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Bloqueos en planta
Gualanday afecta suministro de combustibles en Coello

Desde el pasado 7 de abril, un grupo
de personas bloquean la entrada a la estación Gualanday, ubicada en el
municipio de Coello, departamento del Tolima. Esta situación, que ya
cumple varios días, genera preocupación en el sector energético del
país, especialmente para Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, que lidera
el segmento de transporte y logística de hidrocarburos en Colombia.
Cenit expresó su rechazo al bloqueo a través de un comunicado oficial,
advirtiendo sobre las graves implicaciones que esta acción tiene tanto
para las operaciones como para el abastecimiento de combustibles en la
región. La compañía señaló que la obstrucción vulnera derechos
fundamentales como la integridad, la vida y el trabajo de su personal,
al restringir la entrada de alimentos, impedir el libre desplazamiento y
comprometer la seguridad de quienes laboran en la estación.
La estación Gualanday es parte clave de la red operativa de Cenit, que
cuenta con cerca de 9.000 kilómetros de oleoductos y poliductos, por los
cuales se transporta la mayor parte del crudo y derivados del país.
Desde allí se gestionan proyectos de mantenimiento, atención a
contingencias y tránsito de hidrocarburos de manera segura y confiable.
El bloqueo, según la empresa, paraliza estas actividades, aumentando el
riesgo de emergencias ambientales, daños en la infraestructura y
afectaciones al suministro energético regional.
La compañía reiteró su disposición al diálogo como vía para resolver el
conflicto, y exhortó a los manifestantes a permitir la libre movilidad
del personal. “Las vías de hecho que obstaculizan las labores en la
operación repercuten en consecuencias negativas para la región, el país
y la comunidad en general”, manifestó Cenit, insistiendo en la necesidad
de restablecer cuanto antes el tránsito hacia la estación.
Cenit es la segunda empresa más grande del país por nivel de utilidades
y una de las diez principales en ingresos operacionales dentro del
sector servicios. Además de operar estaciones como Gualanday, gestiona
cuatro puertos, cinco descargaderos y tres llenaderos en todo el
territorio nacional. Entre sus filiales se encuentran empresas clave
como Ocensa, Oleoducto de Colombia y ODL.
Declaran emergencia
por fiebre amarillas: Municipios más afectados

El Ministerio de Salud declaró alerta
por fiebre amarilla en municipios de los departamentos de Tolima,
Caldas, Huila y Putumayo, luego de que el Instituto Nacional de Salud
reportara incremento en los casos de la enfermedad, con al menos 22
personas fallecidas.
La declaratoria fue realizada a partir de tres puntos principales:
Municipios que presenten casos humanos de fiebre amarilla en los últimos
meses.
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Departamentos que presenten casos en
más de un municipio.
Departamentos en los que se observe un patrón de desplazamiento de la
transmisión del virus.
Ante la declaratoria, los gobernadores y alcaldes deberán activar los
planes de atención prioritaria a los ciudadanos que reporten el virus.
Petro anunció PMU ante el aumento de casos
El presidente Gustavo Petro anunció la instalación de un Puesto de Mando
Unificado (PMU) ante el aumento de casos de la enfermedad, señalando que
es el momento para probar "el nuevo modelo primario preventivo del
Gobierno Nacional.
"Se realizará PMU para detener la
expansión del virus en seres humanos", indicó.
Además, el mandatario advirtió que el país cuenta con las vacunas
suficientes para toda la población.
Exdirectivo de la
Nueva EPS niega apropiación indebida de recursos

