Bogotá, Colombia -Edición: 777

 Fecha: Viernes 28-03-2025

 

 

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BOGOTÁ

 

 

 

 

   

Fundado el 3 Abril de 2020

Publisher: Zahur Klemath Zapata

 

 

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    Soporte Técnico: Aurooj Ali Khan

 

   ColaboradoresJotamario Arbeláez, Gustavo Alvarez Gardeazábal, Teresa Pardo, Edgar Cabezas, Guillermo Navarrete, Ricardo Castellanos, Iván Pulido, Álvaro Ramírez González, Otoniel Parra Arias, Rubén Darío Varela Hurtado.

 


 

 

Galán propone mayor presencia del Ejército en San Bernardo ante ola de atentados

 

 

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, admitió la crisis de seguridad en el barrio San Bernardo y sugirió que una mayor presencia del Ejército podría contribuir a mejorar la situación. La propuesta surge tras el quinto atentado con granada en menos de un año, que dejó tres personas heridas la noche del 25 de marzo.

 

San Bernardo se ha convertido en el epicentro de una guerra entre bandas dedicadas al microtráfico, dejando hasta ahora un saldo de cuatro muertos y 29 heridos. Horas antes del último ataque, Galán había anunciado los resultados de un operativo policial en la zona, lo que refuerza la hipótesis de que estos atentados son represalias de las estructuras criminales.

 

En una rueda de prensa, el mandatario distrital enfatizó la necesidad de un trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y la Brigada XIII del Ejército. “Sería muy positivo mayor presencia del Ejército. Ellos están a menos de tres cuadras del Batallón de Guardia Presidencial, podrían ayudar en tareas de vigilancia sin reemplazar a la Policía Metropolitana”, explicó.

 

La idea de reforzar la seguridad con militares ha sido tema de discusión en varias administraciones. En 2021, el gremio de comerciantes Fenalco pidió la militarización de la ciudad ante el incremento de robos y extorsiones. Sin embargo, la entonces alcaldesa Claudia López rechazó la propuesta y optó por patrullajes conjuntos entre Policía Militar y la Policía Metropolitana.

Hoy, con una administración distinta, el dilema sigue siendo el mismo: la ciudad tiene un déficit de uniformados. Actualmente, Bogotá cuenta con 16.656 policías, lo que equivale a un agente por cada 470 habitantes, cuando el estándar internacional sugiere uno por cada 300.

El secretario de Seguridad de Bogotá explicó que la presencia militar ya forma parte del plan de seguridad distrital desde el inicio del mandato. “La estrategia de seguridad urbana involucra a la Policía, la Brigada 13 del Ejército, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. Su acción coordinada busca recuperar el control del espacio público y reducir vulnerabilidades”, aseguró.

A pesar de estas declaraciones, expertos como el exsubsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, advierten que las limitaciones legales impiden la militarización en la ciudad. Según él, la asistencia militar solo es viable en situaciones de excepcionalidad, lo que no aplica en el contexto actual de Bogotá.

 

Mientras el debate sigue abierto, los habitantes de San Bernardo continúan viviendo bajo el temor de nuevos ataques. La demanda es clara: soluciones efectivas y a largo plazo que garanticen la seguridad en este convulsionado sector de la capital.

 

Puentes de la calle 127 con avenida Boyacá entrarán en funcionamiento en los próximos días

 

 

Los bogotanos están cada vez más cerca de ver en funcionamiento la nueva intersección de la calle 127 con la avenida Boyacá. Durante un recorrido de verificación, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, aseguró que los trabajos finales avanzan a buen ritmo y que la entrega de los puentes vehiculares se hará en los próximos días.

Con esta obra, que incluye tres nuevos puentes vehiculares—dos rectos de 260 metros y uno curvo de 281 metros—se beneficiará a más de un millón doscientas mil personas de la localidad de Suba y a quienes transitan por este corredor del noroccidente de la ciudad. La intersección busca mejorar la movilidad en un punto
 

 

 

clave de la capital, donde el tráfico suele ser un dolor de cabeza para conductores y peatones.

 

Molano destacó el esfuerzo del IDU y del contratista para acelerar la ejecución del proyecto. "La instrucción del alcalde fue clara: trabajar sin descanso, incluyendo sábados, domingos y festivos, para cumplir con los tiempos establecidos. Nos comprometimos a entregar estos puentes en marzo, y lo vamos a lograr", afirmó el funcionario.

 

Durante el puente festivo de San José, más de 600 personas trabajaron sin pausa para completar los detalles finales. Además de los puentes, el proyecto contempla la construcción de 54.000 metros cuadrados de espacio público y 2,3 kilómetros de ciclorruta, elementos que, según el cronograma, serán entregados entre mayo y junio de este año.

 

La comunidad ha seguido de cerca el desarrollo de estas obras, que prometen un gran alivio en la movilidad del sector. "Esperamos que con estos puentes se reduzcan los trancones y mejore la circulación en esta zona", comentó un residente de Suba.

Con los trabajos en su etapa final, los habitantes de la ciudad pronto podrán hacer uso de esta nueva infraestructura, que contribuirá a una mejor conectividad y seguridad vial en uno de los corredores más transitados de Bogotá.

