Vuelven retenes ilegales en Cauca tras suspensión del cese al fuego

En medio de la suspensión del cese al fuego, las disidencias de las Farc reiniciaron los retenes ilegales en la región del Cauca, al tiempo que se registran combates entre el Ejército Nacional y estas facciones, marcando un aumento significativo de la tensión en el área.

En la mañana del jueves, transeúntes que transitaban desde el corregimiento El Palo hasta el municipio de Toribío fueron sorprendidos por retenes ilegales en una estación de gasolina cercana al sector. Uno de los testigos, que prefirió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, relató: "Íbamos a hacer un trabajo de campo en Toribío, cuando vimos en una bomba varios hombres armados, uno de ellos nos preguntó que para dónde nos dirigíamos, le contamos y se retiró a hablar por radio, regresó y nos dijo que no podíamos pasar. Inmediatamente, nos dimos la vuelta y regresamos".

Este resurgimiento de los retenes ilegales coincide con la suspensión del cese al fuego anunciada recientemente, generando preocupación entre la población y las autoridades locales. La situación se agrava por los recientes episodios de violencia en el suroccidente colombiano y el norte del Cauca, donde se han reportado ataques a resguardos indígenas y enfrentamientos armados.

Además de los retenes ilegales, se registraron combates en la zona rural del municipio de Corinto entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc. Estos enfrentamientos, aunque no dejaron afectaciones a las tropas o a las comunidades locales, reflejan la gravedad del conflicto reiniciado en la región.

Ante este panorama, el Ejército Nacional intensificó sus operativos ofensivos en la región, buscando retomar el control y disuadir la actividad insurgente de las disidencias de las Farc. El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, señaló: "Estas es una de las decenas de operaciones que estamos desarrollando contra las estructuras de las disidencias, que se encuentran generando violencia en los territorios".

Por otro lado, el gobierno departamental está preparando planes de contingencia para atender posibles emergencias humanitarias derivadas de esta situación. Mientras tanto, las comunidades indígenas, que han sido particularmente afectadas por la violencia, permanecen en alerta máxima y en asamblea permanente, buscando garantizar la seguridad de sus integrantes.

La reanudación de los retenes ilegales y los combates en el Cauca plantean un desafío significativo para el proceso de paz en Colombia y destaca la necesidad de acciones efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de la población en la región.

De igual forma, el incremento en las operaciones de seguridad forma parte de una estrategia amplia para enfrentar la amenaza de ataques sorpresa por parte de grupos armados, según declaraciones de Wilson Siza, comandante de la policía en Nariño, que habló con Blu Radio.

Asimismo, la decisión de fortalecer las medidas de seguridad incluye el despliegue de fuerzas adicionales a través del departamento, enfocadas en salvaguardar la vida de los civiles y los uniformados. La inteligencia policial ha venido identificado sitios estratégicos donde se implementarán planes específicos dirigidos a mitigar cualquier intento de agresión.

Es de anotar que en medio de este escenario de tensión, líderes comunitarios y sociales de las áreas afectadas han expresado, bajo condición de anonimato, su preocupación por el alto riesgo que enfrenta la población civil debido a la suspensión unilateral del cese al fuego por parte del Gobierno.

Estos líderes han hecho un llamado a las Fuerzas militares, la Policía y a los grupos armados para que excluyan a la comunidad de este conflicto. Además, han resaltado la importancia de que los diálogos entre el Gobierno y los grupos armados incorporen las voces de la comunidad para evitar que sean infructuosos:

“El Gobierno nacional podrá dialogar con todos los grupos armados ilegales, pero si no tiene en cuenta a la comunidad, estos diálogos van a ser un fracaso”, indicó una habitante de la comunidad, quien a su vez aseguró que en la zona de la cordillera se han registrado varios patrullajes tanto de la fuerza pública como de los grupos armados ilegales, hecho que causa alarma entre los locales por temor a posibles enfrentamientos.

Igualmente, la región ha visto un aumento en el número de desplazados, que supera los 7.000 en municipios afectados por la presencia de actores armados, como por ejemplo: Magüí Payan, Cumbitara, Policarpa, Leiva, El Rosario, Samaniego, La Llanada y Los Andes Sotomayor.

Finalmente, la comunidad afectada por el conflicto en Nariño hizo un apremiante llamado al Gobierno nacional y a los grupos armados para que retomen los diálogos y se adhieran a los protocolos del cese al fuego, con el fin de reducir el creciente número de desplazados y garantizar la seguridad de los habitantes.

