Por otra parte, las demás víctimas presentaron heridas en piernas y abdomen, y fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial donde recibieron atención oportuna que les permitió permanecer fuera de peligro.

Aunque se especula que el ataque estaba dirigido contra alias el Mañe por sus presuntos nexos con Los Salsas Mexicanos, la supuesta guerra contra el Clan del Golfo y varios delitos, ni la Policía de Cartagena, ni la Alcaldía de la ciudad se pronunciaron al respecto.

Soldado habría asesinado a su hijo de cuatro meses de una golpiza: el militar dijo que el menor se cayó

El 19 de febrero se dio a conocer la judicialización del militar Andrés Mauricio González Benavides por el Juzgado Segundo Penal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, que lo acusó de asesinar a su hijo de 4 meses de nacido de una golpiza.

La Fiscalía dio a conocer que los hechos se presentaron el 21 de enero de 2023 en la urbanización Altos de la Popa, de Valledupar, mientras el soldado oriundo de Río Frío (Valle del Cauca) se encontraba en su residencia y le dio una paliza al recién nacido.

Sobre las 5:30 de la tarde el menor de edad llegó con un estado de salud crítico hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde murió a causa de un trauma craneoencefálico severo, pues presentaba un orificio en la cabeza.

González Benavides argumentó que el niño había sufrido una caída desde una altura considerable y que esa había sido la causa de los politraumatismos que presentaba; sin embargo, el militar ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar, por lo que decidieron abrir una investigación en su contra.

Se pudo conocer que el resultado de las indagaciones hechas por parte del ente acusador contradijo la versión del militar y dio cuenta de que el neonato había recibido múltiples golpes con objeto contundente.

Además los médicos del Hospital Rosario Pumarejo de López reportaron en el acta de deceso del menor que además de presentar el trauma craneoencefálico, también tenía tres costillas fracturadas y politraumatismos en el cuerpo.

Desde entonces las autoridades iniciaron la búsqueda del señalado infanticida, a quien detuvieron tropas del Gaula militar en la tarde del 17 de febrero de 2024 en el aeropuerto de Saravena (Arauca) y lo trasladaron hasta la capital del Cesar para que respondiera por el delito de homicidio.

Ante el Juzgado Segundo Penal con Funciones de Control de Garantías, González Benavides sostuvo su versión de un accidente doméstico; sin embargo, con las pruebas forenses la Fiscalía derrumbó esa hipótesis.

El ente acusador además estableció que la muerte del menor se produjo con conocimiento y voluntad por parte de su padre por lo que no sería homicidio simple, sino homicidio doloso, lo que le haría merecedor de una pena de entre 33 y 50 años de prisión.

En la tarde del martes 20 de febrero se llevó a cabo una segunda audiencia contra el militar Andrés Mauricio González Benavides, en la que se dictó la medida de aseguramiento en su contra.

Uno de los agravantes del crimen es que el soldado ya había agredido al menor y se presume que premedita el homicidio, pues esperó a estar solo con el bebé para atacar.

ELN reanudó el paro armado en Chocó por los combates que sostienen contra el Clan del Golfo

Aunque la semana pasada, el grupo insurgente anunció el fin del paro armado en varios municipios del departamento del Chocó, en el litoral Pacífico, nuevamente hay parálisis en ese territorio por cuenta de los combates que sostienen contra el Clan del Golfo, también conocidas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia

Los subversivos anunciaron el lunes que no permitirían el transporte fluvial en los ríos Sipí, San Jorge, y San Juan, así como en sus afluentes, ante los enfrentamientos con el grupo descendiente de las extintas AUC.

“Que se abstengan de movilizarse el 19 de febrero (...) ya que se siguen adelantando los combates”, citaron en el medio radial de uno de los panfletos de los guerrilleros.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo denunció que por el recrudecimiento de las hostilidades armadas entre esas organizaciones criminales, están confinadas, de manera forzada, las poblaciones de Istmina, Sipí, Litoral del San Juan, Nóvita y Medio San Juan.

“Es tan crítica la situación, que no se han podido transportar, vía fluvial, las ayudas humanitarias a quienes temen salir de sus territorios. Los enfrentamientos armados están vulnerando los derechos fundamentales de los pobladores (sic)”, detallaron en su cuenta oficial en la red social X.

Agregaron que están en riesgo de perderse los enseres y alimentos que donaron a los habitantes de esas zonas del departamento la Diócesis de Istmina-Tadó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fischetnico), y las alcaldías de Sipí, Istmina y Medio San Juan.

“Hace tres días se levanta el paro armado anunciado públicamente, pero se reciben unos anuncios, la noche anterior, de que no se pueden movilizar por el territorio”.

Por eso la Defensoría del Pueblo hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional para que protejan a los civiles ante la situación de violencia entre esas agrupaciones armadas al margen de la ley.

“Exhortamos a los cuerpos de seguridad del Estado a brindar las debidas garantías para que las ayudas puedan llegar a los lugares donde persiste el confinamiento, permitiendo a la población salir a hacer sus actividades del día a día (sic)”, solicitaron.

En medio de esta crisis humanitaria, miembros de la delegación de paz del Gobierno Nacional, que participaban en la mesa de diálogos con el ELN, se desplazaron a Quibdó para atender a los gobernantes y líderes en la zona del San Juan, tras el confinamiento de la comunidad causado por el paro armado.

La medida impuesta por el Frente de Guerra Occidental de esa guerrilla, que se suponía que iba del 10 al 14 de febrero, afectó a más de 27.000 personas, confinándolas en el sur del departamento. Esto ocurrió apenas cinco días después de que se extendiera el cese al fuego con el Gobierno nacional por seis meses.

Al encuentro asistieron Vera Grabe, que encabeza al grupo de negociadores, y los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, junto con representantes del mecanismo de seguimiento y verificación.

También estuvo presente la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, que manifestó que cualquier acuerdo de paz debe involucrar a la sociedad civil.

“El cese al fuego resulta insuficiente ya que solo abarca un alto en las hostilidades entre las fuerzas armadas y el ELN. Debe ampliarse a la comunidad, considerando el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de las comunidades y los individuos involucrados”, afirmó.

No obstante, como indicó la funcionaria, el conflicto provocado por el confinamiento radica en la lucha territorial por el control de actividades ilícitas, enfrentando a la guerrilla con el Clan del Golfo, comunidad que ha expresado su deseo de paz y aceptación de la propuesta gubernamental.

Mientras que el congresista Cepeda destacó que tienen un nuevo objetivo y es el de extender la pausa en las hostilidades con el resto de estructuras armadas que azotan al país.

“El reto es cómo expandir esa protección, logrando al menos un consenso de respeto por los ceses al fuego bilaterales existentes. Se ha debatido sobre un cese multilateral, aunque parece complejo”, comentó.

La jefa de la delegación expresó una opinión similar: “Las acciones deben incluir a la población civil, no solo se trata de un cese al fuego entre los combatientes y el ejército, sino de expandirlo a la población. El proceso de paz no solo concierne al ELN, debe abarcar a otros grupos para erradicar definitivamente la violencia”.