TODOS A APORTAR DE VERDAD

Por: Luis Enrique Arango

Hoy en día estamos viviendo en una verdadera Torre de Babel, el valor de las monedas está sometido a múltiples influencias, algunas de ellas evidentes como la guerra y otras francamente indescifrables. Las fórmulas para enfrentar el fenómeno son inciertas, falibles y dan para montar discursos en uno u otro sentido.

El dólar se aprecia sobre las otras monedas y los países hacen maromas para evitarlo.

Estamos frente a una inflación de orden mundial, donde los Estados Unidos, otrora ejemplo de estabilidad, acumula una inflación anual a septiembre de 6,2%

La inflación en todas partes aumenta, en Colombia ya paso el 11%.

En USA, la Reserva Federal, el equivalente al Banco de la República, sube las tasas de interés y otras bancas centrales en el mundo hacen lo propio. Según las ultimas informaciones de los medios, Estados Unidos empieza a salir de dos trimestres recesivos, de decrecimiento de la economía, el último trimestre ya fue positivo.

Servirá en Colombia el aumento de las tasas de interés, sabrá Mandrake el mago como se solía decir.

El Japón puso en venta dólares de sus reservas para evitar la devaluación del Yen y parece que no le sirvió.

Lo que se nota a nivel mundial es que estamos frente a un juego de ruleta donde nadie puede con certeza asegurar nada.

Es este el escenario que enfrenta el nuevo Gobierno de Gustavo Petro para cumplir con su promesa de disminuir la desigualdad, evidente talón de Aquiles que nos distingue por lo negativo en el concierto de Naciones y que alimenta una peligrosa bomba de tiempo.

Cuando se habla de nuevos o mayores impuestos saltan silvestres los argumentos para oponerse ; por el lado de los empresarios por desestimular la inversión y afectar la economía y por lado de las personas naturales para no afectarlas más en su situación.

El caso de los impuestos a las pensiones altas es un ejemplo patético. No es totalmente cierto que son fruto del ahorro, hay pensiones demasiado subsidiadas, baste decir por ejemplo que en el pasado muchos se pensionaron con 20 años de servicio y a cualquier edad, así mismo que la mesada pensiónal se calculaba sobre el promedio del ultimo año de servicios y no sobre los 10 últimos años, como ocurre hoy en día en el régimen de prima media.

No fueron pocos los regímenes especiales de pensión que se obtuvieron vía convenciones colectivas. Incluso recuerdo que hasta una Universidad Pública, llegó a pensionar con 20 años de servicio y a cualquier edad hasta que se cayeron por la vía jurídica las convenciones colectivas firmadas y el derecho por ende a la negociación colectiva para los profesores de las Universidades Publicas.

Tampoco fueron pocos los casos de personas que fueron al Congreso de la República a pensionarse de forma accidental o deliberada cuando existían las suplencias.

No puede esconderse que muchas pensiones altas fueron obtenidas con regímenes especiales, sin los aportes históricos suficientes para reclamar equilibrio financiero. Ello obviamente recae en obligaciones crecientes para el Estado que obligan a aumentar el recaudo fiscal de alguna forma.

Que se necesitan recursos nadie lo puede negar, que es complejo, sin duda alguna. Lo estamos viendo con la actual reforma Tributaria. Las beneficios tributarios que se le otorgaron a los empresarios en Colombia, en el pasado, para lograr la creación de nuevos empleos no funcionó. Y si ahora se desmontan, se dice que puede provocar la pérdida de empleos.
 

Cuidemos más nuestros recursos

Por: Rubén Darío Varela

En medio de una situación fiscal bastante complicada, que se evidencia no solo en la drástica reforma tributaria que se está tramitando sino en los nubarrones de riesgo recesivo que asoman en todo el mundo, el Estado colombiano planea movilizar entre 2023 y 2024 más de 31,3 billones de pesos a través del Sistema Nacional de Regalías (SNR).

Se trata, sin duda alguna, del presupuesto más alto de la historia y, por ende, ya desde distintos sectores políticos, económicos, sociales, regionales, gremiales e institucionales se han prendido las alarmas en torno a cuáles serán los mecanismos nuevos que la Nación aplicará para evitar que una parte de ese billonario monto termine siendo botín de las redes de corrupción, los carteles de la contratación, el desgreño administrativo y la ineficiencia de los contratistas.

De hecho, luego de que el Ministerio de Hacienda presentara a comienzos de este mes al Congreso el respectivo proyecto de ley para aprobar ese presupuesto bienal, ha venido creciendo un debate en torno a si no es necesario proceder a reformas legales e incluso constitucionales para fortalecer el esquema administrativo y de vigilancia preventiva de estos dineros, que deben estar dirigidos a inversión social, educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología, y ambiente, así como para focalizarse en los municipios más afectados por el conflicto armado y la pobreza.

