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Nueva autoridad
de transporte entra en operación en el corredor Bogotá–Soacha

Desde el pasado 16 de abril comenzó a operar oficialmente la
Agencia Regional de Movilidad (ARM), un nuevo actor en la
gestión del transporte entre Bogotá y Soacha. Aunque su nombre
puede sonar técnico, su impacto será muy concreto para los miles
de ciudadanos que a diario transitan por este congestionado
corredor del sur de la capital.
La ARM, creada por la Ley 2199 de 2022 en el marco de la Región
Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, se convierte en la autoridad
encargada de regular el transporte intermunicipal de pasajeros
en ese tramo. A diferencia de las tradicionales secretarías de
movilidad de Bogotá, Cundinamarca y los municipios, esta nueva
entidad tiene la tarea específica de definir las tarifas,
frecuencias y horarios del transporte que conecta ambas
ciudades.
“El objetivo es simplificar los trámites y evitar la duplicidad
de funciones entre entidades. Ahora los operadores de transporte
realizarán sus gestiones directamente con la Agencia”, explicó
Clara Márquez Vásquez, directora encargada de la ARM. Esto
incluye desde la habilitación de vehículos hasta la expedición
de la documentación requerida para operar.
Hasta hace poco, estas tareas estaban a cargo del Ministerio de
Transporte. Sin embargo, con la entrada en funciones de la
Agencia, la administración del corredor entra en una nueva
etapa. A pesar de esto, durante los próximos tres meses el
Ministerio seguirá prestando apoyo técnico mientras la ARM
culmina su proceso de adecuación tecnológica.
Aunque los cambios administrativos ya se pusieron en marcha,
para los usuarios el servicio de transporte sigue siendo el
mismo. “No hemos alterado rutas ni horarios porque primero
queremos garantizar la continuidad del servicio. La idea es que
la transición no afecte a los pasajeros ni a los operadores”,
afirmó Luis Lota, director de la Región Metropolitana.
En paralelo, la ARM avanza en un estudio de movilidad que
concluirá en septiembre, con el que se espera modernizar el
parque automotor. El foco está en sustituir los microbuses y
busetas de Soacha que aún funcionan con combustibles fósiles,
para que se alineen con el modelo de tecnologías limpias del
SITP de Bogotá.
Esta nueva autoridad, además, participará en la coordinación de
medidas como el pico y placa regional, aunque no tiene
competencia directa sobre el transporte de carga, que sigue
siendo responsabilidad del Gobierno nacional.
Con este paso, Bogotá y Soacha dan un primer gran avance hacia
una movilidad más integrada y eficiente en uno de los corredores
más críticos de la capital.
Comunidades
indígenas se retiran de la Universidad Nacional tras jornada de
movilización

Luego de varios días de permanencia en la sede de la Universidad
Nacional, las comunidades indígenas participantes de la Minga
Indígena Nacional se retiraron del campus el pasado 3 de mayo,
tras haber ocupado temporalmente algunos edificios y espacios
deportivos como parte de su movilización pacífica en la capital.
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La Vicerrectoría de Sede, en
cabeza de Carolina Jiménez Martín, confirmó el retiro de las
delegaciones, agradeciendo a todos los miembros de la comunidad
universitaria que contribuyeron a garantizar una estancia segura
y digna para los visitantes. “Agradecemos el trabajo de todas
las personas que hicieron posible acoger en condiciones dignas a
la población indígena, así como la solidaridad y hospitalidad
expresada por la comunidad universitaria”, expresó Jiménez.
Durante su paso por la universidad, las comunidades fueron
acompañadas y apoyadas por estudiantes, docentes y personal
administrativo, quienes ofrecieron respaldo logístico y humano.
Según la institución, este encuentro no solo fue una muestra de
respeto y convivencia, sino también un espacio de aprendizaje
mutuo.
Más allá de la ocupación física de algunos espacios, la
presencia de la Minga fue valorada como un ejercicio de diálogo
intercultural. Se llevaron a cabo actividades culturales,
encuentros simbólicos y espacios de reflexión que enriquecieron
el ambiente académico con los saberes tradicionales de los
pueblos indígenas.
El retiro se dio sin
contratiempos, y fue resaltado por su orden y organización. Con
ello, culmina una etapa significativa de expresión social y
pacífica dentro del campus universitario, que dejó huella en la
comunidad educativa y reafirmó el carácter plural e inclusivo de
la Universidad Nacional.
Diez barrios en
Bogotá muestran una notable reducción de hurtos

