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Petro convocó a una movilización
campesina a nivel nacional
El presidente
Gustavo Petro invitó a los movimientos agrarios del país para
que se unan en una gran movilización campesina nacional. Esta
convocatoria, hecha desde el corregimiento de Chicoral en El
Espinal, Tolima, buscaría impulsar la Reforma Agraria y
garantizar que "la tierra sea para quien la trabaja".
En el discurso del mandatario, el cual se hizo en el marco de la
firma del 'Pacto por la Tierra y la Vida', Chicoral es un lugar
emblemático donde se "enterraron esperanzas de reforma agraria
durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero". Fue allí donde
comenzaron las masacres contra el movimiento campesino y se
consolidó la gran propiedad privada. Su discurso recordó cómo
decenas de miles de campesinos marcharon hacia Bogotá hace
décadas exigiendo cambios significativos.
Actualmente, más de 1.5 millones de campesinos solicitan tierras
para trabajarlas directamente. Por tal motivo, Petro fue claro
al señalar que sin movilización ni organización no habrá avances
significativos en las reformas sociales prometidas por su
gobierno. Su llamado a una movilización "pacífica pero decidida"
pretende concienciar sobre los derechos fundamentales del
pueblo.
El evento reunió campesinos, indígenas, afrodescendientes,
negros, raizales, palenqueros y trabajadores de la tierra para
debatir sobre temas clave como la redistribución equitativa de
la tierra, la democratización del campo y su transformación
productiva.
A través de mesas de trabajo, se abordaron estrategias para
enfrentar el hambre, la crisis climática y fortalecer el
compromiso con la Paz. Otros puntos centrales incluyen la
recuperación de suelos, la protección del agua, la
reorganización de las instituciones agrarias y la modernización
del modelo productivo rural.
El Ministerio de Agricultura acordó 12 puntos que representan
una alianza popular - institucional que tiene como principio el
respeto y la dignidad hacia las comunidades, pueblos, y
trabajadoras y trabajadores agrarios que luchan por la tierra,
el agua y los ecosistemas.
Estos puntos incluyen la redistribución equitativa de tierras y
activos productivos, así como la justicia agraria para restituir
y reparar las deudas históricas con las comunidades. Además, se
enfocan en la restauración y protección del medio ambiente
rural, asegurando el cuidado de suelos, cuerpos de agua y
ecosistemas. La inclusión efectiva en políticas públicas es otro
objetivo importante, junto con transformar el modelo agrario
para garantizar derechos individuales y colectivos.
Estos acuerdos también abordan aspectos como la protección de
logros sociales pasados, el fortalecimiento institucional
agrario y garantías para organizaciones comunitarias. Se destaca
el reconocimiento e inclusión activa de mujeres, diversidades
sexuales rurales y juventudes campesinas. Además, se busca
proteger los sistemas tradicionales del conocimiento indígena y
transformar economías locales donde existen cultivos ilícitos
hacia actividades más sostenibles.
Al finalizar la jornada, se firmó el nuevo Pacto de Chicoral,
que servirá como hoja de ruta para la reforma agraria del país,
"buscando un modelo sostenible que garantice el bienestar del
campo colombiano y contribuya a la paz con justicia social."
'Tutelitis', un flagelo de nunca
acabar
En el año 1991,
cuando se firmó la nueva Constitución Política de Colombia, se
dio origen a uno de los mecanismos más efectivos como
herramienta de defensa de los derechos fundamentales de los
ciudadanos: la acción de tutela.
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”, reza el Artículo 86.
Este mecanismo de protección logró la confianza de los
ciudadanos, puesto que año tras año su frecuencia aumenta,
situación que ha forjado un análisis y discusión en torno a su
sobreutilización, fenómeno que se conoce en la actualidad como ‘tutelitis’.
De acuerdo con el informe de la Corte Constitucional del 2024,
el comportamiento de las tutelas en Colombia ha mostrado una
tendencia al alza en los últimos seis años, impulsadas en gran
medida por demandas relacionadas con el derecho a la salud.
De hecho, el recién
elegido presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique
Ibáñez, indicó que en 2022, de las 633.463 tutelas presentadas,
el 24,79 % (156.274) buscaban la protección del derecho a la
salud. En 2023, de las 742.876 tutelas, el 26,72 % (197.609) se
relacionaron con el mismo derecho. Finalmente, en 2024, de
859.298 tutelas presentadas, el 28,90 % (247.129) correspondió
al mismo objetivo.
