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Con todo esto, el costo de llenar el tanque será más alto para
los estadounidenses, que enfrentan la mayor inflación en los
últimos 40 años.
California está pagando el precio medio más alto, 6,43 dólares
por galón, según AAA, lo que equivale a 1,69 dólares por litro.
La gasolina menos cara se está abonando en Mississippi, con un
promedio de 4,52 dólares por galón.
Aunque es la primera vez que se supera la barrera de los 5
dólares, no sería un precio récord si se tiene en cuenta la
inflación. La gasolina llegó a 4,11 dólares por galón en julio
de 2008, lo que en la actualidad equivaldría a unos 5,40
dólares.
La inflación en Estados Unidos resurgió en mayo, ya que el
índice de precios al consumo se disparó un 8,6% respecto a 2021,
el mayor aumento desde diciembre de 1981, según datos del
Gobierno publicados este viernes.
El IPC creció 1% en comparación con abril, tras el modesto
aumento del 0,3% del mes anterior, según informó el Departamento
de Trabajo, muy por encima de lo augurado por los analistas, que
esperaban que las presiones inflacionistas disminuyeran
ligeramente.
Los datos mostraron que la gasolina se disparó un 4,1% en el
mes, con grandes aumentos en la vivienda, las tarifas aéreas y
los vehículos usados y nuevos.
La inflación desenfrenada de Estados Unidos está imponiendo
graves presiones a las familias, obligándolas a pagar mucho más
por los alimentos, la gasolina y el alquiler, y reduciendo su
capacidad para permitirse artículos discrecionales, desde cortes
de pelo hasta aparatos electrónicos.
Los estadounidenses de bajos ingresos y los
afroamericanos e hispanos, en particular, están luchando porque,
en promedio, una mayor proporción de sus ingresos se consume en
necesidades.
Agentes de
seguridad del Estado y las violaciones de los DDHH en El
Salvador
Getty
Han sido muy fuertes los ajustes que se han tenido que hacer en
este país plagado de organizaciones criminales, Juan Pappier,
investigador sénior de la División de las Americas de Human
Rights Watch (HRW), afirmó este viernes en su cuenta de Twitter
que la organización ha documentado más de 100 casos de
“detenciones arbitrarias” y “varias muertes” bajo el régimen de
excepción vigente en El Salvador desde finales de marzo.
“El Salvador: seguimos recibiendo reportes de violaciones de
DDHH en el régimen de excepción”, publicó Pappier en la referida
red social.
“Ya documentamos en detalle una muestra de más de 100 casos de
detenciones arbitrarias y varias muertes” y que “los agentes que
cometen abusos deben saber que serán judicializados en el
futuro”, agregó.
Reportes de la prensa local indican que bajo el régimen de
excepción, que ya extendió en dos ocasiones la Asamblea
Legislativa, han muerto unas 40 personas detenidas y en custodia
de las autoridades. “En algunos casos, las familias aseguran que
los reos murieron a consecuencias de torturas debido a que, al
revisar los cadáveres, han encontrado huesos fracturados,
laceraciones en la piel, moretones y heridas profundas en la
cabeza”, reportó este viernes El Diario de Hoy en su portal
elsalvador.com.
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A inicios de mayo, HRW registraba al menos 40 casos de abusos
cometidos en el país centroamericano durante el régimen de
excepción, decretado a finales de marzo para controlar una
escala de violencia atribuida a las pandillas y bajo el cual se
ha detenido a más de 37.000 personas acusadas de ser pandilleros
o tener vínculos con estas bandas.
En ese primer informe, elaborado en conjunto con la organización
humanitaria salvadoreña Cristosal, se señala que en 20 casos las
fuerzas de seguridad allanaron los domicilios de las víctimas
sin presentar una orden judicial.
En 5 casos, los testigos indicaron que policías o soldados
habían golpeado a las personas mientras estaban siendo
detenidas, señalaron.
Las organizaciones apuntaron que en la mayoría de los casos los
testigos señalaron que las fuerzas de seguridad no habían
presentado una orden de captura, ni explicado los motivos de los
arrestos.
Según el presidente Nayib Bukele, su Gobierno está “cerca” de
ganar la “guerra contra las pandillas” con este régimen, que
suspende derechos constitucionales, como la defensa en procesos
penales.
Una investigación de El Faro señala que la ola de asesinatos que
dio pie este régimen se desencadenó tras la supuesta ruptura de
un pacto entre el Ejecutivo de Bukele y la Mara Salvatrucha
(MS13). El mandatario no ha respondido esta acusación.
Expresidenta de
Bolivia, 10 años de prisión
AFP
De este modo termino la travesía judicial que cursaba desde hace
varios meses Jeanine Añez, se le acusa por sedición, terrorismo
y conspiración, se encuentra en etapa de investigación, esto
último sigue su curso probatorio.
Es así como la expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Añez
fue condenada este viernes a 10 años de prisión, acusada de
haber realizado un golpe de estado en 2019 contra su antecesor,
Evo Morales.
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dio a conocer el
fallo "de sentencia condenatoria" de 10 años, a cumplir en una
cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después del inicio del
juicio y 15 meses después de que la exmandataria derechista
fuera encarcelada preventivamente.
El presidente del tribunal, Germán Ramos, destacó en la lectura
del fallo "la plena convicción" de los magistrados sobre la
"participación y responsabilidad penal" de Áñez y los demás
imputados, que además deberán pagar un monto aún no especificado
por supuestos daños al Estado.
En su alegato final, Añez se había declarado inocente, señalando
que el Tribunal "excluyó" pruebas que descartaban un
derrocamiento de Morales en 2019. "Nunca busqué el poder",
afirmó la expresidenta de 54 años, quien se define como "presa
política".
"Hice lo que tenía hacer, asumí la presidencia por compromiso...
Lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad", aseguró Áñez a
los jueces del tribunal, que la visitaron en el penal de La Paz
donde se encuentra recluida desde marzo de 2021.
Otra causa contra la expresidenta, por sedición, terrorismo y
conspiración, se encuentra en etapa de investigación, por lo que
aún no hay cargos formales.
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