Según informó la institución, estas personas cuentan con órdenes de captura por diversos delitos y representan una amenaza para la seguridad ciudadana. Entre ellos, se destacan tres individuos por quienes se ofrecen recompensas de hasta cien millones de pesos (aproximadamente 24.000 dólares estadounidenses) por información que permita su captura.

De acuerdo con las autoridades, esta estrategia hace parte de las acciones encaminadas a brindar una respuesta integral la comunidad, y sobre todo, por los recientes hechos de violencia ocurridos en el municipio de Riofrío. Allí, el 29 de enero de 2025 dos motobombas fueron detonadas cerca de las respectivas estaciones de Policía de los corregimientos de Fenicia y Salónica.

Sumado a todo lo anterior, y en coordinación con el Ejército Nacional, la institución ha desplegado operativos conjuntos en varios municipios del departamento, incluyendo Buenaventura, Palmira, Buga y el propio Riofrío. Estas acciones buscan reforzar la seguridad tanto en las zonas urbanas como rurales, así como en los principales corredores viales de la región.

Para esto, la Policía Nacional, en colaboración con unidades especializadas como la Unidad de Intervención Policial y Antiterrorismo (Unipol), los Escuadrones Móviles de Carabineros (Emcar) y la Seccional de Tránsito y Transporte (Setra), ha intensificado los patrullajes y controles en el Valle del Cauca.

Según detalló la institución, estas acciones han permitido registrar a más de 450 personas, así como inspeccionar 99 automóviles y 110 motocicletas en las áreas intervenidas.

Quiénes aparecen en el cartel de los más buscados en el Valle del Cauca

Entre los nombres destacados en el cartel de los más buscados se encuentran Prisciliano Soto Tordecilla, alias Mayupa; Mauricio Caro Caro, alias Dimax; y José de las Mercedes Almario Conde, alias M6. Por información que conduzca a la captura de cualquiera de estos tres individuos, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos. Estos sujetos son considerados los actores criminales más peligrosos en esta zona de la región pacífica.

Asimismo, se han ofrecido recompensas de hasta 50 millones de pesos (aproximadamente 12.000 dólares estadounidenses) por información sobre otros cinco delincuentes: Wilder de Jesús Cartagena Duarte, alias Alexis; Antonio Quintero Molina, alias Caleño o Cali; Jaer Enrique López Ochoa, alias Tacho; Yuver Manyoma, alias Yeison o Sombra; y Jesús Granda Jiménez, alias JJ. Según las autoridades, todos ellos tienen órdenes de captura vigentes por diversos delitos.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilián Francisca Toro, respaldó las acciones de la Policía Nacional y reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para lograr resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia. “Invitamos a los ciudadanos a utilizar las líneas de emergencia de la Policía Nacional para denunciar a estos delincuentes y garantizar su puesta a disposición de las autoridades competentes”, señaló la mandataria.

De igual forma, las autoridades han habilitado varias líneas de contacto para recibir información sobre los individuos buscados. Los ciudadanos pueden comunicarse al número de emergencias 123, a las líneas de la Sijín Valle (321-3947235 y 321-4300776), a la línea contra el crimen (314-3587212) o enviar información al correo electrónico fuentes@dipol.gov.co. La Policía Nacional ha garantizado absoluta reserva para quienes brinden datos que contribuyan a la captura de los delincuentes.

Por último, el coronel Garavito Aránzazu subrayó que la participación de la comunidad es fundamental para contrarrestar la delincuencia en el departamento. “La estrategia de dar a conocer el cartel de los más buscados y adelantar actividades de seguridad ciudadana corresponde a una respuesta integral a los ciudadanos de bien, quienes solicitan a las diferentes instituciones hacerle frente a los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana”, concluyó el oficial.

Identificaron a dos de las víctimas encontradas en La Escombrera, una líder social y un vendedor discapacitado

El hallazgo de restos humanos en La Escombrera, un sector de la Comuna 13 que durante varios años se afirmó, mediante denuncias, que era una fosa común, se ha convertido en uno de los temas más mencionados a nivel nacional; esto se debe a que el descubrimiento se registró 22 años después de las primeras denuncias y tras 15 de búsqueda.

Siete días después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que habían sido encontrados los restos de al menos cuatro personas en La Escombrera, el mecanismo de justicia transicional reveló que fueron identificadas dos de las víctimas de desaparición forzada.

Gracias al trabajo del Instituto Nacional de Medicina Legal, se confirmó que se trataba de una joven de 20 años y un hombre de 28, que eran residentes de la comuna 13 y del corregimiento de San Cristóbal, que en 2022 fueron reportados como desaparecidos.

La JEP confirmó que ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales, investigaciones o condenas registradas, por lo que con este hallazgo se confirma que La Escombrera fue un sitio de desaparición forzada en Colombia; sin embargo, por seguridad de las familias, la identidad de las víctimas no serán de conocimiento público.

“Por respeto a la solicitud expresa de las familias, con el objetivo de acompañarlas en su doloroso proceso de duelo, por motivos de seguridad de los afectados y reserva sumarial de la investigación criminal, no divulgará los nombres de las víctimas identificadas. Con todo, y por razones de transparencia, la JEP le asegura a la ciudadanía colombiana y a la comunidad internacional, que todas sus afirmaciones se sustentan en fuentes y documentos oficiales”, se lee en el comunicado de la JEP.

Sobre la joven de 20 años, se determinó que fue reportada como desaparecida luego de que salió de su casa el 30 de julio de 2002 sobre las 7:00 p. m., ella era parte de una organización de actividades deportivas y cumplía funciones como coordinadora de un grupo juvenil, pero esa noche habría sido interceptada por miembros del bloque Cacique Nutibara de las AUC, que meses antes había llegado al territorio para asumir el poder territorial del lugar.

