Bogotá, Colombia -Edición: 783

 Fecha: Viernes 11-04-2025

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NACIONAL

 

 

 

Bloqueos en planta Gualanday afecta suministro de combustibles en Coello

 

 

Desde el pasado 7 de abril, un grupo de personas bloquean la entrada a la estación Gualanday, ubicada en el municipio de Coello, departamento del Tolima. Esta situación, que ya cumple varios días, genera preocupación en el sector energético del país, especialmente para Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, que lidera el segmento de transporte y logística de hidrocarburos en Colombia.

Cenit expresó su rechazo al bloqueo a través de un comunicado oficial, advirtiendo sobre las graves implicaciones que esta acción tiene tanto para las operaciones como para el abastecimiento de combustibles en la región. La compañía señaló que la obstrucción vulnera derechos fundamentales como la integridad, la vida y el trabajo de su personal, al restringir la entrada de alimentos, impedir el libre desplazamiento y comprometer la seguridad de quienes laboran en la estación.

La estación Gualanday es parte clave de la red operativa de Cenit, que cuenta con cerca de 9.000 kilómetros de oleoductos y poliductos, por los cuales se transporta la mayor parte del crudo y derivados del país. Desde allí se gestionan proyectos de mantenimiento, atención a contingencias y tránsito de hidrocarburos de manera segura y confiable. El bloqueo, según la empresa, paraliza estas actividades, aumentando el riesgo de emergencias ambientales, daños en la infraestructura y afectaciones al suministro energético regional.

La compañía reiteró su disposición al diálogo como vía para resolver el conflicto, y exhortó a los manifestantes a permitir la libre movilidad del personal. “Las vías de hecho que obstaculizan las labores en la operación repercuten en consecuencias negativas para la región, el país y la comunidad en general”, manifestó Cenit, insistiendo en la necesidad de restablecer cuanto antes el tránsito hacia la estación.

Cenit es la segunda empresa más grande del país por nivel de utilidades y una de las diez principales en ingresos operacionales dentro del sector servicios. Además de operar estaciones como Gualanday, gestiona cuatro puertos, cinco descargaderos y tres llenaderos en todo el territorio nacional. Entre sus filiales se encuentran empresas clave como Ocensa, Oleoducto de Colombia y ODL.

 

Declaran emergencia por fiebre amarillas: Municipios más afectados

 

 

El Ministerio de Salud declaró alerta por fiebre amarilla en municipios de los departamentos de Tolima, Caldas, Huila y Putumayo, luego de que el Instituto Nacional de Salud reportara incremento en los casos de la enfermedad, con al menos 22 personas fallecidas.

La declaratoria fue realizada a partir de tres puntos principales:

Municipios que presenten casos humanos de fiebre amarilla en los últimos meses.

 

 

 

Departamentos que presenten casos en más de un municipio.

Departamentos en los que se observe un patrón de desplazamiento de la transmisión del virus.

Ante la declaratoria, los gobernadores y alcaldes deberán activar los planes de atención prioritaria a los ciudadanos que reporten el virus.

Petro anunció PMU ante el aumento de casos

El presidente Gustavo Petro anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) ante el aumento de casos de la enfermedad, señalando que es el momento para probar "el nuevo modelo primario preventivo del Gobierno Nacional.

 

"Se realizará PMU para detener la expansión del virus en seres humanos", indicó.

Además, el mandatario advirtió que el país cuenta con las vacunas suficientes para toda la población.

 

Exdirectivo de la Nueva EPS niega apropiación indebida de recursos

 

 

José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS, negó haber incurrido en apropiación indebida de recursos públicos durante su gestión, luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara cargos por presuntas irregularidades financieras cometidas entre 2009 y principios de 2024.

Según un comunicado oficial emitido por su abogado defensor, Javier Tamayo Perdomo, el exdirectivo rechaza las acusaciones que apuntan a un supuesto desvío de dineros públicos. En el texto se aclara que la presunta apropiación no fue en su favor ni en favor de terceros, sino que los recursos quedaron dentro de la misma Nueva EPS.

