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Violencia sin tregua en
Norte de Santander: Hallan tres cuerpos en zona rural y un cilindro con
explosivos
En la vereda Oru, municipio de Tibú, Norte de Santander,
fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres hombres. Uno de ellos
vestía un uniforme camuflado y portaba un brazalete del Ejército de
Liberación Nacional (ELN). Los tres hombres llevaban armas de fuego en
las pretinas de sus pantalones.
Las autoridades no han confirmado sus identidades ni han
emitido un pronunciamiento oficial, pero indicaron que iniciaron las
investigaciones para determinar las circunstancias de los homicidios y
posibles responsables.
El hallazgo ha generado preocupación en la comunidad, que teme un
aumento de la violencia en la región del Catatumbo, donde varios grupos
armados disputan el control territorial y de actividades como el
narcotráfico y la minería ilegal.
Líderes comunitarios han solicitado mayor presencia de la
Fuerza Pública para evitar represalias o nuevos enfrentamientos.
Cilindro con explosivos cerca de estación de policía
Habitantes de Tibú reportaron un cilindro sospechoso en
el barrio Largo, a pocos kilómetros de una estación de policía. El
artefacto, que aparentemente contenía explosivos, estaba conectado a un
cable dirigido hacia una zona montañosa. La Policía Antiexplosivos llegó
al sitio para evaluar la situación y definir un plan de desactivación.
Este incidente ha generado temor entre los residentes, especialmente
porque la zona ha sido blanco de ataques previos contra la fuerza
pública. Organismos de seguridad investigan si el hallazgo está
relacionado con las tensiones entre grupos armados que operan en la
región o si se trataba de una amenaza directa contra la estación
policial.
La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander,
continúa siendo escenario de una alarmante escalada de violencia.
Según informaron medios como El Colombiano, el jueves 27 de febrero, un
ataque armado contra la estación de Policía de Teorama dejó como saldo
la muerte de un uniformado y otro herido. La víctima fatal fue
identificada como Geyder Giovanny Duque Medina, miembro del Grupo de
Operaciones Especiales de la Policía Nacional.
El ataque ocurrió alrededor de las 5:00 p. m. en el sector de la Plaza,
mientras los uniformados realizaban actividades de prevención en la
zona. De acuerdo con la información publicada, los agentes fueron
sorprendidos por disparos de francotiradores y ráfagas de fusil, lo que
desató un enfrentamiento armado. Este hecho no solo cobró la vida de uno
de los policías, sino que dejó a la comunidad en un estado de
incertidumbre debido a las consecuencias inmediatas del ataque.
Impacto en la comunidad y afectaciones en los servicios básicos
Tras el atentado, los habitantes de Teorama reportaron interrupciones en
el servicio eléctrico y fallas en la telefonía celular, lo que
incrementó el temor entre la población.
Estas afectaciones, según detalló el medio, agravaron la sensación de
inseguridad en un municipio que ya enfrenta una compleja situación
debido a la presencia de grupos armados ilegales.
El Catatumbo, una región históricamente golpeada por el conflicto
armado, es actualmente un territorio disputado por organizaciones como
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
Según fuentes oficiales citadas, el ELN ha intensificado sus ataques
contra la fuerza pública desde el año pasado, utilizando tácticas como
francotiradores y hostigamientos constantes.
Una región atrapada en la violencia y el desplazamiento forzado
El ataque en Teorama es solo uno de los múltiples episodios de violencia
que han marcado la crisis de seguridad en el Catatumbo. Los
enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas del Estado han
generado desplazamientos forzados y un aumento en la inseguridad para
los habitantes de la región.
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Según lo reportado, esta situación ha
convertido al Catatumbo en una de las zonas más afectadas por el
conflicto armado en Colombia.
En este contexto, las autoridades han intensificado sus
esfuerzos para combatir la violencia y garantizar la seguridad de la
población. El pasado 25 de febrero, el presidente Gustavo Petro lideró
un consejo de seguridad en la Casa de Nariño, donde participaron altos
mandos militares y policiales, así como ministros del Gobierno. Durante
esta reunión, se discutieron estrategias para fortalecer la presencia
del Estado en las zonas más afectadas, incluyendo Norte de Santander.
Explosión en Saravena:
ELN detona artefacto tras colocar bandera para atraer al Ejército
En un nuevo episodio de violencia en el departamento de
Arauca, un artefacto explosivo fue detonado en las primeras horas del
sábado 1 de marzo, luego de que integrantes del grupo armado ELN
colocaran una bandera en la entrada del municipio de Saravena.
Según informó el Ejército, este acto fue utilizado como
señuelo para atraer a las tropas militares y perpetrar un ataque en su
contra. Aunque no se reportaron heridos ni daños a la infraestructura
vial, el hecho generó alarma entre los habitantes de la zona, quienes
transitan diariamente por el área afectada.
De acuerdo con la información proporcionada, el incidente ocurrió a unos
400 metros de la entrada al municipio, en un punto conocido como la “Y”
que conecta con Puerto Contreras. Allí, miembros del frente Domingo Laín
Sanz, específicamente de la comisión Ernesto Che Guevara, activaron un
artefacto explosivo improvisado.
Tras el ataque, las autoridades locales y militares reforzaron las
medidas de seguridad en la región. Según detalló el medio, la Brigada 18
del Ejército Nacional de Colombia incrementó su presencia en la zona con
el objetivo de garantizar la seguridad, la movilidad y el bienestar de
los habitantes de Saravena y sus alrededores. Estas acciones buscan
prevenir futuros incidentes y proteger a la comunidad de posibles
amenazas por parte de grupos armados.
