ningún costo, más aún, para jóvenes afrocolombianos, indígenas, víctimas del conflicto armado, entre otras excepciones establecidas por la ley. Según esta Fiscalía Militar, el oficial Fuyo Rodríguez, en el grado de Mayor del Ejército Nacional, había sido denunciado por este hecho ocurrido el pasado 11 de julio del año 2024.

De esta manera, "a través de un sólido material de pruebas, el ente investigador de esta Jurisdicción Militar pudo inferir que el uniformado presuntamente abusó de sus funciones como comandante al inducir a esta madre de familia".

Pese a las pruebas presentadas, el hoy imputado no aceptó cargos y tendrá que presentarse a una serie de audiencias judiciales para iniciar el proceso penal en las etapas legalmente establecidas.

Indígenas wayúu exigen imputación de César Manrique por escándalo en la UNGRD

La comunidad indígena wayúu de La Guajira hizo un nuevo llamado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, con el fin de que ese organismo formule imputación de cargos y solicite medida de aseguramiento contra el exdirector de Función Pública, César Manrique, como presunto implicado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Este llamado de urgencia fue realizada por parte del abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, quien actuando como representante civil de la comunidad indígena wayúu, extendió esta solicitud a las fiscales que coordinan el grupo especial que indaga las diferentes líneas de investigación en torno a este escándalo de corrupción.

La razón principal de la solicitud a la fiscal general y a las fiscales del caso es evitar la obstrucción a la justicia mediante la posible destrucción de evidencias, manipulación de las mismas, manipulación de testigos y sobre todo, evitar que se genere impunidad.

En la misma petición se hizo énfasis en la necesidad de adoptar prontas decisiones frente al capítulo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con la celebración de contratos por más de 96.347 millones de pesos que fueron financiados con recursos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

De acuerdo con los investigadores, Olmedo López gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político, César Augusto Manrique Soacha, entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el traslado de cerca de 100.000 millones de pesos que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras, a cambio de que dichos funcionarios direccionaran a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas”.
 

En la acusación contra el exsubdirector de conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barrero Gantiva, se señala que “consiguió en acopio con el exdirector de la Función Pública, una reunión entre Gerardo Vega entonces director de la Agencia Nacional de Tierras y Olmedo López, con el propósito de

conseguir la reducción por el monto cercano a los 100.000 millones de pesos de los recursos del Convenio No. 9677-CV020-021-2023, que terminaron siendo utilizados para direccionamiento de contratos en el marco de este entramado de corrupción.

Esta petición fue realizada poco después de conocerse la condena emitida por el juez primero de conocimiento de Bogotá que condenó a César Augusto Manrique a 10 años de prisión, por el escándalo de corrupción en los contratos para la adquisición de 100 motos para la Policía durante la alcaldía del hoy presidente, Gustavo Petro.

Esta sentencia contra César Manrique se originó en las irregularidades detectadas cuando él se desempeñó como gerente encargado del entonces Fondo de Vigilancia de Bogotá. De acuerdo con el fallo de condena, el 28 de agosto de 2012 suscribió el contrato No. 559 con el objetivo de adquirir 100 motocicletas eléctricas, que no sirvieron para Policía Metropolitana de Bogotá, por un valor superior a los $4.000 millones.

Además, tendrá que pagar una multa de 88.88 salarios mínimos legales mensuales vigentes y estará inhabilitado para ejercer cargos públicos por 107 meses tras ser hallado responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Caso Registraduría de Gamarra: Condenan a autores del incendio en el que murió una funcionaria

Un juez penal especializado de Valledupar (Cesar) emitió sentido de fallo condenatorio declarando culpables a Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y Wilfrido Campos, por su participación en los hechos violentos ocurridos en Registraduría municipal de Gamarra (Cesar) el 28 de octubre de 2023, en los que una funcionaria de esa entidad murió y otras seis personas resultaron heridas.

En la decisión el juzgado halló responsables a los tres implicados de cometer los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas; e incendio.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial se estableció que, en medio de una manifestación por una decisión electoral que afectaba los intereses políticos de un candidato específico, varias personas ingresaron de manera violenta a la sede de la Registraduría de Gamarra y le prendieron fuego.

Con base en las pruebas recolectadas por parte de los agentes de policía judicial se demostró que Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, ocultaron y trasladaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Así mismo, se determinó que Wilfrido Campos y otro hombre recibieron el combustible que posteriormente un tercero roció para incendiar la sede de la Registraduría Municipal de Gamarra (Cesar). Una acción que terminó por ocasionarle la muerte a una funcionaria de esa Registraduría municipal y generándole quemaduras de gravedad a otros funcionarios.