Gobierno no volvió a convocar Comisión Interparlamentaria de Crédito Público

Este año el Gobierno no ha convocado a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para solicitar su aval a nuevos créditos del país con la banca internacional, a pesar de que el endeudamiento es una opción frente a los impactos por el desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación del 2025, que ha obligado a la suspensión de $12 billones del mismo, por lo que entre otros no han llegado más de $700.000 millones para el metro de Bogotá.

Esta célula congresional está en el “ojo del huracán” después de que la Corte Suprema de Justicia abrió indagación el año anterior a seis parlamentarios que la integraron, pues supuestamente el Gobierno les habría asignado tres contratos por más de $90.000 millones a cambio de su voto para el concepto favorable a varios créditos en el exterior, convenios que finalmente no se alcanzaron a ejecutar porque estalló el escándalo.

La Corte Suprema el 12 de noviembre pasado dio apertura a la investigación formal a cinco congresistas y un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio, quienes integraron la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. La decisión cobijó a los senadores Liliana Bitar Castilla y Juan Gallo Maya; así como los representantes Wadith Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique Olarte y al excongresista Juan Muñoz Cabrera.

Por los supuestos ofrecimientos que hizo el Gobierno a congresistas de esta célula parlamentaria para que entregaran aval favorable a la solicitud de créditos internacionales a cargo de la nación, renunció en diciembre pasado el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien por lo mismo es investigado por la Fiscalía.

Estos hechos hacen parte del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se investiga porque el Gobierno supuestamente entregó contratos y dinero a congresistas para lograr la aprobación de sus reformas.

¿Cómo está integrada hoy la comisión?

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público está compuesta por seis miembros, tres senadores y tres representantes a la Cámara, elegida por cada una de las Comisiones Terceras Constitucionales.

Dicha Comisión presentará informes al Congreso acerca de las operaciones de crédito externo que decida adelantar el Gobierno, cuya finalidad sea el obtener recursos para la financiación de planes de desarrollo económico y de mejoramiento social y para contribuir al equilibrio de la balanza de pagos.

Esta célula tuvo que ser conformaba nuevamente porque renunciaron los citados congresistas a los que la Corte Suprema les abrió investigación; mientras que otros porque finalizaron su periodo, como la senadora Imelda Daza. Actualmente, está conformada por los representantes Saray Robayo Bechara (Partido de La U), Diógenes Quintero Amaya (Circunscripción de Paz), y Ángela Vergara González (Partido Conservador). Y los senadores Karina Espinosa Oliver (Partido Liberal), Antonio Zabaraín Guevara (Cambio Radical) y Ana Espitia Jerez (coalición Alianza Verde y Centro Esperanza).

Operaciones de crédito

A principios de septiembre pasado, el entonces director de Crédito Público, José Acosta, se quejó en varias oportunidades porque tras ser convocada la Comisión no lograba conformar el quórum. “Estas sesiones eran cruciales para permitirle al Gobierno nacional emitir bonos en el exterior y firmar contratos de crédito con la banca multilateral”, dijo el entonces funcionario.

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público logró finalmente el pasado 25 de septiembre completar el quórum en una reunión en el Ministerio de Hacienda, cuando determinó entregar concepto favorable a un préstamo de USD138,5 millones.

Así mismo, el Ministerio de Hacienda convocó a principios de noviembre pasado a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para solicitar concepto sobre un cupo multilateral de USD 5.000 millones, un crédito de USD 350 millones con CAF para financiamiento presupuestal y otro de USD 200 millones del Banco Mundial para desastres. Sin embargo, la sesión se frustró en varias oportunidades porque no se lograba conformar el quórum.

Una fuente afirmo que algunas de las solicitudes de créditos en 2024 “que estudiábamos en ese momento al fin no se autorizaron porque, me consta, los voceros de la comisión pusieron muchos requisitos, pidieron demasiadas explicaciones, no sintieron que había claridad nunca”.

