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Reflexión agraria a candidatos
presidenciales
2.022 – 2.026

Por: Ivan R. Pulido
A escasos 64 días para definir quien ocupara el solio de
Bolívar, un importante grupo de profesionales del agro
Colombiano, pretende mediante el presente escrito promover a
debate público, los problemas que ha enfrentado el descuido
estatal en referencia a: la tenencia de tierras, desbalance
rural y urbano, la ganadería extensiva nociva, la deforestación
acelerada, los créditos de fomento, los gastos agrarios no
saludables, las desmedidas importaciones, la carestía de los
insumos, resultado de políticas agrarias poco convincentes por
tantos gobiernos, impuestas desde 1.990, bases de polémicas
fórmulas impulsadas por organismos financieros internacionales,
recopiladas en el denominado Consenso de Washington, cuyo
propósito era superar el receso económico de 1.989, superando la
productividad y competitividad agraria, con temas que incluían
reducción del proteccionismo estatal, crecimiento económico,
liberalización de importaciones y exportaciones, orientación de
la moneda hacia la competencia internacional, diversificación de
las exportaciones, reducción del gasto público, atracción de la
inversión extranjera y favorecimiento de la empresa privada.
Cambios profundos que correspondieron a la emergencia de un
nuevo modelo de desarrollo, caracterizado por menor intervención
del Estado, reestructuración y políticas de ajuste estructural
aplicadas al medio rural, dictamen originador de profundas
reformas económicas, infortunadamente llenas de resultados que
no significaron transito al desarrollo económico de la nación,
más si, inequidad en la distribución del ingreso y ranking como
país más desigual de la región.
Veredicto de obligante cumplimiento que ajustado al Plan
Nacional de Desarrollo de la Ley 1450 de 2.011, obligaba a
delegados gremios de la producción agraria colombiana, a la
generación de empleo, reducción de la desigualdad regional, al
desarrollo de bioeconomía sostenible y a la prosperidad del
pueblo colombiano, organizaciones en gran parte indebidamente
preparadas para el complejo manejo de la extensión y desarrollo
rural a gran escala, con resultados poco satisfactorios, que hoy
invitan al análisis para su repotencialización y eficiencia.
Menor intervención del estado sobre el sector primario que,
derivo en serios coletazos en especial a pequeños y medianos
productores de pocos recursos y tierras marginales, limitados al
acceso de créditos, a la tenencia de tierras, a la asistencia
técnica, a los mercados, a los centros de acopio, a la
generación de tecnología, extensión y al desarrollo rural
apropiado.
Frente a lo relacionado causa verdadera extrañeza, el que tras
tantos debates realizados en las recientes elecciones
legislativas del 13 de marzo, el tema agrario haya sido tan
superficialmente nombrado, e insignificantemente analizado,
situación que invita a pensar que la clase política colombiana
desconoce o no le interesa, ni el esencial tema
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de la producción de alimentos, ni los aproximados 15 millones de
productores y 300.000 entre profesionales y técnicos agrarios que
perimetralmente rodean ese sector productivo básico que a nuestro
criterio, es el motor para la reactivación económica y base del
equilibrio para lo rural y urbano, que hoy infortunadamente ronda en su
gran mayoría en la improductividad, por causas de políticas no bien
estructuradas a futuro, que tras tantos años de evolución, no han
resultado significativas para el desarrollo rural nacional.
Realidad por la cual, consideramos urgente emprender un inteligente
giro, que promueva a la reflexión de quienes ostentan el poder
presidencial para reconstruir el sistema productivo nacional agrario,
empeñados en el progreso económico colombiano, habida cuenta de las
siguientes hipótesis:
1.- Censo nacional agrario. -
De urgente necesidad el conocimiento actualizado de la estructura del
sector rural, que integre la superficie de las explotaciones, tenencia y
uso de la tierra, estructuras productivas tecnificadas, recursos
naturales implicados, acceso a la extensión y desarrollo rural,
asistencia técnica y en general las cifras que requieran para planear,
tomar decisiones y formular políticas coherentes en favor del desarrollo
y progreso colombiano.
Un inventario real y sus soportes se constituyen en las herramientas
esenciales para el establecimiento de las estructuras tecnológicas que
determinen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en
cualquier proyecto productivo que se requiera implementar.
2.- Reforma agraria. -
Colombia es el país latinoamericano mayormente afectado por conflictos y
guerras, que ponen en riesgo los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales de su comunidad campesina.
Por ello muy importante para el restablecimiento de la paz, la
distribución equitativa de la tierra, hoy caracterizada por alta
concentración en pocas manos, que en su razón implica la necesidad de
reparto para la comunidad campesina, acompañado de asesoría técnica,
créditos blandos y venta asegurada de cosechas con contratos forward.
