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Más críticas a
propuesta de ley de punto final
El procurador
delegado de Intervención ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal,
calificó de “aberrante” la propuesta planteada por los ex
comandantes de las FARC sobre crear una ley de punto final que
reemplazaría a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Durante su intervención en la Audiencia de Observación de
Víctimas del Subcaso Antioquia, Acosta señaló que “Hay quienes
hoy en día piden que la JEP deje de existir y que hablemos de
una ley de punto final. Nada más aberrante. Una ley de punto
final no es posible en lo jurídico nacional e internacional,
pero sería aquello que supondría la negación absoluta de todos
los derechos de las víctimas”.
También se refirió a las preocupaciones e inconformidades de
víctimas y representantes con respecto a los resultados de la
JEP e hizo un gran llamado a que se colmen las necesidades y las
expectativas de las víctimas, pero también a que se refuerce, no
solamente esa jurisdicción, sino las competencias, las
capacidades y las exigencias propias de la justicia
transicional.
A los comparecientes les pidió mayor compromiso con la verdad,
“uno no se puede ir de esta vida sin reparar a las víctimas
porque hay obligaciones jurídicas y obligaciones naturales. El
firmar con el uniforme limpio, con las botas brillantes, con la
chapa brillante y con las medallas brillantes, pero con el
corazón sucio y las manos untadas es una contradicción y es algo
que no puede ser perpetuo. No se vayan de esta vida con todo eso
enlodado”.
De otra parte, solicitó a los demás actores del sistema
judicial, como la Fiscalía, continuar aportando en la búsqueda
de la verdad: “La fiscalía no tiene por qué haber suspendido las
investigaciones, suspendieron sí las órdenes de captura, las
imputaciones, las acusaciones, y por supuesto, los llamados a
condena, pero el resto sigue en pie”.
Frente al crimen de tortura señaló que es importante ahondar en
estas agresiones que además fueron seguidas de intimidaciones a
familiares, persecuciones, amenazas y retenciones por largos
períodos; recordó además que el Ministerio Público ya realizó un
llamado en las observaciones para que se empleara la imputación
sobre este delito, elemento que hoy en día se ha reiterado.
Por su parte, Álvaro Uribe se refirió a la inconveniencia de una
ley de punto final que, como han propuesto algunos exlíderes
guerrilleros e inclusive, el exjefe paramilitar Salvatore
Mancuso crearía amnistías generales para cerrar procesos de
orden penal contra actores del conflicto.
“La ley de punto final es inaplicable en Colombia. De manera
pública he propuesto una amnistía política por una vez, no
penal, para recuperar derechos políticos de condenados. Será
necesaria dado el antecedente de impunidad absoluta con las Farc,
que además están en el Congreso, a pesar de tantos delitos
atroces, y también por lo que se asoma con el ELN y otros”,
declaró el exmandatario.
El expresidente defendió que su proceso de desmovilización,
concretado a través de la Ley de Justicia y Paz, “fue para
todos” y permitió desarmar a 35.000 paramilitares y 18.000
guerrilleros. Allí hizo mención al excomisionado Restrepo,
destacando que fue el gran artífice: “Patriota ejemplar. Fue
expatriado”.
Procuraduría investiga si la USO
donó dinero a campaña Petro
Las denuncias sobre
presuntos ingresos a la campaña ‘Petro Presidente 2022’ por
parte de la Unión Sindical Obrera (USO) serán investigadas por
la Procuraduría General de la Nación. Esta información fue dada
a conocer por la titular del ente de control disciplinario,
Margarita Cabello, quien destacó que el
proceso indagatorio ha sido abierto, con la intención de
recopilar toda la
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información
necesaria para tomar las decisiones a las que haya lugar.
“Nosotros tenemos abierta la
investigación por los dineros involucrados en la campaña presidencial”,
afirmó la funcionaria a los medios de comunicación, en declaraciones
difundidas a través de un vídeo publicado en diferentes redes sociales.
Cabello destacó que toda la información recibida, incluso si proviene de
los medios de comunicación, resultan indispensables para reforzar las
pesquisas en torno a un presunto financiamiento irregular de la campaña
presidencial en 2022, hecho que ha generado polémica e indignación en el
país.
Sobre el caso particular de las donaciones que habría realizado la USO
al equipo del mandatario hace dos años, se publicó un trabajo de
investigación en el que reveló que el sindicato petrolero dio aportes de
hasta 600 millones de pesos, según lo establecido en un documento de
relatoría Vigésima Asamblea Ordinaria Nacional de Delegados de dicha
organización sindical.
“Se solicitan 600 millones de pesos para reforzar la segunda vuelta,
específicamente para el día de elecciones, transporte y alimentación.
Refrendar lo entregado”, establece el acto firmado por Luis Hernando
Álvarez Álvarez, presidente de la Vigésima Asamblea Nacional de
Delegados USO, tras la asamblea realizada entre el 8 y 9 de junio de
2022, en Girón, Santander.
Aunque la relatoría establecía que los dineros fueron usados para
asuntos logísticos durante la segunda vuelta, fueron encontradas
facturas con pagos hechos en mayo y julio de 2022. Sobre este tema, el
presidente del sindicato Obrero, César Loza, confirmó que hubo una
ejecución de dinero para apoyar la campaña, pero que el dinero no fue
girado directamente al equipo de campaña.
Caso Fecode
El caso de los ingresos no
reportados a la campaña de Gustavo Petro también alcanzó a la Federación
Colombiana de Educadores (Fecode), señalada de haber entregado al equipo
del hoy presidente un cheque con 500 millones de pesos para financiar
las actividades de proselitismo que lo llevaron posteriormente hasta la
Casa de Nariño.
