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Meta: inicia
desminado en Uribe tras 40 años de conflicto armado
Después de 40 años de conflicto, en el
municipio de Uribe, Meta, territorio que hacía parte de la zona de
distensión del departamento, iniciaron las tareas de desminado
humanitario del Ejército Nacional.
Con el objetivo de preservar la integridad de los habitantes y aportar
al progreso de la región, soldados del Batallón de Ingenieros de
Desminado Humanitario N. °4 trabajan para evitar que allí haya más
víctimas de las minas antipersonal. Desde el año 1992 hasta la fecha, se
registran 154 víctimas en este municipio, y 1.152, en el departamento
del Meta.
La emergencia humanitaria en la zona afecta a la institución educativa
Rafael Uribe Uribe, donde directamente más de 500 niños y niñas reciben
sus clases.
Por ello, en más de 15.000 metros cuadrados identificados con
contaminación de artefactos explosivos, y donde se halla la escuela,
serán intervenidos con las técnicas de desminado manual, mecánico y
canino, para que los menores y adultos puedan transitar sin limitaciones
o temor por sospecha de minas antipersonal.
Además de despejar el territorio, los
promotores de Educación en el Riesgo de Minas fomentan la cultura de
autocuidado, para que las familias adopten los comportamientos seguros
frente a este riesgo.
Ya hay 150 niños y niñas que, más allá
de disfrutar del show de títeres Nata Desmina, ya identifican las áreas
donde posiblemente puede haber más contaminación por artefactos
explosivos.
Asesinan a otro
líder indígena en Páez, oriente de Cauca
El pasado lunes fue asesinado Dairo
Yobani Aquite, reconocido líder indígena del del municipio de Páez, en
el departamento de Cauca, quien varias veces denunció amenazas por parte
de grupos armados ilegales.
En horas de la tarde del
lunes 4 de marzo, el líder indígena Dairo Yovani Aquite, de 29 años,
recibió varios disparos con arma de fuego mientras se desplazaba en
motocicleta por Vitoncó,
zona rural del
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municipio de Páez en Cauca, hacia el
resguardo de Santa Rosa de Capicísco a comercializar víveres con lo que
sustentaba su hogar.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) informó que Aquite se
desempeñaba como autoridad del territorio de Santa Rosa de Capicisco de
la población de Inzá.
El consejero Yesid Conda afirmó que “la autoridad había denunciado
amenazas en su contra y su hermano había sido secuestrado por un grupo
armado (…) La Unidad Nacional de Protección que no está actuando y no es
coherente con la protección de la vida en el Cauca”.
La zona en donde ocurrió el hecho es
azotada por una fuerte presencia del Estado Mayor Central de las Farc
con la columna Dagoberto Ramos. Según un informe entregado por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Colombia, el departamento del Cauca es el más afectados por el conflicto
armado. La ONU estima que en este año ha aumentado en 30% los ataque de
defensores del departamento.
“Documentamos 25 casos de personas defensores y defensoras de derechos
en territorio que fueron asesinados en este departamento, 14 de ellas
eran líderes o lideresas indígenas, 13 de ellos líderes o lideresas del
pueblo Nasa”, aseguró Juliette De Rivero. Representante en Colombia del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Suspender contrato con Agencia Logística de FF.MM. piden al ICBF
En el ojo del huracán se encuentra el
ICBF luego que la Procuraduría hallará presuntas irregularidades en un
contrato suscrito con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para
divulgar e implementar las diferentes estrategias de la entidad.
Las acciones cumplidas por el Ministerio Público advierten que dicho
contrato estaría contaminado con posibles vicios de ilegalidad al omitir
los rigores de la contratación y los procedimientos pertinentes como era
el de convocar a una licitación pública y no hacerlo de manera directa
como lo hizo la entidad.
Advierte Marcio Megolsa, Procurador Primero Delegado para la vigilancia
de la Función Pública, que esta actuación del ICBF “pudo haber
transgredido los principios de pluralidad de oferentes, participación y
libre concurrencia y esto a su vez, puede conducir a que la entidad se
privara de seleccionar una mejor propuesta a través de un proceso
participativo”, razones que lo llevaron a pedir la suspensión del mismo.
Igualmente, el ente de control, en la inspección
documental observó que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no
cuenta, probablemente,
con la capacidad e idoneidad para ejecutar el contrato
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teniendo en cuenta la posible
subcontratación del total de los bienes y/o servicios.
Ante la situación, el delegado de la Procuraduría pidió la suspensión
del contrato y advirtió de investigaciones disciplinarias hasta tanto se
adelante un análisis de las posibles omisiones en las que se incurrió
con la suscripción del contrato interadministrativo No. 011019122023 y
la contratación derivada adelantada por la Agencia Logística de las
Fuerzas Militares.
Agencia de Tierras bajo lupa de Procuraduría por compras de predios
La Procuraduría General de la Nación
llegó hasta la sede de la Agencia Nacional de Tierras –ANT-, para hacer
seguimiento a los contratos suscritos por la entidad para la compra de
predios para su adjudicación a campesinos, en cumplimiento de los
compromisos de implementación de la Reforma Rural Integral.
En la diligencia preventiva, el ente de control le puso la lupa a la
ejecución real del presupuesto en los rubros de adquisición de tierras
para su adjudicación a campesinos, luego de conocerse que, para el 31 de
octubre de 2023, se había tan solo logrado una ejecución del 17 % del
billón 261 mil millones de pesos disponibles para el programa y no del
51 % de los recursos como fue reportado.
Lo anterior, cita el Ministerio Público, ya que se identificaron
traslados al “Fondo Colombia en Paz” por $ 430 mil millones, es decir
del 34 % del presupuesto, que a pesar de que aparecen como ejecutados,
están consignados en una fiducia. Adicionalmente la Procuraduría indagó
por el rubro convenido con RTVC de hasta 15 mil millones de pesos, con
una ejecución de 660 millones de pesos para octubre de 2023.
Frente a esta situación, fueron requeridos durante la inspección, los
análisis de las condiciones estructurales y jurídicas en las que
ejecutan los procesos de compra, los procedimientos para el avalúo de
los predios y la información para determinar si las decisiones de compra
se realizaron en cumplimento de las disposiciones que regulan el tema.
Adicionalmente, el ente de control requirió información sobre las
actuaciones precontractuales de los terrenos baldíos de Islas del
Rosario, teniendo en cuenta que la ANT no ha atendido los requerimientos
de la Procuraduría, por lo que revisó los expedientes y actuaciones
administrativas relacionadas con el procedimiento de adquisición de
predios en el periodo comprendido entre enero de 2023 y hasta la fecha.
La visita fue coordinada por las Procuradurías Delegadas para Asuntos
Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios; para el Seguimiento al
Acuerdo de Paz y para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública,
quienes revisarán la información suministrada por el equipo jurídico de
la ANT.
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