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Bogotá: Distrito manifiesta dudas sobre la rehabilitación del San Juan de Dios

El anuncio de la aprobación para la rehabilitación de la torre central del Hospital San Juan de Dios, hecho el pasado 14 de marzo por el Gobierno Nacional, ha generado preocupación en la Administración Distrital de Bogotá. A pesar del visto bueno otorgado en la sesión 55 de la Junta de Conservación del complejo hospitalario, el Distrito votó en contra y expresó sus reservas sobre el proceso.

El proyecto contempla la restauración del edificio, construido entre 1949 y 1952, para convertirlo en un hospital de mediana y alta complejidad, con servicios de urgencias, trauma y especialidades médico-quirúrgicas. Además, se aprobó la creación del Centro Nacional de Simulación para la Formación en Salud y Hospital Virtual, que será operado por la Universidad Nacional.

Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá ha manifestado inquietudes sobre varios aspectos. Uno de los principales puntos de discordia es el proceso de adquisición de los bienes que conforman el hospital, reglamentado en el Decreto Nacional 1959 de 2023, sobre el cual, según el Distrito, no se ha evidenciado ningún avance significativo. Además, la Administración ha insistido en que el Gobierno Nacional debe asumir un papel más activo en el litigio con la empresa española Copasa, con el fin de resolver la disputa de manera conciliada.

Otro factor que generó la negativa del Distrito es el uso del Edificio de Mantenimiento, donde se planea ubicar el Centro de Simulación. La Alcaldía defiende que estas instalaciones han sido solicitadas previamente por el Instituto Nacional de Medicina Legal, entidad que necesitará reubicarse temporalmente debido a la intervención del edificio San Jorge, donde actualmente opera.

Juan Guillermo Correa, secretario de Salud encargado, explicó que, como ente propietario del hospital, la Administración Distrital ha pedido resolver estas incertidumbres antes de avanzar con la rehabilitación. Además, señaló que en la sesión de la Junta de Conservación no se dio el tiempo suficiente para la deliberación antes de la votación, lo que dejó al Distrito sin posibilidad de influir en las decisiones ya tomadas.

Aunque el Gobierno Nacional confía en firmar pronto el convenio para los estudios, diseños y el reforzamiento estructural del hospital, la Alcaldía sigue sosteniendo que aún no se cuenta con un modelo jurídico-administrativo que garantice la sostenibilidad integral del proyecto. Estas dudas podrían convertirse en un obstáculo para la reapertura del histórico hospital, a pesar de las aprobaciones en la Junta de Conservación.

18M en Bogotá: Así vivió la capital la jornada de marchas en apoyo a las reformas del gobierno Petro

Bogotá fue escenario de una multitudinaria movilización en respaldo a las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. La jornada, que tuvo lugar el día de ayer, estuvo marcada por la presencia de miles de manifestantes que se congregaron en distintos puntos de la ciudad para expresar su apoyo a los cambios impulsados por el Ejecutivo, en especial a la reforma laboral y de salud.

El gobierno nacional decretó día cívico para facilitar la participación en la protesta, permitiendo que funcionarios públicos y ciudadanos afines a las reformas se sumaran a la marcha. No obstante, en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán decidió mantener la operación habitual de las entidades distritales y de los colegios públicos, por lo que el Distrito funcionó con normalidad mientras garantizaba el derecho a la protesta.

Las movilizaciones iniciaron desde tempranas horas de la mañana en diferentes puntos de la ciudad y confluyeron en la Plaza de Bolívar, donde el presidente Petro se dirigió a los manifestantes. A pesar de la llovizna intermitente, la asistencia fue masiva. En su intervención, el mandatario reafirmó su compromiso con las reformas y envió un mensaje contundente a los senadores que actualmente debaten la reforma laboral: "Quedan convocados. Arranca la consulta popular. La movilización es permanente y creciente". Petro también advirtió que el pueblo hará sentir su voz en el Congreso, asegurando que los legisladores deben recordar que representan a la ciudadanía y no a intereses particulares.

Durante la jornada, los manifestantes pudieron seguir el debate sobre la reforma laboral en pantallas gigantes instaladas en la Plaza de Bolívar. Mientras el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, exponía su oposición a la reforma, se escucharon abucheos y expresiones de descontento por parte del público presente.

Si bien la movilización transcurrió mayormente de manera pacífica, se registraron algunos incidentes aislados de vandalismo en la calle 57 con carrera Séptima, así como la agresión a un equipo periodístico. Ante estos hechos, las autoridades desplegaron a más de 1.200 uniformados y un equipo de 300 gestores de convivencia para garantizar el orden público. Gracias a estas medidas, la jornada se desarrolló sin mayores contratiempos.

El servicio de TransMilenio se vio afectado temporalmente en algunas estaciones del centro, como Museo del Oro y Las Aguas, pero hacia la tarde estas reanudaron operaciones con normalidad.

Al finalizar la intervención de Petro y de otros miembros de su gabinete, la multitud comenzó a dispersarse. Sin embargo, el presidente insistió en que la movilización continuará y que el apoyo ciudadano será clave para que las reformas avancen en el Congreso.

Esta jornada de protestas demuestra que el debate sobre las reformas sigue polarizando a la opinión pública y que el gobierno mantiene su apuesta por la movilización social como herramienta de presión política.

Retrasos y promesas incumplidas: la odisea de la vía Zipaquirá - Pasoancho - Briceño

A simple vista, la carretera que une Zipaquirá con Briceño y Tocancipá parece una postal del abandono. Huecos, desniveles y falta de señalización son el pan de cada día para quienes transitan esta vía, fundamental para la movilidad en el norte de Cundinamarca. Años de deterioro han hecho que este tramo sea un obstáculo más que una conexión, y las promesas de su arreglo parecen perderse en el aire, junto con el polvo que inunda las casas de los vecinos cada vez que un camión pasa a toda velocidad.

