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contratada por la CAR—, señalando deficiencias metodológicas que ponen en duda su validez científica.

Mientras tanto, el alcalde local Juan Carlos Hernández expresó su preocupación por la creciente presión urbanística sobre La Calera, que ha intensificado la escasez del recurso. Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a equilibrar los derechos de uso del agua con la conservación del recurso, y resaltó la división interna del municipio respecto al proyecto.

Cerca de 3.000 personas se inscribieron para intervenir, reflejando la magnitud del debate. Aunque al cierre de esta edición aún no se ha tomado una decisión definitiva, el mensaje de la ciudadanía es claro: el agua no es solo un recurso económico, es un bien vital que debe protegerse, especialmente en tiempos de crisis climática.

Veto de EE.UU. a proyectos chinos en Colombia sacude confianza en el metro de Bogotá

La reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de vetar el financiamiento de proyectos chinos en Colombia, a través de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), ha encendido las alarmas en Bogotá. Esto, debido a la participación de firmas chinas en el consorcio encargado de construir la primera línea del metro de la ciudad.

El anuncio coincidió con la visita del presidente Gustavo Petro a China y fue difundido por la Oficina para Asuntos de Latinoamérica del Departamento de Estado. La entidad fue clara al señalar que los contribuyentes estadounidenses no deben subsidiar compañías controladas por el gobierno chino. Sin embargo, desde la Alcaldía de Bogotá y la Empresa Metro de Bogotá (EMB) han llamado a la calma.

En un comunicado conjunto, ambas entidades aseguraron que el BID y el BM reafirmaron recientemente su compromiso con la capital, tanto para la ejecución de la primera línea como para el proceso licitatorio de la segunda. “Bogotá cuenta con todo el soporte financiero que el proyecto necesita para continuar ejecutándose”, afirmaron.

Actualmente, la primera línea del metro, en manos del consorcio Metro Línea 1 —integrado por las firmas chinas CHEC y Xi’an Rail Transportation Group—, avanza con financiación multilateral que también incluye al Banco Europeo de Inversiones. Esta línea debe estar lista en marzo de 2028, y según la EMB, los desembolsos y la supervisión continúan sin contratiempos.

Los expertos en transporte Andrés Escobar, exgerente de la EMB, y Darío Hidalgo, respaldan esta visión. Escobar señaló que la decisión estadounidense podría impactar proyectos futuros, pero no los que ya están contratados y en marcha. Hidalgo, por su parte, explicó que aunque EE.UU. tiene una participación importante en el BID, no posee poder de veto dentro del directorio.

Aún se desconoce si la segunda línea del metro, en fase de licitación, podría verse afectada en caso de que gane uno de los consorcios chinos habilitados. Por ahora, tanto autoridades como analistas coinciden en que la primera línea no corre peligro y que el proyecto continúa firme, con respaldo financiero sólido y supervisión internacional.

Bogotá intensifica vacunación contra la influenza con más de 78.000 dosis aplicadas

En respuesta al aumento de enfermedades respiratorias agudas (IRA) durante el primer pico de 2025, la Secretaría de Salud de Bogotá ha desplegado una ofensiva preventiva que ya ha logrado vacunar a más de 78.000 personas contra la influenza en menos de tres semanas. Esta campaña se ha concentrado principalmente en los grupos más vulnerables, como adultos mayores y niños pequeños, en un contexto donde se han superado las 704.000

atenciones médicas por afecciones respiratorias.

Desde el 25 de abril hasta el 12 de mayo, las autoridades sanitarias han priorizado la inmunización de personas mayores de 60 años y menores de edad, quienes representan el 84 % de los vacunados. “Hemos hecho un esfuerzo muy grande para proteger a nuestras poblaciones más expuestas, como los mayores y los niños, pero también a gestantes, quienes pueden acceder de forma gratuita a la vacuna contra la covid-19”, explicó Diana Walteros, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública.

En paralelo, la ciudad continúa ofreciendo la vacuna contra el covid-19, especialmente para mujeres embarazadas. Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 se han aplicado más de 18.500 dosis del biológico de Pfizer, más de la mitad de ellas dirigidas a gestantes desde la semana 12 de embarazo.

Aunque el panorama sigue siendo de alerta —con un aumento del 13 % en las atenciones por IRA respecto al año pasado—, las autoridades reportaron una leve disminución de casos entre el 27 de abril y el 3 de mayo. Aun así, los virus en circulación como el H1N1, H3N2, rinovirus, adenovirus, VSR y SARS-CoV-2 continúan afectando sobre todo a niños menores de cinco años y a adultos mayores.

Actualmente, más de 200 puntos de vacunación están habilitados en toda Bogotá y quienes hagan parte de los grupos priorizados pueden recibir su vacuna sin costo. La Secretaría de Salud también insiste en mantener medidas de autocuidado como el lavado de manos, la ventilación de espacios y el uso de tapabocas ante síntomas respiratorios.