Agregó que esta situación contrastó con otros créditos que el Gobierno solicitó aval a la Comisión en el año 2023, “que se tramitaron en realidad con fluidez. Hubo un crédito para el departamento del Atlántico, para la ciudad de Barranquilla; hubo un crédito para el reemplazo de equipos viejos en el Caribe que hacían difícil la transmisión de energía. Los demás créditos eran para salud, educación y programas ambientalistas. El resto era para suplir carencias en el presupuesto nacional”.

La fuente consultada consideró que el Gobierno no ha convocado este año a dicha Comisión porque “lo que veo es que se dificultó por el escándalo que surgió y el director de Crédito Público renunció. Entonces, creo que demoró el reemplazo de él, mientras tanto hemos tenido tres ministros de Hacienda. Es decir, con tres ministros de Hacienda, con un cambio de director de Crédito Público y con unos miembros de una Comisión cuestionados es imposible pensar en fluidez en la solicitud y los trámites de los créditos”.

Añadió que “esas tres cosas han afectado muchísimo porque Colombia tiene abiertas las puertas de toda la banca internacional, el país tiene prestigio, tiene buen nombre, ha cumplido siempre, pero creo que la falla sobre todo fue el cambio del director de Crédito Público, un hombre muy eficiente, capaz y conocedor de todo, como muy comprometido con el Gobierno. Y entonces estos miembros de la Comisión presionaron mucho por otras cosas, y eso enredó todo”.

Comisión no es necesaria: Restrepo

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo consultado por este Diario sobre las voces que piden al Gobierno acudir al crédito externo para aliviar el déficit fiscal, que “hay que lograr un sano equilibrio, y parte de ese equilibrio es el que define Crédito Público entre endeudamiento internacional y endeudamiento local. Cuando hay un excesivo endeudamiento local puede haber un menor espacio para el endeudamiento del sector privado, y eso no es una buena noticia para la economía. Justo por eso se acude al endeudamiento internacional”.

Añadió que “habría que preguntarle a Crédito Público por qué ya no se está acudiendo a endeudamiento internacional y está creciendo tanto el endeudamiento local, y si no ven que eso tiene un riesgo de frenar el acceso al sector privado a ese endeudamiento local”.

Restrepo dijo también que “como principio general creo que no se necesita la Comisión de Crédito Público, pero a mí en particular no tuve ningún inconveniente (como ministro de Hacienda). Lo que creo es que hay que estudiar de fondo la necesidad realmente o no de esa Comisión, no creo que sea necesario. Creo que con la autorización que hace el Congreso de la República periódicamente para tener más espacio de endeudamiento es más que suficiente”.

Consejo Gremial defendió independencia del Banco de la República

Ante las recientes declaraciones del Presidente de la República, Gustavo Petro, en las que descalifica a miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y cuestiona la independencia de sus decisiones; el Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación y defendió la independencia de la institución financiera.

El Banco de la República es una institución autónoma cuya labor se fundamenta en el análisis técnico y en la utilización de herramientas económicas para la estabilidad macroeconómica del país.

Según el gremio, la independencia del Banco de la República, y una efectiva coordinación con el Gobierno Nacional, son pilares fundamentales de la estabilidad económica y debe respetarse sin presiones políticas. Las decisiones sobre la política monetaria deben tomarse con base en información objetiva, evaluación rigurosa de los datos y análisis sistemático de la realidad económica, no bajo criterios ideológicos o dogmáticos.

Asimismo, indican que el Gobierno Nacional tiene el deber de escuchar, dialogar y permitir el disenso sin que esto genere una pugnacidad entre unos y otros. En este contexto, es fundamental que el Ministro de Hacienda también asuma su responsabilidad de tomar decisiones con base en criterios técnicos quien debe tener mucha mesura en sus declaraciones pues estos pueden influir de manera negativa sobre los mercados.

