Fechas claves del calendario para elecciones presidenciales y Congreso 2026

Fue presentado por el registrador nacional Hernán Penagos el calendario para los comicios en 2026 de Congreso, el 8 de marzo, y de presidente de la República, el 31 de mayo, en la primera vuelta. Para la primera de estas citas con las urnas el cronograma comienza mañana con la apertura del registro de comités inscriptores de candidatos apoyados por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, así como la inscripción de ciudadanos que quieran cambiar su puesto de votación respecto a donde lo hicieron en las regionales del 2023.

Estructura del Calendario Electoral
 

El calendario electoral para 2026 establece varias fechas clave que marcarán el ritmo del proceso electoral. A continuación, se presentan los hitos más importantes:

Congreso

8 de marzo de 2025: Inicia el registro de comités y la inscripción de ciudadanos para votar, permitiendo a los electores cambiar su puesto de votación si lo desean.

8 de septiembre de 2025: Es la fecha límite para crear mesas de votación en corregimientos nuevos y se conforma y actualiza la división política electoral de las 16 circunscripciones de paz.

8 de noviembre de 2025: Vence el término para el registro de comités de grupos significativos de ciudadanos e inicia el período de inscripción de candidatos y promotores del voto en blanco.

8 de diciembre de 2025: Vence el período de inscripción de candidatos.

Presidencia y vicepresidencia

31 de mayo de 2025: inicial proceso de registro de comités y la inscripción de ciudadanos para votar.

30 de noviembre de 2025: Fecha límite para crear mesas de votación en corregimientos nuevos.

17 de diciembre de 2025: Vence el término para la presentación de firmas de apoyo a candidatos inscritos por grupos significativos de ciudadanos.

21 de enero de 2026: Plazo para certificar el número de firmas de apoyo a candidatos inscritos por grupos significativos de ciudadanos.

31 de enero de 2026:Inicia la campaña presidencial (4 meses antes de la elección e inicia el período de inscripción de candidatos y promotores del voto en blanco.

28 febrero de 2026: Vence el plazo para que los comandantes de las fuerzas armadas y de policía remitan el listado de cédulas de los oficiales, suboficiales y miembros de las distintas armas, que se deben excluir del censo electoral. Además, inicia propaganda electoral contratada en la prensa y la radio.

13 de marzo de 2026: Cierre del período de inscripción de candidatos.

16 de marzo de 2026: Inicia el periodo de modificación de candidatos inscritos.

16 de abril de 2026: Conformación de listas de delegados del Consejo Nacional Electoral
16 de mayo de 2026: Fecha Iímite de designación de jurados de votación.

25 de mayo de 2026: Se inicia el período de votación en el exterior (Durante una semana, comenzando el lunes anterior a la fecha de la elección en el territorio nacional)

Las elecciones al Congreso se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026, mientras que las elecciones presidenciales tendrán su primera vuelta el 31 de mayo de 2026. Estas fechas son cruciales para definir el futuro político del país.

Con la presentación del calendario electoral por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Misión de Observación Electoral -MOE Colombia dio inicio al proceso de observación de los comicios en los que se elegirán a los miembros del Congreso de la República, y el Presidente o la Presidenta de Colombia.

Este despliegue estará coordinado por 35 regionales, lideradas por organizaciones de la sociedad civil, religiosas y universidades. “A través de estas coordinaciones, garantizaremos una observación con presencia en al menos el 80 por ciento del territorio nacional, teniendo especial atención en las zonas con alto nivel de riesgo electoral a través del Mapeo que la MOE elaborará para estos comicios”, señaló Frey Muñoz, subdirector de la MOE.

La labor de observación electoral será posible gracias a la participación de aproximadamente 12.000 observadores y observadoras voluntarias, con presencia en los 32 departamentos del país. Además, la MOE implementará enfoques diferenciales para monitorear la participación política de mujeres, personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, personas con discapacidad y población étnico-racial. Asimismo, el proceso contará con un equipo de observación internacional que fortalecerá el acompañamiento al proceso electoral.

60.000 y 65.000 mesas.

Igualmente, dijo que “vamos a digitalizar todas las actas electorales. En el caso de las elecciones de presidencia, serán 360.000 actas y en el caso de Congreso, más de 700.000 estarán a disposición de los ciudadanos para que comparen los resultados que anuncia la Registraduría en el preconteo con las actas que diligencian los jurados de votación”.

Ley contra el ruido fue sancionada: principales medidas y regulaciones

El Gobierno Nacional sancionó la Ley de Calidad Acústica, también conocida como la "Ley contra el ruido", que busca establecer un marco regulatorio integral para la gestión del ruido y las vibraciones en el país. Esta legislación, aprobada por el Congreso de Colombia el año pasado, fija responsabilidades claras para las autoridades nacionales y territoriales con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la convivencia ciudadana.

