Plan de Biden para agilizar las solicitudes de asilo

AFP

A partir de hoy, 31 de mayo, por decisión del gobierno federal, los solicitantes de asilo en los Estados Unidos podrán presentar sus casos directamente a oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, sin tener que esperar a que un juez se haga cargo del caso. Este cambio en el procedimiento está pensado para que el proceso sea más rápido. Desde la pandemia, con la consecuente falta de personal en todos los ámbitos, los procesos migratorios -incluido el proceso de asilo- se extendieron en tiempo de manera exorbitante.

Inclusive, la nueva medida pone un plazo para la resolución de los casos. Los agentes de inmigración tienen 90 días para tomar una determinación. En el pasado, al no haber plazos, podrían tomarse años para darle una respuesta al migrante.

Una vez que el solicitante presenta su caso, el oficial de inmigración deberá evaluar si la persona tiene lo que se denomina miedo creíble. Los casos de asilo se basan en este concepto abstracto, que es si la persona realmente corre peligro en su país de origen, y de allí el miedo creíble. Además de evaluar la documentación que el migrante presente, el oficial deberá entrevistar a la persona dentro de los primeros 30 días después de la presentación del caso. Luego los oficiales tienen 60 días más para tomar una decisión sobre el pedido de asilo. Si se lo conceden, la persona puede vivir legalmente en los Estados Unidos y al año solicitar una residencia permanente (la famosa Green Card).

Si el oficial niega la solicitud de asilo, el migrante tiene siete días para pedir una revisión del caso. La revisión del caso vuelve todo a foja cero y tiene otros 90 días para ser resuelta. Si recibe una segunda respuesta negativa, entonces el migrante puede llevar su caso ante un juez de inmigración para que lo revise y lo presente ante la Junta de Apelaciones y los jueces del distrito.


“A través de esta norma, estamos construyendo un sistema de asilo más funcional y sensato para garantizar que las personas que reúnen los requisitos reciban protección con mayor agilidad, mientras que las que no reúnen los requisitos serán expulsadas rápidamente”, decía a la prensa Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional a través de un comunicado.

En la actualidad el sistema de inmigración tiene 1,7 millones de casos pendientes, de los cuales un 40 por ciento corresponden a pedidos de asilo.

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Roban muchachitas y jamás encuentren al responsable

Cortesía
 

Desde el pasado 16 de mayo, México supera esta cifra en su registro oficial de personas desaparecidas en el país, lo cual da una idea de la auténtica "crisis humanitaria" que supone esta tragedia, tal y como la calificó el gobierno el año pasado.

Aunque el conteo oficial inició en 1964, las desapariciones aumentaron vertiginosamente desde que en 2006 se inició la llamada "guerra contra el narco" del entonces presidente Felipe Calderón.

Durante su última visita a México, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas denunció que el crimen organizado es el perpetrador central de estos hechos, aunque también señaló como responsables a funcionarios públicos.

Por ello, instó a tomar acciones para acabar con la impunidad que campa a sus anchas -casi un 95% de los delitos en México quedan sin resolver- y a instaurar una política nacional que sirva para prevenir y erradicar las desapariciones.

"Se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda, ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora (...) y a buscar fosas clandestinas porque no se debe de olvidar que hubo una guerra contra el narcotráfico" durante la que "murieron muchos y los desaparecieron", declaró el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tras conocerse el reciente y triste récord de desaparecidos en el país.

En los últimos meses, el estado norteño de Nuevo León ha estado bajo el foco por el aumento de desaparición de mujeres -especialmente jóvenes, con algunos casos tan mediáticos como el de Debanhi Escobar- y por las irregularidades cometidas y reconocidas por la Fiscalía estatal durante la investigación.

Pero miles de otras desapariciones no atraen la misma atención y son los familiares de las víctimas quienes luchan a diario para impedir que, con el paso del tiempo, sus casos caigan en el olvido de las autoridades y de la sociedad.

Porque la cifra de 100.000 desaparecidos recién alcanzada es mucho más que un número: esconde historias de búsquedas en terreno con las propias manos de las familias que, en ocasiones, acaban prácticamente destrozadas de por vida a causa de la tragedia.

El de la joven Frida Flores, desaparecida el año pasado también en Nuevo León, es uno de ellos. Su madre, Erika Navarro, compartió entre llantos

su historia con BBC Mundo y aseguró que ni todo el dolor del mundo le hará desistir de buscar hasta encontrar a su hija.

Aumento de los asesinatos en Uruguay

Reuters
 

Fueron ocho los homicidios registrados en Uruguay durante el fin de semana que, sumados a un noveno ocurrido el lunes, elevan a 42 la cantidad de asesinatos durante el mes de mayo y a 171 el total en lo que va de 2022. En esa coyuntura, distintos actores políticos manifestaron sus opiniones respecto a la situación del país y la próxima semana habrá una comparecencia al Senado del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

“Estamos presentes, el operativo viene funcionando, pero lamentablemente no podemos prever estos homicidios que suceden a veces en cualquier esquina”, dijo Heber en entrevista con Subrayado. Según explicó, varios de los homicidios “tienen que ver con situaciones de cobro de cuentas de droga”.

También se refirió al barrio Peñarol, el más afectado por este tipo de crímenes durante el mes de mayo, y expresó que habían establecido un operativo muy intenso en la zona y tenían seis móviles policiales. “El episodio pasó a unas pocas cuadras del móvil, pero no pudimos prever esa situación, ni hubo situación para evitar que se pudiera robar, rapiñar ese almacén y que le costara la vida a ese trabajador”, lamentó.

Aunque la gravedad de la situación que atraviesa Uruguay ya era de público conocimiento -el Ministerio del Interior comunicó en abril que durante enero, febrero y marzo hubo un aumento del 33% en la cantidad de homicidios-, el pasado fin de semana dejó en evidencia que el país se enfrenta a una situación aún más delicada: fueron ocho los homicidios en aproximadamente 48 horas.

El senador por el Frente Amplio, Charles Carrera, manifestó su preocupación por “la situación en materia de seguridad pública” y la consideró como “alarmante”, en diálogo con La Diaria. “El ministro habla de un plan, [pero] no hay ningún plan, lo que hay son reacciones”, añadió y señaló que “si uno analiza el crecimiento” de los homicidios “y comparamos mayo de este año con mayo del año pasado, el delito creció 160%”.

También se refirió al plan que presentó el ministro de Interior en Torre Ejecutiva el 11 de mayo con el objetivo de frenar el aumento de homicidios. Carrera dijo que cuando Heber anunció el plan “se habían consumado 15 homicidios” en el mes, y luego del anuncio “desgraciadamente van al menos 27 homicidios consumados, entonces realmente la situación es muy grave, no hay gestión”. Además, reiteró que el Frente Amplio había avisado “que con el incremento de la actividad” luego de la emergencia sanitaria habría “un incremento de la violencia”.