A partir de este panorama y a propósito de los 33 años que
cumplió la Corte Constitucional, varios medios nacionales
consultaron a exmagistrados de este alto tribunal, directores de
programas y diplomados en derecho y ciencias jurídicas de las
universidades de los Andes, Javeriana y Politécnico
Grancolombiano, y al presidente del Colegio de Abogados
Penalistas de Colombia, sobre lo que se debe hacer para acabar
con la 'tutelitis' aguda en el país.
La exmagistrada
Gloria Stella Ortiz fue enfática en mencionar que ve como
problemático el término “sobreutilización”. “La tutela es el
único medio de defensa de los derechos que tienen muchas
personas. Tienen que interponer tutela porque no se les protegen
los derechos y ahora hablamos de 'sobreutilización'. Obviamente
no puedo compartir ese acercamiento a la tutela”, puntualizó.
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A su turno, el exmagistrado
Manuel José Cepeda resaltó tres razones por las que este fenómeno ha
tomado fuerza en los últimos años.
“Primero, hay 'tutelitis' porque hay 'abusitis' de las autoridades
contra las personas. Segundo, las personas prefieren la tutela porque
logran protección de la justicia de una manera mil veces más accesible y
expedita que cualquier otro procedimiento judicial. Y tercero, las
entidades a cargo de las políticas sociales, en lugar de aplicar la
jurisprudencia consolidada, siguen exigiendo que el interesado les
traiga un fallo de tutela para hacer lo que por sí mismos han debido
hacer”, indicó.
En este sentido, reiteró que se deben reformar los procesos ordinarios
lentos y engorrosos, señalando además que si las autoridades cumplieran
la Constitución, habría menos tutelas.
Confianza ciudadana
Por su parte, el exmagistrado Mauricio González analizó la
sobreutilización de la acción de tutela desde dos flancos: la confianza
ciudadana en este instrumento y los problemas estructurales en materia
de respuestas estatales.
“Los ciudadanos prefieren esta vía institucional para la resolución de
conflictos. Y esto es positivo porque lo peor sería que las personas se
resignaran a la vulneración de sus derechos fundamentales u optaran por
vías de hecho o medios violentos. En segundo lugar, muestra los
problemas estructurales asociados a la realización efectiva del derecho
de petición, el derecho a la salud y de los derechos pensionales,
principalmente. Vastos sectores de la población se ven obligados a
interponer tutelas ante las deficiencias en las respuestas a sus
peticiones y los problemas de atención de sus derechos sociales,
especialmente salud, explicó.
Análisis de la academia
Andrea Celemín, directora del área de Derecho y Estado de la Facultad de
Derecho de la Universidad de los Andes, aseveró que acabar con la 'tutelitis'
como propósito puede ser una mala lectura del problema.
“Esto no es sino una manifestación de un problema más grave que implica
que no existe un diseño institucional que asegure el derecho fundamental
al acceso a la administración de justicia por parte de los ciudadanos.
Si se acaba la 'tutelitis' sin que se traten las causas que subyacen a
su uso sobreinclusivo, esto puede conducir a problemas más graves que se
manifiestan en mecanismos ilegítimos de gestión de los conflictos. Más
que acabar o limitar este mecanismo de protección, hay que lograr que
los diversos mecanismos de gestión del conflicto que existen en el
ordenamiento jurídico se parezcan más a la tutela, en razón a sus
atributos: universalidad, simplicidad, brevedad y eficacia”, afirmó.
Por su parte, Tania Blanco, directora del Doctorado en Ciencias
Jurídicas de la Universidad Javeriana, recordó que el año pasado la
Facultad produjo el informe "Juego justo en la justicia", para mostrar
la visión del empresariado colombiano alrededor del sistema de justicia,
siempre centrado en el ciudadano.
“A partir de los datos, encontrábamos que la gente acudía a la tutela en
mayor medida viéndola como un camino relativamente sencillo y corto (10
o 20 días para obtener una decisión), en comparación con los caminos de
la justicia ordinaria, que consideraban en extremo largos y
desgastantes. Si un proceso judicial puede prolongarse en el tiempo por
años o décadas, ¿por qué seguimos haciendo nuestra justicia tan
compleja?”, cuestionó la directora.