Por las denuncias realizadas, en enero de este año, tanto Fiscalía
General de la Nación como la Corte Suprema de Justicia, realizaron un
allanamiento a la sede de la federación.
En esta inspección realizada a la sede principal en Bogotá, los abogados
designados por la Corte Suprema solicitaron todas las pruebas vinculadas
al mencionado cheque, emitido por la tesorería de Fecode hacia la
campaña Petro.
La pesquisa se centra en el entonces tesorero de la organización, Nelson
Alarcón, quien habría autorizado el polémico aporte. La ausencia de
registro del dinero en los informes electorales ha encendido las alarmas
sobre posibles irregularidades financieras.
Además, las indagaciones arrojaron datos importantes como que la
donación llegó a manos del entonces gerente de campaña y hoy presidente
de Ecopetrol, Ricardo Roa, a través del partido Colombia Humana.
La investigación del CNE
El Consejo Nacional
Electoral (CNE) también ha ampliado investigaciones sobre este tema.
Este jueves solicitó información a entidades financieras, incluidos
Bancolombia y Banco de Occidente, en busca de detalles sobre las
consignaciones realizadas a la cuenta de la empresa Sociedad Aérea de
Ibagué (SADI)
Dicho organismo trata de esclarecer cualquier presunta irregularidad en
los fondos que respaldaron la candidatura presidencial de Petro. Por lo
mismo, solicitó información detallada sobre las consignaciones
realizadas a la cuenta de la empresa SADI, por un total de 4.000
millones de pesos.
A parte de las consignaciones a SADI, el CNE ha requerido información
sobre los aportes realizados por la USO a la campaña presidencial. Tales
aportes han sido examinados de una manera minuciosa para verificar
origen y destino.
Votación de reforma laboral en Comisión
VII Cámara será en dos semanas
Por lo menos dos semanas más
tardará para que se reactive en la Comisión Séptima de la Cámara la
votación del proyecto gubernamental de reforma laboral en primer debate.
La principal razón es que se buscan consensos que permitieron aprobar
los primeros 16 artículos en diciembre pasado. Sin embargo, también
tendría que ver con una directriz desde el Gobierno a esperar a qué
pasará en el Senado con la reforma de salud y la pensional.
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Entre los artículos aprobados está el 2 que regula las
relaciones de derecho individual y colectivo del trabajo en los sectores
público y privado; el 11 sobre estabilidad laboral reforzada, entre
otros, mujeres en estado de embarazo y hasta los 6 meses después del
parto, que solo podrán ser despedidas si hay justa causa; el 23 en donde
se hacen definiciones sobre el trabajo en plataformas digitales de
reparto, en donde se establece que deben pagar parafiscales a sus
empleados; el 30 acerca del contrato agropecuario.
También el artículo 57
acerca de modalidades de trabajo a distancia; el 15 sobre relación de
horas extras; y límites a la subordinación.
Uno de los artículos más polémicos que ya se aprobaron en el primer
debate de la reforma laboral es el que define el horario diurno y
nocturno, a propósito del pago del recargo nocturno.
El texto del Gobierno proponía que el horario nocturno comenzará a las 6
p.m.; sin embargo, en la Comisión Séptima se aprobó que sea desde las 7
p.m.
Del mismo modo, se aprobó que el trabajo en el día de descanso
obligatorio o festivo se paga con un recargo del 100% sobre el salario
ordinario.
Quedan 78 artículos de la reforma por votar.
Réplicas por fallo del Consejo de Estado
contra Pizarro
Luego del anunció que dio el
Consejo de Estado para tumbar la designación de María José Pizarro de la
Vicepresidencia del Senado, la congresista aseguró que defenderá sus
derechos políticos y el puesto obtenido dentro de la directiva de esa
corporación.
“Según lo publicado en los medios, esto se da por hacer parte de la
coalición Pacto Histórico no del Partido MAIS. El argumento exactamente
contrario que se usó para anular la elección de senadores del Pacto por
supuestamente haber apoyado a personas de otros partidos, al interior de
la coalición el Pacto. Es decir, argumentan que para efectos de la doble
militancia somos coalición, pero para anular mi elección en la mesa
directiva, somos un solo partido”, publicó en su perfil de X.
Como se sabe, la decisión del Consejo de Estado se basa en que el cargo
de vicepresidente debe ser ocupado por un legislador perteneciente a
organizaciones minoritarias, algo con lo que, a juicio del ente, Pizarro
no cumple al hacer parte del Pacto Histórico.
El presidente Gustavo Petro rechazó el fallo y manifestó que: “¿Por qué
cuando éramos minorías y oposición nunca se falló a favor de estar en la
primera vicepresidencia del senado, y ni siquiera en las mesas
directivas? ¿Por qué para quitarnos de las mesas directiva del congreso
si somos del Pacto Histórico y no de sus partidos constitutivos, pero
para quitarnos las curules si somos de los partidos constitutivos y no
del Pacto Histórico?”, trinó.
Desde la coalición petrista
también surgieron voces de defensa hacia Pizarro. Una de ellas fue la de
Martha Peralta, congresista de MAIS. Manifestó que la determinación del
Consejo de Estado es una “persecución política” contra el Pacto
Histórico.
Por su parte, el senador
Iván Cepeda indicó que la sentencia impide al Pacto Histórico de
mantener una representación importante en la mesa directiva del Senado.
“El Consejo de Estado tumbó al presidente del Congreso, Roy Barreras, a
varios congresistas, el último Alexander López Maya, y ahora anuló la
elección de María José Pizarro como primera vicepresidenta del Senado de
la República. Siento un tufo de persecución al Pacto Histórico”, dijo el
representante Alirio Uribe.
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