Aspirantes están sometidos a investigaciones judiciales, disciplinarias o corrupción

Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó el informe denominado 'Los herederos y las herederas de todas las formas de corrupción', en el que identificó que 108 candidatos avalados por partidos o movimientos políticos independientes, tienen cuestionamientos de tipo judicial.

De acuerdo con la investigación que desarrolló esa fundación, 50 aspirantes al Senado y 58 a la Cámara de Representantes, tienen investigaciones judiciales, disciplinarias y fiscales, al igual que supuestos hechos de corrupción.

También se documentaron casos en los que los herederos de los 'clanes políticos' en diferentes departamentos, están al parecer involucrados en escándalos de corrupción.

"En algunos casos se trata de la reelección de aquellas personas que han sido señaladas en elecciones anteriores y que permanecen en su curul, a pesar de sendas investigaciones que tienen en órganos judiciales y de control. En otros casos, se trata de personas herederas de clanes políticos y de estructuras asociadas con graves escándalos de corrupción", señala uno de los apartes del informe.

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Tanto el artículo 65, como el artículo 68, no tuvieron acuerdo en la conciliación

y por lo tanto no se incluyeron en el informe

Plenaria del Senado aprobó la conciliación del proyecto de ley anticorrupción, que contiene herramientas novedosas para combatir los delitos contra la administración pública.

La iniciativa pasó a sanción presidencial sin el polémico artículo, el cual ha sido considerado como un ‘mico’ que atentaba contra la libertad de prensa.

El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, explicó que “tanto el artículo 65, como el artículo 68, no tuvieron acuerdo en la conciliación y por lo tanto no se incluyeron en el informe y tampoco en la ponencia y por consiguiente quedan excluidos esos dos artículos”.

La mayoría de los legisladores aceptaron el informe que fue presentado por los conciliadores, el cual contenía una fórmula para evitar que la ‘mordaza’ a los medios de comunicación quedara aprobada.

El artículo aprobado en el Senado planteaba sanciones de cárcel y de multas para quienes hablaran mal de algún funcionario público.

En la Cámara, dicho artículo proponía quitarle a la personería jurídica a las entidades cuyos representantes legales injurien o calumnien a un miembro del Estado.
 

Tras la enorme polémica que se generó por estas propuestas, el presidente Iván Duque anunció que objetaría el artículo con el ánimo de proteger el derecho constitucional a la información y a la libertad de expresión.

No obstante, dicha objeción ya no será necesaria debido al acuerdo que se logró en las plenarias para que estos polémicos artículos fueran excluidos.

El representante César Lorduy, uno de los conciliadores, dijo luego de encontrar la fórmula para excluir esta propuesta que “jamás atentará contra la libertad de prensa”.

El congresista John Jairo Roldán fue uno de los que defendió a Lorduy, quien es señalado de ser uno de los padres de este ‘mico’, diciendo que las críticas en su contra han sido injustas.

“Es totalmente injusto que haya una referencia para usted señalándolo de estar haciendo maldades o cosas por fuera de la ley”, indicó.