de almacenamiento como USB y microSD, al igual que estupefacientes, alcohol y otros elementos.

El material fue encontrado en depósitos ilegales de modalidad artesanal, a través de las cuales lograban evadir las requisas del personal del establecimiento penitenciario.

Estos elementos eran utilizados para realizar llamadas extorsivas en las modalidades de falso servicio, falsa encomienda, falso familiar, secuestro exprés, falso grupo delincuencial, amenazas, intimidaciones y constreñimiento a la población civil en diferentes regiones del país.

Estás acciones en pro de la seguridad y el bienestar de la población civil se continuarán adelantando en los diferentes centros penitenciarios con el objetivo de seguir disminuyendo las acciones delictivas y así contribuir a la tranquilidad de la comunidad.

Solicitan intervención en albergues de Wiwas y afros en La Guajira

La Procuraduría General de la Nación solicitó a las entidades del orden nacional y regional una intervención urgente a albergues indígenas de La Guajira por evidenciar una atención insuficiente a las víctimas.

Luego de verificar la situación de 315 indígenas Wiwa, desplazados por combates entre grupos armados ilegales en el corregimiento Juan y Medio en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, que permanecen en la Casa Indígena de Riohacha, la Procuraduria General de la Nación solicitó a las entidades del orden nacional y regional responsables de la atención a víctimas, realizar una intervención urgente en este y otros albergues de la ciudad, donde hay cerca de 1.000 personas entre indígenas y afrocolombianos desplazados por estos mismos hechos, ocurridos desde el pasado 25 de febrero de 2024.

En declaraciones posteriores a la reunión con los representantes de estas comunidades, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmieto, aseguró que la atención que se está prestando a estas víctimas es insuficiente por parte de la administración local, e inexistente por parte de Gobierno Nacional, persiste la escasez de agua, hay hacinamiento, malas condiciones para dormir y brotes de enfermedades respiratorias que están afectando a un gran número de menores de edad, mujeres gestantes y lactantes.

Sarmiento hizo un llamado a las entidades nacionales para hacer presencia y capacitar a las nuevas administraciones locales sobre la normatividad y procedimientos con enfoque étnico diferencial para atender de manera adecuada a esta población, teniendo en cuenta sus usos y costumbres.

También requirió a la Fuerza Pública

intervenir de manera inmediata en territorio para restablecer el orden y así evitar más casos de reclutamiento de menores de edad, delitos sexuales y generar las condiciones de seguridad necesarias para el retorno de estas comunidades lo antes posible.

"Seré una Fiscal General imparcial", Luz Camargo en su posesión

En la noche del viernes 22 de marzo, el presidente Gustavo Petro, posesionó a Luz Adriana Camargo como la nueva Fiscal General de la Nación.

A renglón seguido la nueva funcionaria afirmó que iba a ser una fiscal independiente e imparcial.

Y agregó: “Mi propuesta ética para el país como fiscal general de la Nación es fundamentalmente de respeto a la Constitución y a las instituciones colombianas y colombianos”.

“Mi principal compromiso es con la separación respetuosa de poderes, la colaboración armónica entre ellos y la aplicación de la ley en condiciones de igualdad”, sostuvo.

Además, Camargo sostuvo que iba a trabajar fuertemente en un "compromiso claro con la justicia étnica, racial y de género, y con los principios de diversidad, equidad e inclusión, no sólo en la composición de la Fiscalía, sino en el trabajo integral de la institución".

¿Quién es la nueva fiscal?

Camargo es abogada de la Universidad de la Sabana, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Colombia.

Cuenta con una trayectoria profesional de más de 35 años, en los cuales ha sido juez de instrucción criminal, abogada de la Dirección Seccional de Instrucción Criminal de Bogotá, y funcionaria de la Fiscalía General de la Nación en donde fue fiscal delegada ante los jueces penales del circuito, fiscal auxiliar y fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Trabajó como magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Se desempeñó como jefe del departamento de investigación y litigio en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la ONU. Ha sido consultora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión e hizo parte del Equipo de Seguimiento Especial de las medidas cautelares concedidas por el secuestro de tres periodistas en Ecuador. Prestó su consultoría en instituciones como Consucol SAS, Corporación Justicia y Democracia, las fundaciones Forjando Futuros en asocio con Indepaz, Intereclecial de Justicia y Paz, la Comisión Colombiana de Jurista y el Programa Somos Defensores.

Ha sido perita en litigios internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos contra varios Estados.