Su madre informó a las autoridades que el 31 de julio de 2002 recibió una llamada en la
 

De acuerdo con los informes que tiene la JEP en su poder, la joven pudo haber sido trasladada desde el corregimiento de San Cristóbal hasta La Escombrera, en donde los paramilitares dominaban la zona, allí fue asesinada y enterrada en el vertedero.

En el otro caso, la Fiscalía General de la Nación tuvo reportes sobre la desaparición del vendedor deambulante de 28 años, que habría sido desaparecido por parte del bloque Cacique Nutibara y el frente José Luis Zuluaga, que era comandado por alias McGiver, que tuvo presencia constante en la comuna 13 entre 2001 y 2002.

La víctima tenía una condición de discapacidad física y mental, sufría de ataques de epilepsia y tenía dificultades para desplazarse, el hombre de 28 años vivía con sus padres y debido a que no era aceptado en empresas por su condición, buscaba conseguir ingresos por medio de la venta de diferentes objetos en las calles.

El 13 de octubre de 2002, sobre las 7:30 a. m., salió de su hogar en el barrio Belencito y desde ese momento sus progenitores no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

Desde la JEP recordaron que en abril de 2013 le preguntaron a “Don Berna” por la escombrera y este indicó que no ordenó que enterraran víctimas en ese sitio, pero reconoció que por información que recibió por parte de otro comandante de las AUC, creía que en ese lugar estaban los restos de al menos 500 víctimas del conflicto armado.

“Bueno, doctor, de acuerdo a la versión que me entregaron varios de los postulados y especialmente, pues las veces que hable con el comandante Elkin quien es el que manejaba esa zona, él me dice que esa escombrera me dijo podía haber más de quinientos muertos”, declaró el jefe paramilitar en ese momento.

Como parte final del comunicado de la JEP, se indicó que estos crímenes hacen parte de las 34 operaciones desarrolladas por la fuerza pública y las AUC entre 2001 y 2024, en lo que habría sido una estrategia que consistía en no dejar rastros de las víctimas, ya que “los desaparecidos no contaban y los cadáveres sí”.

Tensión en Putumayo: elecciones atípicas están en riesgo por amenazas y violencia en la región

Las elecciones atípicas programadas para el 23 de febrero en el Putumayo, donde se elegirán al nuevo gobernador y al alcalde de Puerto Guzmán, generan gran preocupación debido a la situación de orden público en la región. El jueves 30 de enero, Hernán Penagos, registrador Nacional, expresó su inquietud sobre los crecientes problemas de inseguridad y violencia, que se vieron alimentados por la presencia y el accionar de grupos armados ilegales. Durante su intervención, Penagos hizo un llamado a las autoridades pertinentes, destacando la necesidad de que el Ministerio de Defensa garantice las condiciones necesarias de seguridad para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin temor.

El registrador señaló que la situación en Putumayo es delicada, y alertó sobre las dificultades que podrían surgir en los días previos y durante las elecciones. En su declaración, Penagos señaló que tanto el Gobierno nacional como otras entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior deben reconocer la gravedad del panorama.

A pesar de los esfuerzos por asegurar un ambiente electoral estable, el funcionario remarcó la urgencia de que las fuerzas armadas y la policía tomen medidas decisivas para salvaguardar el proceso electoral y permitir que los votantes de la región puedan ejercer su derecho al sufragio de manera libre y segura.

Al destacar la importancia de los comicios en el Putumayo, el registrador nacional explicó que estas elecciones atípicas representarían una prueba de fuego para el ejercicio del voto libre en Colombia. Con más de 270.000 ciudadanos habilitados para sufragar, aseguró que garantizar un proceso electoral transparente y seguro es fundamental para la democracia.

Sin embargo, advirtió que la situación de orden público en el departamento representa un riesgo significativo, ya que la ciudadanía podía ser instrumentalizada por grupos armados ilegales, lo que afectaría directamente la libertad del voto. Explicó que distintas entidades del Estado alertaron sobre las amenazas que enfrenta el proceso electoral y señaló la necesidad urgente de tomar medidas para contrarrestarlas.

“Diferentes autoridades han advertido sobre dificultades en materia de seguridad y orden público en el departamento, luego, se hace necesario la actuación determinante de la Fuerza Pública para garantizar no solo el derecho al voto, sino el derecho al voto libre”, manifestó Penagos, haciendo un llamado al Gobierno para que priorizara la seguridad en la región.

Durante una sesión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, que tuvo lugar en Bogotá, se abordaron temas clave en torno a la organización de las elecciones atípicas de 2025, así como de los comicios presidenciales y legislativos programados para el año siguiente. En el encuentro, la Misión de Observación Electoral (MOE) expresó su profunda preocupación por el deterioro de la seguridad en diversas regiones del país y su posible impacto en el desarrollo de las votaciones, especialmente en el contexto de la política de paz total promovida por el Gobierno de Gustavo Petro.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, hizo énfasis en la aparente falta de compromiso de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Otty Patiño, en la protección del proceso electoral, señalando que los actuales diálogos de paz no parecían garantizar condiciones seguras para los votantes. “Vemos con muchísima preocupación que no hay un interés de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz frente al proceso electoral cuando tenemos hechos como el del Catatumbo. Hay unas mesas de negociación completamente inestables, una expansión de los grupos armados ilegales y economías ilícitas reforzadas en diferentes partes del país”, advirtió Barrios.

En este escenario, la Registraduría Nacional reiteró su compromiso con la transparencia y la integridad en el desarrollo de los comicios, garantizando una logística electoral organizada y confiable. Sin embargo, su registrador nacional enfatizó que el éxito del proceso no dependía únicamente de esta entidad, sino que requería el respaldo de todas las instituciones del Estado.