Chile recuerda el plebiscito de 2020 mientras debate si celebrar uno nuevo

El histórico plebiscito de octubre de 2020 en el que los chilenos decidieron masivamente derogar la Constitución actual, heredera de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cumplió este martes dos años mientras las fuerzas políticas debaten si celebrar una nueva votación el año que viene. Aquel 25 de octubre de 2020, en plena segunda ola de la pandemia, un 78,28 % de los chilenos votó por el cambio constitucional, frente al 21,72 % que prefirió quedarse con la Carta Magna vigente, que fue reformada decena de veces en democracia pero sigue siendo foco de críticas por su corte neoliberal.

En aquella votación, además, el 78,9 % de los electores escogió que el órgano encargado de redactar el nuevo texto fuera una convención independiente, integrada por 155 miembros elegidos en las urnas solo para ese fin. El proceso, que se concibió como la salida a las graves revueltas de 2019 contra la desigualdad y el modelo de sociedad, debía cerrarse el pasado 4 de septiembre, con otro plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta constitucional. Sin embargo, y pese a que casi el 62 % rechazó la propuesta de nueva Constitución, el proceso constituyente sigue abierto y las fuerzas políticas debaten desde entonces cómo encaminarlo.

La gran mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con sustituir la Ley Fundamental actual, pero no les gustó ni el texto que se propuso ni las formas de la convención, según todas las encuestas.

¿Nuevo plebiscito?

La gran duda hoy es si Chile volverá a las urnas para determinar en un nuevo plebiscito "de entrada" si sigue queriendo el cambio constitucional que ratificó hace dos años o aquel resultado se da como válido y se procede directamente con la elección de los convencionales. Los partidos que integran la coalición oficialista de izquierda apoyan esta segunda opción, mientras que parte de la derecha se inclina por un nuevo referéndum.

Los diálogos parlamentarios para convocar un nuevo proceso constituyente arrancaron con fuerza pocos días después del plebiscito, pero en las últimas semanas las negociaciones se han estancado y hay pocos avances.

El presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, aseguró este martes que "el país requiere conocer cuál va a ser es el itinerario institucional para arribar a una Constitución nacida en democracia, cuál es el mecanismo que se va a llevar adelante y cómo se garantiza un principio básico como el rol protagónico de la ciudadanía en la elaboración del nuevo texto"."Tenemos que llegar a un entendimiento lo antes posible (...) Seguir postergando el debate solo genera más incertidumbre. El diálogo debe dar resultado y, por tanto, llegamos a un momento en que se requieren definiciones para tener un buen acuerdo para Chile", agregó Elizalde, encargado de dirigir las negociaciones.

Sunak promete "estabilidad económica" al asumir el Gobierno británico

El nuevo líder conservador Rishi Sunak asumió este martes las riendas del Gobierno

británico con la promesa de situar la  "estabilidad económica" en el centro de su agenda, pero advirtió de que deberán tomarse decisiones "difíciles" ante la "profunda crisis económica" en el Reino Unido. Tras ser elegido este lunes líder de la formación en el poder por el grupo parlamentario conservador, Sunak recibió este martes el encargo del rey Carlos III de formar un nuevo Gobierno, después de que Liz Truss dimitiera como primera ministra el pasado día 20 por las turbulencias que su plan fiscal provocó en los mercados financieros.

Antes de entrar en la residencia oficial de Downing Street para nombrar a sus ministros, Sunak aseguró que su Ejecutivo trabajará con "integridad, profesionalidad y responsabilidad" y reconoció los errores que su predecesora cometió con el plan fiscal, que a finales de septiembre forzó al Banco de Inglaterra a realizar compras de bonos a largo plazo para frenar la caída de la libra.   
 

Crisis por la alza de la inflación y la deuda

El político, el primer hindú en alcanzar el cargo más alto del Reino Unido, ha iniciado su mandato con un país sumido en una crisis por una inflación interanual en ascenso (10,1 %), tipos de interés cada vez más altos (2,25 %) y una deuda acumulada que ha trepado al 98 % del producto interior bruto (PIV) del país."En este momento nuestro país se enfrenta a una profunda crisis económica. Las secuelas de covid 19 aún perduran. La guerra del (presidente ruso, Vladímir) Putin en Ucrania ha desestabilizado los mercados energéticos y las cadenas de suministro en todo el mundo", explicó Sunak al recordar el origen de la crisis.

El nuevo primer ministro resaltó que su Ejecutivo no dejará a las futuras generaciones con una deuda por saldar y aseguró que unirá al Reino Unido "no con palabras sino con hechos".

Sunak promete cumplir con el programa electoral

Además de atajar la crisis y sanear las finanzas públicas, Sunak resaltó que su intención es cumplir con el programa electoral que permitió al Partido Conservador ganar las elecciones de 2019.Prometió mejorar la sanidad, contar con mejores escuelas, calles más seguras, el control de las fronteras, la protección del medio ambiente, el apoyo a las fuerzas armadas y una sociedad más equitativa, así como aprovechar las oportunidades del Brexit. No obstantela oposición británica en bloque ha pedido la convocatoria de elecciones generales por considerar que Sunak no tiene el mandato del electorado para tomar medidas económicas.

