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Alcaldes del Chocó
claman por la liberación de Arnold Rincón
A medida que pasan los días, crece la angustia en el
departamento del Chocó por la desaparición de Arnold Rincón, director de
Codechocó, retenido por un grupo armado desde hace ya más de dos
semanas. Su ausencia ha generado un profundo vacío institucional y una
ola de solidaridad que el jueves 8 de mayo se hizo sentir con fuerza en
Cartagena, durante el Congreso Nacional de Municipios, encabezado por el
presidente Gustavo Petro.
Con camisetas blancas estampadas con la imagen de Rincón y rostros
marcados por la preocupación, los alcaldes de los 31 municipios
chocoanos alzaron la voz de manera unánime para exigir su regreso con
vida. El clamor no fue solo simbólico: se trató de un llamado urgente en
defensa de la vida, la institucionalidad y la paz en un territorio
históricamente golpeado por el abandono y la violencia.
“Los alcaldes y alcaldesas del Chocó al unísono clamaron por la libertad
y la vida de Arnold Rincón”, publicó la gobernadora Nubia Carolina
Córdoba-Curi en su cuenta de X, reflejando el sentimiento colectivo que
se vivió en el evento. Córdoba aprovechó el encuentro para advertir
sobre la crítica situación de seguridad que atraviesa el departamento,
afectado por la presencia de grupos armados ilegales que han
intensificado sus acciones en los últimos meses.
El secuestro de Rincón ocurrió el pasado 26 de abril en la vía que
conecta Istmina con Quibdó, una zona que ha sido testigo recurrente de
acciones violentas. Según testigos, hombres armados lo interceptaron y
lo llevaron a un lugar conocido como Rancherías. Durante el hecho, uno
de los escoltas del funcionario resultó herido, lo que evidencia el
nivel de riesgo al que están expuestos quienes trabajan en defensa del
medio ambiente y el interés público.
Hasta la fecha, no se ha confirmado qué grupo armado es responsable de
su desaparición ni se ha establecido contacto con sus captores. La
incertidumbre duele y desespera a sus familiares, amigos y colegas,
quienes temen por su integridad física y emocional.
El caso ha encendido las alarmas a nivel nacional. Desde Cundinamarca,
Alfredo Ignacio Ballesteros, director de la CAR, expresó su indignación
ante el hecho, resaltando la labor de Rincón como un defensor incansable
de uno de los territorios más biodiversos del país. “Es inadmisible que
quienes protegen nuestros recursos naturales terminen siendo blanco de
organizaciones criminales”, declaró.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, también se sumó al clamor. En un
mensaje emitido en redes sociales, afirmó: “Nuestra institucionalidad no
puede dejarles solos. Acompañamos el clamor del Chocó, un pueblo digno
que reclama paz frente a actores indolentes”.
Mientras tanto, en el Pacífico colombiano la esperanza se mantiene viva.
Las voces que exigen la libertad de Arnold Rincón no cesan, y con ellas,
una súplica compartida: que este no sea otro nombre que se sume a la
larga lista de víctimas del conflicto. Porque detrás de cada
funcionario, hay una familia, una comunidad y un territorio que resiste.
Petro lanza advertencia
al ELN pero deja abierta la puerta para la paz
En medio de una región marcada por la violencia y el
conflicto armado, el presidente Gustavo Petro envió el viernes pasado un
mensaje contundente pero esperanzador al Ejército de Liberación Nacional
(ELN): aún tienen una oportunidad para sumarse a la paz, siempre que
renuncien definitivamente al narcotráfico.
Desde Ocaña, en el corazón del convulso Norte de
Santander, el mandatario presidió la inauguración de unas jornadas
deportivas escolares, pero su discurso pronto giró hacia la difícil
situación de seguridad que vive la región del Catatumbo, un territorio
asediado
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por la guerra entre el ELN y disidencias de las FARC por
el control de las rutas del narcotráfico hacia Venezuela.
“Aún tienen una oportunidad. Yo no cierro las puertas”, expresó Petro
ante una multitud que lo escuchaba con atención. Su mensaje, sin
embargo, no fue condescendiente. Dejó claro que esa posibilidad se
esfuma con cada acto de violencia y con cada vínculo que fortalecen con
estructuras del narcotráfico, particularmente las dominadas por carteles
mexicanos.