"Desde el Consejo Gremial Nacional reiteramos la importancia de respetar la autonomía del Banco de la República y el rol fundamental que cumple la toma de decisión técnicas en la formulación de políticas públicas", manifestó la asociación.

La Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó una segunda recusación presentada por el representante Andrés Forero, en contra de la participación del magistrado Vladimir Fernández en la discusión de la demanda contra la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro.

Según lo dicho por el alto tribunal, lo señalado por el representante del Centro Democrático presenta una falta de pertinencia, incumpliendo con el requisito de legitimación, por cuál optó por rechazar su recusación.

"Rechazar, por falta de pertinencia, la recusación presentada por el ciudadano Andrés Eduardo Forero Molina dentro del proceso D-15.989, en contra del magistrado Vladimir Fernández Andrade, dado que no se cumple el requisito de legitimación en la causa", se lee en el fallo de la Sala Plena.

Además, el Alto Tribunal indicó que Forero no habría formulado su demanda dentro del expediente, ni intervino dentro del término de fijación del mismo proceso.

Otras recusaciones en contra del magistrado Fernández

A inicios de 2025, la senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático, presentó una recusación en contra del magistrado Vladimir Fernández, haciendo énfasis en su relación pasada con el Gobierno de Gustavo Petro; sin embargo, la Corte Constitucional también rechazó la petición por una falta de pertinencia.

"Rechazar, por falta de pertinencia, la recusación presentada por la ciudadana Paloma Susana Valencia Laserna dentro del proceso D-15.989, en contra del magistrado Vladímir Fernández Andrade, dado que no se cumple el requisito de oportunidad, de conformidad con lo expuesto en esta providencia", indicó el tribunal en su momento.

Petro explica déficit fiscal por mal manejo de la deuda del FEPC

El presidente responsabilizó por el déficit fiscal que obligó a suspender $12 billones del Presupuesto de este año, al equivocado manejo que, según él, se dio en 2023 por parte de su entonces ministro de Hacienda, José Ocampo, al pagar la mayor parte de la deuda que dijo dejó el gobierno Duque en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC).

Así lo manifestó ayer el mandatario en una nueva versión del consejo de ministros, que se transmitió en directo por la televisión por los canales públicos como ordenó desde el pasado 5 de febrero.

“En el 2023 hubo otra agenda gobernando y no con nuestra autorización. Entonces qué pasó, no es que no hayamos recaudado, es que en el 2023 por un decreto del Ministerio de Hacienda se anticiparon los impuestos del 2024. Le dijeron a los empresarios no solamente pague lo que tiene que pagar en el 2023, sino pague un porcentaje de lo que tiene que pagar en el 2024”.

Mencionó que esto fue un “craso error económico” porque al pagar más impuestos en un año se estanca la economía. Pero también, puso el acento el presidente, porque $36 billones de esa plata “se fue para pagarle a Ecopetrol el déficit de precios que generó Duque al no subir el galón de gasolina y diésel en la medida que en pesos estaba subiendo, porque tuvo un descalabro de devaluación del peso colombiano por sobreendeudar a Colombia”.

Sostuvo el jefe de Estado que la Administración Duque dejó un déficit de $75 billones, “pero el ministro de Hacienda se le ocurrió que se podía pagar prácticamente de un totazo en el año 2023 y desplazó, para eso hizo el anticipo, más dinero del que se había presupuestado en el 2023 para trasladarlo en $36 billones a Ecopetrol”.

Añadió que con esto “hicieron lo contrario que este Gobierno electo popularmente había dicho. Nosotros dijimos que no había subsidio a los combustibles fósiles, y apenas el ministro de Hacienda el año 2023 giró un chequecito en efectivo por $36 billones a Ecopetrol, ahí generó el subsidio a la gasolina”.

Petro dijo que lo que se había dicho en este Gobierno era que el déficit del FEPC se pagara con el incremento en el precio de la gasolina.