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Corte ordena eliminar pasado
judicial a quienes cumplieron su condena
La Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades judiciales borrar
de las bases de datos y de los antecedentes judiciales la información de
las personas que hayan cumplido con su condena.
En el más reciente fallo, el alto tribunal indicó que esta decisión
garantiza el derecho al anonimato judicial cuando el ciudadano cumple
con la condena.
"En virtud del derecho al olvido y el principio de caducidad de dato
negativo, se impone suprimir los nombres de las personas condenadas
cuando jurídicamente se ha declarado el cumplimiento de la pena o su
prescripción”, explicó la Corte.
No obstante, en el mismo fallo, la Corte indicó que la setencia que
condenó a la persona si de estar pública para cualquier consulta.
" (…) la Sala ha señalado que si bien sus providencias condenatorias o
referidas a fallos de condena –como ocurre en este caso-, se deben
ofrecer íntegras al público en general, permitiendo así que los
ciudadanos accedan a ellas mediante los buscadores web”, agrega el
documento.
Capturan dos alcaldes por nexos de corrupción en Caldas
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En un nuevo capítulo del caso de
corrupción del senador Mario Castaño, fueron
capturados dos alcaldes que serían
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parte de la red que
presuntamente tuvo irregularidades con contratos en distintas entidades.
Se trata de los mandatarios de Suárez, Cauca, Ronal Villegas, y el burgomaestre
de La Merced, Caldas, Jhonattan Vásquez, detenidos por la Fiscalía.
Según las pruebas del ente acusador, la supuesta red de corrupción que lideraba
Castaño habría firmado un contrato para construir un muro y la intervención de
unos taludes en La Merced.
Respecto al municipio de Suárez, señaló la Fiscalía que el alcalde fue capturado
por un contrato para realizar la obra de una cancha.
Estas dos capturas de mandatarios se suman a la ya realizada el pasado 19 de
julio contra Huberto Vásquez, quien era el alcalde de Balboa, Risaralda.
Cabe destacar que en esta organización criminal, aparentemente, celebraban de
manera indebida millonarios contratos con entidades estatales para cobrar
dádivas.
Exgobernador
de Casanare, William Pérez, no entró a la JEP
Debido a que realizó pocos aportes a la verdad, la Jurisdicción Especial para la
Paz rechazó el sometimiento de William Pérez, exgobernador de Casanare, quien
tuvo vínculos con grupos paramilitares.
La Sala de Definición de la JEP afirmó que la información entregada por el
exmandatario no fue adicional a la ya conocida por sus condenas en la justicia
ordinaria, donde la Corte Suprema de Justicia lo condenó en tres ocasiones.
“Se tiene que a pesar de los múltiples requerimientos dados al señor William
Hernán Pérez Espinel, dentro de su escrito de compromiso claro, concreto y
programado no proporcionó los datos específicos que permitieran verificar su
dicho, las acciones que realizó y las demás personas que se vieron involucradas
en los hechos relatados y no meramente aseveraciones genéricas”, decía el auto.
Agregó la JEP que el exgobernador no pudo comprobar ninguno de sus aportes a los
magistrados: "Esta manifestación se aparta del deber de aportar verdad, pues
implica una contradicción frente a lo que se ha propuesto en los anteriores
planes, lo cual presenta retroceso para el aporte de verdad”.
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Pérez había solicitado la revisión de su expediente en la justicia
tradicional desde 2018, debido a sus nexos con las Autodefensas, que
según las evidencias, le ayudaron para alcanzar la Gobernación en
Casanare, a cambio de beneficios financieros, militares y políticos.
Hallazgo fiscal en subsidios a damnificados en tragedia de Mocoa
La Contraloría General de la República determinó un (1) hallazgo con
presuntas incidencias disciplinaria y fiscal en cuantía de 5.748
millones de pesos, correspondiente al valor de los subsidios de arriendo
adicionales que se han venido otorgando y pagando a damnificados de la
avalancha de Mocoa.
Tales ayudas se han dado por incumplimientos que han impedido la
culminación y entrega del Proyecto de Vivienda Sauces II, que hace parte
de la reconstrucción de la capital del departamento del Putumayo.
Para suplir la necesidad y la situación de la comunidad afectada se ha
hecho el pago efectivo de subsidios de arrendamiento, por la no entrega
de las viviendas en las fechas previstas.
Los subsidios otorgados a los damnificados de manera provisional, han
sobrepasado la fecha prevista inicialmente (15 meses), que fue la
proyección que se realizó sobre entrega del proyecto en septiembre de
2019.
La anterior situación generó pagos adicionales por concepto de subsidios
de arriendo a los beneficiarios por un valor superior a los 5.748
millones de pesos ($5.748.316.667), correspondiente al desembolso de
8.146 apoyos en el periodo comprendido del 6 de septiembre de 2019 (fecha
prevista inicialmente para la terminación del proyecto) al 19 de marzo
de 2022. Y esta es la suma cuantificada como presunto hallazgo fiscal.
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