La tensión con el ELN ha aumentado significativamente en
lo que va de 2025. Paros armados, desplazamientos forzados y una
creciente crisis humanitaria en Chocó y Catatumbo han puesto en duda la
voluntad real de esa guerrilla para avanzar en los diálogos. No
obstante, el presidente se niega a cerrar la puerta por completo.
“Entre más sangre tengan en la espalda y en el corazón,
más difícil será. Pero la oportunidad todavía existe. No es moviendo
cocaína como se construye la paz”, reiteró Petro, en un tono que mezcló
advertencia con llamado a la reflexión. Y fue más allá: criticó que el
ELN haya perdido autonomía al someterse a intereses extranjeros,
señalando directamente a los carteles mexicanos como los verdaderos
beneficiarios de esa guerra.
El jefe de Estado lamentó también que esta situación represente una
pérdida de soberanía para Colombia, e incluso para Venezuela, al otro
lado de la frontera. Aprovechó para volver a plantear su idea de una
integración regional basada en los pueblos, “no en la imposición, no con
fusiles, sino con proyectos comunes”.
Petro evocó los ideales del sacerdote guerrillero Camilo Torres
Restrepo, uno de los fundadores del ELN, al afirmar que la organización
aún puede aportar al país, pero no desde la guerra, sino desde la paz:
“Eso ya no es una rendición. Es revolucionario construir desde la paz,
no desde la violencia del narcotráfico”.
La jornada, que llevaba por nombre “Juntos por la transformación del
Catatumbo”, también sirvió de escenario para que el presidente lanzara
fuertes acusaciones contra el excanciller Álvaro Leyva. Según Petro, el
exfuncionario sostuvo reuniones con el ELN y otros actores en Caracas,
pero no para promover la paz, sino para desestabilizar su gobierno. “Lo
hizo por rabia de oligarca”, dijo, al tiempo que aseguró que su viaje a
Venezuela en agosto de 2024 tuvo un objetivo político oscuro: “tumbar al
presidente”.
Con un país expectante y una región en crisis, el mensaje de Petro
mezcla firmeza y oportunidad. La paz con el ELN parece más lejana que
nunca, pero, según él, aún no está fuera del alcance. ¿Responderá el ELN
al llamado? La historia, como tantas veces en Colombia, sigue
escribiéndose en medio de la incertidumbre.
Tres años sin Marcelo
Pecci: El grito silenciado de una viuda que aún no halla justicia
Han pasado tres años desde aquel 10 de mayo de 2022 en
que el fiscal paraguayo Marcelo Pecci fue asesinado a sangre fría en una
playa privada de Barú, mientras disfrutaba de su luna de miel junto a su
esposa, la periodista Claudia Aguilera. Un crimen que conmocionó a
Paraguay, Colombia y al mundo entero. Hoy, su memoria sigue viva en la
voz quebrada de quien lo amó, pero también en la herida abierta de una
justicia que no llega.
Claudia rompió el silencio con una carta estremecedora, donde entre
líneas de amor y rabia se dibuja el retrato de una viuda marcada por el
miedo, la decepción institucional y la soledad. “Te escribo estas líneas
sin tener el coraje para leerlas en voz alta”, comienza, en un intento
desesperado por hablarle al esposo que no volverá y al hijo que quedó
sin padre.
Pecci fue ejecutado con precisión quirúrgica por dos sicarios que
llegaron en moto acuática a la playa del hotel Decameron. Tres disparos,
uno en el rostro, pusieron fin a la vida de uno de los fiscales más
comprometidos en la lucha contra el narcotráfico en América Latina. En
aquel instante, Claudia ya sabía que estaban esperando un hijo. “Deseo
protegerlo de todo lo malo que le tocó vivir a nuestra familia”,
escribió, dejando ver el peso de una maternidad que ha tenido que
afrontar entre la pena y el temor.
