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Polémica fórmula para
aprobar leyes que de la nueva Constitución

AFP
Una polémica se ha formado en Chile luego que un sector de la Convención
Constitucional (CC) iniciara el ingreso de indicaciones para los
artículos que regularán una eventual transición constitucional en caso
que se apruebe la nueva Carta Magna. Esto incluye una imposición de
plazos al Congreso y hasta saltarse su papel en caso de bloqueo o
dilatación de proyectos necesarios para el traspaso.
Las indicaciones son resultados de un proceso de negociación de las
facciones de izquierda de la convención para regular la transición
constitucional para que la probable nueva Constitución no se transforme
en letra muerta. Para lograr esto, el organismo busca imponer plazos al
Congreso y nuevas formas de trabajar para que la Carta Magna se ponga en
marcha.
Entre lo propuesto se destaca que dentro del año siguiente a la
promulgación de la nueva Constitución, el Congreso tendrá la obligación
de presentar un proyecto de ley que regule la organización del Consejo
de Justicia, un órgano de carácter autónomo y plurinacional que estará a
cargo del nombramiento de los jueces del país y revisar la labor de los
tribunales. En caso que pasen dos años y no se despache el texto se dará
por aprobado el proyecto presentado por el presidente.
“Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente Constitución,
el Poder Ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley que regule la
organización y funcionamiento del Consejo de la Justicia. Si dentro de
los dos años siguientes al inicio de su tramitación el proyecto no
hubiese sido despachado por el Poder Legislativo, se tendrá por aprobado
el proyecto presentado por el Presidente”, propusieron los
convencionales.
Un fórmula similar fue propuesta para el Estado regional. Los
convencionales presentaron la idea que los proyectos necesarios para
lograr la “autonomía financiera y la descentralización fiscal de las
entidades territoriales” se tramiten en un plazo máximo de dos años. En
caso que el tiempo transcurra y no ocurran resultados “el gobierno
procederá a hacer presente la urgencia para la tramitación y despacho
del proyecto de ley”.
En esta misma línea otra polémica se ha formado por la idea de permitir
que el presidente pueda legislar mediante Decretos con Fuerza de Ley (DFL)
para tratar temas sobre vivienda y urbanismo.
“En un plazo de 18 meses desde la entrada en vigencia de esta
Constitución, el Presidente de la República deberá ingresar un proyecto
de ley integral sobre vivienda y urbanismo”, agregando de “expirar el
plazo sin legislación y en conformidad a las normas contenidas en la
Constitución, se facultará al Presidente de la República para que vía
decreto con fuerza de ley se adecúe la normativa aprobada”, es lo
propuesto por los convencionales.
Lo mismo sucede para temas de seguridad social. En un plazo de seis
meses contados desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el
Presidente deberá tramitar los proyectos para adecuar la legislación
vigente a los principios y normas establecidos en el artículo sobre
Seguridad Social. En caso que no suceda en los dos años desde la
presentación del proyecto, “el o la Presidenta de la República dictará
un Decreto con Fuerza de Ley para dar cumplimiento a lo dispuesto en
esta disposición”.

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Asesinada Ecuador a fiscal que arrestó
a la pareja del “Pablo Escobar ecuatoriano”

