte de la 'Operación Perseo', destinada a
recuperar el control estatal de la región.
¿Por qué allanaron la casa de
María Benavides, exasesora de Minhacienda?
En días recientes,
la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo un allanamiento en la
vivienda de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de
Hacienda, Ricardo Bonilla, como parte de una investigación más
amplia que indaga sobre presuntas irregularidades en la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La diligencia, solicitada por el magistrado Misael Fernando
Rodríguez, busca obtener pruebas que podrían implicar a varios
congresistas en un escándalo de corrupción relacionado con la
asignación de contratos.
El allanamiento se
realizó en el norte de Bogotá, donde se encontraban Benavides y
su familia, y se llevó a cabo por más de diez funcionarios del
Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI).
Los investigadores llegaron con la intención de incautar
documentación y elementos que pudieran ser relevantes para la
investigación.
Se señala que la
exasesora presuntamente estaría involucrada en un esquema que
|
|
favoreció la adjudicación de
contratos por un monto total de 92.000 millones de pesos a miembros de
la Comisión de Crédito Público, a cambio de su apoyo en la aprobación de
empréstitos necesarios para el gobierno.
La defensa de Benavides ha denunciado que, tras el allanamiento, ella y
su familia recibieron amenazas de muerte a través de un mensaje de
WhatsApp, en el que se decía: “María Alejandra Benavides Soto, su mamá y
su tía, así como el h... de su abogado van a entender que hablar no
paga. Brille para ellos la luz perpetua.”
Este mensaje, acompañado de una imagen de una calavera y un ataúd, ha
motivado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la
Nación. Según el abogado Jaime Andrés López, quien representa a la
exfuncionaria, estas amenazas buscan coartar su derecho a declarar y
ejercer su defensa en un contexto donde la información que posea podría
ser crucial para el esclarecimiento de los hechos.
López subrayó que “se
rechazan de manera enfática las amenazas a la vida de mi poderdante, sus
familiares y en mi contra”, y ha solicitado medidas de protección para
garantizar la seguridad de todos los involucrados. Además, se ha
indicado que María Alejandra Benavides se ha acogido al derecho de
guardar silencio en las investigaciones, aunque no se descarta que en un
futuro pueda decidir colaborar como testigo.
La investigación no solo abarca a Benavides, sino que se extiende a
otros funcionarios y congresistas que, según las autoridades, podrían
haber participado en el direccionamiento irregular de contratos.
Investigación Campaña Petro: CNE empezó a
citar a los señalados
De manera oficial, el
Consejo Nacional Electoral (CNE) empezó con el proceso de citaciones a
los involucrados dentro de la investigación que abrió, el 8 de octubre,
a la Campaña Petro Presidente por una presunta financiación ilegal.
Como se sabe, el CNE afirmó que hubo aportes y pagos de la misión que no
fueron reportados, muchos de ellos a los testigos electorales que
trabajaron con el ahora partido de gobierno.
Ayer se reconoció la resolución 05175, en la que el CNE hace oficial el
pliego de cargos por la violación de los topes electorales en 5.300
millones de pesos y en la que se abre indagación al presidente Gustavo
Petro, en aquel momento en calidad de candidato, y a Ricardo Roa, jefe
de la campaña, pero que hoy ejerce como gerente de Ecopetrol.
Tras conocer el documento, el mandatario se pronunció a través de su
cuenta de X señalando que los funcionarios firmantes “rompen por
completo el Estado de Derecho, la Constitución Nacional y el bloque de
constitucionalidad”. Asimismo, Petro señala a los magistrados del CNE de
incurrir en “delito de prevaricato por acción con dolo”. Finalmente, su
tuit lo sella señalando, una vez más, un “golpe de Estado”.
El folio,
que consta de 339 páginas y 21 artículos, recoge las pruebas presentadas
por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes
argumentan por lo menos 12 hechos destacados en los que la campaña
habría infringido las normas electorales. Asimismo, en este documento
dan respuesta a las formulaciones de la defensa de Petro, y al propio
presidente, que buscan anular o controvertir la actuación del órgano.