A pesar de las capturas realizadas —incluyendo a los
sicarios y a varios implicados en la logística del crimen—, el caso
sigue sin resolverse del todo. El principal interrogante sigue sin
respuesta:
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¿quién ordenó el asesinato? La muerte de Francisco Luis
Correa Galeano, testigo clave en el proceso, asesinado en enero de este
año dentro de la cárcel La Picota, dejó al caso sin una pieza central.
Aguilera, en su carta, lanza duras críticas al Ministerio
Público, institución que su esposo representó con entrega. “Te pido
perdón, Marcelo, por esta sociedad decadente... por la inacción de tus
pares de la Fiscalía, que solo usan tu nombre para reivindicar valores
que no los representan”, escribió con un tono de impotencia que refleja
el abandono institucional que dice sentir.
El caso Pecci se ha convertido en un símbolo de los
límites de la justicia cuando se enfrenta a estructuras criminales de
gran poder. Según las autoridades, el crimen fue orquestado por los
hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, quienes habrían pagado $1.500
millones para ejecutar el atentado. La operación, planeada desde
Medellín, contó con infiltrados dentro del hotel y fue ejecutada sin que
la seguridad del lugar notara algo sospechoso.
A tres años del asesinato, ni Claudia Aguilera ni la madre de Marcelo,
Maricel Albertini, tienen claro quién fue el verdadero autor intelectual
del crimen. La incertidumbre, el dolor y la frustración siguen vivos.
Mientras tanto, el nombre de Marcelo Pecci permanece, para muchos, como
un faro apagado por el crimen organizado. Para Claudia, es también una
herida que aún no cierra. “Perdóname por ya no creer en la justicia”,
concluye.
Comandos de la Frontera
niegan ataque en Ecuador y reafirman compromiso con la paz
En medio de una creciente tensión diplomática entre
Colombia y Ecuador, la organización armada Comandos de la Frontera negó
el sábado 10 de mayo su participación en el ataque que dejó once
militares muertos en la provincia ecuatoriana de Orellana. A través de
un comunicado público, el grupo aseguró que no realiza acciones fuera
del territorio colombiano y rechazó los señalamientos del Ejército
ecuatoriano.
“Nos deslindamos totalmente de los lamentables hechos que han ocurrido
en el vecino país”, afirmaron. El grupo, que hace parte de la
Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) —estructura con la que
el Gobierno de Gustavo Petro sostiene uno de los procesos de diálogo más
avanzados dentro de su política de “paz total”— insistió en que su
accionar armado se limita a Colombia y que mantienen un compromiso
explícito de no operar fuera de sus fronteras.
En su declaración, también apuntaron hacia otras posibles causas del
atentado, sugiriendo que podrían ser bandas criminales ecuatorianas las
responsables. “El territorio ecuatoriano atraviesa una grave crisis por
la proliferación de grupos armados delincuenciales como Los Choneros,
Los Lobos y Los Tiguerones. Esta acción puede estar relacionada con
ellos”, aseguraron.
El pronunciamiento se da en un momento clave para el proceso de paz con
la CNEB, que ha sido hasta ahora uno de los diálogos más estables que
adelanta la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Desde 2023, esta
organización ha sostenido reuniones formales con el Estado colombiano,
con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo definitivo que permita
desactivar uno de los focos armados en regiones estratégicas como
Putumayo, Caquetá, Nariño y Amazonas.
La acusación desde Ecuador, sin embargo, representa un riesgo para la
continuidad de ese proceso. Aunque la versión del grupo niega cualquier
participación, el Gobierno colombiano se ha visto obligado a activar sus
canales diplomáticos y de verificación.
“Reafirmamos que no desarrollamos acciones ofensivas contra las fuerzas
militares colombianas ni contra las de países vecinos”, indicaron en su
comunicado, al tiempo que lamentaron la muerte de los soldados
ecuatorianos.
La situación ha encendido las alarmas en ambos países. Mientras Ecuador
exige resultados concretos y explicaciones claras, en Colombia crece la
presión para demostrar avances reales en los procesos de paz y en la
contención del conflicto armado, especialmente en zonas limítrofes donde
los grupos armados se disputan el control de economías ilegales.
Por ahora, la continuidad del diálogo con la CNEB pende de un hilo, y la
relación bilateral entre Bogotá y Quito enfrenta una nueva prueba de
fuego.
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