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159% el hacinamiento
penitenciario en Venezuela
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Por otra parte, indicó que 126 personas privadas de libertad fallecieron
en 2021, lo que representó una reducción de 56,8% respecto a 2020,
cuando murieron 292.
De los 126, 90 fallecieron por cuestiones de salud.
En el año 2021 se registraron como principales patologías la
tuberculosis, desnutrición grave, neumonía, hepatitis, paludismo,
escabiósis, enfermedades gastrointestinales y enfermedades
cardiovasculares.
«En nuestras cárceles no hay médicos, se niega el acceso a la atención
médica a presos. Hay malas condiciones de salubridad e higiene, lo que
empeora las condiciones de salud. Nuestros presos están todos
desnutridos. Unos presentan ya signos de desnutrición severa. Hay
hombres y mujeres que pesan menos de 45 kilos», dijo.
Añadió que Venezuela es el «único país donde, bajo el auspicio de las
autoridades, los presos controlan centros penitenciarios, (que) son los
llamados pranes».
«Hay cárceles totalmente controladas por los pranes, ellos deciden la
vida de las personas e inclusive quiénes dirigen el centro
penitenciario», sostuvo.
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Observatorio Venezolano de Prisiones informó este martes que el
hacinamiento en centros penitenciarios de Venezuela fue de 159,09%
durante el año 2021, aun cuando la población reclusa se redujo 10%
respecto a 2020.
La directora de la organización, Carolina Girón, dijo durante la
presentación del informe del pasado año que la población penitenciaria
al cierre de 2021 era de 33.710 reclusos, que son 3.833 menos que en
2020, cuando los centros cuentan con capacidad para 21.188 personas.
68% de la población reclusa se encuentra en 14 de los 52 centros
carcelarios que hay en Venezuela, según el estudio.
«La situación penitenciaria no ha sido diferente a lo que ha sucedido en
los últimos cinco años.
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Lamentablemente, la situación no ha mejorado. Siguen
ocurriendo muertes, falleciendo personas por hambre y condición de
desnutrición», afirmó Girón.
Aseveró que la población reclusa está en «riesgo crítico» debido al
hacinamiento, cuyas causas son, principalmente, la disminución de 5.050
plazas vacantes por el cierre de 10 centros penitenciarios desde 2002 y
el retardo procesal, que afectó a 70% de los casos.
Señaló que 54% de los presos están aún bajo proceso judicial, es decir,
«todavía no ha sido probada la culpabilidad» de los delitos, mientras
que el restante 46% ya está penado.
«El Poder Judicial ha optado por privación de la libertad en detrimento
de beneficios (libertad bajo fianza). Muchas personas pudieran llevar
sus procesos desde sus casas y eso ayudaría al descongestionamiento de
los centros penitenciarios», expresó.
Además, aseguró que hay casos de reclusos que, pese a que cumplieron su
pena, no han sido emitidas sus boletas de excarcelación, o de otras de
personas con boletas de excarcelación que continúan presas.
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