La contaminación acústica según la norma, ha sido un problema creciente en el país, afectando no solo la calidad de vida de los ciudadanos, sino también la salud pública y el equilibrio ambiental. Con esta nueva ley, se pretende reducir los niveles de ruido en entornos urbanos y rurales, garantizando espacios más saludables y sostenibles para todos.

Principales medidas de la Ley

La nueva normativa establece la formulación de una política pública de calidad acústica, enfocada en la prevención, mitigación, evaluación y control de la contaminación acústica en Colombia.

Uno de los ejes fundamentales de la ley es la creación de un marco regulatorio integral, que obliga a la armonización y actualización de las diferentes normativas sobre contaminación acústica. Esto permitirá que las autoridades ambientales, de salud y de policía cuenten con herramientas más eficaces para su aplicación y control.

Para garantizar el cumplimiento de estos estándares, se implementará un sistema de evaluación constante, en el que se realizarán mediciones y controles periódicos del ruido en distintas zonas del país. Esto incluirá la elaboración de mapas estratégicos de ruido, la delimitación de zonas de protección acústica y la actualización de protocolos de medición y modelación acústica.

Las responsabilidades institucionales recaen en diversas entidades, entre ellas el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social, así como otras instituciones encargadas de la gestión del ruido en el país. Estas entidades tendrán un plazo máximo de un año para diseñar e implementar la Política de Calidad Acústica.

Otro de los aspectos clave es la implementación de nuevas sanciones y medidas correctivas para quienes generen contaminación acústica que afecte la tranquilidad o la convivencia. Se establecen multas y suspensiones temporales de actividades, además de facultades para que las autoridades desactiven temporalmente fuentes de ruido excesivo en caso de reincidencia.

La normativa también pone especial énfasis en la protección de la salud y el medio ambiente, reconociendo el impacto negativo que el ruido puede tener en la salud pública y en la fauna. Se implementarán medidas específicas para reducir los efectos adversos del ruido en la calidad de vida de los ciudadanos y en el equilibrio ambiental.

¿Cuáles son las multas si se incumple la ley?

La Ley de Calidad Acústica establece un régimen sancionatorio para quienes incumplan sus disposiciones. Las multas varían en función de la gravedad de la infracción y el tipo de afectación generada.

Para infracciones leves, como la generación de ruido en zonas residenciales fuera de los horarios permitidos, se impondrán multas de hasta 2 salarios mínimos diarios legales vigentes. En casos más graves, como el incumplimiento de los límites de emisión sonora en establecimientos comerciales o eventos, las sanciones pueden alcanzar los 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Las multas generales se clasifican de la siguiente manera

Multa Tipo 1: Dos (2) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), que equivalen a $108.232.

Multa Tipo 2: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), que equivalen a $216.464.

Multa Tipo 3: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), que equivalen a $432.928.

Multa Tipo 4: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), que equivalen a $865.856.

Cuando se trate de contaminación acústica reiterada o de alto impacto, como la provocada por industrias o sistemas de transporte, las multas pueden oscilar entre 40 y 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, se podrán imponer suspensiones temporales de actividades y, en casos extremos, el cierre definitivo del establecimiento o la cancelación del evento.

Las autoridades de policía también podrán desactivar temporalmente las fuentes de ruido excesivo en casos de incumplimiento reiterado. En propiedades horizontales y sectores residenciales, las denuncias por ruido podrán sustentarse con grabaciones, mediciones y testimonios de la comunidad, lo que facilitará la aplicación de sanciones.

Impacto y próximos pasos

La Ley 2450 de 2025 representa un avance significativo en la regulación del ruido en Colombia, estableciendo un marco normativo más estricto y eficiente. Ahora, las autoridades locales deberán ajustar sus planes de ordenamiento territorial para garantizar su aplicación efectiva.

En el marco de esta legislación, las autoridades ambientales y municipales contarán con un plazo de hasta 18 meses para implementar planes de acción específicos. Además, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), trabajará en

la creación de un sistema nacional de monitoreo de calidad acústica.

Liliana Ospina, designada como directora (e) de la Aeronáutica Civil

Liliana María Ospina fue designada directora encargada de la Aeronáutica Civil, luego de que Sergio París presentara su renuncia al cargo y fuera aceptada.

La salida de Sergio París Mendoza se dio a conocer la semana alegando motivos personales. Sin embargo, allegados a la entidad señalan que su dimisión habría sido por diferencias gubernamentales con algunos proyectos.

