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actores involucrados, incluyendo a la ciudadanía. De lo contrario, el Distrito recurrirá a instancias judiciales para frenar la implementación de la medida.

“No podemos permitir que una decisión unilateral afecte el bienestar de los bogotanos y el desarrollo de la ciudad. La ley, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional no son una opción, son de obligatorio cumplimiento”, enfatizó el alcalde.

El debate sobre la planificación ambiental en la Sabana de Bogotá está lejos de terminar. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de regular el crecimiento urbano para proteger los ecosistemas, la Alcaldía de Bogotá defiende su autonomía y advierte sobre las graves consecuencias de la medida. La batalla legal parece inminente y el futuro de importantes proyectos en la ciudad dependerá de lo que decidan los tribunales en las próximas semanas.

Vendedores ambulantes de Bogotá protestan contra decreto que pone en riesgo su sustento

Las calles del centro de Bogotá se convirtieron en el escenario de una protesta protagonizada por vendedores informales preocupados por su futuro. Decenas de trabajadores ambulantes bloquearon la Avenida Caracas con calle 19 frente a la sede del Instituto para la Economía Social (IPES), exigiendo claridad sobre el Decreto 315 de 2024, el cual, según ellos, podría dejarlos sin su única fuente de ingresos.

La norma establece un nuevo Protocolo de Uso y Aprovechamiento Económico del Espacio Público, reemplazando la Resolución 267 de 2020. Aunque su objetivo es regular diversas actividades en la ciudad, los vendedores informales temen que los expulse de las calles o les imponga costos inasumibles.

"Señor alcalde, póngase la mano en el corazón y piense en las personas que trabajamos en la calle. Yo ya tengo 60 años y soy discapacitada. Nos va a mandar a aguantar más hambre", expresó María Consuelo Bernal, una de las manifestantes, en declaraciones al medio CityTv.

Para muchos, la preocupación radica en que el acceso a los espacios de venta podría priorizar a quienes tengan mayor capacidad económica. "Si yo puedo pagar 20 mil pesos mensuales y llega otro con más dinero a pagar 100 mil, me estarían sacando injustamente", denunció Henry, vendedor ambulante entrevistado por Noticias Caracol.

Otros comerciantes temen perder la "confianza legítima" que han construido tras años de trabajo en un mismo lugar. "Dicen que en un año tenemos que entregar el espacio público voluntariamente. Nos exigen condiciones que no podemos cumplir, como baños públicos y congeladores para vender comida, cuando ni siquiera tenemos acceso a luz", explicó Esmeralda Moreno, representante de vendedores informales.

Las críticas también llegaron desde el Concejo de Bogotá. La concejala Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, cuestionó la falta de concertación con los afectados. "La Administración cuenta con herramientas para acercar posiciones, como los pactos de acción colectiva, que deben ser una medida a evaluar", sostuvo.

La organización Temblores también alertó sobre posibles vulneraciones a derechos fundamentales. "Este decreto afecta el derecho al trabajo y al mínimo vital. No se puede justificar la recuperación del espacio público a costa de los más vulnerables", afirmó la ONG.

Ante las críticas, Wilfredo Grajales, director del IPES, aseguró que el protocolo aún está en discusión y que los cobros serán diferenciados según la situación económica de cada vendedor. "No hay ninguna directriz para desalojarlos. Estamos en la etapa de socialización y discusión", afirmó.

A pesar de estas declaraciones, los vendedores continúan en alerta. Para ellos, la incertidumbre sigue siendo una amenaza tan grande como la falta de ingresos diarios.

Bogotá impulsa su visión de ciudad-aeropuerto con un ambicioso plan de desarrollo

Bogotá da un paso firme hacia su consolidación como un hub de conectividad y desarrollo con la puesta en marcha del programa "Bogotá Ciudad Aeropuerto". Esta iniciativa, liderada por la Alcaldía Mayor, busca integrar la infraestructura aeroportuaria con la ciudad, impulsando la economía, la inversión y la calidad de vida de los bogotanos.

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó la importancia de este modelo de desarrollo urbano, enfatizando que la cercanía del Aeropuerto El Dorado al centro de la ciudad representa una ventaja estratégica que debe
 

ser aprovechada. "Contar con un aeropuerto a menos de 20 minutos del centro, conectado con transporte público, nos permite competir con grandes capitales del mundo. Debemos trabajar en su potencial para atraer inversión, generar empleo y mejorar la calidad de vida en su entorno", señaló el mandatario.

