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Corte Suprema condena a
10 años de prisión al exgobernador del Magdalena Ómar Diazgranados

Omar Ricardo Díazgranados Velázquez, exgobernador del
departamento de Magdalena, fue hallado culpable por el delito de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por
apropiación agravado.
De acuerdo con la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema
de Justicia, el exfuncionario fue responsable en la celebración de
contratos irregulares para servicios en los colegios del departamento,
durante el periodo comprendido entre agosto de 2009 y abril de 2010.
En consecuencia, Díazgranados Velázquez recibió una condena de 10 años y
siete meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir,
agravado y lavado de activos. Cabe recordar que, durante su estancia en
la gobernación del departamento del Magdalena, estableció acuerdos con
el lider de la controvertida captadora DMG, David Murcia Guzmán, para
adjudicar contratos públicos a empresas vinculadas con este grupo
económico.
Asimismo, recibió millonarias cantidades de dinero para mover sus
influencias y otorgar beneficios a los empresarios vinculados a los
contratos de servicios de administración y limpieza en instituciones
educativas.
Según el ente investigador, la licitación estaba llena de controversias
debido a múltiples irregularidades e inconsistencias identificadas, que
incluyen una planeación deficiente y presupuestos asignados sin
justificación.
Entre las anomalías registradas figura el establecimiento no
fundamentado de un plazo de seis meses para ejecutar las actividades y
la contratación de 872 trabajadores en jornadas de 12 horas diarias,
excediendo el máximo de 10 horas estipulado por la normativa de aquel
entonces. Además, se destacan falencias en la estimación de riesgos y en
las limitaciones puestas a la participación de candidatos con
experiencia en el sector privado.
La revisión de los procedimientos reveló que los estudios preliminares
presentaron incongruencias, tales como la omisión del mantenimiento de
colegios y la redacción de un pliego de condiciones confuso que
restringió la competencia en la licitación.
Aún cuando la empresa ganadora del contrato no fue adecuadamente
evaluada y algunos requisitos del pliego se omitieron, la adjudicación
se realizó. Esta serie de acciones se extendió a una modificación
contractual posterior que incrementó tanto el periodo de ejecución en
dos meses y veinte días como el presupuesto de $6.980 millones a $10.328
millones, sin la debida justificación.
Con esas pruebas, el alto tribunal, además de sancionar la condena que
podrá cumplir desde su domicilio, impuso una multa de 12.931 salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, lo inhabilitó para
aspirar y ejercer cargos públicos por la próxima década.
En la sentencia, la Corte Suprema estableció la gravedad
del uso de su posición de poder para favorecer operaciones de la
captadora al mando de David Murcia Guzmán, en específico, el lavado de
activos por medio de la red
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multinacional destinada a ocultar y
redistribuir utilidades provenientes de actividades ilícitas.
Entregan restos de
joven desaparecido hace 20 años en el conflicto armado

Desde el municipio de Tibú, familiares de Claudia
Patricia Peña se trasladaron a Cúcuta para recibir los restos de la
joven, quien había sido reportada como desaparecida 20 años atrás.
Según la investigación humanitaria y extrajudicial realizada por la UBPD,
Claudia Patricia, junto con dos mujeres menores de edad, fallecieron en
acciones del conflicto armado en agosto de 2005 en La Guajira.
Posteriormente, sus cuerpos fueron dispuestos en el cementerio de San
Juan del Cesar sin el conocimiento de sus allegados.
Durante 19 años, nadie tuvo información de Claudia. La fuerte presencia
del conflicto armado en La Guajira hizo que la señora Olga y sus hijos
se desplazaran a Norte de Santander, situación que dificultaba cualquier
tipo de búsqueda. Solo hasta mayo de 2024, en el marco del proceso de
intervención al cementerio San Juan del Cesar, como parte del Plan
Regional de Búsqueda Norte del Cesar – Sur de La Guajira, y en respuesta
la medida cautelar decretada por la Jurisdicción Especial para la Paz en
este campo santo, la familia Peña recibió noticias que despejaban las
dudas acerca del paradero de su ser querido.
Así mismo, con apoyo de la Corporación Humanitaria Reencuentros,
conformada por firmantes del Acuerdo de Paz, se logró reconstruir la
historia de Claudia y por ese camino llegar a sus familiares, que desde
la época del desplazamiento vivían en Tibú, en Norte de Santander.
Sneyder Pinilla, primer
condenado por escándalo en la UNGRD: Avalaron su preacuerdo con Fiscalía

