Nacional en el anillo de seguridad”, informó la Policía de Tránsito a través de un comunicado.

Jiménez Martínez, reconocido por sus compañeros por su disciplina y entrega, se encontraba a tan solo un día de ser trasladado de manera permanente a otro punto del país. Su asesinato ha dejado consternación entre los miembros de la institución y la comunidad saravenense, quienes lo describen como un servidor ejemplar y comprometido con la seguridad del municipio.

Aunque las investigaciones están en curso, versiones no oficiales apuntan a que el ataque habría sido perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que ha intensificado su accionar en la región en los últimos meses. Esta hipótesis cobra fuerza considerando el reciente secuestro de dos funcionarios del CTI de la Fiscalía por parte del mismo grupo subversivo.

Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, los dos investigadores secuestrados desde el pasado 8 de mayo, aparecieron en un video divulgado por el Frente de Guerra Oriental del ELN, en el que relatan su captura y envían mensajes a sus familias. “Estoy bien y que muy pronto nos vamos a ver”, dijo López Estrada, en un mensaje cargado de esperanza. Pacheco, por su parte, explicó que fue interceptado cuando salía de la sede de la Fiscalía en Fortul.

El secuestro y el reciente asesinato del subintendente Jiménez reflejan el complejo panorama de orden público en Arauca, donde el conflicto armado se recrudece y pone en vilo tanto a las autoridades como a la población civil. El ELN, además del video, emitió un comunicado en el que se atribuye el secuestro y describe cómo interceptaron el vehículo oficial en el que se desplazaban los agentes, a quienes retuvieron junto a su armamento.

Frente a estos hechos, el gobernador de Arauca, Renson Martínez, condenó enérgicamente el secuestro y exigió la liberación inmediata de los funcionarios del CTI. “Rechazamos estos hechos y hacemos un llamado urgente a sus captores para que respeten su vida y los liberen sanos y salvos”, expresó, solicitando además la intervención humanitaria de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la comunidad internacional.

Arauca atraviesa nuevamente uno de sus capítulos más oscuros, donde la incertidumbre y el miedo se mezclan con el dolor de las familias que esperan respuestas.

Condenan a 57 años de prisión a Dayana Jassir por el asesinato de su esposo, Eduardo Pinto

En un giro judicial que sacudió a la opinión pública barranquillera, el Tribunal Superior de Barranquilla revocó la absolución de Dayana Jassir de la Hoz y la condenó a 57 años y medio de prisión por ser la autora intelectual del asesinato de su esposo, el médico forense Eduardo Pinto Viloria, ocurrido en mayo de 2016.

La nueva sentencia, proferida en segunda instancia, desmanteló la decisión de la juez 12 Penal del Circuito, quien en noviembre de 2022 la había declarado inocente. Según el Tribunal, las pruebas aportadas por la Fiscalía son contundentes: Jassir no solo conocía los detalles del crimen, sino que lo planeó y ejecutó en complicidad con su entonces amante y conductor, Johan Beltrán Ulloque.

La madrugada del 4 de mayo de 2016, Eduardo Pinto fue asesinado dentro de su vivienda en Barranquilla. Lo que en un principio fue presentado como un robo violento pronto reveló inconsistencias. La investigación apuntó a un crimen premeditado, con información precisa suministrada desde el interior del hogar de la víctima.
 

El fallo sostiene que Jassir de la Hoz fue la mente detrás del homicidio. Proporcionó detalles clave sobre los movimientos de su esposo, y manipuló emocional y económicamente a Beltrán Ulloque para que contratara a los sicarios. La escena fue montada como un asalto, pero los indicios de su frialdad y falta de sorpresa durante los hechos terminaron siendo elementos clave para el Tribunal.

“Fue la artífice principal de este macabro crimen que conmocionó a la sociedad colombiana”, concluyó la Sala Penal del Tribunal, al resaltar cómo se camufló el asesinato en medio de un falso hurto.

La nueva condena no contempla beneficios penales. Dayana Jassir deberá cumplir la totalidad de la pena en un centro carcelario, luego de que se emitiera la orden de captura en su contra. Los delitos por los que fue hallada culpable incluyen homicidio agravado, tráfico de armas y hurto calificado agravado.

La familia de Eduardo Pinto, que ha sostenido desde el inicio que Jassir estuvo implicada en el crimen, recibió la decisión con alivio, tras años de incertidumbre y procesos judiciales. Con esta sentencia, el caso toma un rumbo definitivo, cerrando uno de los capítulos más dolorosos y mediáticos del sistema judicial en la región Caribe.

Lucho Herrera deberá declarar ante la Fiscalía por presunta desaparición de campesinos en 2002

El nombre de Luis Alberto “Lucho” Herrera, ídolo del ciclismo colombiano en los años 80 y 90, ha vuelto a los titulares, pero esta vez por razones muy distintas a sus hazañas en la montaña. La Fiscalía General de la Nación citó al exciclista y a su hermano Rafael Herrera a declarar en una investigación por la presunta desaparición forzada de cuatro campesinos ocurrida en 2002, en la vereda Piamonte, zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca.

La noticia ha generado sorpresa y controversia en la opinión pública, luego de que dos exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare, entre ellos Luis Fernando Gómez, alias "Ojitos", vincularan a Herrera con el crimen. Según Gómez, el exciclista habría solicitado directamente a este grupo paramilitar desaparecer a los vecinos que se oponían a venderle sus tierras, acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla. En su testimonio, Gómez aseguró que recibió de Herrera dos sobres: uno con fotos de las supuestas víctimas y otro con 40 millones de pesos como pago por la ejecución del crimen.

Ante estas graves acusaciones, la Fiscalía inspeccionó una de las propiedades de Herrera en Fusagasugá, en busca de posibles restos humanos. Hasta ahora, no se han encontrado pruebas concluyentes, pero el proceso sigue abierto y la declaración de Herrera, programada para el 5 y 6 de junio, será clave para esclarecer los hechos.

Mientras avanza la investigación, las reacciones en el municipio y en redes sociales no se han hecho esperar. Algunos vecinos han salido en defensa del excampeón, recordando su historia de superación y su aporte al país. Otros, como los familiares de los desaparecidos, exigen que la justicia actúe con firmeza y sin privilegios.

Óscar Rodríguez, sobrino de una de las víctimas, Diuviseldo Torres, relató que su familia tenía vínculos laborales con la familia Herrera, y confirmó que hubo interés del exciclista por adquirir sus tierras. Para Rodríguez, lo que ocurrió podría estar relacionado con una vendetta, pero pidió que se esclarezca si Herrera tuvo o no participación en el crimen.

El escándalo también tocó el símbolo más visible del legado deportivo de Herrera: su estatua en Fusagasugá. Hace unas semanas, un grupo de personas la intervino con pintura y mensajes en contra del exciclista. La acción generó un tenso enfrentamiento con allegados a Herrera, quienes reclamaron respeto por su nombre hasta que la justicia determine su responsabilidad.

En respuesta, Herrera publicó un comunicado en el que niega rotundamente los señalamientos. “Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna”, aseguró. Agregó que ha dedicado su vida al deporte y al trabajo honesto, y calificó las acusaciones como intentos por destruir su imagen ante el país.

El caso apenas comienza, pero ya ha marcado un antes y un después en la historia de uno de los íconos más queridos del deporte colombiano. La justicia tendrá la última palabra.