“El ente acusador precisó, según el acta de la audiencia, que ‘este delegado (el fiscal) nunca dijo que la apropiación haya sido o que haya salido, sino que fue en favor de la misma Nueva EPS’”, señala la defensa.

El proceso judicial se originó tras la formulación de cargos realizada el 27 de febrero de 2025, y en audiencia posterior, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural, la cual fue negada el pasado 8 de abril por el juez de garantías, quien consideró que no había solidez en los argumentos de la Fiscalía.

La cifra en cuestión no es de 5 billones, sino de $70.500 millones

La misiva también desmiente las versiones que hablan de una apropiación por 5 billones de pesos, señalando que la cifra que investiga la Fiscalía corresponde a $70.500 millones, relacionados con utilidades generadas entre 2019 y 2023, y que fueron utilizados para el pago de deudas por servicios de salud prestados a los afiliados de la EPS.

“Tras las investigaciones hechas por la Fiscalía, ni el doctor Cardona ni terceros se apoderaron de recursos”, enfatiza el comunicado.

Presuntos delitos imputados por la Fiscalía

La Fiscalía imputó a José Fernando Cardona los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación.
 

Además, también fueron procesados Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Édgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio Antonio

 

 

 

Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas), por los mismos delitos, excepto el peculado, que sólo fue imputado al expresidente.

La Fiscalía sostuvo que entre 2019 y 2024 se dejaron de procesar alrededor de 14 millones de facturas emitidas por IPS contratadas por la Nueva EPS, lo cual habría permitido el supuesto desvío de los recursos.


Defensa insiste en transparencia contable

La defensa argumenta que las facturas estaban registradas en los estados financieros y reservas de autorizaciones, por lo que niega que haya existido ocultamiento alguno:

“Están en el procedimiento de auditorías, en la liquidación y eso se ve en los diferentes módulos del sistema”, aseguró el abogado.

El exdirectivo también ha manifestado su disposición permanente de colaborar con las autoridades, desde el momento en que se enteró del proceso, en diciembre de 2024, y asegura que continuará entregando explicaciones cada vez que sea requerido.

Finalmente, el comunicado expresa preocupación por el uso político del caso, en medio de una crisis estructural del sistema de salud colombiano.

“Lamentamos profundamente que las investigaciones en curso, y no solamente a la Nueva EPS, se utilicen como un discurso político para sesgar las verdaderas necesidades de nuestro país”, concluye la defensa de Cardona.

 

Denuncian estafas con predios de damnificados en Mocoa

 

 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hizo un llamado a la comunidad de Mocoa para que no se deje engañar por personas que promueven falsas expectativas sobre la legalización y titulación de terrenos en el predio Los Recuerdos, ubicado en la vereda Planadas.

La Unidad rechaza y desmiente las informaciones que circulan por redes sociales, con las que particulares buscan hacer negocio, confundir a la población y aprovecharse de las necesidades de vivienda de quienes permanecen en el asentamiento conocido como 7 de Agosto.

Es importante aclarar que este predio fue adquirido por el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) – Fiduprevisora S.A., con el objetivo de reubicar a los damnificados de la avenida torrencial del 31 de marzo de 2017.

Dada su naturaleza de bien fiscal, este inmueble NO puede ser objeto de adjudicación individual, ni de procesos de pertenencia o prescripción. Así que no se deje engañar, no pierda tiempo ni dinero confiando en promesas vacías.

Como lo han manifestado la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el artículo 375, numeral 4, del Código General del Proceso, los bienes de entidades públicas son imprescriptibles. Esto quiere decir que no pueden ser adquiridos por particulares y no procede la declaración de pertenencia. La propiedad del Estado sobre estos terrenos no se pierde con el paso del tiempo.

Desde la UNGRD reiteramos que ninguna persona, grupo ni empresa tiene autorización para ofrecer, prometer o adelantar gestiones de adjudicación o titularización sobre estos lotes. Hacerlo constituye una falta grave y pone en riesgo el derecho de las familias damnificadas.

 

 

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