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Bogotá, Colombia -Edición: 786

Fecha: Viernes 18-04-2025

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		NACIONAL

Gobierno declara emergencia sanitaria en nueve departamentos por fiebre amarilla

Colombia enfrenta una nueva alerta sanitaria. En las últimas horas, el Gobierno Nacional declaró emergencia económica y sanitaria por el aumento preocupante de casos de fiebre amarilla, una enfermedad prevenible pero altamente letal que ya deja 75 contagios confirmados y 34 muertes en lo que va del año.

Tolima se ha convertido en el epicentro del brote, con 59 casos y 23 fallecimientos, seguido por Putumayo con 7 casos y 5 muertes. También se han reportado contagios en Nariño, Caquetá, Huila, Vaupés, Cauca, Meta y Caldas, sumando nueve departamentos afectados. En ocho de ellos se han registrado defunciones, lo que eleva la tasa de letalidad a un alarmante 45,3 %.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados, y en Colombia ya ha causado estragos en varias regiones, especialmente aquellas con difícil acceso a servicios médicos. En su fase inicial, puede confundirse con una simple gripa: fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Sin embargo, en pocos días puede escalar a síntomas graves como vómito, diarrea, ictericia y hemorragias, especialmente en personas no vacunadas.

Frente al avance del brote, el Ministerio de Salud hizo un llamado urgente a la vacunación. “Estamos intensificando las acciones para proteger a toda la población, especialmente en zonas de alto riesgo. Nuestros equipos están desplegados en todo el país”, aseguró el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. La vacuna, que es gratuita y de una sola dosis, debe aplicarse al menos 10 días antes de ingresar a zonas de riesgo.

El llamado del Gobierno es claro: la prevención es la mejor defensa. En medio de un panorama donde las cifras siguen en aumento y el virus circula en zonas vulnerables, la vacunación masiva se convierte en una prioridad nacional. La fiebre amarilla, que parecía controlada, vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta del sistema de salud colombiano.

Colombia aprieta el cinturón: Ingresos estancados y gasto sin freno, advierte informe del CARF

La caja del Estado colombiano atraviesa una etapa crítica. Así lo revela el más reciente informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que pone en evidencia una creciente distancia entre los ingresos del país y su nivel de gasto. Con un déficit primario a febrero de 0,9 % del PIB —muy por encima del objetivo de 0,2 %—, la alerta está encendida.

Aunque el recaudo tributario presentó un leve crecimiento del 6,2 % frente al mismo periodo de 2024, en términos reales este apenas rozó el 0,9 % debido al efecto de la inflación. La DIAN ha recogido $49,4 billones, pero esa cifra solo representa el 15,3 % de la meta de $323,9 billones para este año. Si el ritmo no mejora, el país podría cerrar el año con un agujero fiscal difícil de tapar.

El panorama se vuelve más complejo al revisar el gasto público. De los $68,6 billones desembolsados a marzo, el 80 % se ha destinado a funcionamiento: sueldos, mantenimiento del aparato estatal y pagos corrientes. Es decir, el Estado está destinando la mayoría de sus recursos a sostenerse, más que a impulsar el desarrollo.

Preocupa especialmente el aumento en el pago de intereses de la deuda, que ya representa el 29,8 % del recaudo neto. En plata blanca: por cada 100 pesos que ingresan a las arcas públicas, casi 30 se destinan a saldar deudas... sin reducir el capital.

Mientras tanto, la inversión pública —la que permite construir carreteras, mejorar la educación o fortalecer la salud— sigue rezagada. Aunque ha mejorado el ritmo de compromisos del Presupuesto General, el flujo real de desembolsos sigue siendo inferior al necesario para dinamizar la economía.

La deuda, por su parte, no da tregua. Según el Banco de la República, el saldo bruto llegó al 60,7 % del PIB, con un cambio de tendencia: crece la deuda interna mientras se reduce la externa. Incluso, el Gobierno emitió recientemente bonos por US$3.800 millones, la mayor emisión de su historia, con el objetivo de financiar el presupuesto de 2025.