Como primer paso, se creó la Comisión Intersectorial de "Bogotá Ciudad Aeropuerto", que estará encargada de coordinar proyectos e inversiones en el entorno de El Dorado. La comisión está conformada por varias secretarías distritales y entidades clave, que trabajarán en estrategias para optimizar el uso del suelo, mejorar la movilidad y atraer capital nacional e internacional.

Uno de los ejes fundamentales del programa es la modernización de la infraestructura vial en la zona aeroportuaria. Entre los proyectos prioritarios está la ampliación de la calle 63 y la construcción del Centro de Internacional Modal Aeroportuario (CIMA), que facilitará la conexión entre TransMilenio, el posible ramal del RegioTram de Occidente y el aeropuerto.

Además, la iniciativa contempla el fortalecimiento del sector empresarial vinculado a la operación aeroportuaria. Se brindará asistencia técnica a 25 empresas que forman parte de la cadena de suministro del aeropuerto, permitiendo que optimicen sus procesos y aumenten su competitividad. "Este es un esfuerzo conjunto para fortalecer nuestro ecosistema empresarial y abrir nuevas oportunidades para las compañías locales", explicó María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

Para atraer inversión extranjera, el Distrito también está diseñando un paquete de incentivos tributarios y no tributarios que permitan consolidar a Bogotá como un centro de negocios y logística en la región. En paralelo, se lanzará una campaña de marca bajo el lema "Bogotá, punto de conexión con el mundo", con el objetivo de posicionar la ciudad como un referente en desarrollo aeroportuario.

El lanzamiento oficial del programa está previsto para abril de 2025, cuando se socializarán sus beneficios y se avanzará en la aprobación de incentivos en el Concejo de Bogotá. Con esta estrategia, la ciudad busca no solo fortalecer su competitividad, sino también mejorar la calidad de vida de quienes viven y trabajan en su entorno aeroportuario.

Inseguridad en Bogotá: El terror de cruzar un puente peatonal

El miedo y la inseguridad vuelven a tomar protagonismo en Bogotá. Esta vez, la víctima fue Sofía Vera, una joven profesional en Ciencias del Deporte, quien sufrió un violento asalto en un puente peatonal del norte de la ciudad. Su historia refleja el drama que viven a diario miles de ciudadanos que se ven obligados a transitar por zonas peligrosas.

El ataque ocurrió la noche del pasado 20 de enero, cuando Sofía regresaba a casa tras su jornada laboral. A pesar de las advertencias sobre la inseguridad en la zona, decidió caminar los diez minutos que separaban su trabajo de su vivienda. No imaginó que ese corto trayecto se convertiría en una pesadilla.

Dos hombres la interceptaron en el puente de la calle 89 con carrera 21. Con cuchillos en mano, la amenazaron y la tiraron al suelo violentamente. "Me pusieron los cuchillos en el cuello y la muñeca con mucha fuerza", relató. Su objetivo era su morral, donde guardaba su computador portátil, un iPhone y documentos personales. En un intento desesperado por resistirse, los delincuentes rompieron las tiras de la maleta y se llevaron sus pertenencias.

Los agresores no solo querían robarla, sino también hacerle daño. Durante el forcejeo, uno de ellos presionó el cuchillo contra su cuello, causándole dos heridas profundas. "Me hicieron una cortada grave y otra menos profunda. No podía creer lo que estaba pasando", recordó. A pesar de la violencia del ataque, Sofía corrió tras ellos con la esperanza de recuperar sus cosas.

En su camino, se encontró con un grupo de policías, quienes al verla ensangrentada se alarmaron. Sin embargo, en lugar de acompañarla al lugar del robo para buscar a los agresores, optaron por trasladarla de inmediato a un hospital. Allí recibió 20 puntos de sutura en la herida más grave. "Los médicos me dijeron que, si el corte hubiera sido un poco más profundo, otra sería la historia", expresó con impotencia.