Una juez de Bogotá dio luz verde al preacuerdo firmado
entre la Fiscalía General de la Nación y Sneyder Pinilla, exsubdirector
de Desastres de la Unidad de Gestión del Riesgo, como uno de los
protagonistas del escándalo de corrupción que se originó en esa entidad.
La decisión fue adoptada por parte de la Juez Décima
Penal Especializada de Bogotá al avalar la negociación suscrita con la
Fiscalía.
Ante ello, Pinilla se convierte en el primer condenado por este
entramado de corrupción, al declararse culpable de cometer los delitos
de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado
en concurso homogéneo.
El preacuerdo contempla una rebaja en la
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pena del 45 %; es decir, una condena
de 5 años, 8 meses y un día de prisión.
Como parte del compromiso con la justicia, Sneyder
Pinilla Álvarez pidió perdón a la sociedad y a las víctimas por las
conductas realizadas, como forma simbólica de reparación del daño
causado y a no participar en actos delictivos en el futuro, siendo esta
una forma de garantía de no repetición.
Así mismo, como parte de lo pactado con la Fiscalía Sneyder Pinilla ya
consignó en el Banco Agrario la totalidad de los dineros que se apropió
en el marco de las actuaciones irregulares cometidas y las coimas que
recibió sobre los contratos y órdenes de proveedurías direccionados para
favorecer a una serie de contratistas.
Se trata de dos consignaciones realizadas por Sneyder Pinilla en el
Banco Agrario por un monto total de 618 millones de pesos, que la
Fiscalía determinó que fueron los dineros de los que se apropió de
manera irregular como uno de los protagonistas del caso de corrupción en
esa entidad.
Exintegrantes de la
fuerza pública son enviados a prisión por tráfico de armas en varias
regiones de Colombia

La Fiscalía General de la Nación logró obtener pruebas
suficientes en contra de tres exintegrantes de la fuerza pública que
formaban parte de una red criminal dedicada al tráfico de armas de fuego
y su posterior comercialización a organizaciones delincuenciales en
diferentes regiones del país.
Los detenidos fueron Jhonathan Sneyder Novoa Poveda, patrullero retirado
de la Policía Nacional, y los soldados profesionales en retiro del
Ejército Nacional, Milton Neider Rodríguez Venté y Ricardo José Núñez
Berrio.
Tras las capturas, un fiscal especializado en Organizaciones Criminales
presentó a los tres imputados ante un juez de control de garantías. A
los detenidos se les imputó el delito de concierto para delinquir
agravado con fines de enriquecimiento ilícito, aunque no aceptaron el
cargo.
Durante las investigaciones, se conoció que Novoa Poveda, aparentemente,
contactaba a uniformados en diversas instalaciones militares, quienes se
veían convencidos de sustraer fusiles, munición y accesorios de los
almacenes oficiales para venderlos posteriormente.
Por otro lado, Rodríguez Venté y Núñez Berrio, aun siendo soldados
activos, presuntamente extraían armas de fuego del Fuerte Militar de
Tolemaida, en Nilo (Cundinamarca), y de otras bases militares. Estos
armamentos eran entregados a contactos de la red ilegal, encargados de
su distribución y venta en el mercado negro.
Como resultado de las capturas, los tres procesados deberán cumplir
medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento
carcelario, mientras continúan las investigaciones en su contra.
Cabe destacar que las capturas se realizaron en el marco de diligencias
ejecutadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía,
con el apoyo de unidades de los batallones de Contrainteligencia Militar
5 y 6 del Ejército Nacional. Los operativos tuvieron lugar en las
ciudades de Valledupar (Cesar) y Villavicencio (Meta).
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