Las alarmas tempraneras no son gratuitas teniendo en cuenta tres elementos muy puntuales. De un lado, que, pese a todos los ajustes para garantizar la transparencia en la asignación y ejecución de estos recursos, las anomalías continúan presentándose.

Prueba de ello es el más reciente informe de la Contraloría, según el cual desde el segundo semestre de 2018 hasta junio pasado hubo 1.578 hallazgos con incidencia fiscal, por un valor total superior a los 3 billones de pesos.

La Procuraduría también ha alertado sobre múltiples casos de contratos con ejecución deficiente, ‘elefantes blancos’, cuantiosos anticipos en riesgo y grandes sumas congeladas en el sistema financiero.

A su turno, no pocas veedurías ciudadanas denuncian que hay mafias enquistadas en muchas gobernaciones y alcaldías que esquilman estos billonarios presupuestos.

Por otra parte, para nadie es un secreto que el país está empezando a entrar en modo campaña para las elecciones regionales y locales de octubre de 2023, lo que aumental

el riesgo de que estos dineros o la asignación de los mismos a determinados proyectos, obras y programas terminen siendo direccionados por maniobras politiqueras en departamentos y municipios.

A ello se suma que, pese a las pesquisas que realizan los entes de control fiscal, disciplinario y penal alrededor de las denuncias sobre presuntas graves irregularidades en los OCAD-Paz en el gobierno anterior, sobre todo en la inversión de altos presupuestos en los 170 municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), todavía no hay claridad en torno a si hubo pérdida de dineros oficiales y quiénes serían los responsables.

Visto todo lo anterior, es entendible que se esté urgiendo que se activen más mecanismos para vigilar el uso de estos recursos.

Es claro que hay más herramientas de inteligencia artificial disponibles, así como marcos de acción que permiten sobre todo a la Contraloría y la Procuraduría– realizar un monitoreo en tiempo real y con ello poder activar correctivos sobre la marcha en las obras y proyectos. Aun así, no cesan las irregularidades y la pérdida de recursos.

El hacinamiento no se cura construyendo más cárceles

Ante el último pronunciamiento de la Personera Municipal de Pereira Sandra Lorena Cárdenas realizado esta semana y que hace referencia a la denuncia que el hacinamiento en la cárcel de La 40 de la ciudad tiene una sobrepoblación de más del 100 por ciento sobrepasando el número de 1.200 internos, bien es pertinente reflexionar acerca de esta actual situación.

Y es que es pertinente como se dice coloquialmente poner el dedo sobre la llaga en este asunto, no solo por el hecho del incremento de este hacinamiento, sino también por otra denuncia aún mucho más grave que hizo la Personera Sandra Lorena Cárdenas y que tienen que ver con las precarias condiciones de salud que padecen los reclusos, siendo esta una de tantas consecuencias que trae consigo el fenómeno del hacinamiento, no solo en la capital risaraldense, sino en todo el país.

La verdad no se puede esconder con un dedo y es que realmente este centro penitenciario no cuenta con el personal suficiente para atender a los internos dado al hecho que es una situación que cada vez más se complica debido al sobrecupo que se viene presentando desde hace muchos años y que lastimosamente en el día de hoy no tenemos una solución eficiente que contribuya a erradicar esta problemática de raíz.

Ya se ha venido dándole mucha pólvora a la iniciativa de construir un nuevo centro penitenciario para la ciudad de Pereira en el sector de Combia, un proyecto que marcha lento como el paso de una tortuga, mientras los reos siguen padeciendo de brotes de enfermedades sin que tengan una atención médica oportuna, digna de seres humanos.

¿Pero realmente esta es la solución?

Se habla de construir otra cárcel para mitigar el sobrecupo, incluso de ampliar la cobertura de la aplicación de la figura judicial de casa por cárcel (que me parece toda una barbaridad), en fin, son muchas las soluciones que desde el Inpec y el Gobierno Nacional se mencionan.

Lo curioso, eso sí en mi juicio es que la solución de raíz a este problema no es la mejoría de infraestructura carcelaria ni la construcción de otros centros penitenciarios, ni siquiera la inyección de más recursos económicos. NO, esa no es la solución.

Lo triste del asunto es que la verdadera solución casi nadie la menciona, ni la aplica, es más, es muy desalentador, porque ni siquiera hace parte de la distribución de recursos, o si se presenta se destina un muy deficiente recurso para trabajar en algo tan pero tan importante como lo es la PREVENCIÓN y educación en poblaciones vulnerables, porque la verdadera solución es que estas personas no vayan a las cárceles.