El corredor es vital para el transporte de carga pesada, sobre todo por la presencia de industrias y empresas en la zona. Sin embargo, su estado ha afectado tanto a transportistas como a comerciantes y turistas que buscan acceder a atractivos como la Catedral de Sal de Zipaquirá o el Parque Jaime Duque. Pese a que las autoridades locales y departamentales anunciaron el inicio de obras para marzo de este año, la realidad en terreno es otra: los trabajos no han comenzado y la comunidad sigue esperando respuestas.

“Nos dijeron que arrancaban en marzo, pero aquí no hemos visto ni una pala. Solo están los maletines naranjas que pusieron hace meses y que ya parecen parte del paisaje”, comenta Gladis Rodríguez, habitante de Pasoancho. Como ella, muchos residentes han tenido que buscar soluciones improvisadas para mitigar las consecuencias del abandono estatal. En invierno, la vía se convierte en un lodazal que bloquea los desagües y provoca inundaciones en las viviendas cercanas. En verano, el polvo lo cubre todo, afectando la salud de quienes viven a su alrededor. “Nos ha tocado poner plásticos en las fachadas para que el polvo no se nos meta en la casa. Hemos tenido más enfermedades respiratorias y nadie hace nada”, agrega Rodríguez.

Más allá de los problemas de salud, los negocios también han sentido el golpe. Tiendas, panaderías y talleres ven sus ventas disminuir cuando la carretera se vuelve intransitable. “Cuando llueve, hay días en los que no vendo nada. La gente evita pasar por aquí porque es imposible andar”, cuenta la dueña de una tienda del sector, quien prefirió no revelar su nombre.

Las razones para los retrasos en las obras son variadas. Por un lado, la financiación ha sido un escollo constante. Aunque el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) ha anunciado inversiones, los recursos no han sido desembolsados con la rapidez esperada. Además, los trámites administrativos y la compra de predios han demorado más de lo previsto, y las condiciones climáticas han dificultado aún más el mantenimiento temporal de la vía.

El alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, ha asegurado que la administración municipal ha trabajado de la mano con la Gobernación de Cundinamarca para garantizar la ejecución del proyecto. Sin embargo, ni el alcalde de Tocancipá ni funcionarios departamentales han respondido sobre el estado actual de la obra.

El contrato de rehabilitación de la vía, adjudicado al Consorcio INCITECO por más de 10.000 millones de pesos, busca mejorar la conectividad de la región. Sin embargo, la comunidad sigue escéptica ante tanta espera. “Nos han dicho tantas veces que ya van a empezar, que ya no les creemos”, concluye un habitante resignado.

Mientras tanto, los baches siguen creciendo, los camiones siguen levantando polvo y las promesas de una solución parecen perderse en la brisa fría de Zipaquirá.

Procuraduría investiga presunto abuso sexual a menor en colegio de Kennedy

La Procuraduría General de la Nación ha puesto su mirada en un caso que ha conmocionado a la localidad de Kennedy, en Bogotá: el presunto abuso sexual de una menor de seis años en el colegio Los Periodistas. A pesar de las denuncias y la gravedad de los hechos, las autoridades no han brindado respuestas claras, lo que ha generado indignación en la comunidad y ha llevado a la Procuraduría a intervenir de manera directa.

En un comunicado oficial, la Procuraduría solicitó información detallada a las secretarías de Educación y Salud, así como a la rectoría del colegio, sobre las medidas adoptadas tras el presunto hecho. Entre las solicitudes, se encuentra la verificación de si se activaron los protocolos de atención en casos de violencia sexual y si el incidente fue registrado en el Sistema de Alertas, herramienta clave para monitorear este tipo de situaciones. Además, se pidió un informe sobre la atención integral brindada a la menor por parte del sector salud.

La rectoría del colegio también fue requerida para reportar si se han presentado otros casos de violencia sexual en la institución y qué medidas se han tomado para prevenir y detectar este tipo de situaciones. La Procuraduría asignó a una procuradora judicial para que intervenga en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de la víctima, asegurando que se adopten medidas de protección y atención a su favor.

La madre de la menor relató a medios locales cómo su hija comenzó a mostrar cambios de comportamiento que encendieron las alarmas en la familia. “La niña empezó a decir que no quería ir al colegio, no quería que se le acercaran otros niños. Desde ahí empezamos a sospechar”, contó la mujer. La menor, actualmente en tratamiento psicológico y con trabajo social, ha manifestado dolor físico y emocional, lo que ha profundizado la preocupación de su familia.

La madre también denunció que, al acudir a las autoridades, recibió respuestas poco alentadoras. Según su relato, la Policía de Infancia y Adolescencia le habría sugerido no hacer manifestaciones públicas ni contactar a la prensa. Esto ha generado desconfianza en la comunidad, que ha respondido con plantones frente al colegio, exigiendo justicia y transparencia en el proceso.

Por su parte, la Secretaría de Educación del Distrito emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente cualquier forma de violencia contra la niñez y aseguró que se activó la ruta de atención correspondiente en coordinación con el ICBF, la Fiscalía y el sector salud. Sin embargo, reiteró que el caso está bajo investigación y pidió a la comunidad permitir que las autoridades avancen en el proceso sin tomar acciones que puedan entorpecerlo.
 

Mientras tanto, la comunidad de Kennedy sigue atenta al desarrollo de las investigaciones, esperando que se haga justicia y se tomen medidas para garantizar la seguridad de los menores en las instituciones educativas. Este caso no solo ha puesto en evidencia fallas en los protocolos de protección, sino que también ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos para prevenir y atender la violencia sexual en los entornos escolares.