En medio del debate sobre la seguridad en Bogotá, una noticia
alentadora emerge: diez barrios de la ciudad registran una
disminución significativa en los casos de hurto a personas,
reflejo de un trabajo articulado entre la ciudadanía y las
autoridades. Esta reducción no solo mejora las cifras, sino que
empieza a transformar la percepción de seguridad en varios
sectores de la capital.
Teusaquillo encabeza la lista con 355 denuncias menos en lo
corrido del año. Le siguen barrios como Chapinero Alto, San
Diego, La Paz Centro, Chapinero Central y Barrios Unidos, todos
con reducciones superiores a las 200 denuncias. Kennedy Central,
Engativá, Galerías y Las Nieves también figuran en este grupo,
consolidando una tendencia positiva.
Según el teniente coronel Óscar Javier Rodríguez, comandante de
la estación de Policía de Chapinero, la clave ha sido
personalizar las estrategias: desde patrullajes en bicicleta
—los llamados biciterritorios— hasta operativos específicos en
zonas de alta afluencia, como restaurantes y centros
comerciales. “Nos enfocamos en mitigar el impacto del delito con
planes de desarme, control de taxis y burbujas operacionales que
reaccionan rápidamente”, explicó.
Un ejemplo claro del impacto de estas acciones es Kennedy
Central. Aunque históricamente ha enfrentado problemas como
microtráfico y homicidios, hoy los comerciantes celebran una
baja en los hurtos. Laura Arboleda, propietaria de un local
comercial en la zona, relató cómo se organizaron para enfrentar
la inseguridad: “Creamos un Frente de Seguridad con apoyo de la
Policía comunitaria y ahora hasta hemos logrado recuperar
vehículos robados gracias a la coordinación vecinal”.
Estos frentes de seguridad han cobrado protagonismo en Bogotá.
Actualmente, hay más de 1.900 frentes activos, con más de 46.000
ciudadanos vinculados. Localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy
y Engativá lideran esta iniciativa, demostrando que la
organización ciudadana se consolida como un actor clave en la
lucha contra el crimen.
Hasta el 20 de abril, se han realizado 2.189 capturas por hurto
en la ciudad, varias de ellas en flagrancia y otras por órdenes
judiciales. Si bien aún hay desafíos por enfrentar, los avances
en estos diez barrios muestran que, cuando la comunidad y la
autoridad trabajan de la mano, los resultados pueden ser
contundentes.
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ANT y comunidades indígenas logran avances
en acuerdo por formalización de territorios

En medio
de tensiones y bloqueos por parte de integrantes de la minga indígena,
la Agencia Nacional de Tierras (ANT) logró un avance clave en el proceso
de formalización de territorios ancestrales. La situación se vivió el
pasado viernes 2 de mayo, cuando miembros de las comunidades impidieron
la entrada y salida de funcionarios de la ANT y de la Agencia de
Desarrollo Rural en Bogotá, tras una reunión fallida sobre proyectos
productivos.
Sin embargo, mientras se desarrollaba esta protesta, en paralelo se
llevaba a cabo un encuentro entre representantes de la minga, el
Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas
y la ANT. Como resultado, se acordó la modificación de siete artículos
del Decreto 2164 de 1995, una medida que busca dinamizar los procesos de
formalización territorial para los pueblos indígenas.
Uno de los puntos más importantes del acuerdo es reducir los tiempos que
transcurren entre la solicitud de formalización y la apertura de los
expedientes, lo cual permitirá programar más rápidamente las visitas de
campo, elaborar estudios socioeconómicos y jurídicos, y expedir los
actos administrativos que dan vida legal a la creación o ampliación de
los territorios indígenas.
Según voceros de la ANT, estos avances corresponden al punto número
cinco del pliego de peticiones que la minga entregó al gobierno del
presidente Gustavo Petro. La entidad reafirmó su compromiso con los
derechos territoriales de las comunidades indígenas, una causa
históricamente postergada.
Los manifestantes comenzaron a llegar a Bogotá desde el 26 de abril para
participar en las movilizaciones del Día del Trabajo y en el acto
político del presidente Petro, quien ese día presentó su consulta
popular ante el Congreso. El retorno de algunas delegaciones hacia sus
territorios de origen se inició el 1° de mayo en horas de la tarde.
Con este nuevo paso, el diálogo entre el Gobierno Nacional y las
comunidades indígenas parece retomar fuerza, pese a las tensiones
iniciales vividas durante la jornada.
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