Aida Victoria Merlano a la cárcel: juez la condenó a 13 años de prisión por participar en la fuga de su madre

El togado, en el fallo de segunda instancia, aseguró que la creadora de contenido tuvo responsabilidad directa en la planeación y ejecución de los hechos; por esa razón, aumentó la condena contra la joven influenciadora a 13 años y 8 meses de presión.

De acuerdo con el magistrado Fabio David Bernal, existen varias pruebas documentales y testimoniales que evidencian la plena participación de la creadora de contenido en este plan de fuga, pues la joven llevó todos los elementos necesarios hasta el consultorio en el que se encontraba la dirigente política para que su mamá pudiera poner en marcha su plan de escape.

De hecho, en uno de los videos de las cámaras de seguridad se puede ver cuando Aida Victoria le entrega un celular a su madre y le susurra algo a su oído, como dándole las últimas instrucciones para la fuga, tal como lo dijo el magistrado: “Hizo parte de un actual criminal”.

Reviven investigación sobre presiones a funcionarios en apoyo a proyecto de exalcalde Quintero

La Personería de Medellín revivió la investigación con la que se busca esclarecer si desde la Alcaldía de Medellín varios funcionarios fueron víctimas de presiones indebidas en el cuatrienio pasado para entregar dinero y apoyo al proyecto político del exalcalde Daniel Quintero.

El caso, que había sido archivado en medio de fuertes críticas el pasado 22 de febrero, deberá seguir su curso y esclarecer el papel que habrían jugado en esas presuntas coerciones varios altos exfuncionarios de la pasada administración, como el exsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez Álvarez, el exsubsecretario de Grupos Poblacionales Juan Daniel Pulgarín Correa, y el exsubsecretario de Suministros y Servicios, Fredy Alonso Agudelo Bolívar.

Con la decisión, que se produce precisamente luego de que la Personería cambiara de cabeza el pasado 29 de febrero, se espera que uno de los escándalos más sonados y sensibles del cuatrienio pasado al fin pueda desenlazarse al menos en ese organismo de control local.

La génesis del caso

Cabe recordar que este caso, que también tiene un capítulo en la Fiscalía, salió a la luz en noviembre de 2021, cuando una funcionaria de la Secretaría de Inclusión Social denunció públicamente estar siendo presionada para apoyar el proyecto político del exalcalde Daniel Quintero.

La denunciante se trata de Pilar Rodríguez, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como directora de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión y contó cómo un grupo de 20 directivos fueron convocados a un almuerzo por parte del exsecretario Juan Pablo Ramírez, que habría tenido lugar el 8 de agosto de ese mismo año.

En una escena pareciera ser sacada de una película del bajo mundo, Rodríguez sostuvo que el exsecretario recibió a los directivos y lo primero que les exigió fue apagar sus teléfonos móviles, para luego presuntamente pedirles que hicieran parte de una fundación con la que se buscaba impulsar el proyecto político del exalcalde Daniel Quintero.

Para hacer parte de dicha entidad sin ánimo de lucro, el requisito era que los directivos empezaran a entregar aportes de entre $20.000 y $200.000, dependiendo de cuánto ganaban en la Alcaldía.

De acuerdo con la denuncia de Rodríguez, la fundación aparecía identificada como “El futuro se parece a nosotros”, una de las ONG que desde 2021 hicieron parte de un boom de corporaciones de dudosa procedencia con múltiples vasos comunicantes entre sí y usadas, entre otros, para certificar experiencia laboral de varios altos funcionarios que aterrizaron en la Alcaldía durante el gobierno pasado.

Aunque la denuncia se conoció desde 2021 y la Personería de Medellín anunció la apertura de una indagación preliminar, curiosamente, y para sorpresa de la funcionaria que se expuso para que la denuncia viera la luz, ese órgano disciplinario decidió archivarla el pasado 22 de febrero sin dar mayores explicaciones.

En aquel momento, Rodríguez reprochó incluso que ese ente tardó en compartirle el auto completo para poder controvertir ese archivo.

De igual forma, de acuerdo a los términos que entonces se conocieron de la notificación, Rodríguez cuestionó que la Personería se refiriera al caso como el de una denuncia de participación en política, pero no profundizara más en el mismo.

“Yo nunca denuncié por participación en política, una cosa es que dijeron allá en la reunión que el dinero era para que Quintero fuera presidente, pero no se fueron con la profundidad de las denuncias porque para mí eso fue como un secuestro”, expresó Rodríguez entonces.

Según se lee en el auto que ordenó reversar aquel archivamiento, el caso quedará en manos del personero delgado 17D de la Personería.