Que por otro lado, en honor a la justicia les retorne las tierras
usurpadas, blindadas con la seguridad estatal requerida para su regreso
pacifico a la productividad, situación de urgente reevaluación para
políticas de estado del nuevo gobierno, que promuevan arraigo y el
retorno campesino a sus tierras de origen, en favor de la tan hoy
amenazada soberanía alimentaría Colombiana.
3- Investigación, ciencia, innovación y tecnología. -
La productividad y competitividad agraria, fundamentalmente materializa
su logro, con la implementación de ciencia, innovación y actualización
tecnológica, herramientas básicas para la eficiencia, que a nuestro
criterio, debe financiar y desarrollar el estado.
Un estado sin ciencia está condenado a fracasar, desafortunadamente los
Institutos de Investigación hoy, se ven relegados a mendigar los escasos
fondos para la experimentación, por la burocratización y politización
estatal que pretende reducirla a su mínima expresión.
Muy en especial demostrada dicha disminución presupuestal de la Nación
para los servicios de extensión rural, la asignación de las UMATAS a los
municipios, clientelistas y fallidas en sus objetivos por los reducidos
presupuestos municipales, que les impiden su desarrollo.
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4.- Reestructuración del instituto colombiano agropecuario – ica. -
El ICA único ente de investigación, tras el modelo de privatización
estatal, fue reestructurado en 1.991, para transferir a particulares la
generación de la tecnología agropecuaria, reasignando la planificación,
generación de tecnología agraria y distribución presupuestal a CORPOICA,
corporación mixta de derecho privado, entidad en camino a la crisis, por
no haber logrado el sector privado cumplir con el rol asignado,
obligándola al rebusque de escasos presupuestos en Colciencias y
Ministerio de Agricultura; quedando solo el ICA con labores de
regulación, prevención y control sanitario.
Vale mencionar el significativo desequilibrio de competitividad entre
Colombia y los países suscriptores de los TLC, ocasionado por el
descuido de la inversión en ciencia, innovación, tecnología y
capacitación del talento humano en ciencias agrarias para competir,
culpa del escaso presupuesto estatal anual para el sector productivo
nacional delegado, situación palpable a la fecha, tras la aprobación
estatal de 1,6 billones de pesos como presupuesto para la totalidad de
la actividad agropecuaria colombiana de 2.022, cifra que se traduce en
solo un 0,45% del PIB.
5.- Tratados de libre comercio y nefastos efectos. -
Cumplidos varios años del inicio formal del TLC entre Colombia y Estados
Unidos, a simple vista, se reflejan los profundos abismos que han
enfrentado los productos agropecuarios colombianos, al nunca haber
superado los indicadores de su atraso tecnológico, resultados que
finalizaron en la conducción de la agricultura colombiana a la
improductividad, ostentada hoy por más de siete millones de hectáreas en
ocio, tendencia a perdurar y a generar mayor retroceso, por la
afectación significativa de la canasta familiar colombiana al incremento
de los insumos agropecuarios que en algunos casos rondan los 150%, que
junto al valor del dólar por los $3.800 pesos, igualmente están afectado
la inflación colombiana por los pagos en esa moneda de los productos que
importamos, redundando el encarecimiento de los costos de vida en
algunos casos mayores al 30%.
Vale reflexionar la flexibilidad y tolerancia de los negociadores del
gobierno colombiano en su época de los acuerdos, que permitieron el
ingreso de miles de toneladas de productos sin aranceles, provocando
menores ingresos a la balanza por ello y simultanea competencia desleal
a nuestros desmotivados productores locales.
Inconcebible, el que en plena negociación los asesores colombianos no se
hubiesen percatado de la solidez de la economía estadounidense y
detectado las desigualdades de nuestro vulnerable sector agropecuario en
precoz crecimiento y sin miras de apoyo por parte de nuestros
gobernantes a promover su competitividad.
Se concluye previa a la negociación Colombia mártir de los TLC, con
nefastas consecuencias para los productores de cultivos semestrales de
algodón, sorgo, soya, maní, ajonjolí, cebada, trigo, maíz, borrados del
panorama unos totalmente y otros en forma parcial desde 1.990.
Circunstancias de desigualdad que desestabilizaron la producción,
desmotivaron a los productores, disminuyeron las siembras, redujeron el
empleo, se desplazaron a las ciudades, ingresaron a siembras ilegales, y
otro sin fin de coletazos sociales que agrandaron el problema, aun en
vilo, sin soluciones reparadoras.
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