Corte Suprema de EE.UU. debate límites del poder presidencial en política de ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos celebró el jueves una sesión crucial sobre uno de los temas más sensibles en el debate migratorio del país: la posibilidad de limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El caso, que surge a partir de una política impulsada por el presidente Donald Trump, enfrenta a los jueces ante una encrucijada legal y constitucional sin precedentes.

Durante más de dos horas de intensos argumentos, los magistrados analizaron si deben mantenerse las medidas cautelares nacionales que han bloqueado hasta ahora la entrada en vigor de la propuesta de Trump. Esta política busca restringir la
 

ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense, lo cual entraría en aparente conflicto con la Enmienda 14 de la Constitución.

Aunque la mayoría conservadora del tribunal mostró cierta apertura a levantar los bloqueos judiciales, las implicaciones prácticas de hacerlo generaron serias dudas. Varios jueces —incluidos algunos conservadores— cuestionaron cómo se garantizarían los derechos de los ciudadanos afectados si se permite al gobierno aplicar la orden ejecutiva mientras el caso sigue en revisión.

Uno de los momentos clave de la jornada fue la intervención del juez Brett Kavanaugh, quien planteó que, en lugar de medidas cautelares nacionales, los demandantes podrían optar por demandas colectivas para detener la implementación de la política. Esta vía, aunque más lenta y compleja, sería —a juicio del juez— más consistente con los procedimientos habituales del sistema judicial estadounidense. “Nos importan los tecnicismos”, afirmó, subrayando la necesidad de preservar la integridad legal en estos casos.

Por su parte, los jueces progresistas no ocultaron su escepticismo. Ketanji Brown Jackson advirtió que la posición del gobierno podría crear un sistema judicial en el que cada persona afectada tendría que demandar individualmente para hacer valer sus derechos. “Se convierte en un juego de ‘atrápame si puedes’”, criticó.

La jueza Amy Coney Barrett, también conservadora, adoptó una postura inquisitiva frente al procurador general D. John Sauer, representante del gobierno de Trump. Lo presionó para que explicara por qué el caso no se ha planteado directamente sobre el fondo constitucional —el derecho a la ciudadanía por nacimiento—, sino que se ha limitado a aspectos procedimentales. Sauer admitió que los argumentos del Ejecutivo son “novedosos” y “sensibles”, lo cual generó aún más dudas entre los jueces.

La sesión del jueves dejó claro que el tribunal enfrenta un dilema entre evitar un uso excesivo del poder judicial para frenar al Ejecutivo y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de las personas. La complejidad del caso, junto con su carácter de emergencia, hace incierto el plazo en que se emitirá una decisión. Algunos analistas sugieren que la Corte podría tardar hasta finales de junio, cuando termina el actual periodo judicial.

Mientras tanto, miles de familias siguen a la expectativa de un fallo que podría redefinir quién tiene derecho a ser ciudadano en el país más influyente del mundo.

La cumbre, que tiene lugar en Estambul bajo la mediación de Turquía y el respaldo de Estados Unidos, ha estado marcada por la tensión diplomática y los cruces verbales. Ni Zelenski ni Vladimir Putin participan directamente en las conversaciones. En su lugar, Ucrania envió a su ministro de Defensa, Rustem Umerov, con un mandato claro de lograr un alto el fuego. Rusia, por su parte, delegó en Vladimir Medinski, conocido por sus posturas nacionalistas y su visión histórica expansionista.

Zelenski, tras reunirse en Ankara con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, criticó abiertamente a la delegación rusa, calificándola de “pura fachada” y dudando de que tuviera facultades reales para negociar. “No hay voluntad de paz cuando uno manda emisarios sin poder decidir nada”, dijo. La respuesta desde Moscú no tardó: la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, lo llamó “payaso” y “fracasado”.

Estados Unidos también se mostró escéptico. El presidente Donald Trump, quien ha intentado posicionarse como mediador clave, aseguró que no se esperan grandes resultados hasta que él mismo se reúna con Putin. “No pasará nada mañana”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio, aunque expresó su deseo de estar equivocado.

Las exigencias siguen tan alejadas como en 2022. Rusia insiste en que Ucrania renuncie a unirse a la OTAN y reconozca la anexión de los territorios ocupados, algo inaceptable para Kiev. Ucrania, por su parte, exige garantías de seguridad de Occidente y la retirada total del ejército ruso.

Mientras tanto, a orillas del Bósforo, decenas de periodistas esperan alguna señal de avance desde el Palacio Dolmabahçe. Pero por ahora, todo apunta a que las conversaciones en Turquía serán apenas un gesto simbólico en un conflicto que, dos años después, continúa sin una salida a la vista.