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Colombia vislumbra caminos para acabar la
guerra contra las drogas: ¿legalización de la marihuana y la
cocaína?

La ley de Colombia ya permite la producción de cannabis con
fines médicos, principalmente para exportar a mercados
extranjeros como Estados Unidos y Canadá, pero los partidarios
de la nueva legislación creen que solo la legalización del
cannabis recreativo puede alejar a miles de agricultores del
narcotráfico y llevarlos al mercado y comercio lícito.
“Ni siquiera Estados Unidos, con todo su poderío y dinero, pudo
ganar la guerra contra las drogas… Ahora mismo, Colombia produce
más droga que cuando vivía Pablo Escobar, hay más consumidores,
más cultivadores. El narcotráfico crece a pesar del dinero que
invertimos en combatirlo y de las miles de muertes que
sufrimos”, afirmó Bolívar, quien recientemente viajó a Colorado
para conocer de primera mano los beneficios económicos de
legalizar la marihuana.
Elaborar números en un mercado ilegal nunca es una ciencia
exacta, pero un estudio de 2016 del gobierno colombiano estimó
que el narcotráfico, el flujo de drogas ilegales, principalmente
cocaína, que se produce en Colombia y se vende en los mercados
internacionales desde Europa hasta Norteamérica, a Asia, valía
hasta el 3,8% del PIB colombiano en ese momento.
Exparamilitar Hernán Giraldo
habría ingresado a la cárcel a niñas menores de 14 años para
violarlas

El exjefe paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona, Hernán
Giraldo Serna, fue acusado formalmente por la Fiscalía General
de la
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Nación de violar a por lo menos cuatro mujeres,
todas ellas menores de 14 años, mientras estaba recluido en
cárceles de Antioquia y Atlántico.
Los hechos ocurrieron entre febrero de 2006 y mayo de 2008, años
en los que el exjefe paramilitar y sus aliados las habrían
engañado para que ingresaran a los centros penitenciarios y,
estando allí, tuvieran relaciones sexuales.
Así las cosas, “varios de los punibles por los que es acusado
Giraldo Serna, habrían ocurrido posterior a su desmovilización y
acogimiento al proceso de Justicia y Paz dispuesto para los
integrantes de las organizaciones paramilitares”, dijo el ente
acusador.
Pese a ello, este caso cuenta con la particularidad de que la
Fiscalía General de la Nación declaró delito de lesa humanidad
la conducta de violencia sexual que ejercitó el exjefe
paramilitare dentro y fuera de las cárceles.
Asesinan a dos periodistas y otro resulta
herido en Colombia

Dos periodistas fueron asesinados y un tercero resultó herido la
madrugada del domingo cerca del municipio de Fundación, en el
departamento de Magdalena, confirmó a CNN una fuente policial.
Los fallecidos son Léiner Montero Ortega, director de la
estación digital de radio Sol Stereo, y Dilia Contreras,
reportera digital del portal La Bocina Col, según la fuente
policial de Magdalena.
La Policía de Magdalena investiga si se trató de un intento de
robo o atraco, si hubo alguna situación de disputa en las
festividades patronales que estaban cubriendo, o si fue un
atentado planificado por razones de su trabajo.
La no gubernamental Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
expresó su rechazo y repudio al asesinato de los periodistas, al
tiempo que llamó a las autoridades a investigar el caso con la
mayor celeridad, teniendo en cuenta dentro de la investigación
el trabajo periodístico de Montero y Contreras.

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Así quedó la casa de Andrés Escobar tras
sufrir varios ataques con armas traumáticas y explosivos

Andrés Escobar, el empresario vinculado a un
proceso judicial por hechos relacionados con el paro nacional
denunció haber recibido múltiples amenazas en los últimos dos
meses e incluso ataques en el lugar donde reside.
Además aseguró que ha recibido más de doscientas amenazas en su
contra, todas puestas en conocimiento ante la Fiscalía General
de la Nación.

“Temo por mi vida, por la vida que colateralmente pueda afectar
toda esta situación mediática que me he visto envuelto, es que
no estoy en peligro solamente yo sino los vecinos, los
copropietarios, mi familia“, dijo.
Cabe recordar que Escobar fue imputado por el presunto delito de
amenaza agravada y se encuentra a la espera de que un juez de la
República resuelva su situación judicial por los hechos
ocurridos durante el paro nacional.

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