Con esta estrategia, el Distrito busca contener el impacto de la temporada invernal y proteger la salud de los bogotanos más expuestos.

Bogotá en riesgo de apagón por retrasos en redes de transmisión

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, encendió las alarmas el pasado miércoles sobre una crisis energética que podría golpear duramente a la capital si no se avanza con urgencia en la construcción de redes de transmisión eléctrica. Durante su intervención, Galán fue categórico: el riesgo de desabastecimiento de energía no es una posibilidad lejana, sino una amenaza real y creciente.

Actualmente, Bogotá depende de una sola línea de transmisión de 500 kilovoltios para abastecer su demanda eléctrica. Esta situación, advirtió el alcalde, es insostenible para una ciudad con más de ocho millones de habitantes y una economía que busca consolidarse como un hub digital en América Latina. “El margen de seguridad energética se ha reducido peligrosamente”, dijo Galán, señalando que la ciudad tiene una garantía de abastecimiento “condicionada”.

El problema radica en el estancamiento de tres proyectos clave de transmisión eléctrica, dos de ellos a cargo del Grupo Energía Bogotá (GEB), que fueron contratados entre 2013 y 2015, pero que aún no muestran avances sustanciales. Estos proyectos permitirían traer energía limpia desde regiones como Chivor o Sogamoso, pero sin estas líneas, la transición energética que impulsa el Distrito queda coja.

Galán destacó los avances que ha tenido Bogotá en materia ambiental, como la implementación del Metro, la flota de 1.485 buses eléctricos, y la construcción de cables aéreos como el de San Cristóbal. Sin embargo, insistió en que todos estos esfuerzos elevan la demanda de energía limpia, una demanda que hoy no puede garantizarse.

Uno de los mayores obstáculos, según el alcalde, son los trámites ambientales. Aunque el trazado de las redes fue diseñado para minimizar impactos en zonas sensibles como el bosque de niebla de Cundinamarca, los permisos aún no han sido otorgados. “No podemos hablar de transición energética si impedimos que la energía limpia llegue a la ciudad”, expresó.

También advirtió sobre las consecuencias sociales y económicas de no actuar: más desigualdad, limitaciones para los data centers y una ciudad que, pese a su potencial, no podrá crecer sin energía suficiente. “El tiempo se agota”, concluyó Galán, haciendo un llamado directo al Gobierno Nacional: “Esta no es una lucha de Bogotá sola. Necesitamos decisiones ya, con datos, con responsabilidad y sin discursos vacíos”.

Debate por concesión de agua a embotelladora de Coca-Cola desata controversia en La Calera

En medio de una creciente preocupación por la escasez hídrica que afecta a Bogotá y sus alrededores, la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca convocó a una audiencia pública sin precedentes para discutir la prórroga de una concesión de agua subterránea otorgada a INDEGA S.A., embotelladora de agua para Coca-Cola. El encuentro reunió a autoridades, ambientalistas, comunidades indígenas y ciudadanos, todos con un objetivo común: exigir claridad, transparencia y responsabilidad ambiental.

La audiencia se llevó a cabo en el municipio de La Calera, donde INDEGA extrae agua de siete manantiales ubicados en la vereda Santa Helena. Aunque la CAR abrió este espacio de participación para escuchar a las distintas voces antes de decidir sobre la renovación del permiso, lo cierto es que la controversia crece en torno al impacto ambiental de esta actividad comercial, especialmente en tiempos de racionamientos de agua en la capital.

Uno de los puntos más críticos expuestos por la comunidad fue la validez de los estudios técnicos que respaldan la actual concesión. Iván Santiago Guarín, ingeniero ambiental, denunció errores significativos y falta de rigurosidad en los informes existentes. Su llamado, respaldado por otras voces ciudadanas, fue claro: se necesitan nuevos estudios, independientes y técnicos, que incluyan también el conocimiento que las comunidades han recopilado durante años.

Las preocupaciones no se limitan al agua. Varias intervenciones alertaron sobre el uso indiscriminado de plástico para el embotellamiento, instando a que se apliquen mayores impuestos a quienes contribuyan a la generación de residuos contaminantes. También se hicieron propuestas para la protección de los ecosistemas circundantes, incluyendo estrategias de pago por servicios ambientales, programas de restauración ecológica y fortalecimiento de la educación ambiental.

La voz de los pueblos indígenas también se hizo sentir. Bernardo de Jesús Cepeda, miembro de la comunidad indígena local, desmintió afirmaciones de la empresa sobre la independencia de los manantiales respecto al sistema Chingaza, asegurando que sí existe una conexión hídrica vital. Javier Cifuentes, concejal de La Calera y miembro del pueblo Muisca, recordó que cualquier decisión debe contar con el aval del Concejo Indígena, en reconocimiento a su rol histórico como guardianes del agua.

Los estudios independientes tampoco quedaron exentos de críticas. La Corporación Geoambiental Terrae cuestionó el informe elaborado por Hidrogeocol —firma