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Profesora acusada de abuso dice
haber sido extorsionada
Casos de abuso en colegios se han destapado en los últimos días
en Bogotá y el de una profesora ha sido uno de los más
comentados. Fue en el colegio Minuto de Dios, donde denunciaron
que un estudiante de 14 años era acosado sexualmente por parte
de una de sus docentes a cambio de que tuviera buenas
calificaciones en la asignatura.
Según contó la madre del menor, a través de conversaciones vía
WhatsApp, la mujer le pedía encuentros clandestinos al menor, a
cambio de ayudarlo con su vida académica. A su vez, como lo
registró un diario nacional, la mamá aseguró que el menor había
accedido a tener encuentros sexuales con la docente porque llegó
a "sentir acosado y presionado".
Una vez la institución educativa tuvo conocimiento del caso y
retiró a la profesora de sus funciones, la docente, de la que se
desconoce su identidad, reveló que la relación que sostenía con
el menor era consensuada y denunció que está siendo extorsionada
por el papá del estudiante, quien estaría ofreciéndole tener
encuentros sexuales a cambio de borrar las evidencias del caso y
a quitar la denuncia.
En diálogo con el noticiero, la mujer empezó aclarando que "Hubo
encuentros pero, todo fue consensuado porque él también lo
quiso. Precisamente, él también organizó algunas de esas maneras
de vernos. En ningún momento el estudiante manifestó miedo o
temor".
En cuanto a la extorsión que estaría recibiendo por parte del
padre del menor, aseguró "Me pide, muy directamente, que si
tengo se… con él, las evidencias se borran, se eliminan… Yo le
dije que no y me preguntó por qué, si con eso tan ‘fácil’ se
borraría todo".
A su vez, el medio citado reveló un audio en el que el padre
hace las propuestas a la docente. ”Si hubiera sido el caso donde
yo te hubiera pedido algo, ¿Tu hubieras cedido a eso? Si yo te
digo… bueno, una cosa, ser un tipo, pues del promedio… yo borro
eso, pero tienes sexo conmigo. ¿Tu hubieras cedido a eso? Porque
si hubiera tenido la oportunidad de solucionar el tema ¿Por qué
no?”, habría dicho el hombre en la conversación.
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Caso de indígena debe seguir en justicia ordinaria
Abogados penalistas consultados por prensa nacional coincidieron en
señalar que el proceso contra el indígena Luís Carlos García, quien fue
capturado como presunto responsable del asesinato del conductor del
carro compactador de basuras Hildebrando Rivera, debe seguir bajo la
competencia de la justicia ordinaria.
Esta declaración se produjo luego de que una juez de control de
garantías determinó enviar a prisión y remitir el expediente a la Corte
Constitucional para que dirima si es la justicia ordinaria o la
jurisdicción indígena la competente para continuar llevando este caso.
El abogado Marlon Díaz aseguró que este caso no reúne los requisitos que
contempla la constitución y la ley para que el proceso sea remitido a la
jurisdicción indígena ya que la víctima no hacía parte de esa población
y los hechos no se registraron en una población protegida.
"Aquí en el lugar donde ocurrieron los hechos no estábamos dentro de un
ámbito territorial, desde el punto de vista sobre todo cultural, pero
también hay otros factores como el institucional orgánico y el
objetivo", dijo Díaz.
Varios abogados penalistas consultados por RCN Mundo coincidieron en
señalar que el proceso contra el indígena Luis Carlos García, quien fue
capturado como presunto responsable del asesinato del conductor del
carro compactador de basuras Hildebrando Rivera, debe seguir bajo la
competencia de la justicia ordinaria.
Esta declaración se produjo luego de que una juez de control de
garantías determinó enviar a prisión y remitir el expediente a la Corte
Constitucional para que dirima si es la justicia ordinaria o la
jurisdicción indígena la competente para continuar llevando este caso.
El abogado Marlon Díaz aseguró que este caso no reúne los requisitos que
contempla la constitución y la ley para que el proceso sea remitido a la
jurisdicción indígena ya que la víctima no hacía parte de esa población
y los hechos no se registraron en una población protegida.
"Aquí en el lugar donde ocurrieron los hechos no estábamos dentro de un
ámbito territorial, desde el punto de vista sobre todo cultural, pero
también hay otros factores como el institucional orgánico y el
objetivo", dijo Díaz.
Así mismo, sostuvo que "desde el punto de vista objetivo estamos frente
a la afectación de un bien jurídico que fue la vida de una persona que
no pertenece a esa comunidad indígena y la respuesta es que es la
jurisdicción ordinaria que debe investigar y juzgar estos hechos y no la
jurisdicción especial indígena". A su turno, el exdirector
del sistema penal acusatorio de la Fiscalía, Camilo Burbano, |
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también indicó que el conductor Hildebrando Rivera no
hacía parte de ninguna comunidad indígena y se le podrían terminar
vulnerando sus derechos al quitarle el caso a la Fiscalía.
"En este caso es difícil que la jurisdicción indígena reclame la
competencia porque hace falta uno de los requisitos que la Corte
Constitucional ha establecido -el factor objetivo - que consiste en que
la persona que fue víctima y el bien jurídico, que en este caso es la
vida, tengan una relación directa con la diversidad cultural indígena
que protege ese fuero especial", agregó Burbano.
Secretaría pretende cambiar a un solo sentido la Calle 209
Instituciones educativas, los residentes y los trabajadores rechazaron
los cambios que pretende realizar la Secretaría de Movilidad en el norte
de Bogotá.
Desde los colegios y universidades mencionaron que desde el próximo
siete de marzo se cerrará el retorno del San Viator ubicado en la Calle
209 sentido sur - norte lo que afectaría a las 21 instituciones, es
decir, cerca de 15.000 estudiantes que están ubicados a los alrededores.
Dicen que además la Secretaría pretende cambiar a un solo sentido la
Calle 209 (entrada a la Vía Arrayanes), lo que impactaría gravemente a
la comunidad pues es una vía clave para el ingreso y salida de la
ciudadanía.
Las anteriores medidas obligarían a las rutas escolares y a los
ciudadanos en general a dirigirse hasta el retorno de la calle 237 lo
que afectaría también el tiempo que permanecen los estudiantes de los
colegios al interior de las rutas.
Calculan desde las instituciones que les tomaría más de 40 minutos
realizar esas movilizaciones que entrarían en vigencia.
Adicionalmente, los ciudadanos señalaron que “la Secretaría hizo
referencia a un encuentro que tuvieron. Sin embargo, dicha reunión sólo
fue de información más no fueron escuchados nuestras peticiones y
observaciones”.
A renglón seguido, dijeron que “hubo un encuentro de la Secretaría de
Movilidad con unos colegios y con ellos llegaron a un acuerdo. Pero sólo
los beneficiaría a ellos, más no a nosotros”.
“La medida de cierre del retorno San Viator responde a la solicitud de
un colegio y beneficia cinco. Perjudicando los niños de más de los
colegios, jóvenes de tres universidades, 1.200 unidades de vivienda,
población flotante que debe llegar a trabajar en la zona. Se afectarían
cerca de 23.000 personas en total sin contar los ciudadanos que asisten
a los clubes sociales”, indicaron.
Por lo anterior, este viernes a las siete de la mañana, en el norte de
la ciudad se realizará un nuevo encuentro entre las instituciones,
ciudadanos y la Secretaría de Movilidad donde se pondrán en la mesa las
inconformidades que hay con las nuevas medidas |
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