Dentro de
los nombres propios a la investigación están el del presidente, su
gerente de campaña, Ricardo Roa; la tesorera Lucy Aydeé Mogollón
Alfonso; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus
en calidad de auditores de campaña; y a los partidos Pacto Histórico y
Unión Patriótica (UP) por la “presunta violación al régimen de
|
|
financiación de las campañas electorales”, cita el
documento.
Los magistrados encargados de entregar las acusaciones contra la campaña
señalan que tras la queja instaurada en el ente con el radicado CNE-E-DG-2023-002164,
se pedía la apertura de investigación tras los casos de corrupción en
los que se señaló a Jonathan Ramírez, en su momento abogado del
movimiento electoral Pacto Histórico en 2022, y a Ricardo Roa, por la
violación de los topes electorales a través de cuentas no autorizadas
por el CNE.
En el mismo documento se hace referencia a la omisión de registro de una
donación hecha por Fecode en 2022, presuntamente durante la primera
vuelta de campaña electoral. Allí se citan 500 millones de pesos que no
se reportaron en la contabilidad, pero que, según las pruebas, sí
habrían entrado en la campaña mediante un cheque al representante legal
de la Colombia Humana, Dagoberto Quiroga, para finalmente ser utilizados
dentro del compromiso electivo.
Un caso similar pasa con un presunto préstamo realizado por el partido
Polo Democrático que finalmente no se reportó y que habría generado un
colchón de ingresos para la campaña de 367 millones de pesos.
Igualmente, en el reporte se advierte de una diferencia reportada entre
el pago a testigos electorales y la propia cantidad de los mismos, lo
que sigue generando un hueco en la contabilidad de la campaña.
Los magistrados también advierten de numerosas facturas anuladas a lo
largo del proceso, inconsistencias en pagos, ingresos y donaciones para
el mismo. Finalmente, la resolución sentencia que el presidente Petro y
los implicados en el caso tienen un plazo de quince días para hacer
presencia en el CNE y con ello puedan conocer la decisión adoptada. De
no cumplir con este ordenamiento, el ente deberá notificar de manera
correspondiente a cada uno de los investigados.
Si los indagados llegan a ser hallados culpables, se verían obligados a
pagar algo más de 3.709 millones de pesos. Asimismo, para los partidos
Colombia Humana y Unión Patriótica la multa ascendería a un monto entre
los 18,4 y los 184,9 millones de pesos.
Gobierno comprará cosecha de cocaína en El
Plateado: Petro
El presidente Gustavo Petro
anunció este viernes que el Gobierno de Colombia iniciará la gestión
para comprar cosechas de cocaína en El Plateado, departamento del Cauca.
"Nosotros, en El Plateado, vamos a iniciar la compra estatal de cosecha
de coca. Me van a caer rayos y centellas. Menos mal la procuradora y el
fiscal ya se fueron", afirmó Petro.
Según lo expresado por el mandatario, la compra de la cosecha al
campesinado del Micay se realizará mientras aparece una economía lícita
impulsada a partir de créditos.
"Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, pues si vamos a repetir
lo mismo, con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se
solucionan las cosas así. Entonces al campesinado del Micay le vamos a
comprar sus cosechas mientras aparece la economía lícita, para eso se
necesitan crédito en el Micay, crédito en todas las zonas, las más
pobres y excluidas de Colombia", puntualizó Gustavo Petro.
Como ya se sabe, durante el pasado sábado 12 de octubre, se lanzó la
'Operación Perseo' en El Plateado, la cual buscaba retomar el control
estatal de la región, a partir de la presencia de las Fuerzas Militares.
Desde ese momento, el Ejército Nacional y la Policía han hecho presencia
en el municipio desmantelando vallas alusivas a grupos al margen de la
ley que delinquían en la zona, además de eliminar distintos artefactos
explosivos instalados en distintas zonas del sector los cuales ponían en
peligro a la población civil y a los uniformados.
|
|