“Esto nos llama a pensar, desde una visión estructural, que necesitamos
hacer una mejor pedagogía constitucional sobre el uso de la acción de
tutela, promoviendo una mayor interacción con los organismos de control
y con la función disciplinaria alrededor de los abogados”, agregó.
Por su parte, Nayibe Jiménez, directora de la Escuela de Derecho y
Gobierno del Politécnico Grancolombiano, señaló que el uso desbordado de
este mecanismo genera una sobrecarga en el sistema judicial, lo que
termina impactando en la eficacia del medio constitucional.
“Lograr mitigar este fenómeno incluye actividades de carácter
multifactorial. La primera es el fortalecimiento de la administración
pública, porque varias de las tutelas pueden surgir como consecuencia de
esa deficiencia de los servicios que se encuentran a cargo del Estado y
que se consideran esenciales, como salud, educación y seguridad. Un
segundo elemento tiene que ver con el uso de los mecanismos alternativos
de resolución de conflictos, porque si existe una adecuada promoción de
estas herramientas, como pueden ser la conciliación o la mediación,
estos podrían evitar que la tutela sea el primer recurso en activarse
por parte de la ciudadanía”, explicó.
Además, indicó que el tercer elemento tiene que ver con una mayor
capacitación y sensibilización a los operadores judiciales en el sentido
de que se pueda determinar con claridad el uso adecuado de la acción de
tutela y el uso de la inteligencia artificial que permita automatizar el
análisis de las tutelas y con ello optimizar el trámite para evitar una
congestión innecesaria.
Un Estado indolente
Por último, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados
Penalistas de Colombia, afirmó que la ‘tutelitis’ representa una
afectación en la prestación del servicio de justicia para todos los
ciudadanos, por cuenta del gran volumen de estas acciones que reciben
diariamente los juzgados de Colombia, “Si desde lo administrativo se
tomaran en serio la cosa, le contestaran a la gente sus pensiones, le
atendieran sus temas de salud, este no sería un problema. La tutela es
un gran avance, pero también es la demostración de un Estado indolente”,
concluyó.
Magistrada Fajardo se declaró impedida
para debatir reforma pensional
La magistrada de la Corte
Constitucional, Diana Fajardo, anunció su impedimento para participar en
el debate sobre la reforma pensional que cursa en el alto tribunal. En
un comunicado oficial, Fajardo explicó que su decisión obedece a un
posible conflicto de intereses, ya que actualmente adelanta una demanda
para el traslado de régimen pensional y podría beneficiarse de las
disposiciones de la ley en cuestión.
Fajardo
sustentó su impedimento en los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de
1991 y el artículo 98 del Acuerdo 02 de 2015, normas que regulan la
transparencia y la publicidad en las actuaciones de la Corte
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Constitucional. "En aras de garantizar la publicidad y
transparencia de todas las actuaciones de la Corte, presento a
consideración de la Sala Plena los hechos en que fundamento mi eventual
impedimento para participar en la toma de cualquier decisión relacionada
con el asunto de la referencia", señaló la magistrada en su
comunicación.
Reforma pensional y demanda de inconstitucionalidad
La reforma pensional, aprobada por el Congreso y convertida en la Ley
2381 de 2024, es una de las apuestas clave del gobierno de Gustavo
Petro. Sin embargo, enfrenta una demanda de inconstitucionalidad
presentada por la senadora Paloma Valencia, quien argumenta que la norma
presenta vicios de trámite legislativo y solicita su inexequibilidad
total.
La Corte Constitucional deberá decidir sobre su validez con solo ocho
magistrados, tras la declaración de impedimento de Fajardo. La ponencia
en estudio, presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, propone
declarar inconstitucional la reforma. Ahora, la decisión recaerá en los
ocho magistrados restantes, quienes deberán alcanzar una mayoría de
cinco votos. En caso de empate, se convocará a un conjuez designado por
sorteo.
Beneficio personal y cuestionamientos
Según información revelada por La Silla Vacía, la magistrada Fajardo ya
hizo uso de uno de los beneficios de la reforma, al lograr un traslado
expreso al régimen de Colpensiones. Este traslado le permitiría acceder
a una mesada de hasta 25 salarios mínimos, lo que representa cerca de 35
millones de pesos mensuales en la actualidad.
