Bogotá, Colombia -Edición: 781

 Fecha: Domingo 06-04-2025

 

 

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JUDICIAL

 

 

 

Corte Suprema condena a 10 años de prisión al exgobernador del Magdalena Ómar Diazgranados

 

 

Omar Ricardo Díazgranados Velázquez, exgobernador del departamento de Magdalena, fue hallado culpable por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

De acuerdo con la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el exfuncionario fue responsable en la celebración de contratos irregulares para servicios en los colegios del departamento, durante el periodo comprendido entre agosto de 2009 y abril de 2010.

En consecuencia, Díazgranados Velázquez recibió una condena de 10 años y siete meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, agravado y lavado de activos. Cabe recordar que, durante su estancia en la gobernación del departamento del Magdalena, estableció acuerdos con el lider de la controvertida captadora DMG, David Murcia Guzmán, para adjudicar contratos públicos a empresas vinculadas con este grupo económico.

Asimismo, recibió millonarias cantidades de dinero para mover sus influencias y otorgar beneficios a los empresarios vinculados a los contratos de servicios de administración y limpieza en instituciones educativas.

Según el ente investigador, la licitación estaba llena de controversias debido a múltiples irregularidades e inconsistencias identificadas, que incluyen una planeación deficiente y presupuestos asignados sin justificación.

Entre las anomalías registradas figura el establecimiento no fundamentado de un plazo de seis meses para ejecutar las actividades y la contratación de 872 trabajadores en jornadas de 12 horas diarias, excediendo el máximo de 10 horas estipulado por la normativa de aquel entonces. Además, se destacan falencias en la estimación de riesgos y en las limitaciones puestas a la participación de candidatos con experiencia en el sector privado.

La revisión de los procedimientos reveló que los estudios preliminares presentaron incongruencias, tales como la omisión del mantenimiento de colegios y la redacción de un pliego de condiciones confuso que restringió la competencia en la licitación.

Aún cuando la empresa ganadora del contrato no fue adecuadamente evaluada y algunos requisitos del pliego se omitieron, la adjudicación se realizó. Esta serie de acciones se extendió a una modificación contractual posterior que incrementó tanto el periodo de ejecución en dos meses y veinte días como el presupuesto de $6.980 millones a $10.328 millones, sin la debida justificación.

Con esas pruebas, el alto tribunal, además de sancionar la condena que podrá cumplir desde su domicilio, impuso una multa de 12.931 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, lo inhabilitó para aspirar y ejercer cargos públicos por la próxima década.
 

En la sentencia, la Corte Suprema estableció la gravedad del uso de su posición de poder para favorecer operaciones de la captadora al mando de David Murcia Guzmán, en específico, el lavado de activos por medio de la red

 

 

 

multinacional destinada a ocultar y redistribuir utilidades provenientes de actividades ilícitas.

 

Entregan restos de joven desaparecido hace 20 años en el conflicto armado

 

 

Desde el municipio de Tibú, familiares de Claudia Patricia Peña se trasladaron a Cúcuta para recibir los restos de la joven, quien había sido reportada como desaparecida 20 años atrás.

Según la investigación humanitaria y extrajudicial realizada por la UBPD, Claudia Patricia, junto con dos mujeres menores de edad, fallecieron en acciones del conflicto armado en agosto de 2005 en La Guajira. Posteriormente, sus cuerpos fueron dispuestos en el cementerio de San Juan del Cesar sin el conocimiento de sus allegados.

Durante 19 años, nadie tuvo información de Claudia. La fuerte presencia del conflicto armado en La Guajira hizo que la señora Olga y sus hijos se desplazaran a Norte de Santander, situación que dificultaba cualquier tipo de búsqueda. Solo hasta mayo de 2024, en el marco del proceso de intervención al cementerio San Juan del Cesar, como parte del Plan Regional de Búsqueda Norte del Cesar – Sur de La Guajira, y en respuesta la medida cautelar decretada por la Jurisdicción Especial para la Paz en este campo santo, la familia Peña recibió noticias que despejaban las dudas acerca del paradero de su ser querido.