La fiscal Luz Marina Delgado y el abogado Jeferson Mendoza fueron
asesinados por sicarios en Manta, a 420 kilómetros de Quito. La agente
de la Fiscalía General del Estado participó, en el 2018, en un operativo
que permitió la captura de la pareja de Washington Prado, conocido como
‘alias Gerald’ o el ‘Pablo Escobar ecuatoriano’.
Delgado y Mendoza se movilizaban en un vehículo rojo que perdió el
control y chocó contra la pared de una casa luego de que sus ocupantes
sean impactados por las balas.
Los moradores del sector contaron a la prensa que escucharon una ráfaga
de disparos. Apenas conocido el hecho, miembros de la Policía Nacional y
agentes de inteligencia llegaron al lugar. Asimismo, personal médico
atendió a las víctimas y confirmó su deceso.
El asesinato de la fiscal Delgado es un nuevo atentado en contra de los
funcionarios de la Fiscalía, pues otros agentes también han fallecido
bajo la modalidad de sicariato. Este mes se reportó también el asesinato
de un agente en Santo Domingo, a 152 kilómetros de Quito, producto de un
tiroteo. En Esmeraldas, en la frontera norte de Ecuador, un ex fiscal
también fue asesinado.
La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado donde aseguró el
inicio de las investigaciones para esclarecer el crimen, al que calificó
como “execrable”. La institución rechazó los intentos de amedrentamiento
en contra de sus funcionarios, a los que respaldan en su labor
investigativa, según se lee en el boletín.
La institución pidió a la Policía Nacional y a otras entidades
encargadas de la seguridad ciudadana que actúen “con mayor eficiencia de
manera que este tipo de hechos no se repitan”. Delgado participó hace
cuatro años en la detención de Julia J.M.G., conviviente de alias Gerald,
quien tenía una orden de captura con fines investigativos por el delito
de lavado de activos. Julia fue detenida en un operativo policial el 17
de abril de 2018. Como resultado de esa operación, las autoridades
incautaron USD 7.000 en efectivo y un teléfono celular.
La captura, en la que intervino Delgado, sucedió tres días después de
que Julia J. M. G. recuperará su libertad gracias a un fallo favorable
de un tribunal de jueces y tras haber estado en la cárcel por el delito
de delincuencia organizada. Los jueces fueron procesados por
prevaricato.
A inicios de mayo, el abogado Walter Vallejo, que defendió a alias
Gerald fue ejecutado por un sicario frente a la entrada de un lujoso
hotel en Guayaquil. Según el testimonio de una persona que acompañaba a
Vallejo Pino, el delincuente que disparó en contra del fallecido vestía
de negro entero, se bajó de una moto plateada y huyó en el mismo
vehículo con la complicidad de otra persona que conducía el motorizado.
El asesinato del penalista, al igual que el de la fiscal, sucedió
durante el estado de emergencia
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decretado por el presidente Guillermo Lasso en Guayas, Manabí y
Esmeraldas, por el cual los efectivos militares y policiales recorren
las calles.
500.000 píldoras de
fentanilo en una camioneta en Arizona

AP
Dos mujeres fueron arrestadas después de que la policía detuvo la
camioneta en la que viajaban por circular a exceso de velocidad y
descubrió 500.000 pastillas de fentanilo, informaron las autoridades de
Arizona.
Las píldoras estaban ocultas en frascos de suplementos de colágeno, y
durante la inspección del lunes también se localizó un arma de fuego y
una gran cantidad de dinero en efectivo, indicó en un comunicado la
policía de Casa Grande, una pequeña población al sur de Phoenix.
Las mujeres detenidas fueron identificadas como Martha Lopez, de 31 años
y Tania Luna Solis, de 30. Ambas son de Phoenix.
os registros del tribunal no indican si cuentan con abogados que puedan
declarar en su nombre.
En el vehículo había dos niños, los cuales fueron puestos a disposición
de del servicio de cuidado infantil del estado, indicó la policía.
Las muertes por sobredosis en Estados Unidos han estado en aumento las
últimas dos décadas. El alza comenzó en la década de 1990 con sobredosis
de analgésicos opioides y luego por otras sustancias como la heroína y,
más recientemente, el fentanilo.
El año pasado se registraron más de 71.000 muertes por sobredosis de
fentanilo y otros opioides sintéticos, un aumento del 23% con respecto
al año anterior. También hubo un aumento de 23% en las muertes por
cocaína y un incremento del 34% en las muertes con metanfetaminas y
otros estimulantes.
El fentanilo, un opioide sintético desarrollado para tratar los síntomas
del dolor crónico y es barato de producir. Es un fuerte analgésico
sintético opioide similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más
potente que esta.
“Es altamente adictivo, se halla en todos los 50 estados y los
traficantes de droga están mezclándolo cada vez más con otros tipos de
droga -en polvo o en pastillas- como un esfuerzo por aumentar la
adicción y atraer compradores recurrentes”, advirtió en abril la DEA.
La gran mayoría del fentanilo que se trafica ilegalmente en los Estados
Unidos entra por la frontera sur del país desde México. Los químicos con
los que se desarrolla el fentanilo suelen fabricarse en China o India,
desde donde se exportan a México. Una vez allí se los procesa en
pastillas y en este formato intentan cruzar la frontera para ser
vendidos en dólares. El consumo de fentanilo en los Estados Unidos es el
más alto en el mundo, y es lo que se ha dado a conocer en el país como
la crisis de los opioides, la principal causa de muerte no natural de
personas menores de 30 años.
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