Con la previa elaboración de estudios que determinen la viabilidad del proyecto, en cada caso particular se debe realizar una oferta al dueño del inmueble y la aplicación del debido proceso establecido en las normas que rigen la materia, para de ser necesario, adelantar un proceso de expropiación por vía administrativa, el cual después de decretado podrá ser objeto de una acción ante la justicia contenciosa administrativa. .    
              

Naturalmente que lo anteriormente reseñado corresponde a un marco de la aplicación del Estado Social de Derecho y del principio social de la propiedad. Sin embargo y en una analogía con la prohibición de la pena de muerte, también consagrada en la Carta Magna, existen prácticas que se han convertido en un consuetudinario ejercicio de unos actores en contra de inermes campesinos, etnias o pobladores, que por su condición de indefensión terminan siendo víctimas de quienes detentan el poder político y de las armas, algunas veces oficiales –que se usan para la comisión de conductas ilícitas-, otras ilegales y, en otras, con su macabra combinación.
 

Las mujeres como lo expresé en un artículo anterior, son las que más sufren en cualquier confrontación armada, pero el campesinado colombiano es una de las principales víctimas de sesenta años de conflicto armado y mucho más atrás. Según Rodrigo Uprimny (2022) en el informe que se elaboró para la Comisión de la Verdad denominado: “El campesinado ha sido parte central de las resistencias a la guerra”, de las 430.000 muertes perpetradas en estas seis décadas y registradas por organismos oficiales, por lo menos 251.000 fueron campesinos.

En el mismo sentido, la Oficina del Alto Comisionado para los refugiados de Colombia (2012), en el documento “Operación Colombia, las tierras de la población desplazada”, determinó que entre 5 y 6 millones de hectáreas han sido objeto de despojo y de abandono, cuyos reclamantes que pudieron sobrevivir a la sistemática persecución, siguen siendo revictimizados por diversos actores armados.

El despojo de tierras, un mecanismo de expropiación, acompañado de desplazamiento, masacres, asesinatos e impunidad, habitualmente se utiliza ya hace muchos años en Colombia por vía no administrativa, más sí ilegal, para demostrar poder y se encuentra orientado principalmente a la generación de actividades de monocultivo, como el de la palma africana para la producción de biocombustibles o a la extracción de minerales en grandes extensiones de tierra, también es consecuencialmente determinador de desarraigo, pobreza y más violencia.