La noticia sobre este suceso se dio a conocer después de que la madre del uniformado presentó una denuncia formal ante la Personería Municipal de Tibú, el 7 de marzo. A raíz de esto, se iniciaron de inmediato las operaciones de búsqueda, en un esfuerzo conjunto por localizar al miembro de la fuerza pública, del que no se tienen pistas sobre su paradero; en una situación que pone de manifiesto las complejidades que se registran en medio del proceso de paz con esta agrupación.

Al respecto, la Fiscalía 07 Local - Dirección Seccional de Norte de Santander ha sido la encargada de liderar las investigaciones pertinentes, mientras que la Fuerza Naval de la Amazonia, a la cual pertenece Beltrán Ortega, expresó su rechazo ante este acto y solicitó la cooperación tanto de la comunidad como de las autoridades para resolver este caso y asegurar el retorno seguro de este uniformado a su hogar, en donde es esperado con ansias por sus seres queridos.

Cabe destacar que la Armada de Colombia, en su pronunciamiento, reiteró su llamado a la solidaridad y a la acción coordinada con el fin de esclarecer los hechos y lograr la liberación del infante de marina. A su vez, la comunidad local y las autoridades siguen en alerta, a la espera de novedades sobre el progreso de la investigación y el bienestar del joven, que protagoniza un nuevo caso en el que el accionar del ELN podría poner en riesgo los compromisos en la mesa.

A juicio 14 directivos de bananeras por presunto financiamiento a AUC

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Compulsa de la Dirección de Justicia Transicional, profirió resolución de acusación en contra de 14 productores y representantes de exportadoras de banano que habrían financiado el actuar criminal del frente Arlex Hurtado de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Estas personas, al parecer, pagaron a la estructura paramilitar tres centavos de dólar por cada caja de banano que salía del país a los mercados internacionales. A cambio, los cabecillas del grupo armado ilegal se comprometieron a brindarles seguridad y permitirles continuar con la operación comercial en el Urabá antioqueño.

Los elementos de prueba indican que los aportes ilícitos presuntamente se realizaron entre 1996 y 2004, y superaron los 33.292 millones de pesos. Los desembolsos se habrían hecho a la denominada ‘Convivir Papagayo’, la cual era gestionada por Alberto Osorio Mejía, condenado a 4 años de prisión en 2009; y Arnulfo Peñuela Marín, sentenciado a 6 años de prisión, en 2010, luego de comprobarse sus nexos con el frente Arlex Hurtado de las AUC.

En atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), la Fiscalía acusó a los 14 empresarios por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción y financiación de grupos armados organizados al margen de la ley, conducta declarada de lesa humanidad.

Los afectados con la decisión son: Óscar Enrique Penagos Garcés, Carlos Sergio Nicolás Echavarría Mesa, Santiago Antonio Uribe López, José Gentil Silva Holguín, 
 

En esta administración de la Fiscalía General de la Nación se logró la vinculación de los procesados, se les resolvió la situación jurídica y se logra la acusación.

No vengo a ser su verdugo: Mancuso responde a Uribe

Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dirigió una carta abierta al expresidente Álvaro Uribe en respuesta a las acusaciones que este último ha hecho en su contra. En esta comunicación, Mancuso rechaza enérgicamente las afirmaciones de Uribe y aclara su postura respecto a su regreso a Colombia y su supuesta participación en actividades conspirativas.

En su misiva, Mancuso desmiente rotundamente las alegaciones de Uribe, afirmando: "Nunca he llamado a nadie para orientar versiones ni testimonios". Además, subrayó que dejará en claro que su regreso a Colombia no tiene ningún propósito oculto ni se relaciona con "supuestos complot en su contra". En palabras directas al exmandatario, declaró: "Mi objetivo no incluye buscar su judicialización".

El excomandante de las AUC señala que las acusaciones de Uribe reflejan una estrategia destinada a desinformar o influir en la opinión pública y en las autoridades judiciales. Asimismo, expresa su convicción en la necesidad de avanzar hacia la paz y la reconciliación en Colombia, y deja entrever la falta de fundamento en las acusaciones de Uribe, señalando: "Sus acusaciones, lejos de reflejar la verdad, continúan faltando a ella, y parecen ser el resultado de una desinformación continua o, peor aún, de una estrategia deliberada con varios objetivos".

En este sentido, Mancuso anuncia su intención de presentar denuncias penales contra Uribe para esclarecer las motivaciones detrás de estas afirmaciones y exige pruebas que respalden las acusaciones. Enfatiza: "Es preciso que usted y yo comparezcamos ante un tribunal de cierre", instando así a Uribe a enfrentar las implicaciones de sus declaraciones ante las autoridades competentes.

Asimismo, Mancuso insta a Uribe a comparecer ante la justicia y compartir su versión de los hechos, afirmando que ya todo lo que se debía decir sobre el papel del expresidente en el conflicto armado colombiano ha sido expuesto. Además, hace un llamado al cese de la campaña de desprestigio y estigmatización en su contra, advirtiendo sobre el peligro que representa para su seguridad personal y la de su entorno. A este respecto, manifiesta: "Por eso le pido públicamente que cese su campaña de alentar un linchamiento social y de volverme objetivo militar".

La carta de Mancuso no solo constituye una respuesta directa a las acusaciones de Uribe, sino también una manifestación de su compromiso con la verdad y la justicia en el contexto de la transición hacia la paz en Colombia. En un momento crucial para el país, este intercambio entre dos figuras prominentes del pasado violento de Colombia pone de manifiesto las tensiones y desafíos que aún persisten en el camino hacia la reconciliación nacional.