Ospina Arias, quien actualmente se desempeña como viceministra de Infraestructura, ha estado involucrada en temas de ordenamiento territorial y regulación de los usos del suelo, gestión de proyectos urbanos, movilidad, espacio público, equipamientos, vivienda para población de bajos ingresos, sectores patrimoniales, fronteras urbano–rurales y el análisis de procesos regionales con dinámicas metropolitanas.

Críticas a ‘superpoderes’ otorgados a la Adres en reforma a la salud

Un golpe a la oposición se propinó desde el Gobierno nacional y las bancadas en la Cámara de Representantes en medio del trámite a la reforma a la salud. A pesar de las más de 80 recusaciones que llegaron a la mesa directiva encabezada por Jaime Raúl Salamanca, y la solicitud de llevar a cabo el estatuto de oposición durante la jornada de ayer por parte del Centro Democrático y Cambio Radical, finalmente este proyecto se destrabó, parcialmente, y vio la aprobación de 12 artículos en la plenaria, al cierre de esta edición, para un total de 42 de los 62.

Como primer movimiento, tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, y de Salud, Guillermo Jaramillo, se radicó el mensaje de urgencia e insistencia a la directiva, lo que obligaría a que las sesiones de la corporación durante los próximos 30 días den prioridad absoluta a la discusión de este articulado, y, por ende, pueda lograrse una aprobación exprés de este proyecto de ley.

Asimismo, Benedetti dijo a que “hoy están las condiciones dadas para votar o mañana a más tardar”, haciendo referencia a que en menos de 48 horas este sería aprobado. El jefe de la cartera de política agregó que “las recusaciones dan risa. Son de las investigaciones de Invías ¿Qué tiene que ver Invías con reforma a la salud? Y aun así eso hace mella, da susto. Hay que explicarles que el presidente de la plenaria puede en cualquier momento rechazar la recusación. Hay una sentencia que es la 296 de 2021, dice que la plenaria puede avalar el rechazo”.

Con lo anterior, Benedetti justificó el movimiento que posteriormente se presentaría en plenaria y es que, finalmente, Jaime Raúl Salamanca, si bien envió las recusaciones contra congresistas y partidos a las comisiones de ética, dio trámite a la reforma, hecho que calificó la oposición como una estrategia para “pupitrear” la reforma.

Aprueban 12 artículos

En medio de las intensas discusiones, la Cámara de Representantes dio luz verde al quinto bloque de artículos, comprendidos entre los numerales 9 y 13, donde entre otras, se le otorga a la Adres el papel de administrar y suministrar los giros directos a las IPS de los recursos que ascenderían a 90 billones de pesos anualmente, hecho que provocó división dentro de la plenaria.

Al respecto, miembros tanto del partido Alianza Verde, como Cristian Avendaño, Catherine Juviano o Duvalier Sánchez, advirtieron que los artículos aprobados permiten que la Adres “cobre, administre, audite, supervise, contrate y financie al sistema de salud”, hecho que, además, quitaría las funciones globales al Ministerio de Salud.

Asimismo, quienes se oponen a la reforma aseguraron que, aunque respaldan que ya no sean las EPS quienes administren los recursos, tampoco puede haber una centralización de funciones en una sola entidad, de la que además los ponentes aseguraron no incrementarían gastos de funcionamiento, lo que llevaría a un colapso casi que inmediato del sistema de salud.

En continuidad de la votación, la Cámara también aprobó los artículos comprendidos entre los numerales 14 y 20, en lo que clarificó cuáles serían propiamente las funciones de la Adres, así como los traslados de fondos en el sistema de salud, hecho que, una vez más, generó controversia entre los opositores de la medida. Allí también se fundamentaron las fuentes de financiación de los centros de atención primaria, a pesar que no las funciones que estas tendrían en medio del sistema de salud.

Vicio de trámite

Desde el Partido Cambio Radical se expresó que la continuidad de la discusión en la Cámara estaría entrando en un vicio de trámite, razón por la que la mayoría de la bancada se retiró de este debate, buscando también el desarme del quorum. Al respecto, el representante Jhon Edgar Pérez dijo “la bancada no participará en el debate hasta que el Ministerio de Salud cumpla las órdenes de la Corte Constitucional, pues no es propicio ni pertinente”.

Además, la representante Carolina Arbeláez dijo a este Diario que “el presidente (Salamanca) ha tomado atribuciones que no le corresponden. En medio de tanta polémica y tanto escándalo, y en medio de la discusión de que las reformas están compradas, es necesario que se dé el trámite a las recusaciones en la Comisión de ética, porque uno de los escándalos que conoce el país es que estas reformas no han tenido acuerdos entre los partidos”.