El vehículo militar estaba realizando labores de verificación en la
carretera cuando se encontró con un elemento sospechoso, que resultó ser
un explosivo. Junto a este, se hallaba una bandera que hacía referencia
al grupo guerrillero, lo que refuerza las sospechas sobre la autoría del
ataque.
Denuncian secuestro de
una lideresa social y su hermano en Catatumbo, Norte de Santander
La desaparición de María Johanna Cárdenas, lideresa
social y integrante activa de la red de veeduría ciudadana de mujeres y
población diversa del Catatumbo, encendió las alarmas en una región ya
golpeada por la violencia. Según informó El Tiempo, la mujer fue
secuestrada el viernes 21 de febrero en la mañana, cuando hombres
armados irrumpieron en su hogar en el municipio de San Calixto, en el
departamento de Norte de Santander. Días después, su hermano, Juan
Cárdenas, también fue raptado, aumentando la incertidumbre sobre su
paradero y la preocupación en la comunidad.
Este hecho ocurre en un contexto de creciente violencia en la subregión
del Catatumbo, donde el conflicto armado entre el ELN)y las disidencias
de las Farc generó una crisis humanitaria que se extiende por más de
seis semanas. La situación provocó el desplazamiento de cientos de
familias, así como un aumento en los homicidios y desapariciones
forzadas. La desaparición de María Johanna Cárdenas y su hermano se suma
a una larga lista de ataques contra líderes sociales en la región, lo
que genera un clima de temor e incertidumbre entre las comunidades
locales.
De acuerdo con la Asociación de Mujeres de San Calixto (Admucsan), el
secuestro de
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María Johanna ocurrió en la mañana del
viernes, mientras se encontraba en su hogar junto a su esposo e hijos.
Según explicó Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente por los
Derechos Humanos (Cpdh) en Norte de Santander, hombres armados llegaron
a la vivienda y se llevaron a la lideresa por la fuerza. Posteriormente,
se activaron las denuncias correspondientes y se solicitó a la
Defensoría del Pueblo la implementación del Mecanismo de Búsqueda
Urgente.
Zafra también confirmó que, días después del secuestro de
María Johanna, se tuvo conocimiento de que su hermano, Juan Cárdenas,
había sido igualmente raptado. Hasta el momento, no se tiene información
sobre el grupo armado responsable ni sobre las condiciones en las que se
encuentran los hermanos. “No sabemos qué grupo armado la tiene ni su
situación actual”, expresó Zafra, que además subrayó la gravedad de los
hechos y el impacto que estos generan en la comunidad.
La lideresa, de entre 40 y 45 años, es reconocida por su
trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y su participación
activa en la red de veeduría ciudadana. Sin embargo, su labor no ha
estado exenta de riesgos. Desde el 16 de enero, al menos 15 lideresas de
esta Red han sido desplazadas junto a sus familias debido a amenazas de
muerte y el riesgo de reclutamiento forzado para sus hijos menores de
edad. Estos hechos, según Zafra, buscan intimidar a las mujeres que
participan en estos espacios, generando un ambiente de miedo que podría
limitar su activismo.
En relación con este caso, el teniente coronel Wilder León, comandante
del segundo distrito de Policía en Norte de Santander, informó que las
investigaciones están en curso. Según explicó, el Grupo Gaula de la
Policía Nacional está liderando las acciones para esclarecer los hechos
y localizar a los hermanos Cárdenas. “Estamos a la espera de tener algún
dato, toda vez que esto sucedió el fin de semana”, declaró el oficial.
Por su parte, las organizaciones defensoras de derechos humanos
exigieron una respuesta inmediata por parte de las autoridades. “Cada
día que pasa es crucial. Necesitamos que las instituciones actúen con
celeridad para dar con su paradero y proteger la vida de quienes
defienden los derechos en el Catatumbo”, enfatizó Zafra. Además,
solicitaron a la Defensoría del Pueblo que mantenga una comunicación
directa con la familia de las víctimas y que se intensifiquen los
esfuerzos para garantizar su pronta localización. Hasta la fecha, no se
ha recibido ningún tipo de contacto o prueba de supervivencia por parte
de los responsables del secuestro.
Violencia en
Buenaventura: hay 300 familias confinadas por disputas entre el ELN y
las disidencias
Las disputas por tener el control de los ríos del Bajo
Calima, en zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), tienen en
extrema preocupación a sus habitantes que, por segunda vez, se ven
obligados a confinarse o desplazarse forzosamente.
Son al menos 300 familias que fueron desplazadas hace dos años a un
polideportivo adecuado como albergue en Buenaventura. Debido a las
difíciles condiciones, decidieron retornar a sus hogares tras un acuerdo
desarrollado en medio de los diálogos con el ELN; no obstante, la
violencia se recrudeció, obligándolos a permanecer en sus hogares, pero
esta vez en confinamiento.
A propósito, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro,
confirmó que la situación de confinamiento en el Bajo Calima es
consecuencia directa de la disputa entre los grupos armados por el
control de los ríos que atraviesan esta región, utilizados como rutas
estratégicas de conexión hacia el Pacífico.
Afirmó que se trata del ELN y las disidencias de las Farc los grupos que
se enfrentan por el dominio de estas vías, lo que ha generado un clima
de zozobra para las comunidades locales. Asimismo, enfatizó que la
seguridad en el Bajo Calima no puede ser abordada de manera aislada,
sino como parte de una estrategia integral que abarque toda la región
del Pacífico.
“La gente del Bajo Calima está confinada y está confinada
por las actuaciones del ELN y la disputa que hay allí por el control
territorial. Necesitamos que el nuevo ministro de Defensa venga al Valle
del Cauca y con las autoridades del Pacífico definamos una estrategia de
seguridad integral”, enfatizó.
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