Empieza el diálogo de paz para acabar con la guerra en el norte de Etiopía

El diálogo de paz entre el Gobierno de Etiopía y los rebeldes de la región norteña etíope de Tigré, en guerra desde 2020, empezó este martes en Sudáfrica bajo el auspicio de la Unión Africana (UA) y con el objetivo de acabar con la contienda."Sudáfrica está acogiendo conversaciones de paz para poner fin al conflicto en la región de Tigré", afirmó Vincent Magwenya, portavoz del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en una rueda de prensa en Pretoria, donde se celebran las negociaciones. El equipo de mediación de la UA incluye a su alto representante para el Cuerno de África, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo, la ex vicepresidenta de Sudáfrica Phumzile Mlambo-Ngcuka, y el expresidente keniano Uhuru Kenyatta.

El presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Moussa Faki Mahamat, precisó que en el proceso de paz participan como "observadores" representantes de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la ONU y el Gobierno de Estados Unidos. El Ejecutivo etíope y el FPLT, que gobernaba la región antes de estallar la guerra, aceptaron a principios de octubre una invitación de la UA para un diálogo de paz

previsto en Sudáfrica para el día 8 de ese mes, que se pospuso por motivos logísticos. Hasta entonces, los rebeldes habían sido reacios a un proceso auspiciado por la UA por su desconfianza hacia Obasanjo, a quien consideraban próximo al primer ministro etíope, Abiy Ahmed.

Pese a la disposición de los dos bandos a negociar, la situación sobre el terreno se ha visto marcada en las últimas semanas por un recrudecimiento del conflicto, en el que Etiopía, apoyada por tropas de Eritrea, ha tomado el control de varias ciudades de Tigré.

El Gobierno de Etiopía responsabilizó hace poco más de una semana a los rebeldes de la intensificación de la contienda desde el pasado 24 de agosto. Ese día, ambos bandos se culparon mutuamente de reanudar las hostilidades y romper así la "tregua humanitaria indefinida" vigente desde marzo pasado. Desde el fin de la tregua, la ONU, la UA, la Unión Europea y Estados Unidos han alertado sobre el aumento de los combates en la región, que ha resultado en la muerte de civiles y de trabajadores humanitarios, y han exigido el cese inmediato de las hostilidades.

La guerra empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando Abiy ordenó una ofensiva contra el FPLT en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas. Miles de personas han muerto y unos dos millones se han visto desplazadas debido al conflicto.

La UE y sus vecinos acuerdan mejorar la cooperación contra la inmigración irregular

Fortalecer la cooperación en la gestión de la migración, desincentivar los flujos irregulares y promover los legales son algunos de los elementos centrales de una hoja de ruta acordada en Praga por medio centenario de países de Europa y Asia Central, y del que han quedado excluidos Rusia y Bielorrusia.Estas ideas han sido consensuadas por países de la Unión Europea -República Checa ejercer la presidencia este semestre- los Balcanes, el Cáucaso y Asia Central, así como Turquía, en el marco del "Proceso de Praga", con la idea de afrontar los desafíos migratorios durante el período 2023-2027.

Los casi 50 países que integran este bloque de carácter voluntario y no vinculante han consensuado una declaración ministerial conjunta y un plan de acción.En la declaración se destacan seis áreas de cooperación, como son luchar contra la migración irregular y tráfico de personas, fortalecer el derecho de asilo, y promover la readmisión y regreso voluntario al país de origen.

La UE también ha sido testigo del incremento anormal de cruces irregulares de fronteras, "tres veces más que en 2021 y diez veces más que 2018", sobre todo por la ruta de los Balcanes occidentales, precisó la eurocomisaria.

Este fenómeno atañe a ciudadanos de países que no están inmersos en una guerra, como India, Túnez, Burundi o Cuba, lo que no da casi opciones a una protección temporal en la UE.Ya en el plan de acción para el período 2023-2027, se destacan los programas de cooperación con países para evaluar estos flujos migratorios, algo que la Comisión llevará a cabo próximamente con Macedonia del Norte y Albania, mediante el uso de un contingente de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

La UE, consciente de la utilidad de esta fuerza laboral en sociedades con población envejecida y baja natalidad, también quiere aprovechar su potencial, pero de una manera equilibrada, para no fomentar una fuga de cerebrosLa declaración fue suscrita por 48 países, entre ellos los Veintisiete representados por la Comisión europea, cinco de la Asociación Oriental (Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, Armenia y Ucrania) y seis de Asia Central (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) .También lo firmaron los seis países de los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Macedonia del Norte, Montenegro y Kosovo), Turquía y tres países de la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega y Liechtenstein).