El caso de Fajardo también resalta los efectos que tendría la reforma
sobre la viabilidad de demandas por traslados de régimen pensional. De
hecho, su propia demanda para cambiar de régimen fue presentada en mayo
de 2024 ante un juez en Ibagué, y gracias a la reforma, el trámite se
agilizó, permitiéndole obtener la aprobación de su traslado a
Colpensiones en solo cinco meses.
Al respecto, la magistrada señaló en su comunicación: "Dado que en la
actualidad me encuentro adelantando una demanda para el traslado de
régimen pensional, considero que mi participación en este debate podría
ser interpretada como una afectación al principio de imparcialidad".
Impacto en el debate constitucional
Con el debate constitucional en curso, queda en el aire la pregunta
sobre el futuro de aquellos que, como la magistrada Fajardo, ya se han
beneficiado de la reforma. La decisión que tome la Corte Constitucional
en las próximas semanas será clave para determinar el destino de la
reforma pensional y su impacto en el sistema de jubilaciones del país.
En su comunicación oficial, Fajardo insistió en la importancia de la
transparencia en este proceso: "Considero que la independencia judicial
debe ser resguardada en todo momento, por lo que me aparto del debate
para evitar cualquier suspicacia en la toma de decisiones".
“Petro no logró reducir delincuencia, las
cifras aumentan”: Hugo Acero
Luego de más de dos años de
gobierno, los resultados en materia de seguridad no son buenos, así lo
afirma el exconsejero de paz y exsecretario de seguridad de Bogotá, Hugo
Acero y asegura que, en este tiempo, no se ha logrado ninguna reducción,
y lo que se está viendo es el aumento en los casos.
Acero, quien habló con medios nacionales, explica que las muertes
violentas clasificadas internacionalmente son las muertes violentas, el
homicidio, las muertes en accidentes de tránsito, el suicidio y la
muerte accidental y que todas han aumentado. “Llama la atención que, en
su plan de desarrollo, el presidente Petro, se puso una meta de reducir
los homicidios y pasar de una tasa de 25,9% a 24,4%, por cada cien mil
habitantes, al finalizar su gobierno. Sin embargo, la tasa hoy está en
26,9%”.
“En dos años que lleva, no ha logrado ninguna reducción, y lo que se
está viendo es más bien que ha aumentado. Va a ser muy difícil lograr
una reducción, por ejemplo, en muertes por accidentes de tránsito que ya
hoy está cercana al 32%, cuando el reporte de la policía para el mes de
enero era que se estaban incrementando las muertes en accidentes de
tránsito”, sustentó el experto.
Asimismo, remarca que la gran mayoría de delitos han disminuido,
particularmente los hurtos, sin embargo, si se mira el tema de la
extorsión y del secuestro los delitos están aumentando.
Entre enero del año 2022 y diciembre de 2024, los delitos que han
aumentado son: secuestro extorsivo (31,9 %), secuestro simple (30 %),
extorsión (26 %), delitos informáticos (20,5 %), violencia intrafamiliar
(20,4 %) y delitos sexuales (11,5 %).
¿Cifras manipuladas?
Acero recuerda que hace unos días hubo una noticia que no tuvo ninguna
respuesta por el gobierno nacional y era que las cifras que se estaban
sacando estaban siendo manipuladas.
“Esto realmente preocupa. en lo que hace a los homicidios, subsisten las
diferencias en las cifras que maneja la Policía Nacional y las de
Medicina Legal. Inquieta sobremanera el cambio en el manejo de las
cifras de homicidios que ha hecho la Policía en los últimos años, pues
ya no incluye los casos de personas “dadas de baja”, confirma Acero.
“Se ha dicho que el Ministerio de Defensa maquilla las cifras que
publica todos los meses, pero esta cartera no ha respondido. Estas
diferencias se deben, en parte, a falta de coordinación entre la
Fiscalía, la Policía Nacional, Medicina Legal y las Fuerzas Militares.
Además, cuando por fin los reportes se hacen públicos, están atrasados.
El tema es cómo hacer compatibles las cifras de distintas
instituciones”, cuestiona el experto.
El exsecretario de seguridad llama la atención que los delitos han
crecido a nivel urbano de manera particular. “Se ha crecido en algunas
ciudades, incluida Bogotá, también en Cúcuta, Barranquilla, y ciudades
importantes. Llama la atención que parte de los problemas del orden
nacional entre distintas ciudades está en la lucha por las rentas
criminales que se derivan de los negocios ilícitos que se tienen en el
país”.
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