Así mismo, con apoyo de la Corporación Humanitaria Reencuentros, conformada por firmantes del Acuerdo de Paz, se logró reconstruir la historia de Claudia y por ese camino llegar a sus familiares, que desde la época del desplazamiento vivían en Tibú, en Norte de Santander.

 

Sneyder Pinilla, primer condenado por escándalo en la UNGRD: Avalaron su preacuerdo con Fiscalía

 

 

Una juez de Bogotá dio luz verde al preacuerdo firmado entre la Fiscalía General de la Nación y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Desastres de la Unidad de Gestión del Riesgo, como uno de los protagonistas del escándalo de corrupción que se originó en esa entidad.
 

La decisión fue adoptada por parte de la Juez Décima Penal Especializada de Bogotá al avalar la negociación suscrita con la Fiscalía.

Ante ello, Pinilla se convierte en el primer condenado por este entramado de corrupción, al declararse culpable de cometer los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo.

 

El preacuerdo contempla una rebaja en la

 

 

 

pena del 45 %; es decir, una condena de 5 años, 8 meses y un día de prisión.

 

Como parte del compromiso con la justicia, Sneyder Pinilla Álvarez pidió perdón a la sociedad y a las víctimas por las conductas realizadas, como forma simbólica de reparación del daño causado y a no participar en actos delictivos en el futuro, siendo esta una forma de garantía de no repetición.

Así mismo, como parte de lo pactado con la Fiscalía Sneyder Pinilla ya consignó en el Banco Agrario la totalidad de los dineros que se apropió en el marco de las actuaciones irregulares cometidas y las coimas que recibió sobre los contratos y órdenes de proveedurías direccionados para favorecer a una serie de contratistas.

Se trata de dos consignaciones realizadas por Sneyder Pinilla en el Banco Agrario por un monto total de 618 millones de pesos, que la Fiscalía determinó que fueron los dineros de los que se apropió de manera irregular como uno de los protagonistas del caso de corrupción en esa entidad.

 

Exintegrantes de la fuerza pública son enviados a prisión por tráfico de armas en varias regiones de Colombia

 

 

La Fiscalía General de la Nación logró obtener pruebas suficientes en contra de tres exintegrantes de la fuerza pública que formaban parte de una red criminal dedicada al tráfico de armas de fuego y su posterior comercialización a organizaciones delincuenciales en diferentes regiones del país.

Los detenidos fueron Jhonathan Sneyder Novoa Poveda, patrullero retirado de la Policía Nacional, y los soldados profesionales en retiro del Ejército Nacional, Milton Neider Rodríguez Venté y Ricardo José Núñez Berrio.

Tras las capturas, un fiscal especializado en Organizaciones Criminales presentó a los tres imputados ante un juez de control de garantías. A los detenidos se les imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, aunque no aceptaron el cargo.

Durante las investigaciones, se conoció que Novoa Poveda, aparentemente, contactaba a uniformados en diversas instalaciones militares, quienes se veían convencidos de sustraer fusiles, munición y accesorios de los almacenes oficiales para venderlos posteriormente.

Por otro lado, Rodríguez Venté y Núñez Berrio, aun siendo soldados activos, presuntamente extraían armas de fuego del Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo (Cundinamarca), y de otras bases militares. Estos armamentos eran entregados a contactos de la red ilegal, encargados de su distribución y venta en el mercado negro.

Como resultado de las capturas, los tres procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario, mientras continúan las investigaciones en su contra.

Cabe destacar que las capturas se realizaron en el marco de diligencias ejecutadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo de unidades de los batallones de Contrainteligencia Militar 5 y 6 del Ejército Nacional. Los operativos tuvieron lugar en las ciudades de Valledupar (Cesar) y Villavicencio (Meta).

 

 

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