Pero la advertencia es clara: el margen fiscal está al límite. Ya hay una diferencia de $7,6 billones entre lo apropiado y lo realmente pagado en el presupuesto, y las obligaciones heredadas siguen drenando recursos antes de que llegue dinero fresco.

En medio de la incertidumbre global y las amenazas comerciales como los nuevos aranceles de EE.UU., el país camina por una cuerda floja. Y sin un plan fiscal robusto, cualquier movimiento en falso puede costar caro.

Cauca bajo fuego: ONU condena nueva ola de violencia en el suroccidente del país

Una nueva escalada de violencia sacudió al departamento del Cauca en menos de 24 horas, dejando dos personas muertas, varios heridos y comunidades enteras sumidas en el temor. La situación ha generado un contundente pronunciamiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, que expresó su rechazo ante los atentados y pidió respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El primer ataque se registró el miércoles en el corregimiento de Mondomo, a orillas de la vía Panamericana. La explosión causó la muerte de una persona, múltiples heridos y severos daños a bienes civiles, alterando por completo la cotidianidad de una zona clave para la movilidad y el comercio en el suroccidente colombiano.

Los otros dos atentados ocurrieron el martes en Santander de Quilichao. Uno de ellos cobró la vida de un contratista de la Compañía Eléctrica de Occidente, mientras que otras dos personas resultaron lesionadas. Las detonaciones también

afectaron gravemente la infraestructura local, incluyendo redes eléctricas y edificaciones comunitarias, lo que dejó a varios sectores sin servicios básicos.

La ONU, a través de un comunicado, hizo un llamado directo a los actores armados ilegales para que cesen los ataques contra la población civil y recordó que este tipo de acciones están prohibidas por el DIH. También expresó su solidaridad con las víctimas y las comunidades afectadas, muchas de las cuales ya han sido golpeadas durante años por la persistencia del conflicto armado en la región.

Los atentados se producen en un contexto especialmente delicado para la política de “paz total” del Gobierno Nacional, en momentos donde se intensifican las disputas territoriales entre grupos armados ilegales en el Cauca.

Mientras la incertidumbre crece entre la población, la ONU instó a las autoridades colombianas a actuar con prontitud, investigar los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Una tarea urgente en una región que, una vez más, clama por paz.

Gobierno pone fin al cese al fuego con disidencias de alias Calarcá, pero mantiene abierta la puerta al diálogo

El Gobierno Nacional decidió no renovar el cese al fuego con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las FARC liderada por alias Calarcá, pese a que ambas partes habían pactado una extensión. La medida, anunciada oficialmente el 16 de abril por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, marca un giro en la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro.

Con la expiración del cese a la medianoche del 15 de abril, quedaron sin efecto los beneficios jurídicos otorgados a los integrantes del EMBF que participaban en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Esto significa que las órdenes de captura vuelven a estar vigentes, incluyendo las de figuras clave como el propio alias Calarcá, detenido el año pasado en Antioquia mientras se movilizaba en una caravana de la Unidad Nacional de Protección.

A pesar de la decisión, el Gobierno enfatizó que no se rompe el proceso de paz. Los delegados del grupo armado seguirán siendo reconocidos como interlocutores en la mesa de diálogo, y se activaron los protocolos para una terminación ordenada del cese, con un plazo de 72 horas para que ambas partes se reubiquen y adopten medidas de seguridad.

Este era el último cese al fuego activo dentro del esquema de paz total, por lo que su fin deja al país sin treguas vigentes con grupos armados. El cese había sido modificado recientemente para aplicarse por bloques regionales, en un intento de controlar abusos y violaciones al acuerdo, como la expansión territorial de estructuras ilegales y el fortalecimiento de economías ilícitas.

Según denuncias recientes, frentes como el 36 y el 34 del EMBF habrían aprovechado la tregua para desplegarse en nuevos territorios y consolidar su control. En algunos casos, miembros del grupo fueron capturados portando armamento, pero liberados posteriormente al acogerse a su estatus dentro del proceso de paz.

El Gobierno enfrenta ahora el desafío de continuar el diálogo sin tregua, en medio de un contexto de creciente tensión territorial y presión por resultados concretos. La paz, parece, sigue siendo una tarea en construcción.

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