Más allá de las pérdidas materiales, lo que más le pesa es el impacto emocional. Desde aquella noche, su vida cambió drásticamente. "Tengo miedo de salir a la calle, desconfío de la gente y no logro concentrarme en mi trabajo", confesó. A raíz de esto, ha tenido que recibir tratamiento psicológico para afrontar el trauma.

Lo más preocupante es que el puente donde fue atacada Sofía ya es conocido por otros robos violentos. Hace unos meses, un joven que transitaba en patineta eléctrica fue asaltado en el mismo lugar por un delincuente armado. La falta de presencia policial sigue siendo una constante en estas zonas, lo que permite que los criminales actúen impunemente.

Las autoridades han implementado el ‘Plan Madrugar Seguro’, que busca reforzar la seguridad en puntos estratégicos de la ciudad. Sin embargo, para ciudadanos como Sofía, la sensación de vulnerabilidad sigue latente. "No puede ser que una mujer no pueda caminar tranquila por la ciudad. Necesitamos más seguridad y justicia", concluyó con indignación.

Galán desafía resolución ambiental del Gobierno y anuncia acciones legales

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha lanzado una fuerte advertencia al Gobierno Nacional tras la publicación del proyecto de resolución ‘Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá’. Según el mandatario, esta medida no solo viola la autonomía territorial de la ciudad, sino que también afecta gravemente el desarrollo de proyectos clave en la región. Ante esto, anunció que, si no se retira la resolución, se emprenderán acciones legales en los ámbitos administrativo y penal.

Un ataque a la autonomía territorial

Galán, acompañado de su equipo de gobierno, manifestó su preocupación por el impacto que tendría la resolución en el desarrollo urbano y la infraestructura de Bogotá. Según el alcalde, el Gobierno Nacional no ha respetado los procesos de consulta y construcción colectiva, fundamentales en decisiones de esta magnitud.

“Lo que están presentando como una consulta para que la ciudadanía participe no es más que un requisito legal obligatorio para cualquier acto administrativo general”, afirmó Galán. Además, señaló que la iniciativa ignora las leyes que regulan la relación entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales, como la Ley 99 y la Ley 388, así como el Plan de Desarrollo Nacional.

El mandatario recordó que en octubre pasado, durante una reunión en la Presidencia de la República, advirtió al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, sobre la necesidad de incluir a la Alcaldía y otras entidades locales en la elaboración de estos lineamientos. Pese a la promesa del Gobierno de convocarlos, esto nunca ocurrió. Ahora, con la publicación de la resolución para comentarios, Galán considera que la medida se impuso de manera arbitraria y sin el debido proceso.

Proyectos en riesgo

Uno de los puntos más críticos que expuso Galán es el impacto que la resolución tendrá en miles de familias y en proyectos esenciales para la ciudad. Por ejemplo, cerca de 172.000 familias que habitan barrios legalizados en localidades como Bosa, Kennedy, Engativá, Fontibón y Suba podrían ver afectada la estabilidad de sus viviendas, ya que sus predios quedarían catalogados como zonas de humedal, lo que bloquearía cualquier posibilidad de mejora o modificación.

Asimismo, 30.000 familias que recientemente recibieron viviendas nuevas podrían quedar en un limbo jurídico si sus propiedades son consideradas parte de la estructura ecológica principal. A esto se suman las más de 120.000 viviendas en proceso de construcción que también están en riesgo, muchas de las cuales han sido financiadas con subsidios del Distrito y administraciones anteriores, incluyendo la del propio Petro cuando fue alcalde de Bogotá.

La resolución también impactaría grandes proyectos de infraestructura como el Patio Taller de la Línea 1 del metro de Bogotá, parte del trazado en Kennedy, y el Patio Taller de la Línea 2, actualmente en licitación y ubicado en Suba. Además, la Línea 3 del metro, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), la ampliación del aeropuerto El Dorado, la calle 13, el cable aéreo a La Calera y otras obras estratégicas podrían quedar suspendidas.

El abastecimiento de energía también se vería afectado, pues algunos de los predios donde se instalan líneas de transmisión quedarían bajo protección ambiental, lo que generaría incertidumbre sobre la capacidad de suministro en Bogotá, Cundinamarca y Meta.

Acciones legales y llamado al diálogo

Ante este panorama, Galán ha solicitado formalmente al Ministerio de Ambiente que retire la resolución y abra un proceso de diálogo real, donde se escuchen a todos los