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Cárcel para asesinos de
patrullera, Paula Cristina Ortega
Ante las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la
Nación, Nelson Ocampo Morales y Yeison Fernando Ramírez Fajardo
aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen de la
patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, ocurrido el 2 de agosto de
2023, en Neiva (Huila).
En ese sentido, un juez penal de conocimiento los condenó a 33 años de
prisión, por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y
agravado, ocultamiento de elemento material probatorio; y fabricación,
tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso
privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.
El día de los hechos, los dos sentenciados se acercaron a la víctima, en
momentos en los que ella esperaba en su motocicleta el cambio de señal
de un semáforo. Videos de cámaras de seguridad recopilados por un fiscal
especializado de la Seccional Huila permitieron establecer que Ocampo
Morales disparó indiscriminadamente en contra de la mujer causándole la
muerte y le robó el arma de dotación. Posteriormente, subió a una
motocicleta conducida por Ramírez Fajardo para escapar del lugar.
En el curso de la investigación se acreditó que los dos hombres
alteraron algunas características del vehículo para evitar que fuera
identificado y ubicado por las autoridades. Sin embargo, ante la rápida
reacción de las unidades de la Policía Nacional fueron capturados cuando
pretendían salir de la ciudad, en el corregimiento San Antonio de
Anaconia, en zona rural de Neiva.
Este resultado hace parte del compromiso adquirido por la Fiscal General
de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que
afectan la vida y la seguridad ciudadana.
Antioquia: dos muertos
por combates entre ELN y Clan del Golfo
Al menos dos personas han muerto en un último
enfrentamiento entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional
(ELN) y el Clan del Golfo registrado en una zona rural del municipio
antioqueño de Cáceres.
Por el momento, se desconoce la identidad de estas dos personas
fallecidas, si bien ambas vestían uniformes de las fuerzas de seguridad
colombianas cuando sus cuerpos fueron encontrados en la vereda El Tigre,
en Cáceres.
A pesar del uniforme que vestían, las autoridades creen
que los fallecidos formaban parte de alguno de los citados
grupos armados. En los últimos
años han aumentado los casos de robo de material
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militar, incluido la venta ilegal de la vestimenta que
utilizan los soldados colombianos.
Este suceso tiene lugar en medio de los temores de las comunidades
locales por la posibilidad de un aumento de los enfrentamientos entre
grupos armados por la disputa de los réditos de las economías ilegales,
después de una relativa calma.
"Te muestra un escenario muy preocupante sobre posibles avanzadas y
fortalecimientos territoriales, o planes de expansión que ponen en
riesgo a la población civil", ha explicado Óscar Yesid Zapata, uno de
los líderes locales.
Cabe recordar que en días pasados, la Defensoría del Pueblo emitió una
alerta para los municipios de Achí, Altos de Rosario, Barranco de Loba,
El Peñón, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba y Tiquisio en el sur
Bolívar, ante las acciones y combates entre el ELN y las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo que hacen prever el aumento de
homicidios, extorsiones, amenazas, restricciones a la movilidad,
imposición de ‘normas de conducta’ y cobro de ‘multas’, aprovechamiento
y control sobre la minería ilegal e instrumentalización de menores de
edad para cometer delitos.
Gobierno insiste en
negociaciones con Shottas y Espartanos: “Se ratifica la continuidad del
proceso”
El jueves 6 de marzo los Espartanos dieron a conocer que
se levantaban de la mesa de negociación con el Gobierno nacional y los
Shottas, en medio de la implementación del laboratorio de paz de
Buenaventura para la “paz total” del presidente Gustavo Petro.
Según el grupo criminal, la delegación estatal ha incumplido una serie
de acuerdos pactados en medio de las negociaciones, razón por la cual
renunciaron a seguir negociando.
Ante eso, el Gobierno nacional indicó que no dejaría que se rompieran
los diálogos de paz entre las dos estructuras delincuenciales más
grandes de la población bonaerense y sostuvo que el proceso continúa.