José Fernando Cardona Uribe,
expresidente de la Nueva EPS, negó haber incurrido en apropiación
indebida de recursos públicos durante su gestión, luego de que la
Fiscalía General de la Nación le imputara cargos por presuntas
irregularidades financieras cometidas entre 2009 y principios de 2024.
Según un comunicado oficial emitido por su abogado defensor, Javier
Tamayo Perdomo, el exdirectivo rechaza las acusaciones que apuntan a un
supuesto desvío de dineros públicos. En el texto se aclara que la
presunta apropiación no fue en su favor ni en favor de terceros, sino
que los recursos quedaron dentro de la misma Nueva EPS.
“El ente acusador precisó, según el acta de la audiencia, que ‘este
delegado (el fiscal) nunca dijo que la apropiación haya sido o que haya
salido, sino que fue en favor de la misma Nueva EPS’”, señala la
defensa.
El proceso judicial se originó tras la formulación de cargos realizada
el 27 de febrero de 2025, y en audiencia posterior, la Fiscalía solicitó
medida de aseguramiento intramural, la cual fue negada el pasado 8 de
abril por el juez de garantías, quien consideró que no había solidez en
los argumentos de la Fiscalía.
La cifra en cuestión no es de 5 billones, sino de $70.500 millones
La misiva también desmiente las versiones que hablan de una apropiación
por 5 billones de pesos, señalando que la cifra que investiga la
Fiscalía corresponde a $70.500 millones, relacionados con utilidades
generadas entre 2019 y 2023, y que fueron utilizados para el pago de
deudas por servicios de salud prestados a los afiliados de la EPS.
“Tras las investigaciones hechas por la Fiscalía, ni el doctor Cardona
ni terceros se apoderaron de recursos”, enfatiza el comunicado.
Presuntos delitos imputados por la Fiscalía
La Fiscalía imputó a José Fernando Cardona los delitos de falsedad en
documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la
salud y peculado por apropiación.
Además, también fueron procesados Juan
Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Édgar Pedraza
Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio Antonio
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Peralta Núñez (exgerente de cuentas
médicas), por los mismos delitos, excepto el peculado, que sólo fue
imputado al expresidente.
La Fiscalía sostuvo que entre 2019 y 2024 se dejaron de procesar
alrededor de 14 millones de facturas emitidas por IPS contratadas por la
Nueva EPS, lo cual habría permitido el supuesto desvío de los recursos.
Defensa insiste en transparencia contable
La defensa argumenta que las facturas estaban registradas en los estados
financieros y reservas de autorizaciones, por lo que niega que haya
existido ocultamiento alguno:
“Están en el procedimiento de auditorías, en la liquidación y eso se ve
en los diferentes módulos del sistema”, aseguró el abogado.
El exdirectivo también ha manifestado su disposición permanente de
colaborar con las autoridades, desde el momento en que se enteró del
proceso, en diciembre de 2024, y asegura que continuará entregando
explicaciones cada vez que sea requerido.
Finalmente, el comunicado expresa preocupación por el uso político del
caso, en medio de una crisis estructural del sistema de salud
colombiano.
“Lamentamos profundamente que las investigaciones en curso, y no
solamente a la Nueva EPS, se utilicen como un discurso político para
sesgar las verdaderas necesidades de nuestro país”, concluye la defensa
de Cardona.
Denuncian estafas
con predios de damnificados en Mocoa

La Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD) hizo un llamado a la comunidad de Mocoa para
que no se deje engañar por personas que promueven falsas expectativas
sobre la legalización y titulación de terrenos en el predio Los
Recuerdos, ubicado en la vereda Planadas.
La Unidad rechaza y desmiente las informaciones que circulan por redes
sociales, con las que particulares buscan hacer negocio, confundir a la
población y aprovecharse de las necesidades de vivienda de quienes
permanecen en el asentamiento conocido como 7 de Agosto.
Es importante aclarar que este predio fue adquirido por el Fondo
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) – Fiduprevisora
S.A., con el objetivo de reubicar a los damnificados de la avenida
torrencial del 31 de marzo de 2017.
Dada su naturaleza de bien fiscal, este inmueble NO puede ser objeto de
adjudicación individual, ni de procesos de pertenencia o prescripción.
Así que no se deje engañar, no pierda tiempo ni dinero confiando en
promesas vacías.
Como lo han manifestado la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y
el artículo 375, numeral 4, del Código General del Proceso, los bienes
de entidades públicas son imprescriptibles. Esto quiere decir que no
pueden ser adquiridos por particulares y no procede la declaración de
pertenencia. La propiedad del Estado sobre estos terrenos no se pierde
con el paso del tiempo.
Desde la UNGRD reiteramos que ninguna persona, grupo ni empresa tiene
autorización para ofrecer, prometer o adelantar gestiones de
adjudicación o titularización sobre estos lotes. Hacerlo constituye una
falta grave y pone en riesgo el derecho de las familias damnificadas.
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