 

Disminuyen las inmovilizaciones de vehículos en Bogotá

 

 

En Bogotá, la cantidad de vehículos inmovilizados y trasladados a patios ha disminuido un 22,8 % en el último año, según un informe de la Personería Distrital. Esta reducción ha generado interrogantes sobre las razones detrás de la tendencia y el impacto en las finanzas de la ciudad.

De acuerdo con el estudio, en 2023 el promedio mensual de vehículos llevados a patios era de 8.524, mientras que en 2024 la cifra cayó a 6.577. Esto ha repercutido en los ingresos obtenidos por concepto de sanciones, los cuales pasaron de 41.228 millones de pesos en 2023 a 36.778 millones en 2024, lo que representa una disminución del 10,79 %.

Las inmovilizaciones de vehículos en la capital suelen estar relacionadas con infracciones como estacionamiento indebido, falta de revisión técnico-mecánica, ausencia de SOAT, tránsito en zonas restringidas, entre otras. En este sentido, la Secretaría de Movilidad ha intensificado los operativos de control con el objetivo de recuperar el espacio público y mejorar la movilidad en la ciudad.

Las localidades con mayor número de inmovilizaciones y traslados a patios son Fontibón, Kennedy y Engativá, lo que coincide con las zonas donde están ubicados los patios de retención. En Fontibón se registraron 14.273 casos en 2024, en Kennedy 9.918 y en Engativá 8.573. Además, el estudio señala que las inmovilizaciones ocurren con mayor frecuencia en dos franjas horarias: entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., y entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m., principalmente en días hábiles.

Los motociclistas encabezan la lista de conductores sancionados, representando el 56 % de las inmovilizaciones. Le siguen los vehículos livianos, con un 28,8 %, y en menor medida los automóviles, camiones y minivans, que acumulan un 10,9 %. En contraste, los automotores pesados son los menos afectados, con apenas un 1,3 % de las sanciones.

El personero de Bogotá, Andrés Castro, indicó que aún no se han determinado con certeza las razones de la reducción de inmovilizaciones. No obstante, mencionó que una posible causa es el cambio en la normativa vigente, que ha eliminado algunas causales de inmovilización.

“Este estudio es solo una primera fase para entender el panorama actual. En una segunda etapa, profundizaremos en las razones detrás de esta tendencia y su impacto en las políticas de movilidad del distrito”, afirmó Castro.

Por ahora, la Secretaría de Movilidad continuará implementando operativos y estrategias para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito en la ciudad. La disminución de las inmovilizaciones podría ser una señal de mayor conciencia entre los conductores o el resultado de ajustes en la legislación, pero las autoridades seguirán evaluando el fenómeno para comprender sus implicaciones a largo plazo.

 

 

 

Otra noche de terror en San Bernardo: Quinto atentado con granada en menos de un año

 

 

La tranquilidad de la noche bogotana se vio interrumpida nuevamente en el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe. El estallido de una granada de fragmentación dejó a tres personas heridas y reavivó el temor de los residentes, quienes han sido testigos de una serie de atentados similares en los últimos meses.

El más reciente hecho ocurrió el martes 25 de marzo en la carrera 11A con calle 2. Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, dos sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron el explosivo contra tres personas que se encontraban en la vía pública. Aunque los heridos fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales, el incidente ha generado un fuerte cuestionamiento sobre la seguridad en la zona.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, expresó su preocupación por el lugar del ataque. “Las otras granadas fueron lanzadas en puntos donde sabíamos que había conflicto, pero en este lugar no habían sido lanzadas antes”, señaló. Las autoridades investigan si este nuevo atentado es una represalia por los operativos recientes contra bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes, que han dejado al menos 15 capturas en la última semana.

Sin embargo, para los habitantes de San Bernardo, la violencia con explosivos no es nueva. El 13 de marzo, una granada detonó en la carrera décima con calle 3, dejando un saldo trágico de tres muertos y diez heridos. Las autoridades atribuyeron este ataque a la disputa entre ‘los Costeños’ y ‘los Venecos’, dos bandas que se disputan el control del microtráfico en la zona.

El 23 de febrero, otro ataque sacudió el sector cuando un artefacto explosivo fue detonado en la carrera décima con calle 6, hiriendo a tres personas. Un extranjero fue capturado poco después, señalado como el responsable del atentado. Días antes, el 18 de febrero, otra explosión en la carrera décima con calle 5 dejó una mujer muerta y ocho heridos, en un acto dirigido contra habitantes de calle.

El primer antecedente de esta ola de violencia ocurrió el 27 de julio de 2024, cuando una granada fue arrojada en plena vía pública, aunque en esa ocasión no llegó a detonar. Desde entonces, el barrio ha vivido bajo la sombra del miedo.

A pesar de la presencia policial y de los recientes operativos que han resultado en la incautación de más de 1.000 dosis de estupefacientes, los residentes siguen sintiéndose desprotegidos. La comunidad exige medidas más contundentes que permitan devolver la seguridad a este sector de Bogotá, donde cada explosión deja cicatrices imborrables y refuerza la sensación de abandono por parte de las autoridades.

 

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