“Frente al comunicado de la estructura los Espartanos,
esta delegación interpreta que la suspensión de la participación de la
misma en las sesiones del espacio de conversación, no implica una
suspensión del acuerdo de reducción de violencias”, indicó la delegación
del Gobierno nacional.
Así mismo, el Gobierno indicó que el proceso de paz
continuaría y que haría los esfuerzos necesarios para convencer a los
líderes negociadores de la estructura criminal para que retomaran los
diálogos con el objetivo de avanzar en el camino de la “paz total”.
La delegación estatal agregó: “La delegación del Gobierno
nacional para el Espacio de Conversación Socio jurídica de Buenaventura,
ratifica la continuidad y el avance del proceso de Paz (...)
Continuaremos adelantando conversaciones durante esta noche (6 de marzo)
con el fin de establecer acuerdos y claridades que permitan anunciar el
día de mañana la continuidad del proceso y del compromiso
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de reducción de violencias en
Buenaventura”.
Desde la Administración de Gustavo Petro indicaron que
tanto el Inpec, como la Policía recibieron órdenes de redoblar la
seguridad en las cárceles y puntos críticos identificados como focos de
violencia de Shottas y Espartanos en Buenaventura.
Finalmente hicieron un llamado a los líderes de ambas estructuras
criminales para que no dejen de lado la búsqueda de la paz a través de
los espacios de diálogo abiertos por el Estado, que son una oportunidad
para devolverle la tranquilidad a los bonaerenses.
“Hacemos un llamado a los Shottas y los Espartanos para continuar con
los avances logrados hacia la tranquilidad y paz de la comunidad”,
concluyó la parte negociadora del Gobierno.
Ejército liberó a 85
menores atrapados en redes de reclutamiento forzado
Mediante un significativo avance en la lucha contra el
reclutamiento forzado de menores, el Ejército Nacional de Colombia ha
logrado rescatar a 85 niños, niñas y adolescentes en el transcurso del
2024. De acuerdo con lo informado por la institución militar, estos
menores habían sido reclutados por diversos grupos armados organizados,
incluidos el ELN, el GAO-r, y el Clan del Golfo, entre otros.
Cabe destacar que este rescate forma parte del Plan Operacional
Ayacucho, diseñado para salvaguardar a los jóvenes de la influencia y
control de estas facciones ilegales. Asimismo, las operaciones de
rescate se concentraron principalmente en los departamentos de
Antioquia, Meta, Cauca, Arauca y Valle del Cauca. En estas áreas, los
grupos armados ilegales vulneran sistemáticamente los derechos
fundamentales de los menores, privandolos de la educación, el bienestar
sanitario, el ambiente familiar y el desarrollo en un entorno seguro y
saludable.
De otro lado, la reintegración de los menores rescatados fue posible
gracias a la coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y otras autoridades competentes, que trabajan en el
restablecimiento de sus derechos conforme a la Convención de los
Derechos del Niño y otras normativas internacionales.
“Rechazamos esta acción ilícita del reclutamiento forzado, donde se pone
en peligro la vida e integridad de los menores en las diferentes
regiones del país; es por ello que invitamos a las comunidades a
denunciar estos hechos a través de la línea 147 para proteger unidos a
nuestras futuras generaciones”, enfatizaron desde la institución
castrense a través de un comunicado.
Las Fuerzas Militares aseguraron que continúan reafirmando su compromiso
con la protección de la población civil, en particular de los menores de
edad, frente a amenazas como el reclutamiento forzoso por parte de
grupos ilegales. La lucha contra esta práctica ilícita no sólo implica
intervenciones militares y colaboración interinstitucional, sino también
un llamado a la sociedad para denunciar estos hechos, usando mecanismos
como la línea 147, destinada a la protección de las futuras generaciones
de Colombia.
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