Migrantes en EE.UU. podrán trabajar con permisos vencidos

EFE

Así lo indicó en un nuevo decreto, este martes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Actualmente, los inmigrantes y aquellos que hayan solicitado asilo en el país pueden seguir trabajando 180 días una vez que vence su permiso laboral, pero ahora este periodo se extiende 360 días más hasta un total de 540 días, informó el USCIS en un comunicado.

La nueva disposición entrará en vigor este miércoles 4 de mayo para “evitar brechas en el empleo”. Esto, en un momento en el que Estados Unidos sufre una persistente escasez de mano de obra, la cual ha llevado al gobierno a anunciar decenas de miles de visados adicionales para trabajadores temporales desde enero pasado, muchos de ellos para ciudadanos de países de Centroamérica.

“Esta norma temporal brindará a los no ciudadanos elegibles para la extensión automática la oportunidad de mantener el empleo y prestar apoyo crítico a sus familias, al tiempo que evita más interrupciones a los patronos estadounidenses”, afirmó la directora de USCIS, Ur M. Jaddou, citada en la misiva.

A raíz de la pandemia de COVID-19 y debido a la situación financiera precaria que arrastra desde hace años, el USCIS acumuló un número significativo de casos pendientes y tardó más tiempo de lo habitual en tramitarlos.

Además, en 2021 se registró un “aumento repentino” de las solicitudes de renovación, “antes de que USCIS pudiera recuperarse de estos impactos” operativos, señala la nota.

La prórroga automática terminará en cuanto se notifique una decisión final sobre la solicitud de renovación o cuando finalice el período de hasta 540 días.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración se han fijado como meta tratar las demandas de renovación de documentos de autorización de empleo en un plazo de tres meses a finales del año fiscal 2023. El año fiscal va del primero de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente.

Lula da Silva suma más apoyos a su coalición para enfrentar a Jair Bolsonaro

Reuters

El ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva recibió este martes el apoyo del partido Solidaridad a su candidatura para las elecciones de octubre en Brasil, en las que el actual presidente Jair Bolsonaro intentará renovar su mandato.

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La candidatura de Lula será formalizada el próximo sábado con el apoyo de casi todas las fuerzas progresistas, que están en proceso de construir una amplia alianza para enfrentar a los partidos de la derecha y la ultraderecha que respaldan a Bolsonaro.

En su discurso, Lula insistió en la necesidad de que la coalición que se discute en torno a su candidatura sea lo más amplia posible y permita que, en caso de victoria, cuente con el respaldo a una base parlamentaria alineada con las ideas de su eventual Gobierno.

“Vamos a ganar las elecciones y asumir la Presidencia en enero de 2023″, pero “tenemos que tener en mente” que “si no elegimos a una mayoría de diputados comprometidos con nuestro discurso va a ser muy difícil” recuperar los derechos laborales y sociales “destruidos” en la gestión de Bolsonaro, afirmó Lula.

El diputado Paulo Pereira, presidente de Solidaridad, coincidió con Lula y sostuvo que la alianza progresista en construcción “debe ser mucho mayor” y convertirse en una “verdadera fuerza de Brasil contra Bolsonaro”, sobre quien alertó que tendrá el respaldo de “toda la derecha internacional” en las elecciones de octubre.

Solidaridad se ha sumado así a la amplia coalición que encabeza el Partido de los Trabajadores (PT), que ya cuenta con los partidos Socialista (PSB), Comunista (PCdoB), Socialismo y Libertad (PSOL), y las formaciones ecologistas Verde y Rede.

El PT mantiene además negociaciones con otras formaciones del arco de centro y centroderecha, entre las que figura el Partido Social Democrático (PSD), que este martes estuvo representado en el acto por algunos de sus más influyentes parlamentarios.

Uno de ellos fue el senador Omar Aziz, quien dijo que, en octubre próximo, Brasil deberá decidir entre “avanzar hacia la democracia o profundizar el autoritarismo” y expresó su deseo de que la dirección nacional del PSD “entienda cuál es su lugar”.

En el mismo sentido se manifestó el diputado Marcelo Ramos, del PSD también y vicepresidente de la Cámara Baja, quien afirmó que su partido sabrá diferenciar entre quienes “representan la democracia y quienes promueven la barbarie”.

En el acto también estuvo presente el liberal Geraldo Alckmin, ya aprobado por el PT como candidato a vicepresidente en la fórmula de Lula, quien así intenta atraer a más electores de centro y al mismo tiempo mostrar una imagen de moderación económica, sobre todo frente a los mercados financieros y el mundo empresarial.

Ataques a libertad de expresión en Venezuela brutal

Getty

Estas cifras representan un 37 % menos en comparación a 2020, aunque la organización advirtió este lunes, durante la presentación de un informe frente a periodistas, que esto no implica una mejora estructural de la situación en el vecino país.

“Tenemos 244 casos en 2021, lo que indica una reducción de al menos 37 % con relación a los datos de 2020 (…) si bien es una buena noticia que haya menos casos con respecto a años anteriores, esto no indica que esté mejorando estructuralmente la situación”, señaló la coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la ONG, María Rodríguez.
Rodríguez indicó que estas cifras demuestran que el país está volviendo al promedio de casos que se registraron antes de 2017, cuando el total de casos conocidos fue de 480.

“Entre el año 2002 y 2012, el promedio de casos era de 143, luego, entre 2013 y 2016, se incrementó a 268 en promedio por año y luego tenemos un pico histórico entre 2017 y 2020 donde hubo un promedio de 480 en cada uno de esos años”, afirmó.

En 2021, prosiguió, el 34 % de los casos estuvieron relacionados a la intimidación, que es el impedimento de la cobertura periodística y el registro de hechos de interés público, a periodistas y ciudadanos que quieren cubrir algún hecho irregular, especialmente, en estaciones de gasolina u hospitales.

“Este es el tipo de violación más frecuente, con 166 registros”, sostuvo. La coordinadora dijo que en el reporte la censura agrupa el 31 % de los casos, con un total de 144 registros, luego le siguen las restricciones administrativas con 11 %.
Explicó que estas medidas están vinculadas al cierre de medios de comunicación, aunque también pueden derivar en sanciones económicas que “afectan la labor de un medio de comunicación”.

Asimismo, la ONG registró el cierre de 11 medios de comunicación a manos del régimen de Maduro, nueve de ellos emisoras de radio, un medio impreso y otro digital.

“Se mantienen las detenciones arbitrarias, si bien estos datos son menores (…) en 2021 tuvimos 35 detenciones arbitrarias por buscar, recibir o difundir información”, apostilló.